En España, la creación de comisiones se ha convertido en un ritual político tan previsible como estéril. Cada vez que estalla una crisis —sea sanitaria, climática, social o política— la respuesta inmediata de las instituciones suele ser la misma, constituir una comisión. Con pompa, con declaraciones solemnes y con promesas de que esta vez sí se extraerán conclusiones útiles para el futuro. Pero el tiempo pasa, la comisión se disuelve, se redacta un informe que duerme en un cajón y, cuando la realidad vuelve a golpearnos, descubrimos que todo sigue igual.
La pandemia de la COVID es un ejemplo paradigmático. Se crearon comisiones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, el Congreso de los Diputados y diferentes foros nacionales. Participaron expertos, políticos, periodistas y técnicos de toda índole. Se invirtieron horas y recursos en largas sesiones de comparecencias y debates. El objetivo era claro, aprender de lo sucedido para estar preparados ante nuevas pandemias. ¿El resultado? Apenas ninguna de las medidas propuestas se ha materializado en acciones preventivas ni en protocolos efectivos. Si mañana tuviéramos que afrontar una nueva crisis sanitaria de esa magnitud, nos encontraríamos, en gran medida, en el mismo punto de partida.
Algo parecido ocurre con los incendios forestales. Tras los devastadores incendios de Galicia en 2017 se creó una comisión con el compromiso de revisar políticas de prevención, gestión de montes y coordinación de emergencias. El informe final incluía propuestas sensatas y realistas. Sin embargo, los incendios que este mismo verano han vuelto a arrasar miles de hectáreas en Galicia evidencian que la mayoría de aquellas recomendaciones nunca se aplicaron. La comisión cumplió su ciclo burocrático: reunión, conclusiones, archivo.
El patrón se repite con obstinación en otros ámbitos como la violencia de género, la corrupción, los cuidados, la dependencia o la vivienda. Cada problema genera su propia comisión, como si el mero hecho de constituirla fuese una respuesta suficiente. Pero ninguna logra aportar soluciones tangibles ni un cambio visible. Es más, muchas veces —por no decir siempre— esas comisiones sirven para fijar posiciones inamovibles de defensa, para evitar cualquier atisbo de autocrítica y para utilizarlas como armas arrojadizas contra el adversario político, en lugar de concentrar la energía en combatir al verdadero enemigo, la pandemia, la violencia, la corrupción o la injusticia social. Así, lo que podría ser un espacio de acuerdo y de avance se convierte en un escenario de confrontación estéril, que dilata los problemas en vez de resolverlos.
No es un mal exclusivo de nuestro país, pero aquí se ha convertido casi en caricatura. Lo advirtió hace dos siglos Napoleón Bonaparte: “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”. Y parece que, en demasiadas ocasiones, eso es exactamente lo que buscan quienes nos gobiernan, que nada avance, que todo se dilate, que el problema quede envuelto en un proceso interminable que permite a todos lavarse las manos.
El gran déficit de nuestro sistema político no es la falta de diagnósticos —de eso vamos sobrados— sino la ausencia de responsables que asuman su papel hasta las últimas consecuencias. Responsables de verdad, que tomen decisiones, que rindan cuentas, que reconozcan errores y que celebren aciertos. Hoy vivimos en un escenario en el que, se haga lo que se haga, bien o mal, no pasa nada. Nadie dimite, nadie rectifica, nadie responde ante la ciudadanía.
En este contexto, la ciudadanía se siente desamparada. Lo que se percibe no es solo la ineficacia administrativa, sino un mensaje mucho más grave. Que la responsabilidad política se ha convertido en una figura decorativa. No hay confianza posible en unas instituciones que se limitan a encadenar comisiones como coartada para no actuar.
Necesitamos menos informes que acaban olvidados y más acción concreta. Menos titulares grandilocuentes y más cumplimiento real. Menos comisiones y más responsables que den la cara y que asuman el peso de la gestión, con sus luces y sus sombras. Es preferible una decisión valiente que pueda ser corregida si resulta equivocada, que una parálisis disfrazada de debate interminable.
El futuro de un país no se construye con actas de comisión, sino con políticas valientes, sostenidas y evaluables. Con dirigentes que entiendan que la confianza ciudadana no se gana con discursos, sino con hechos. Urge recuperar el valor de la responsabilidad política. La que obliga a estar, a decidir, a rendir cuentas y a aceptar las consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer.
La política no debería ser el arte de posponer lo inevitable, sino la capacidad de anticiparse a los problemas y de afrontarlos con coherencia. Si de verdad queremos avanzar, hace falta un cambio de cultura política. Porque las comisiones pueden ser útiles como espacios de reflexión, pero nunca como excusa para la inacción.
Hoy más que nunca, sobran comisiones y faltan responsables.
Magnífico artículo, de un gran sentido común. (Ya dicen que es el menos común de los sentidos). Totalmente de acuerdo. Ojala tomen buena nota. La situación es urgente. Gracias