CUANDO LAS UVAS NO CAMBIAN NADA

Estamos a punto de que termine el año y, una vez más, repetiremos un ritual que conocemos de memoria. Doce campanadas, doce uvas y la sensación colectiva de que algo se reinicia. A las 00:00 horas del día uno del mes uno, el contador vuelve a cero. Al menos simbólicamente. Porque ese gesto debería equivaler a empezar de nuevo, a hacerlo mejor, a corregir errores y a recuperar una ilusión que, con el paso del tiempo, parece cada vez más frágil, más breve y más condicionada por la realidad que nos rodea.

Las uvas, el cava, la ropa interior roja, las serpentinas, el confeti, los besos, los abrazos, las risas, la música, el baile y los deseos duran lo que dura la celebración. La resaca posterior —acidez, dolor de cabeza, cansancio acumulado, ojeras— no es solo física. Es también moral y emocional. Es el aviso de que el nuevo año no llega con una hoja en blanco, sino cargado de los mismos problemas, las mismas tensiones y, demasiadas veces, las mismas decepciones. Las noticias vuelven a ocupar su espacio habitual y la ilusión, si llegó a asomarse tímidamente, se repliega sin resistencia. Porque ni el cambio de año ni quienes permanecen al frente de las decisiones parecen dispuestos a alterar una inercia que se repite con inquietante normalidad.

No se trata, en realidad, de cambiar de año ni de ritual. No depende de uvas, ni de lentejas, ni de romper platos, ni de hacer ofrendas al mar, ni de arrastrar maletas por el pasillo para atraer viajes, oportunidades o buena suerte. El problema no es la tradición, sino lo que dejamos fuera de ella. Lo verdaderamente urgente es recuperar la capacidad de analizar y reflexionar, de hablar sin insultar, de discrepar sin deshumanizar, de consensuar sin imponer. Recuperar la capacidad de aprender y de enseñar, de perdonar cuando sea posible, de escuchar cuando sea necesario y, sobre todo, de cuidar. Cuidar a las personas, cuidar los vínculos y cuidar la convivencia, que es el pegamento invisible de cualquier sociedad que aspire a algo más que a sobrevivir entre sobresaltos permanentes.

Para que eso ocurra no bastan los buenos propósitos que se evaporan con el primer café del dos de enero. Se requieren valores que hoy parecen incómodos o directamente molestos: integridad, humildad, compromiso, implicación, sinceridad y generosidad. Y no solo de quienes toman decisiones desde los despachos, los parlamentos o los platós, sino también de quienes, con nuestros votos, facilitamos que otros las tomen. Porque la democracia no se deteriora únicamente desde el poder; también se erosiona desde la irresponsabilidad ciudadana, desde la dejación consciente de responsabilidades y la comodidad de mirar hacia otro lado.

Utilizar el voto como castigo, como revancha, como gesto antisistema o como simple acto reflejo en lugar de reflexivo, es una forma peligrosa de banalizar la democracia. Convertir una decisión colectiva de enorme trascendencia en una pataleta individual es confundir el legítimo descontento con la destrucción del propio sistema. Y algo parecido ocurre con la abstención, que se presenta como ejercicio de libertad individual cuando, en demasiadas ocasiones, no es más que una renuncia cómoda a asumir responsabilidad. Abstenerse no es neutral: es el negacionismo de la democracia, como no vacunarse es el negacionismo de la ciencia.

Votar no es como comerse las uvas y seguir la fiesta hasta caer rendido por efecto del alcohol. Entre otras cosas porque la resaca que provocan los resultados electorales dura, como mínimo, cuatro años y afecta a toda la sociedad, no solo a quienes celebraron el resultado o a quienes se sintieron momentáneamente satisfechos. Es legítimo que lo que salga de las urnas nos guste más o menos según nuestras convicciones. Lo que no es legítimo es desentenderse después, exigir soluciones inmediatas o instalarse en la queja permanente sin asumir la parte de responsabilidad que a cada cual le corresponde como ciudadano.

Al menos deberíamos exigir que quienes resulten elegidos tengan la honradez, la capacidad y la honestidad necesarias para garantizar que toda la ciudadanía tenga la posibilidad real de vivir en las mejores condiciones posibles. No es una exigencia ideológica, es una exigencia ética. Gobernar no debería ser un ejercicio de supervivencia partidista ni una competición de relatos vacíos, sino un compromiso real y sostenido con el bien común, aunque ese concepto parezca hoy ingenuo, incómodo o pasado de moda.

Tal vez todo esto sea tan inútil como comer uvas, lentejas o romper platos esperando que el futuro se arregle solo. Puede que pensar así sea tan ingenuo como confiar en supersticiones de fin de año. Pero, puestos a elegir, prefiero esta ingenuidad consciente a la resignación cínica. Porque quizá algún día, como en la lotería, nos toque el GORDO. Y no por azar, sino porque decidimos, de una vez, tomarnos en serio la responsabilidad de convivir.

PATRIMONIO, FE Y PRIVILEGIO: EL COSTE DE UN ESTADO ACONFESIONAL AMBIGUO A propósito de la Concatedral de San Nicolás

Cuando la ciudadanía recurre a los cauces legales para reclamar el cumplimiento de una norma tan clara como el derecho de visita pública gratuita a los Bienes de Interés Cultural (BIC), no está atacando creencias ni cuestionando convicciones religiosas. Está ejerciendo un derecho reconocido por la ley y recordando algo esencial como que el patrimonio cultural no pertenece a quien lo gestiona, sino a la sociedad en su conjunto.

La legislación valenciana no deja lugar a dudas. La Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano, establece que los bienes declarados BIC deben permitir la visita pública gratuita al menos cuatro días al mes. No se trata de una sugerencia ni de una concesión voluntaria, sino de una obligación legal. Sin embargo, este mandato se diluye con frecuencia cuando el titular del bien es la Iglesia Católica. El caso de la Concatedral de San Nicolás de Alicante es paradigmático: no existen días ni franjas horarias de acceso gratuito, y la visita cultural está supeditada al pago de una entrada. Un peaje impuesto sobre un bien que, por definición, es de interés general.

