La sanidad pública vive un momento extraño. Nunca había sido tan defendida por la ciudadanía y los profesionales, ni tan deteriorada por quienes tienen la responsabilidad de protegerla. Las protestas se multiplican, los pasillos se saturan y las consultas se tensan porque unos y otros, desde ángulos distintos, señalan un mismo diagnóstico: el sistema no funciona. La ciudadanía lo percibe en forma de demoras, fragmentación y trato deshumanizado. Los profesionales, en forma de impotencia, frustración y una sensación creciente de que su esfuerzo ya no basta. Y ambos coinciden en que el origen del problema son estructuras caducadas, una organización incapaz de adaptarse y decisiones políticas que no buscan soluciones reales, sino titulares fáciles.
A este deterioro se suma una privatización constante, más visible y menos disimulada. Una privatización que avanza sin debate, por goteo, amparada en la supuesta eficiencia del mercado, aunque la evidencia señale lo contrario. Mientras tanto, la sanidad se convierte en campo de batalla partidista donde la ideología pesa más que la evaluación, las ocurrencias sustituyen a la planificación y el ruido se impone al conocimiento. El resultado son errores repetidos, inversiones mal dirigidas, improvisaciones y una inquietante falta de voluntad política para abordar lo verdaderamente importante, cuidar a las personas y garantizar su derecho a la salud.
En este escenario, la que era considerada “joya de la corona” del Estado de Bienestar pierde brillo y no pasa de ser una mala bisutería. Pero lo más preocupante es la normalización de esta pérdida de valor. Se justifica el deterioro para alimentar argumentos privatizadores, utilizándose también para sostener discursos corporativos que no siempre buscan mejorar la atención, sino reforzar posiciones de poder dentro del propio sistema. Entre unos y otros, la sanidad queda sin barrer: desordenada, sucia y peligrosa. Signos evidentes de una mala higiene.
Las consecuencias se manifiestan en frentes dispersos, pero profundamente conectados. Las luchas entre colectivos profesionales ante la falta de criterios claros o de coherencia en las decisiones. La variabilidad injustificada entre territorios y servicios, que genera inequidad y confusión. La presión de lobbies económicos, profesionales y mediáticos, que operan buscando prebendas más que mejoras reales. Y la brecha creciente entre ciudadanía y profesionales, alimentada por la frustración mutua y traducida en un aumento injustificable e intolerable de agresiones a profesionales. Convertirlos en “autoridad” o endurecer sanciones puede parecer contundente, pero no resuelve lo que subyace, la sensación de abandono, el colapso organizativo y la pérdida de legitimidad institucional.
A ello se añade la batalla partidista e ideologizada que impregna la gestión sanitaria. La salud se ha transformado en arma electoral. Un campo de minas donde cada medida sirve para provocar o descolocar al adversario, no para mejorar el bienestar colectivo. Es una deriva peligrosa, porque la salud requiere estabilidad, continuidad y pactos que trasciendan los colores políticos. Sin embargo, se ha convertido en un escenario donde todo vale siempre que sirva para desgastar al otro.
Y mientras todo esto ocurre en despachos, tertulias y redes sociales, los grandes beneficiados observan en silencio. Las empresas que negocian con el malestar social y profesional hacen su agosto permanente. La percepción de que “lo público no funciona” es el mejor combustible para su negocio. Cuanto peor va todo, más fácil resulta justificar conciertos, derivaciones, externalizaciones o modelos mixtos que, lejos de resolver los problemas, los agrandan. La ciudadanía pierde seguridad y derechos; los profesionales, motivación y compromiso. El sistema, capacidad de respuesta.
Lo dramático es que seguimos atrapados en un modelo que no solo no responde a las necesidades reales de la población, sino que es parte del problema. Un modelo basado en la asistencia a la enfermedad, no en el cuidado de la salud. En la acumulación de tecnología, no en la inversión comunitaria. En la centralidad del hospital y la subsidiariedad de la atención primaria. En la lógica del mercado, no en la abogacía por la salud. Y en esa contradicción se destruye lo que tanto costó construir.
La sanidad no puede ser un terreno de juego partidista ni un mercado de oportunidades. Tampoco un botín corporativo ni un laboratorio de ocurrencias ideológicas. Es un pacto social. Un espacio de cohesión. Un derecho que sostiene vidas y comunidades. Tratarla como un arma arrojadiza es una irresponsabilidad histórica y un insulto a quienes dependen de ella, que somos todos.
No se trata de alimentar derrotismos. Al contrario, se pretende interpelar, sacudir, recordar que la salud es demasiado valiosa para dejarla en manos de quienes confunden gobernar con mandar o gestionar con improvisar. Si algo necesita este país es un acuerdo profundo, honesto y valiente para reconstruir el sistema sanitario desde dentro, con visión, transparencia y una ética pública que hoy se echa dolorosamente de menos.
Cuando la salud se utiliza para dividir, se resiente la democracia. Y cuando esto sucede, peligra vivir con dignidad.