Hace unos días falleció en Valencia un “gorrilla”. Había recibido una paliza de varios individuos, fue ingresado en un hospital y dado de alta poco después. A los pocos días murió. La autopsia reveló que la causa de la muerte fueron las lesiones provocadas por aquella agresión.

Más allá de la crudeza del hecho, surgen preguntas incómodas que no deberíamos eludir. ¿Hubiese permanecido más tiempo hospitalizado de haberse tratado de otra persona con distinta posición social o económica? ¿La atención fue exactamente la misma que habría recibido cualquiera en idénticas circunstancias clínicas, pero con un contexto vital distinto? ¿Se estableció algún tipo de seguimiento tras el alta? ¿Se activaron recursos para garantizar su cuidado?

No se trata de sembrar dudas sobre la profesionalidad de quienes lo atendieron. Sería injusto y simplista reducir el análisis a eso. La cuestión de fondo es otra. Cómo un sistema que se proclama universal y gratuito, en la práctica, termina priorizando decisiones en función de factores que poco o nada tienen que ver con la salud y mucho con las condiciones sociales.

Sobre el papel, la atención sanitaria es universal. Pero todos sabemos que las decisiones, de ingreso, de atención, de alta o de seguimiento no siempre se toman exclusivamente en función de criterios sanitarios. La biología pesa, pero los determinantes sociales también, aunque rara vez se reconozca. Y aquí conviene añadir los determinantes morales de la salud. Es decir, cómo valores, principios, creencias y comportamientos modelan las percepciones y actitudes hacia la vida, la salud, o la vulnerabilidad de las personas. En definitiva, cómo influyen en las decisiones que se toman sobre ellas.

El caso del “gorrilla” no es aislado. Recordemos el reciente suicidio de una mujer acosada, retenida, maltratada y violada por su pareja. ¿Hubiese tenido el mismo acompañamiento, el mismo seguimiento, la misma protección que otra mujer con condiciones diferentes? ¿O la precariedad vital la colocó en una suerte de “periferia institucional” desde la que es mucho más difícil que la justicia o la sanidad actúen con la misma contundencia?

Algo similar sucede con los migrantes. El discurso oficial insiste en que tienen garantizados sus derechos, pero en la práctica muchos encuentran obstáculos administrativos, trabas burocráticas o un trato distante que limita el acceso real a los servicios. Esa desigualdad se multiplica cuando se combina con la pobreza, la irregularidad administrativa o la falta de redes de apoyo. En esos márgenes de la sociedad, la universalidad es poco más que un eslogan.

Tampoco la justicia escapa a este sesgo. Decimos que es ciega, pero no siempre lo es en la práctica. Con demasiada frecuencia, los recursos económicos y sociales de una persona acaban pesando más que la ley que, en teoría, se aplica por igual a todos.

Y es que no basta con garantizar acceso universal y gratuito. Porque si el trato y las oportunidades de respuesta dependen de quién eres, de dónde vienes o de cuánto tienes, la universalidad queda reducida a un enunciado bonito, pero hueco.

Lo más inquietante es que este discurso de manual lo hemos normalizado. Se nos convence de que todos somos iguales ante la sanidad, la justicia o los servicios sociales, cuando la experiencia demuestra que no es así. Y lo aceptamos con una mezcla de resignación y costumbre, como si fuese inevitable.

Los profesionales, por su parte, no son ajenos a esta dinámica. Normativizan la lógica institucional, la asumen como parte del servicio que prestan y, en demasiadas ocasiones, terminan diluyendo su comportamiento ético y deontológico en el “disolvente moral” que las instituciones imponen. Además, la objeción de conciencia —amparada en supuestas convicciones morales o religiosas— se utiliza de manera selectiva para mantener distancia respecto a actividades que no son opcionales, sino derechos regulados como la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia. Así, lo que nació como una salvaguarda individual se convierte en un eximente institucional que refuerza desigualdades y deja a muchas personas sin el amparo efectivo de derechos reconocidos por ley.

Hablar de todo esto es delicado y complicado. Pero el silencio es todavía más dañino. Pasar de puntillas, fingir que el sistema funciona igual para todos, es perpetuar una injusticia que condena a quienes menos posibilidades tienen de hacerse escuchar. El “gorrilla” no tendrá revisiones posteriores, ni recursos para denunciar una atención posiblemente insuficiente. Su muerte engrosará la lista interminable de silencios administrativos que permiten a los sistemas blindarse frente a la crítica. Igual que la mujer que se quitó la vida tras un infierno de violencia. Igual que tantas y tantos invisibles que nunca tendrán una segunda oportunidad.

La universalidad no significa uniformidad, sino justicia en el acceso y en la respuesta.

Mientras sigamos convencidos de que basta con proclamar derechos para que estos se materialicen, seguiremos reproduciendo la ficción de que todos recibimos lo mismo. No todos somos iguales, ni todos somos atendidos de igual manera. Reconocerlo es el primer paso para corregirlo. Y ese, quizá, sea el mayor acto de justicia que nos debemos como sociedad.