Esta situación resulta todavía más difícil de justificar cuando se analiza el contexto económico de la institución que gestiona estos inmuebles. En 2024, la Iglesia Católica ingresó en España alrededor de 168 millones de euros procedentes de sus negocios inmobiliarios y financieros. A ello se suma la asignación tributaria del IRPF: el 0,7 % de la cuota íntegra de los contribuyentes que marcan voluntariamente la casilla correspondiente en su declaración de la renta. Según la Agencia Tributaria, en la última campaña esta vía alcanzó un máximo histórico cercano a los 429 millones de euros. Una cifra procedente de millones de ciudadanos y ciudadanas, crean o no, practiquen o no, que se añade a un entramado económico de enorme dimensión.

Pese a ello, numerosos edificios propiedad de la Iglesia que tienen la consideración de BIC no cumplen con las obligaciones legales de acceso gratuito. Es decir, reciben financiación indirecta de origen público, obtienen ayudas para la conservación de un patrimonio que es de todos y todas, y aun así restringen el acceso mediante el cobro de entradas. Todo ello con un agravante añadido: la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), un tributo que sí afronta el conjunto de la ciudadanía y que contribuye al sostenimiento de los servicios públicos.

El problema no es solo económico. Es político, institucional y profundamente estructural. España no es un Estado laico; es un Estado aconfesional, tal y como recoge el artículo 16 de la Constitución. Y es precisamente esa aconfesionalidad ambigua la que ha permitido que la Iglesia Católica mantenga, de forma persistente, una posición de privilegio e influencia que desborda lo estrictamente religioso. Ese “ni confesional ni verdaderamente laico” ha sido el agujero legal y simbólico por el que se han colado exenciones fiscales, tratos preferentes y una presencia constante en ámbitos que deberían regirse exclusivamente por el interés general.

Avanzar hacia un Estado laico no supone, en ningún caso, un ataque a la religión católica ni a ninguna otra confesión. Supone, sencillamente, establecer una separación clara entre las creencias —todas legítimas en el ámbito privado— y las instituciones públicas. Supone garantizar que ninguna confesión goce de privilegios económicos, fiscales o patrimoniales por encima del resto de la ciudadanía. Y supone, también, que quien gestiona bienes de interés cultural asuma las mismas obligaciones que cualquier otro titular, sin excepciones ni atajos.

Resulta especialmente llamativo que una institución que no duda en intervenir en debates políticos que no le competen guarde silencio o ambigüedad ante vulneraciones evidentes de los derechos humanos, la dignidad y la libertad de las personas en contextos nacionales e internacionales. Esta combinación de presencia interesada y ausencia ética refuerza la percepción de que, más que una institución espiritual, actúa como un poderoso emporio empresarial revestido de doctrina y culto.

La influencia de la Iglesia Católica en ámbitos tan sensibles como la educación, los servicios sociales o incluso la salud, a través de conciertos, convenios o cesiones de gestión financiadas con recursos públicos, exige un ejercicio de transparencia y corresponsabilidad mucho mayor que evite casos como el de la Concatedral de Alicante.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿puede una institución que recibe cientos de millones de euros de origen público, que está exenta de impuestos municipales y que gestiona un patrimonio histórico de valor incalculable actuar como si ese patrimonio fuera un bien privado destinado a la recaudación? Desde cualquier perspectiva democrática, la respuesta debería ser claramente negativa.

Cumplir la ley, garantizar el acceso gratuito al patrimonio cultural y rendir cuentas no es un ataque a la fe. Es una exigencia democrática. Y mientras España no afronte con valentía el debate sobre su aconfesionalidad y avance hacia una laicidad real, seguirá manteniendo privilegios que contradicen la igualdad ante la ley y debilitan la calidad de nuestra democracia.

MACHISMO: EL PROBLEMA NO ES QUE AFLORE, SINO QUE NUNCA SE FUE

Los casos de acoso sexual, comportamientos machistas y abusos de poder que en las últimas semanas están saliendo a la luz tanto en el PSOE como en el PP pueden inducir al engaño. No estamos ante una coincidencia casual ni ante una súbita degeneración ética de la política española. Lo que estamos viendo no es el nacimiento de un problema, sino su visibilización interesada, selectiva y tardía. Y eso debería preocuparnos tanto como los hechos en sí, porque revela una incapacidad estructural para afrontarlo de manera honesta y sostenida.

Por una parte, estos episodios se insertan en una estrategia política basada en el ruido, el descrédito del adversario y la descalificación permanente. El machismo se convierte así en arma arrojadiza: se denuncia cuando conviene y se relativiza, se silencia o se justifica cuando incomoda. El objetivo no es erradicarlo, sino utilizarlo como munición en la confrontación política, alimentando un combate de descalificaciones cruzadas que poco tiene que ver con la defensa real de la igualdad. Pero reducirlo todo a una maniobra partidista sería igualmente simplista y peligroso. Porque lo que estos casos evidencian, más allá del uso político que se haga de ellos, es la persistencia de una realidad social y cultural profundamente arraigada: el machismo sigue impregnando nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar, en lo público y en lo privado.

La igualdad no se alcanza únicamente con declaraciones solemnes ni con compromisos de fachada. Tampoco basta con aprobar leyes, aunque sean necesarias y fruto de luchas históricas que no pueden banalizarse. El machismo no se erradica por negación ni se desactiva porque una organización se autodefina como feminista o progresista. El feminismo no se respeta por el simple hecho de figurar en unas siglas, ni la igualdad se garantiza con discursos bien construidos mientras se toleran prácticas que la contradicen. No se trata de ver quién es más o menos machista o más o menos feminista; se trata de serlo —o no serlo— y actuar en consecuencia, incluso cuando hacerlo incomoda, genera tensiones internas o tiene costes políticos.

