Mientras los cuidados sostienen silenciosamente la vida de millones de personas, quienes los prestan siguen relegadas a la sombra de la informalidad, la precariedad y el olvido institucional. El reciente asesinato de una cuidadora expone la cara más cruel de un sistema que explota el cuidado y abandona a quienes lo ejercen. Porque en esta sociedad que envejece y enferma, cuidar se ha vuelto indispensable… pero sigue sin ser digno.

Este trágico suceso, ocurrido recientemente, ha disparado las alertas mediáticas. Pero los focos se apagan pronto cuando las víctimas no tienen nombre, rostro público ni apellidos ilustres. Cuando son mujeres, migrantes, muchas veces sin papeles, y dedicadas a un trabajo que sigue siendo social, política e institucionalmente despreciado: el cuidado.

No fue un accidente. Ni una anécdota. Fue la consecuencia de un sistema que tolera la precariedad, la explotación y el silencio. Un sistema que permite que empresas subcontratadas por la administración gestionen a mujeres como si fueran recursos desechables. Que obvia protocolos de seguridad, que minimiza las denuncias, que sigue externalizando responsabilidades. Que considera que el trabajo de cuidar no merece atención, derechos ni protección.

Lo que le ocurrió a esta cuidadora es la expresión más brutal de una cadena de negligencias y de una estructura profundamente patriarcal. Porque la mayoría de las personas que cuidan son mujeres. Porque muchas son migrantes. Porque la mayoría no tienen permiso de residencia o se ven forzadas a aceptar condiciones de semiesclavitud por miedo a ser expulsadas. Porque se les contrata en negro, sin contrato, sin derechos, sin respaldo. Porque cuando son contratadas legalmente a través de empresas, estas no siempre actúan con la ética ni el control que su responsabilidad exigiría. Porque la administración, que a menudo es quien financia estas prestaciones, mira hacia otro lado.

Los cuidados son hoy el soporte real de un sistema socio sanitario que se tambalea. Representan el 80% del total de los cuidados que requiere la población. Cuidados que no se prestan en las instituciones, sino en los hogares, en soledad, sin supervisión, sin apoyo. Mientras tanto, el sistema sanitario, que presta el 20% de cuidados restante, sigue centrado en lo asistencial, lo curativo, lo medicalizado. Siendo, la atención resultante fragmentada, infradotada y alejada de la realidad.

El cuidado ha sido históricamente considerado un asunto privado, doméstico, familiar, femenino. Algo que no requiere profesionalización, ni estructura, ni políticas públicas. Pero ese modelo se ha agotado. Las familias han cambiado, el envejecimiento avanza, las enfermedades crónicas y las situaciones de dependencia se multiplican. Sin embargo, faltan respuestas articuladas, modelos integrados, inversión suficiente, voluntad política clara. La coordinación entre sistemas es prácticamente inexistente. La formación de las personas cuidadoras es insuficiente. La investigación en cuidados, a pesar de su enorme potencial transformador, carece del apoyo económico e institucional necesario. Las enfermeras, competentes del cuidado profesional, son también invisibilizadas, infradotadas y, a menudo, relegadas por estructuras sanitarias rígidas y jerárquicas que respondan al modelo sanitarista, asistencialista y patriarcal existente. Cuando debieran ser las piezas clave que liderasen la planificación y gestión de los cuidados en lugar de ser relegadas a la subsidiariedad del sistema y de quienes lo controlan.

La legislación vigente reconoce muchas de estas carencias. Pero el papel lo aguanta todo. Lo que no aguanta más es la vida de quienes cuidan. Lo que no puede seguir es la banalización de lo esencial. Cuidar no es solo un gesto compasivo: es un acto político. Y permitir que quienes cuidan lo hagan en condiciones de precariedad, desprotección y riesgo, es también una forma de violencia institucional.

La muerte de esta cuidadora debería ser un punto de inflexión. Un aldabonazo. No podemos seguir permitiendo que el cuidado mate. Ni que lo sigan prestando mujeres racializadas, sin derechos, en la sombra, como si fueran un subproducto del sistema sanitario.

No se trata tan solo de más personal o más presupuesto. Se necesita un cambio de mirada. Un compromiso político real que entienda el cuidado como un derecho, un bien común, una prioridad de salud pública. Que legisle con valentía. Que controle a las empresas contratadas. Que garantice condiciones laborales dignas. Que forme, supervise y acompañe. Que respalde con recursos y con estructuras. Que fomente la corresponsabilidad comunitaria. En definitiva que cuide a quienes cuidan, las valore y reconozca.

Haciéndolo desde una perspectiva de género clara y sin ambigüedades. Porque esta es, también, una cuestión de justicia feminista.

La demanda de cuidados no va a desaparecer. Cada día que pase sin afrontarlo con valentía, planificación y dignidad, estaremos alimentando una bomba social, sanitaria y ética.

Cuidar no puede seguir siendo un riesgo, ni un castigo, ni continuar en la invisibilidad. Porque los cuidados son valiosos. Y quienes cuidan, aún más. Olvidarlas es condenarnos como sociedad. Reconocerlas, protegerlas y dignificarlas no es una opción: es una urgencia ética, política y humana.