Mientras el gobierno de Carlos Mazón se dedica a borrar el nombre de Ernest Lluch de dos centros sanitarios en València y Elche, la sanidad pública valenciana se hunde en la misma deriva conocida de otros gobiernos del Partido Popular. Deterioro progresivo de lo público, crecimiento sostenido de lo privado y una preocupante normalización del engaño político. Quitar el nombre de Lluch —artífice del Sistema Nacional de Salud, impulsor de la Ley General de Sanidad y defensor de la equidad y la universalidad— no es un simple trámite administrativo. Es una declaración ideológica. Un intento de borrar la memoria de quien representa lo público, lo justo y lo solidario, para sustituirla por una visión mercantilista donde la salud se convierte en negocio y no en derecho.
Bajo el actual Consell, los datos son contundentes: más de 74.000 personas esperaban una operación a finales de 2024, con un retraso medio de 93 días, catorce más que seis meses antes. En hospitales como los de Castelló, Elda o Alicante las demoras superaban los 130 días. Y aunque en junio de 2025 se anunció una supuesta “mejora” hasta los 80 días, seguían en lista 68.000 personas y casi medio millón aguardaban cita con un especialista durante meses. Detrás de esos números hay sufrimiento, incertidumbre y vidas paralizadas, aunque desde la Conselleria se prefiera hablar de “eficiencia” y “optimización”.
La gestión de Mazón y su equipo es una sucesión de promesas incumplidas, eufemismos y propaganda. Ahí está el anuncio de la incorporación de enfermeras escolares, presentado como un avance y convertido después en un espejismo: sin planificación, sin definir competencias y sin integración real con los equipos de atención primaria. Lo mismo ocurre con la salud mental, convertida en eslogan electoral. Se prometieron recursos y profesionales, pero lo que persiste es la medicalización del malestar, la fragmentación asistencial y la ausencia de una estrategia comunitaria. Las enfermeras especialistas en salud mental siguen sin incorporarse, los dispositivos interdisciplinares no existen y la atención psicosocial continúa en el olvido.
La Estrategia de Atención Primaria y Comunitaria, que debería haber sido la piedra angular del cambio, permanece paralizada. Los centros de salud saturados, con plantillas insuficientes y estructuras jerárquicas que asfixian la innovación. Se perpetúa un modelo medicalizado, paternalista y hospitalcentrista, incapaz de dar respuestas integrales a los problemas reales de la población. Mientras tanto, la propaganda gubernamental habla de “modernización” y “excelencia” en un sistema que cada día se vacía más de sentido y de recursos.
Detrás de esa retórica se esconde un proceso de debilitamiento deliberado. Cada demora sin solución, cada contrato precario, cada “programa de choque” que desvía fondos a la sanidad privada conduce a un debilitamiento de la sanidad pública y con ello la pérdida de calidad de la atención. No se trata solo de incapacidad, sino de una estrategia política. Cuando lo público se degrada, lo privado se presenta como salvación.
Los profesionales, especialmente en atención primaria, vive entre la frustración y el agotamiento. Son ellos quienes sostienen, un sistema al borde del colapso mientras la administración los ignora. La precariedad, la falta de reconocimiento y la ausencia de liderazgo ético minan la confianza de quienes garantizan el derecho a la salud.
Venden como libertad lo que en realidad es persecución ideológica. La eliminación del nombre de Lluch no responde a ninguna necesidad práctica ni a una revisión histórica. Es un acto de revancha contra lo que simboliza: la sanidad pública como conquista democrática. Pero se equivocan quienes creen que pueden borrar su legado. Podrán eliminar su nombre de los centros, pero no de la conciencia colectiva. Lluch seguirá siendo el símbolo de una sanidad basada en la equidad y no en la cuenta de resultados.
La DANA de 2024 fue un desastre natural, pero el verdadero desastre es político. Lo que la convirtió en tragedia fue la gestión de un gobierno que llegó tarde, mal y con soberbia, más preocupado por salvar su imagen que por salvar vidas. Esa misma forma de gobernar —que prefiere la propaganda a la responsabilidad— se ha instalado en la gestión sanitaria. Se manipulan datos, se maquillan cifras y se construye una realidad paralela que ignora el sufrimiento de quienes esperan atención.
Borrar el nombre de Ernest Lluch es la metáfora de un proyecto que niega el pasado, destruye el presente y compromete el futuro. Pero los símbolos tienen una fuerza que los oportunistas no entienden. La memoria de Lluch, como la defensa de la sanidad pública, no se borra con pintura ni con decretos. Se sostiene en la dignidad de los profesionales, en la conciencia ciudadana y en la convicción de que la salud no se vende, se protege, se cuida y se defiende. Por mucho que intenten reescribir la historia, la verdad acaba siempre emergiendo. Porque las mentiras, como las fachadas, terminan por agrietarse.