El problema es más profundo y más incómodo. El machismo persiste porque sigue siendo funcional al poder. Porque se disfraza de normalidad, de humor, de tradición, de autoridad incuestionable o de liderazgo carismático. Porque se protege tras la ambigüedad, el silencio cómplice y las miradas hacia otro lado. Porque existen demasiados “infiltrados” —hombres y también mujeres— que, amparados por su posición, su prestigio o su cercanía al poder, reproducen conductas que anulan, humillan y subordinan, muchas veces sin asumir su responsabilidad ni aceptar cuestionamientos.

Mientras sigamos jugando al despiste con el machismo, mientras lo tratemos como una desviación anecdótica y no como un problema estructural, no acabaremos con él. Seguirá siendo la expresión más clara del negacionismo de la igualdad. Seguirá alimentando el acoso, legitimando la imposición del poder y restringiendo la libertad de las mujeres. Y seguirá siendo el refugio de quienes no solo se resisten a erradicarlo, sino que aspiran a reinstaurarlo como modelo de convivencia basado en la dominación y la desigualdad.

Por eso conviene ser claros: no existen comportamientos menores, inocentes o graciosos cuando hablamos de igualdad. No hay mensajes irrelevantes ni gestos sin consecuencias. Cada comentario, cada insinuación, cada silencio cómplice contribuye a sostener una jerarquía de género que deshumaniza y excluye. El machismo no se manifiesta solo en los casos extremos que llenan titulares; se reproduce en lo cotidiano, en lo aparentemente banal, en lo que se tolera para no incomodar, en lo que se justifica para no asumir responsabilidades.

No se trata de legislar más ni de endurecer indefinidamente las condenas, aunque la ley deba cumplirse sin excepciones ni privilegios. Se trata de aplicar con rigor las normas existentes y, sobre todo, de desmontar los resortes sociales, culturales e institucionales que siguen alimentando el machismo en todos los ámbitos: la política, la empresa, la universidad, los medios de comunicación, la religión, la familia y también los partidos que dicen combatirlo. Se trata de coherencia entre lo que se proclama y lo que se hace.

“No es no” no es solo una consigna vinculada al consentimiento sexual. Es una afirmación ética que interpela al conjunto de las relaciones de género y de poder. Es un límite frente al abuso, la imposición y la desigualdad. Y no admite matices ni interpretaciones interesadas, tampoco cuando incomoda a los propios o cuestiona liderazgos consolidados.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que convivamos con un discurso de escaparate y otro de trastienda. Que se proclame igualdad mientras se toleran prácticas machistas. Que se condene al adversario mientras se protege al propio. Porque ahí no falla solo la política: falla la sociedad que lo consiente, lo minimiza o lo normaliza.

Y mientras eso no cambie, el machismo seguirá ahí. No porque aflore de repente, sino porque nunca se fue.

SEGUIR CREYENDO: ILUSIÓN, CUIDADO Y ENFERMERÍA

“La ilusión no engaña; engaña la renuncia a sostenerla.”

Albert Camus[1]

 

Hay fechas que, casi por inercia, asociamos con la ilusión y la alegría. Días señalados en el calendario que parecen venir ya cargados de emociones prefabricadas, de sonrisas esperadas y de un cierto entusiasmo socialmente prescrito. Sin embargo, si hay algo que, más allá de las luces, los mensajes repetidos y los rituales comerciales, sigue generando una ilusión auténtica, profunda y transversal, esa es la festividad de los Reyes Magos. Especialmente en las niñas y los niños, pero no solo en ellos. Y no solo en quienes más tienen o más reciben, sino también —y quizá, sobre todo— en quienes viven la vulnerabilidad, la escasez, la pobreza, el hambre, el conflicto, la exclusión o la diferencia cultural, religiosa o vital.

Desde muy pequeñas y pequeños se nos hace creer que existen tres Reyes, que se les denomina Magos aunque no hagan trucos de magia, que llegan una vez al año desde lugares lejanos y que cumplen deseos en forma de regalos. Un relato que se ha transmitido durante generaciones con un cuidado casi artesanal, sostenido por familias enteras y por comunidades que deciden, conscientemente, alimentar esa creencia. Porque el verdadero valor de los Reyes Magos no está nunca en la cantidad de regalos ni en su precio, sino en la ilusión que generan. En la espera compartida. En la emoción contenida. En la sensación de que alguien piensa en ti, también cuando tienes poco, cuando no encajas, cuando la vida aprieta.

El relato, sin embargo, no es neutro. Los Reyes Magos han sido siempre hombres. Tres figuras masculinas, coronadas, viajeras, portadoras de poder simbólico. No ha habido lugar para la igualdad en ese imaginario. Y, aun así, pese a esa limitación evidente, la fuerza del mito ha residido menos en quiénes eran y más en lo que representaban. Porque, en su significado más profundo, los Reyes no discriminan. Llegan a todas partes. A hogares acomodados y a casas humildes. A contextos de estabilidad y a escenarios marcados por la precariedad, el sufrimiento o la exclusión.

Ese “engaño”, porque en sentido estricto lo es, se mantiene durante años. Hasta que, casi siempre de manera fortuita —un comentario en el patio del colegio, una frase mal medida, una sospecha que ya llevaba tiempo rondando— se descubre la verdad de que los Reyes Magos no existen. O, al menos, no existen como nos habían contado. Y entonces llega el desconcierto. La incredulidad. A veces la tristeza. La sensación de que algo muy valioso se ha roto para siempre, de que la magia se ha evaporado dejando paso a una realidad más áspera y menos amable.

Sin embargo, lo verdaderamente interesante ocurre después. Porque pese a esa primera desilusión, pese al golpe que supone descubrir que aquello en lo que creíamos no era exactamente real, la ilusión no desaparece. Se transforma. Se recoloca. Se reconfigura. Aquello que durante años aportó emoción, alegría, expectativa, cariño y sentido pesa mucho más que la decepción inicial. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, quienes dejaron de creer como niñas y niños se incorporan a la tradición desde otro lugar. Escriben cartas para otros, compran regalos, siguen colocando las figuras de los Reyes en los belenes, continúan acudiendo emocionados a las cabalgatas, ponen agua para los camellos y dulces para los Reyes. Y, además, siguen teniendo su Rey favorito.

