El Diario INFORMACIÓN de Alicante, publicó el pasado 15 de julio un artículo de opinión de un representante del Sindicato Médico en relación a las negociaciones en curso sobre la modificación del Estatuto Marco de las/os profesionales de Salud que ha quedado obsoleto. 

Tras su publicación y como quiera que en el mismo se vierten mentiras, descalificaciones y bulos, remití al citado diario una artículo de opinión en el que se rebatían punto por punto y con argumentos y evidencias lo expuesto por dicho representante sindical. Pasado un tiempo más que prudencial no tan solo no se ha considerado por parte de la dirección del medio su pblicación, sino que posteriormente publicó otro artículo del sindicalista de similares características.

Es por ello que me he decidido a hacerlo público a través de las redes para que, cuanto menos, no se interprete el silencio como una asunción de los lamentables argumentos expuestos.

Mañana publicaré igualmente la respuesta a su segundo artículo, que tampoco se ha considerado pertinente publicar en el Diario INFORMACÓN, lo que abre todo tipo de conjeturas al respecto que no voy a relatar, pero que debería tenerse encuenta a la hora de dar voz a alguien que se dedica a mentir, descalificar y confundir y no dejar que haya una respuesta que permita destapar todo ello.

Se puede acceder al artículo mencionado a través de:

https://www.informacion.es/opinion/2025/07/31/ratones-asnos-leones-teatro-sindical-120246491.html

Mi respuesta fue la que sigue:

La negociación de un nuevo Estatuto Marco para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud no es un trámite menor ni una concesión a intereses concretos. Es una necesidad urgente reconocida tanto por las organizaciones sindicales como por la propia administración y respaldada por la Ley 55/2003, que ya preveía su actualización. Más de dos décadas después de su aprobación, el contexto sanitario, social y laboral es radicalmente distinto.Las plantillas han envejecido, la complejidad de la atención yla demanda de cuidados profesionales han aumentado, las tecnologías han transformado los procesos y la precariedad laboral amenaza la capacidad del sistema para retener talento.

Pensar que esta reforma debe servir para reforzar exclusivamente a un colectivo concreto es desconocer cómo funciona la sanidad o pretender mantener unos privilegios que no corresponden. La atención a la salud es un trabajo en equipo en el que profesionales de la salud y otros profesionales, junto a la comunidad, cumplen funciones diferentes pero complementarias, interdependientes y necesarias. La fortaleza de la sanidad pública no reside en la supremacía de una sola disciplina, como sucede y se replica en el sistema privado, sino en el engranaje que permite que todas trabajen de manera coordinada. Un Estatuto Marco equilibrado y justo fortalece al conjunto del sistema y, con ello, garantiza una atención más segura y eficiente a la ciudadanía.

El argumento de que determinadas competencias asumidas por algunas profesiones suponen una invasión de funciones de una determinada disciplina carece de sustento cuando se revisa la evidencia y la normativa vigente. El Real Decreto 1302/2018 regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de enfermeras, en un marco perfectamente definido. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003), que requiere igualmente una necesaria revisión, establece competencias propias para cada profesión y reconoce la posibilidad de ampliarlas mediante formación específica y acreditación. No es una ocurrencia, ni un intento de ser lo que no se es, ni una amenaza, sino una evolución avalada por la ciencia y por la normativa vigente.

La Organización Mundial de la Salud, en su informe State of the World’s Nursing 2020, recomienda ampliar las competencias de las enfermeras para mejorar la accesibilidad, la continuidad de los cuidados y la capacidad resolutiva de los sistemas sanitarios. La OCDE, en su Health at a Glance 2023, destaca que los países que han desarrollado perfiles de enfermería en este sentido han reducido tiempos de espera, mejorado el control de enfermedades crónicas, aumentado la satisfacción de las personas y familias. En Reino Unido, más de 34.000 enfermeras diagnostican, tratan y prescriben dentro de su campo, con resultados de seguridad y satisfacción equivalentes o superiores a los obtenidos por médicos en atención primaria. En Canadá, cubren áreas rurales donde no hay médicos de forma permanente, asegurando continuidad de la atención sin comprometer la calidad.

Reducir esta realidad a un relato de usurpaciones o a una amenaza para la seguridad de las personas no resiste el contraste con los datos. La seguridad clínica no es un atributo exclusivo de un título profesional, sino el resultado de intervenciones claras, coordinación efectiva y profesionales trabajando al máximo de sus competencias con el foco puesto en las necesidades de las personas y no en las de ningún colectivo profesional concreto. Los estudios internacionales demuestran que ampliar las competencias de cada profesión en el marco de su formación y con respaldo legal no incrementa los riesgos y, en cambio, mejora los resultados de salud.

La representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, donde se negocia el Estatuto Marco, no es fruto de arbitrariedades ni de designaciones discrecionales. Se determina por elecciones sindicales en las que todos los trabajadores del sistema tienen derecho a votar y ser votados. Este mecanismo democrático garantiza que estén representadas todas las voces, no solo la de un colectivo. La negociación colectiva es un ejercicio de consenso que debe buscar el equilibrio entre intereses distintos, y su objetivo es que la norma resultante sirva al conjunto de la plantilla y, por extensión, a la población.

España afronta retos sanitarios que van mucho más allá de las disputas corporativas. El envejecimiento poblacional, la cronificación de enfermedades, el aumento de la demanda en salud mental, la prestación de cuidados profesionales, la necesidad de reforzar la salud comunitaria y la transición digital son desafíos que requieren un sistema cohesionado, adaptable y con profesionales reconocidos y bien coordinados. La reforma del Estatuto Marco es una herramienta clave para afrontarlos, garantizando condiciones laborales dignas, formación continua, reconocimiento de competencias y estabilidad en el empleo.

Mónica García, médica de profesión, asume y actúa como ministra de sanidad, que no como representante del colectivo profesional al que pertenece como quieren algunos sectores del mismo, la reforma necesaria y largamente pospuesta del Estatuto Marco, que permita regular y ordenar la atención que prestan los diferentes profesionales de la salud en un contexto cambiante al que debe adaptarse y en el que no caben, por incoherentes y excluyentes, normas exclusivas para ninguna disciplina, como se reclama.

La ciudadanía no gana nada con debates centrados en quién tiene más peso en una mesa o quién ostenta más poder simbólico en el organigrama. Lo que importa es que, cuando alguien necesita atención de salud, encuentre un equipo capaz, disponible y coordinado que pueda ofrecer una respuesta segura, eficaz y humana. Eso se consigue fortaleciendo a todos los profesionales, no enfrentándolos, ni generando compartimentos estancos.

No se trata de relatos ni de imaginarios literarios. No es una cuestión de ratones, asnos ni leones. Es la realidad diaria de un sistema sanitario que necesita normas claras, derechos equitativos y reconocimiento a la labor de todos para seguir garantizando lo que lo hace único, ser público, universal, de calidad y orientado a la salud de las personas. La negociación del nuevo Estatuto Marco es, en definitiva, una oportunidad para reforzar ese compromiso. Perderla por alimentar divisiones sería una irresponsabilidad que el país y la salud de su ciudadanía no pueden permitirse.