La salud no se vende, se cuida
José Ramón Martínez-Riera
Profesor Honorífico Universidad de Alicante
Durante décadas, el sistema sanitario español fue considerado una referencia internacional, un motivo de orgullo colectivo y un ejemplo de calidad, universalidad y humanidad. Sin embargo, en un periodo relativamente breve, esa imagen se ha ido erosionando hasta el punto de que hoy la ciudadanía cuestiona aspectos fundamentales de su funcionamiento. Paradójicamente, esta crisis no se debe a la falta de profesionalidad; al contrario, los profesionales de la salud son, probablemente, los mejor formados, más preparados y técnicamente competentes de toda nuestra historia. Pero también se encuentran exhaustos, desmotivados, mal remunerados y profundamente desilusionados. Esta combinación constituye un cóctel explosivo que desemboca en protestas continuas tanto de quienes trabajan dentro del sistema como de quienes intentan acceder a él.
El problema se origina en los decisores de los 17 sistemas sanitarios autonómicos, con un Ministerio de Sanidad que, lejos de actuar como árbitro, se percibe como un mero espectador incapaz de garantizar la cohesión interterritorial. Esta lucha política provoca desigualdades flagrantes en prestaciones, servicios y coberturas según el lugar donde uno resida. La ciudadanía se encuentra atrapada en una especie de ruleta que mina aún más la credibilidad del sistema nacional en su conjunto y amenaza el principio de equidad que debería sostener cualquier servicio público esencial.
Este escenario se alimenta del modelo hegemónico que se perpetúa, impregnando tanto al sistema público como a un sector privado que crece sin necesidad de grandes campañas. Le basta con aprovechar las grietas abiertas por la ineficiencia del sistema público. Se trata de un modelo caduco, centrado en la enfermedad que subestima la salud; en la asistencia puntual, no en la continuidad; en la atención episódica, no en la promoción y la prevención. Un modelo paternalista que genera dependencia en lugar de fomentar autonomía, despreciando la participación comunitaria y que sigue colocando la curación como bien supremo por encima de los cuidados. A ello se suman las decisiones de corte neoliberal que se presentan como oportunidades de mejora siendo, en realidad, mecanismos encubiertos de privatización que debilitan deliberadamente la estructura del sistema público. Este enfoque, limitado y miope, deja el camino despejado para que los intereses mercantilistas ganen terreno y conviertan la salud en una oportunidad de negocio.
Mientras el deterioro se acelera, las necesidades reales de personas, familias y comunidades quedan sin respuestas. Las poblaciones más vulneradas se enfrentan a barreras crecientes de accesibilidad y cobertura; los tiempos de espera son una forma silenciosa pero eficaz de exclusión y derivación a la privada. La capacidad de autocuidado se debilita, aumentando la carga sobre cuidadoras familiares que, sin apoyo, coordinación, ni reconocimiento, se colapsan física y emocionalmente. La soledad, el envejecimiento y la cronicidad se combinan en una triada devastadora, generando sufrimiento y dolor innecesarios que podrían evitarse con políticas sociosanitarias más sólidas y coordinadas.
A ello se suma el ascenso imparable de patologías asociadas a estilos de vida poco saludables —obesidad, diabetes, hipertensión— que se amplifican por el insuficiente desarrollo de estrategias de promoción y prevención eficaces y eficientes. El deterioro ambiental derivado del cambio climático crea territorios menos saludables y más hostiles, generando nuevas vulnerabilidades que el sistema no sabe gestionar. La erosión de los vínculos sociales y el aislamiento provocado debilitan la protección comunitaria, que favorece factores de protección frente a la enfermedad y la fragilidad. Nada de esto es nuevo ni desconocido; simplemente no resulta atractivo desde una perspectiva de mercado.
Pero, abordar estas realidades exige confrontar intereses poderosos. Lobbies corporativistas, industrias farmacéuticas, empresas de seguros y grupos vinculados a la sanidad privada. La desvalorización sistemática de los cuidados desestabiliza cualquier sistema, porque sin cuidados no hay atención, no hay continuidad, no hay humanización, no hay salud. Del mismo modo, la hegemonía de la terapia farmacológica margina terapias sociales, conductuales y naturales que han demostrado eficacia sin generar dependencia ni efectos adversos. La evidencia existe, pero no genera beneficios económicos de igual magnitud.
Mientras estas dicotomías persistan el Sistema Nacional de Salud no solo no mejorará, sino que continuará su camino hacia un papel residual, subordinado a grandes multinacionales que se benefician del deterioro progresivo de lo público. Mientras quienes gestionan el sistema trasladan discursos demagógicos, llenos de promesas vacías y consignas diseñadas para maquillar su incapacidad, su tibieza o, en algunos casos, su complicidad con el desmantelamiento silencioso de un bien común que costó décadas construir. Eliminando incluso el nombre, con el que se identificaron centros de salud, de quien lo hizo posible, en una maniobra tan miserable como innecesaria, que define a sus decisores.
El reto no es técnico, es político, ético y social. Requiere valentía, voluntad política, ética profesional, visión de futuro y la convicción de que la salud no se vende, se defiende y cuida a favor de la dignidad humana. El futuro del sistema público depende de que recuperemos esta idea sencilla pero poderosa.