Y llega el día. Y se celebra con la misma ilusión —o quizá con más— que cuando se creía de forma ingenua. Y durante esas horas se elige, conscientemente, seguir creyendo. No porque sea verdad en términos literales, sino porque genera bienestar, vínculo, cuidado y una forma muy particular de justicia emocional. Porque permite que todas y todos, independientemente de su situación, se sientan parte de algo común. Y pasan los años, y lejos de agotarse, la ilusión se renueva, se fortalece y se transmite. Aquello que podría parecer una mentira más acaba convirtiéndose en una ilusión colectiva compartida, en una forma de decir que la vida también puede celebrarse desde lo simbólico y lo comunitario. Y todo ello a pesar de que ciertas tradiciones foráneas se incorporan en un mimetismo irracional que genera fascinación, pero que, al menos de momento, no consigue desplazar a los Reyes. Se supera el duelo de lo perdido, aunque se mantiene presente y con más intensidad, si cabe.

Desde ese mismo lugar puede entenderse, con una sorprendente similitud, lo que significa llegar a ser enfermera.

Un número importante de jóvenes inician los estudios de Enfermería movidas/os por una ilusión intensa. Una idea de lo que será su futuro profesional construida a partir de relatos parciales, imágenes idealizadas y discursos bienintencionados. Se les habla de vocación, de humanidad, de cercanía, de cuidado. Se les presenta la profesión como un espacio desde el que ayudar, acompañar y mejorar la vida de otras personas. Y lo viven como un regalo. Como algo profundamente deseado. Como una manera de estar en el mundo que genera emoción y sentido.

Durante un tiempo, esa ilusión sostiene el esfuerzo, el estudio, las prácticas, el aprendizaje. Se avanza con entusiasmo hacia aquello que se quiere y se desea ser, enfermera. Porque serlo parece contener algo valioso, casi mágico. Algo que no distingue entre personas por su origen, su cultura, su orientación, su forma de vivir o de amar. Algo que, al menos en la imaginación inicial, se dirige especialmente a quienes más lo necesitan.

Pero llega un momento —y llega casi siempre— en que esa imagen comienza a desdibujarse. A veces por experiencias vividas en los primeros contactos con la realidad asistencial. Otras por lo que se observa en los servicios, en las organizaciones, en las dinámicas de poder, en la interrelación con miembros de los equipos. Otras por lo que dicen profesionales cansadas, quemadas, desilusionadas. O por lo que no se dijo en la Facultad. O por lo que se dijo y luego no se cumple.

Entonces aparece la crisis. Las dudas. Los temores. La sensación de haber sido, en cierto modo, engañadas. De descubrir que la profesión no era exactamente como se había imaginado. Que el cuidado convive con la precariedad, la sobrecarga, la invisibilidad, la falta de reconocimiento. Que no siempre hay tiempo. Que no siempre hay recursos. Que no siempre se puede cuidar como se sabe que debería cuidarse.

Ese momento es clave. Porque, como ocurre con los Reyes Magos, ahí se abren varios caminos. Está quien abandona. Quien decide que aquello no merece la pena. Está quien permanece desde la resignación, reduciendo el cuidado a la técnica – refugiándose en ella como zona de confort, de tranquilidad, de seguridad y, sobre todo, de neutralidad con lo que pasa a su alrededor, porque las máquinas tan solo obedecen, no reclaman, no precisan escucha, no demandan atención más allá de las lucecitas de alarma-, sobreviviendo entre turnos y protocolos. Y está quien decide reconfigurar la ilusión. Mirarla de frente. Reconocer lo que hay de mito y lo que hay de realidad. Y, desde ahí, reconstruir conscientemente el sentido de ser enfermera.

En ese proceso aparecen los referentes. Enfermeras que no llevan coronas ni capas, pero que encarnan una manera distinta de cuidar. Docentes que no ocultan la dureza de la profesión, pero tampoco renuncian a su dimensión ética y social. Compañeras y compañeros que muestran que, incluso en contextos difíciles, la proximidad, la escucha y la presencia siguen siendo posibles. Personas atendidas que devuelven, con una palabra o un gesto, el valor de un cuidado que no se mide en procedimientos, sino en humanidad.

Y es aquí donde la analogía se vuelve aún más clara. Porque, a diferencia del relato de los Reyes Magos, la enfermería sí ha encarnado históricamente un feminismo del cuidado. Un feminismo que durante mucho tiempo fue utilizado como argumento para minusvalorar la profesión, como si lo feminizado restara valor científico, rigor o legitimidad. Cuando, en realidad, ha sido precisamente ese feminismo —no excluyente, no esencialista— el que ha permitido que la enfermería prevalezca, crezca y se potencie como ciencia, como disciplina y como profesión.

La enfermería no excluye a los hombres; los incorpora desde otra manera de entender la masculinidad. Porque en enfermería no se trata de sexo, sino de género. De una forma de mirar, de relacionarse, de estar con el otro. Por eso las enfermeras son Reinas aunque sean hombres. Son Magas aunque no hagan magia de chistera. No porque renuncien a su identidad, sino porque encarnan valores históricamente asociados a lo femenino —la proximidad, la escucha, la responsabilidad por la vida del otro, la presencia— y los convierten en conocimiento profesional, en práctica científica, en acción transformadora. Ahí reside su riqueza y su especificidad.

Cuando esa comprensión se integra, renace una nueva ilusión. No ingenua. No ciega. Una ilusión adulta, consciente, comprometida. La enfermera que atraviesa ese proceso ya no cree porque le dijeron que debía creer. Cree porque ha elegido hacerlo. Porque sabe lo que cuesta. Porque conoce las limitaciones. Porque ha visto las grietas. Y aun así decide seguir. Decide cuidar a todas y todos, también en la vulnerabilidad, en la pobreza, en la diferencia cultural, en el sufrimiento, en la exclusión.

