Determinados responsables políticos, en distintos niveles de la administración —local, provincial, autonómica o estatal—, han encontrado en la privatización su comodín preferido. Todo lo que se construye, se gestiona o se mantiene con fondos públicos acaba, tarde o temprano, en manos privadas con el argumento, tan repetido como falaz, de que “lo privado es más eficaz y eficiente”. Sin embargo, una mentira, por mucho que se repita, no se convierte en verdad. Y esto es precisamente lo que ocurre con las externalizaciones en sanidad, educación, servicios sociales o urbanismo.
El mecanismo es conocido, la administración pública contrata a una empresa privada para gestionar un servicio con dinero público. La empresa, como es lógico, persigue beneficio económico. Pero si una vez iniciada la actividad comprueba que el negocio no resulta rentable, no duda en reclamar más fondos públicos para asegurar sus ganancias o, directamente, suspende la actividad alegando pérdidas que no puede asumir. En cualquiera de los dos escenarios, la ciudadanía sale perdiendo. O bien se dilapidan recursos públicos sin retorno proporcional, o bien se interrumpe el servicio dejando a la población desatendida.
Lo más grave es que esta situación no es excepcional, sino recurrente. Pese a que la experiencia demuestra una y otra vez los riesgos del modelo, las administraciones continúan fiando a la gestión privada servicios esenciales. En lugar de reflexionar sobre qué se está haciendo mal, se entra en una espiral de litigios interminables entre la administración que adjudicó la concesión sin planificación ni control suficientes y la empresa que, incapaz de asumir sus propios errores de cálculo, incumple los compromisos adquiridos. Mientras tanto, los procedimientos judiciales se eternizan y las instalaciones afectadas permanecen cerradas, sin actividad ni mantenimiento, deteriorándose progresivamente y multiplicando el coste final de su recuperación.
Lo que debería ser una excepción se ha convertido en un patrón. La externalización como coartada de una gestión pública ineficaz y, en ocasiones, irresponsable. Nadie asume las consecuencias. Al final, los únicos perjudicados es la ciudadanía, que ve cómo se degradan los servicios esenciales que deberían garantizar su bienestar.
La privatización de lo público no solo genera ineficiencia, sino también inequidad. En sanidad y educación, especialmente, el modelo concesional provoca un acceso desigual y una atención de distinta calidad según el territorio, los recursos y la capacidad económica de las personas. Lo público pierde fuerza, inversión y prestigio, mientras la empresa privada consolida su negocio con dinero de todos.
No se trata de negar por principio cualquier colaboración público-privada. Puede tener sentido en contextos concretos, siempre que se base en la transparencia, la evaluación rigurosa y el interés general. Pero lo que hoy se practica está muy lejos de eso. Las concesiones se adjudican sin estudios de viabilidad sólidos, sin cláusulas efectivas de control de calidad ni penalizaciones por incumplimiento, y con un seguimiento deficiente. Es decir, se entrega dinero público sin garantías suficientes de cumplimiento ni de retorno social.
El problema de fondo no es solo económico. Es político, ético y cultural. Se ha normalizado la impunidad con la que actúan algunos responsables públicos y empresariales, convertida casi en una forma de gestión. Se asume que los errores, los sobrecostes o los incumplimientos son parte inevitable del proceso, y se acepta con resignación que el dinero de todos sirva para enriquecer a unos pocos. Pero la gestión pública no puede funcionar como un negocio privado ni los impuestos pueden entenderse como un botín partidista.
Los impuestos son, o deberían ser, una inversión colectiva para garantizar derechos, equidad y bienestar. Cada euro público debe traducirse en beneficio común, no en ganancias privadas ni en operaciones de maquillaje político. La gestión de lo público exige responsabilidad, planificación, rendición de cuentas y control, no marketing ni propaganda.
Y cuando la externalización fracasa, no basta con escudarse en que “los técnicos lo avalaron”. Esa frase tan manida no es solo una excusa: es una cobardía. Los técnicos informan, pero quienes deciden son los responsables políticos, y por tanto son ellos quienes deben responder ante la ciudadanía. Delegar la culpa en quienes cumplen su función es tan indecente como inaceptable.
La eficacia no se mide por los beneficios empresariales, sino por el impacto social y la calidad del servicio prestado. Lo público, bien gestionado, es la mejor garantía de equidad, transparencia y sostenibilidad. Pero para ello hay que creer en lo público, y no utilizarlo como trampolín para favorecer intereses privados o estrategias electorales.
Privatizar no es modernizar. Es, en demasiadas ocasiones, renunciar a la responsabilidad política y social que implica gobernar con el dinero de todos. La verdadera eficacia no consiste en reducir costes, sino en ampliar derechos. Y eso solo lo consigue una gestión pública fuerte, honesta y comprometida con la ciudadanía, no una administración que externaliza sus deberes y luego culpa a los demás de su propio fracaso.
totalmente de acuerdo, esto ha pasado en Colombia donde la mayor parte de los servicios públicos están privatizados, con efecto devastador en los servicios de la Seguridad Social; cuando un gobernante intenta revertir esta situación, es tildado de retardatario por el sector privado y por funcionarios públicos que reciben parte de los beneficios económicos.