Cincuenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco, la política española vive una anomalía inquietante: el retorno, cada vez más explícito, de discursos que justifican, blanquean o incluso elogian la dictadura. No es fruto de la nostalgia, ni un exceso verbal accidental, ni un desliz puntual de quienes aún no han asumido completamente qué significa vivir en democracia. Es, más bien, el síntoma de un deterioro colectivo que se ha ido gestando día tras día, permitido por el silencio, la equidistancia o la banalización de la historia reciente.
Las declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, afirmando que Franco “dejó grandes infraestructuras”, son un ejemplo revelador. Incluso aunque después intentara matizarlas, la frase ya había cumplido su función, normalizar lo imposible. Quizá convenga recordarle a la señora Catalá que muchas de esas infraestructuras “dejadas” por el dictador fueron, en realidad, necesarias porque él y su ejército golpista habían destruido previamente pueblos, vías de comunicación, puentes, escuelas, hospitales y espacios de convivencia durante la guerra que él mismo desencadenó tras fracasar en su golpe de Estado.
Y si la referencia eran los pantanos, ese clásico del argumentario franquista, conviene también recordar que la mayoría estaban proyectados antes de 1936 por la II República e incluso por la dictadura de Primo de Rivera. Presentarlos como “logros” del franquismo es tan grotesco como si el señor Mazón quisiera convencernos de que las reparaciones tras la DANA son un éxito extraordinario de su gestión, y no la reparación obligada de lo que las inundaciones destruyeron. Aunque, tiempo al tiempo, dado el personaje.
El problema no es solo lo que se dice, sino quién lo dice, dónde y para qué. Cuando responsables públicos de primer nivel —alcaldes, presidentas autonómicas, diputados y diputadas— se permiten estas afirmaciones, no están improvisando, están empujando los límites. Están comprobando cuánto retroceso democrático puede tolerar la sociedad sin reaccionar. Están tanteando el terreno para ver cuánta memoria puede borrarse sin que nadie proteste.
Ahí están, acompañando este coro, voces como la de Isabel Díaz Ayuso o representantes del PP en el Congreso, que contribuyen a esa estrategia de erosión progresiva de lo que creíamos incuestionable. Y ahí están, también, decisiones como la del alcalde de Alicante, Luis Barcala, de no asistir al acto en el que la ciudad será reconocida como “Lugar de Memoria Democrática”. Una ausencia que no es inocente ni protocolaria: es una declaración política. Es el gesto de quien prefiere alinearse con los discursos revisionistas antes que honrar a una ciudad castigada por la aviación fascista italiana con uno de los bombardeos más crueles de la Guerra Civil, el del Mercado Central en 1938, donde cientos de personas inocentes murieron.
A ese menosprecio institucional se suma la decisión de cerrar los refugios antiaéreos visitables, símbolo y testimonio vivo de la barbarie del franquismo. Borrarlos del mapa cultural es una manera de borrar, también, la memoria emocional y ética de lo que ocurrió. Un pueblo sin memoria es un pueblo a merced del relato de quienes desean reescribir la historia, como el Sr. Barcala.
Nada de esto es casual. Nada ocurre de forma aislada. Cada declaración, cada omisión, cada gesto aparentemente anecdótico, cada reinterpretación de los hechos, suma un peldaño en la escalera del retroceso democrático. Cuando se dice que “no hay que mirar atrás”, lo que realmente se dice es: “permitidnos contaros un pasado conveniente”. Cuando se acusa a la memoria democrática de “reabrir heridas”, lo que se pretende es impedir que las heridas se comprendan para que nunca puedan cerrarse de verdad.
La democracia española, con todas sus imperfecciones, se ha sostenido durante décadas sobre el pacto social implícito de no permitir que el totalitarismo volviera a infiltrarse en nuestra vida política. Pero hoy ese pacto muestra su debilidad. Y no por el empuje de los nostálgicos —que siempre han existido—, sino por la normalización social de discursos que hace apenas veinte años habrían generado escándalo inmediato. La distancia moral respecto a la dictadura se está estrechando peligrosamente. Sobre todo, entre la población más joven.
Han pasado 50 años. Y, en lugar de celebrar una democracia más madura, más sólida, más protegida, constatamos que hay quienes están trabajando para erosionarla desde dentro. No tienen prisa. No necesitan, de momento, un golpe. Les basta con sembrar la duda, degradar el lenguaje, desdibujar los hechos, enfrentar a la ciudadanía, sembrar desconfianza hacia las instituciones y justificar lo injustificable hasta que parezca razonable.
Y mientras tanto, demasiada gente permanece indiferente, atrapada en la falsa creencia de que la democracia funciona sola, que no necesita ser defendida cada día, que es un patrimonio garantizado. No lo es. Una democracia que no se cuida se deteriora. Una democracia que no se protege se desmorona. Una democracia sin memoria está perdida.
Hoy, cincuenta años después de la muerte del dictador, no estamos asistiendo al final de una época, sino al principio de una amenaza. Y quizá la pregunta más urgente no sea qué están haciendo quienes intentan reescribir la historia, sino qué estamos dejando de hacer quienes sabemos, con absoluta claridad, que la libertad nunca es un regalo: es una conquista que puede perderse y que se está perdiendo.