Como los Reyes Magos, las enfermeras no reparten cuidados solo entre quienes más tienen. Los cuidados llegan —o deberían llegar— a todas partes. No por las chimeneas, ni en camello, ni por los balcones… sino en sus casas, sus escuelas, sus comunidades…Y cuando llegan, lo importante no es la cantidad de intervenciones ni la sofisticación técnica, sino la ilusión, la seguridad y la dignidad que generan. No es tanto la técnica como la proximidad. No es tanto el procedimiento como la escucha. No es tanto el protocolo como la presencia.

Las enfermeras no desfilan en cabalgatas ni reciben cartas. Pero siempre se las espera cuando más se las necesita. En la enfermedad, en la fragilidad, en el miedo, en la incertidumbre, pero también en la salud para cuidarla y fortalecerla. Puede parecer que el resto del tiempo no están, que su trabajo es invisible o poco reconocido. Pero su presencia es real, constante y profundamente transformadora.

Por eso, esa ilusión que sostienen no es ingenua ni decorativa. Es una forma de resistencia. Una manera de afirmar que el cuidado importa. Que la salud no se construye solo con tecnología, sino con humanidad. Que hay regalos que no se envuelven, pero que cambian vidas.

A todas las enfermeras —mujeres y hombres— que iniciaron su camino con ilusión, a las que lo están iniciando ahora o están a punto de hacerlo, que atravesaron o atravesarán la desilusión y que, aun así, siguen y seguirán cuidando desde un lugar cada vez más consciente, más justo y más comprometido, gracias. Gracias no solo por demostrar que el feminismo del cuidado no resta, sino que suma, sino también por vuestra constancia, compromiso, implicación e innovación para mejorar la calidad y la calidez de los cuidados, y por convertir los deseos en realidades que construyen salud, bienestar y confort.

Quizá, visto así, los Reyes Magos y la enfermería no estén tan lejos como podría parecer. En ambos casos, la ilusión no desaparece cuando se descubre la verdad; cambia de lugar. Deja de ser ingenua para convertirse en una elección consciente. Ya no se cree porque otros lo sostengan por ti, sino porque decides sostenerlo tú para otros.

Porque, en el fondo, los Reyes nunca se van del todo. Se transforman en quienes cuidan, acompañan y hacen posible que la vida sea un poco más habitable. Ser enfermera no es renunciar a la ilusión infantil, sino darle un sentido adulto. Es comprender que la magia no estaba en el relato, sino en el gesto. Que lo extraordinario no es que alguien venga de lejos una noche al año, sino que alguien esté cada día, incluso cuando nadie mira. Que creer no es engañarse, sino comprometerse.

Por eso la tradición y la realidad no se oponen. Se continúan. Los Reyes Magos enseñaron a esperar, a compartir, a pensar en el otro. Las enfermeras enseñan a permanecer, a cuidar, a no abandonar. Ambas hablan de comunidad, de justicia emocional, de llegar también.

Que estas fechas sirvan no solo para celebrar, sino para reconocer lo que sois y lo que hacéis. Y para desearos que sigáis siendo esas excelentes enfermeras que, cada día, siguen repartiendo ilusión y salud allí donde más se necesita.

Y permitidme, para terminar, una mención especial de agradecimiento a quienes seguís y apoyáis este blog. A quienes, con vuestras opiniones, reflexiones y comentarios, lo mantenéis vivo, lo cuestionáis y lo enriquecéis, complementando lo que, desde mi planteamiento personal y profesional, comparto semana a semana. Ese diálogo constante es también una forma de cuidado y la manera en que sigo manteniéndome unido a lo que ha sido, y sigue siendo, mi mejor regalo, ser enfermera.

[1] Novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés (1913-1960).

OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES

Hemos asistido en apenas unos días a un curioso tránsito político. Del silencio y la negativa frontal de Mazón a pedir perdón, a la comparecencia de su sucesor, el señor Pérez Llorca, solicitando disculpas públicas. Un gesto que, lejos de interpretarse como un acto sincero de responsabilidad política, ha sonado mucho más a ejercicio de redención personal y contrición formal que a una asunción real del daño causado. Porque el problema nunca ha sido pedir perdón como quien acude al confesionario para aliviar la conciencia. El problema es entender qué significa pedir perdón. Y, sobre todo, qué consecuencias deberían acompañar a ese gesto si pretende ser creíble.

Pedir perdón, en política, no es una fórmula retórica para cerrar un capítulo incómodo. No es una declaración solemne destinada a ocupar titulares. Pedir perdón implica situarse moral y políticamente al lado de quienes han sido perjudicados por una acción u omisión grave del deber público. Implica reconocer responsabilidades directas e indirectas. Implica actuar en consecuencia. Nada de eso ha sucedido.

Las primeras decisiones del nuevo president han sido la negación práctica de sus propias palabras. Lejos de marcar una ruptura ética con la etapa anterior, ha optado por premiar tanto a su antecesor —principal responsable político de los hechos que hoy se pretenden expiar— como a quienes actuaron como sus cómplices y protectores. A uno, ofreciéndole un cargo sin contenido real con aumento salarial, en lugar de exigirle que devolviese su acta de diputado. A otros, manteniéndolos en sus puestos o promocionándolos. Es difícil imaginar una contradicción más explícita entre discurso y hechos.

Con esta forma de proceder, no puede pretender que su petición de perdón sea aceptada socialmente como una absolución colectiva, como si bastara pronunciar una palabra para borrar responsabilidades y pasar página. Estamos hablando de 230 muertes. De un dolor inmenso que afecta a cientos de familias. De un sufrimiento que, lejos de ser acompañado con empatía y dignidad, ha sido alimentado por actitudes de soberbia, evasivas, mentiras, desprecio institucional y un uso político del silencio.

Porque no se puede pedir perdón mientras se legitima con cargos y salarios a quienes representan precisamente aquello de lo que supuestamente se arrepiente. No se puede exigir comprensión a las víctimas mientras se protege a quienes nunca asumieron su culpa. No se puede hablar de reparación sin una sola medida efectiva que apunte a la restitución moral y política del daño causado.

Tampoco puede el señor Pérez Llorca pretender que creamos que permaneció ajeno a todo lo ocurrido. Era hombre de confianza de Mazón. Quien lo impulsó e impuso hasta la presidencia. Y lo hizo para garantizar su inmunidad política, su lealtad personal y asegurar el apoyo de VOX aceptando todas sus exigencias, muchas de ellas sin dejar rastro escrito, lo que, por cierto, facilita futuras maniobras de presión y chantaje político. No fue una casualidad ni una imposición externa: fue una decisión consciente que ahora marca, de manera inexorable, el margen de actuación real del nuevo gobierno. Porque, como bien expresa el dicho popular, perro no come perro.

La fotografía que ilustra este artículo condensa mejor que cualquier declaración pública la verdadera naturaleza de este relevo. No hay distancia, no hay incomodidad, no hay ruptura. Hay cercanía, complicidad y continuidad. Una imagen que explica, sin necesidad de palabras, por qué las disculpas suenan huecas y por qué las decisiones posteriores no sorprenden a nadie. Ni tan siquiera tratan de disimular.

Esa dependencia no es una conjetura ni una interpretación interesada. En poco más de un mes de mandato, el nuevo president ha mostrado con claridad meridiana cuál es su verdadero proyecto político y cuál es su escaso margen de autonomía. Como primera medida de su supuesta “renovación”, ha dejado fuera la comisión LGTBI y ha eliminado cualquier referencia al lenguaje inclusivo, asumiendo sin rubor algunas de las exigencias de VOX como moneda de cambio por su apoyo a la investidura. No se trata de gestos menores ni anecdóticos, sino de decisiones que afectan directamente a derechos, reconocimiento y convivencia democrática.

A ello se suma el anuncio de que piensa solicitar al presidente del Gobierno que “respete” la Ley de Costas valenciana, en lo que no parece sino un nuevo intento de seguir degradando un litoral ya profundamente maltrecho, bien mediante nuevas intervenciones urbanísticas, bien desbloqueando operaciones que priorizan intereses económicos frente a la protección del territorio y el bien común. Un discurso envuelto en retórica competencial que esconde, una vez más, una concepción patrimonialista del territorio y una alarmante falta de visión a largo plazo.

En apenas unas semanas, el señor Pérez Llorca ha conseguido dejar claro que su política se compone de dos elementos bien definidos: aquello que le imponen sus socios de extrema derecha y aquello que deliberadamente evita acometer para seguir defendiendo y protegiendo a su mentor, Carlos Mazón. No hay ruptura, no hay regeneración, no hay cambio de rumbo. Hay continuidad, subordinación y silencio estratégico. El resultado es un horizonte poco alentador, saturado de discursos demagógicos, falaces y engañosos, que esconden decisiones tan tristes como profundamente perjudiciales para la democracia y las libertades del pueblo valenciano, mientras Mazón continúa disfrutando de una situación tan placentera como rentable.

En política, señor president, el perdón se obtiene con hechos. Con compromisos verificables. Con cambios reales de rumbo. Con dignidad institucional. Se obtiene retirando responsabilidades a quienes no las merecen. Se obtiene reparando moralmente a las víctimas, no utilizándolas como telón de fondo de una escenificación pública.

Lo contrario no es política responsable, es teatro. En el mejor de los casos, una impostura ética. En el peor, una trampa diseñada para culpabilizar a quienes no acepten esas disculpas vacías, acusándolos de no querer perdonar, cuando lo que realmente ocurre es que no hay nada que perdonar mientras no existan hechos que avalen las palabras.

Usted ha pedido disculpas. Pero no ha demostrado el más mínimo arrepentimiento. Conviene no confundir ambos conceptos. El perdón es una petición; el arrepentimiento es una conducta. El primero se verbaliza; el segundo se acredita con decisiones incómodas, valientes y coherentes. De momento, solo hemos tenido lo primero. Y ya sabemos, como bien recuerda el refranero popular, que obras son amores y no buenas razones.

Ya lo vimos con el perdón solicitado en su día por el hoy rey emérito. No significó nada. Un gesto vacío destinado a cerrar en falso una herida que nunca fue atendida ni reparada. ¿Piensa actuar igual?

Sería deseable que sus próximas decisiones estuvieran a la altura de lo que se exige en situaciones tan extremas. Que fueran inequívocas. Que permitieran empezar a creer en una voluntad real de cambio. Pero permítame dudar de su capacidad de maniobra real ante la vigilancia constante de quienes marcan, de facto, la hoja de ruta de este gobierno.

Porque no se trata solo de pedir perdón. Se trata de arrepentirse. Y lo contrario conduce inevitablemente a asumir que, en su pecado —y en el de quienes le acompañan—, lleve incorporada su propia penitencia.

LA POLÍTICA COMO COARTADA. USO Y ABUSO

Cuando la política pierde su razón de ser —servir al bien común— y se convierte en un instrumento para el rédito personal, partidista o económico, deja de ser política para transformarse en simple gestión del ego, del interés y del abuso de poder. Cuando quienes acceden a ella no lo hacen por vocación de servicio ni por mérito o capacidad, sino como forma de vida confortable, como trampolín de notoriedad o como refugio frente a responsabilidades pendientes, la política se degrada hasta convertirse en espectáculo y mercancía. Ya no se gobierna para mejorar la vida de la gente, sino para blindar posiciones, sostener privilegios o alimentar ambiciones personales que nada tienen que ver con el interés general.

La perversión se consuma cuando el adversario es transformado en enemigo y la discrepancia deja de ser motor de debate para convertirse en insulto sistemático. Cuando se abandona la propuesta para abrazar la consigna, la mentira repetida hasta parecer verdad y la manipulación interesada de los hechos. Cuando desaparece cualquier construcción de futuro y lo único que queda es un relato destructivo levantado sobre alarmismo artificial, polarización calculada, negacionismo irracional y simplificación grosera de la complejidad social. Entonces la política deja de ser espacio de pensamiento colectivo para convertirse en una trinchera emocional al servicio del enfrentamiento permanente.

A esa degradación se suma una trampa especialmente eficaz, el refugio en las siglas como sustituto de la responsabilidad individual. Se actúa bajo paraguas partidistas para diluir culpas, excusar incompetencias y justificar comportamientos que jamás serían defendibles a título personal. Las siglas dejan de ser instrumentos de transformación colectiva para convertirse en escudos que protegen mediocridades, clientelismos y corrupción, anulando cualquier exigencia ética a quienes se esconden tras ellas. Ya no se vota esperando el cambio, sino desde la fidelidad ciega a una identidad ideológica que funciona como coartada incluso frente a la evidencia del fracaso político y moral.

La decadencia se agrava cuando ese vaciamiento programático se combina con otro engaño cuidadosamente orquestado, la utilización interesada de la calle como supuesto motor de cambio. Se convoca a la movilización no para impulsar propuestas reales que respondan a las necesidades sociales, sino como mecanismo de desgaste para derribar al adversario y ocupar su espacio. No hay proyectos, no hay programas, no hay alternativas consistentes. Solo ruido, pancartas, consignas huecas y agitación calculada. La ciudadanía es tratada como masa de presión, no como sujeto político. Se explota el enfado legítimo sin canalizarlo hacia soluciones, reduciendo la participación democrática a espectáculo de confrontación sin horizonte alguno de transformación y utilizando símbolos que son de todos como si fueran de su propiedad exclusiva.

El deterioro institucional se completa cuando quienes ostentan poder confunden servicio público con propiedad privada de las instituciones, utilizándolas para otorgar favores, colocar leales o proteger a los suyos. Cuando se instrumentaliza la justicia como arma de distracción o venganza política. Cuando se desdibuja la separación de poderes y la democracia se convierte en simple tapadera de imposiciones. Cuando la palabra libertad se utiliza para cubrir recortes de libertades ajenas y los derechos colectivos se subordinan a intereses ideológicos o electorales.

El resultado es una ciudadanía atrapada en un proceso profundo de desafección, desconfianza, hartazgo y una creciente sensación de engaño permanente. La política, en vez de ser horizonte de esperanza, se convierte en causa constante de decepción. Y así encuentra terreno fértil el populismo que promete limpiar aquello que él mismo ensucia; que denuncia el sistema mientras solo aspira a ocuparlo sin transformarlo; que señala culpables externos mientras escapa de toda rendición de cuentas.

Este modelo tiene nombres propios. Carlos Mazón encarna hoy esta forma de hacer política. Evasión reiterada de responsabilidades, liderazgo sin formación, oportunismo sin proyecto, utilización emocional de la desgracia ajena y una absoluta carencia de empatía institucional frente al sufrimiento ciudadano. Todo ello amparado en las complicidades partidistas que garantizan impunidad y silencio. Un producto coherente de una política degradada hasta convertir la mediocridad en norma de gobierno.

La ciudadanía merece mucho más que personajes grises, ególatras e insensibles instalados en el cálculo electoral permanente. Merece representantes con competencia, honestidad y verdadero compromiso público. Merece políticas centradas en derechos, bienestar, justicia social y convivencia democrática, no en cortinas de humo ni batallas estériles diseñadas para ocultar la incapacidad de gobernar.

La política debe ser rescatada de quienes la han secuestrado. No más escudos de siglas para ocultar culpas. No más calles manipuladas para derribar sin proponer. No más escándalos normalizados. No más mentiras elevadas a estrategia. No más complicidades para tapar incompetencias. No más alarmismo artificial para distraer de la falta de gestión. No más mediocridad maquillada de liderazgo. La ciudadanía tiene derecho a recuperar la dignidad que le ha sido arrebatada. Y eso tan solo será posible recuperando una política decente, ética y verdaderamente al servicio de la ciudadanía.

LA HUELGA DE LA FALSA EXCEPCIONALIDAD

Los sindicatos médicos han convocado una huelga para reclamar un estatuto propio y oponerse al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario impulsado por el Ministerio de Sanidad. Su discurso vuelve a apoyarse en una narrativa conocida, la excepcionalidad del colectivo médico, basada —según afirman— en los años de estudio, la precariedad laboral, la presión asistencial o la exigencia de mantener la compatibilidad entre actividad pública y privada, especialmente para quienes ocupan jefaturas.

El problema no es que reclamen mejoras; eso es legítimo. El problema es que lo hagan construyendo una desigualdad ficticia, manipulando la percepción social y secuestrando la opinión ciudadana para sostener una reivindicación basada en el trato exclusivo y excluyente por el mero hecho de ser médicos. Victimismo que no resiste un análisis riguroso.

El argumento de los años de estudio es especialmente débil. Se utiliza como bandera diferencial sin explicar que responde, en gran medida, a una opción corporativa destinada a marcar distancia con otras titulaciones universitarias. En numerosos países la duración de los estudios de Medicina es inferior a la de España, sin que ello implique peor formación ni menor calidad asistencial. Se omite, además, el que los médicos pueden acceder al doctorado sin cursar un máster previo, requisito obligatorio para el resto de disciplinas. Resulta paradójico reivindicar una excepcionalidad estatutaria y no una revisión de sus planes de estudio.

De este empeño por perpetuar la singularidad nacen anacronismos tan evidentes como la existencia de facultades de Medicina separadas de las de Ciencias de la Salud. Una división que simboliza un modelo jerárquico ya superado por la práctica, que refleja la voluntad de ser “diferentes” aun a costa de la incoherencia conceptual. Al segregarse del ámbito común de las ciencias de la salud, medicina asume situarse como ciencia al margen del resto. No es, por tanto, una diferencia académica razonable, sino una construcción corporativa que niega la lógica sobre la que hoy se sostiene la salud.

Respecto a la precariedad laboral, la reivindicación vuelve a mirarse solo a sí misma. Sin negar su existencia, es evidente que no es un problema exclusivo de los médicos. La temporalidad, la sobrecarga asistencial, la inestabilidad contractual o la falta de reconocimiento afectan a todas las profesiones sanitarias. Presentar la precariedad como agravio particular es una lectura sesgada que invisibiliza a otros profesionales esenciales para el funcionamiento cotidiano del sistema.

Tampoco se sostiene ya el discurso de la “falta de médicos”. España es el país con mayor número de facultades de Medicina, lo que desmonta esa narrativa alarmista. Ahora se recurre a otro argumento como la migración de médicos hacia otros países. Una realidad que habría que analizar con honestidad, pues se silencia el trasvase constante hacia la sanidad privada. Un sector en expansión que en muchos casos está impulsado o dirigido por médicos. En este contexto, la compatibilidad público-privada deja de ser una necesidad coyuntural para convertirse en una práctica estructural que debilita al sistema público desde dentro.

El Estatuto Marco, lejos de representar una amenaza, plantea un marco regulador común basado en igualdad, mérito, capacidad, coordinación interprofesional y dedicación prioritaria al servicio público, reafirmando que la atención sanitaria se sustenta en la cooperación entre profesiones. Reconoce la diversidad existente sin legitimar supremacías corporativas. Precisamente por eso es rechazado por los sectores que se resisten a perder privilegios.

Los médicos son profesionales importantes en el sistema sanitario, nadie lo discute, pero no son los únicos protagonistas, ni tan siquiera los más importantes en muchas situaciones. La eficacia, eficiencia y efectividad del sistema dependen del trabajo de equipos interdisciplinares, no de liderazgos mono disciplinares ni de lógicas de poder heredadas. Desde el individualismo y el egocentrismo disciplinar no es posible afrontar desafíos en salud.

La oposición a un marco compartido revela un temor profundo, perder cuotas de poder históricamente acumuladas. Un poder que se manifiesta en el bloqueo al acceso de otros profesionales a puestos de responsabilidad, en la restricción de competencias —como la prescripción enfermera o el diagnóstico avanzado— y en la dificultad para aceptar una verdadera autonomía profesional del conjunto del sistema. No se trata de seguridad clínica, sino de conservar autoridad simbólica desde la jerarquía.

La salud es demasiado importante para quedar en manos de un solo colectivo, por relevante que sea o se crea. Y la sanidad es demasiado compleja como para ser capitalizada desde posiciones corporativas excluyentes. La ciudadanía necesita sistemas públicos sólidos, equipos cohesionados y profesionales reconocidos en igualdad según competencias y aportación real a los cuidados.

Por eso esta huelga resulta engañosa. No busca una mejora colectiva ni una modernización del sistema, sino sostener un estatus de privilegio más respaldado por inercia histórica que por evidencia científica o ética. Presiona al poder político, sí, pero también desafía a la razón científica, la que demuestra que la calidad de la atención nace de la cooperación, no del privilegio de unos pocos.

Acabo con una tira del gran Quino que, considero, refleja de manera muy clara lo que son y como piensan ciertos miembros de dicho colectivo.

GESTIÓN ENFERMERA: ENTRE LA POLÍTICA, EL MERCADO Y EL CUIDADO

“La política trata del estar juntos y de cuidar el mundo que compartimos.”

Hannah Arendt[1]

 

La prestación de cuidados profesionales enfermeros —ya sea en hospitales, centros de salud, residencias de personas adultas mayores, escuelas o en cualquier otro ámbito, público o privado— exige competencia técnica, compromiso humano, empatía, compasión y una sólida base ética. Estos valores forman parte del ADN identitario de la profesión enfermera y, en principio, no deberían ofrecer discusión alguna. Sin embargo, la práctica cotidiana revela algo inquietante: con demasiada frecuencia existe una profunda contradicción entre lo que define a la enfermería como profesión del cuidado y lo que las personas reciben, perciben, sienten o valoran cuando son cuidadas. Esa distancia no es anecdótica ni puede explicarse como una suma de errores individuales. Es una distorsión estructural que interpela directamente a la manera en que se organizan y se gestionan los cuidados.

Desde hace años se acumula evidencia que vincula el deterioro de la calidad asistencial con factores organizativos como la sobrecarga de trabajo, la escasez de enfermeras, la desorganización de los servicios, los climas laborales tóxicos, la falta de apoyo al desarrollo profesional y el debilitamiento del liderazgo clínico[2]. Estas condiciones erosionan la satisfacción profesional, incrementan la fatiga emocional y afectan directamente a los resultados en salud[3]. Pero centrar el análisis exclusivamente en estos factores inmediatos supone quedarse en la superficie del problema. Son manifestaciones visibles de algo más profundo, una gestión de los cuidados fragmentada, condicionada y, en muchas ocasiones, ajena a una comprensión genuina del valor estratégico de la enfermería.

El liderazgo enfermero ha demostrado ser un factor clave en la calidad de los sistemas sanitarios. Estudios internacionales confirman que la presencia de enfermeras en posiciones de decisión estratégica se asocia a mejores indicadores de seguridad de las personas, mayor cohesión de los equipos, menor rotación profesional y una mayor satisfacción tanto de la ciudadanía como de profesionales[4],[5]. No se trata simplemente de ocupar un puesto en un organigrama; se trata de ejercer un liderazgo que articule conocimiento, visión ética y capacidad de transformación organizativa. Sin embargo, esta premisa se desdibuja cuando los cargos directivos pierden su sentido profesional para verse atrapados por dinámicas políticas o mercantiles que neutralizan su función real. Conviene precisar aquí una cuestión fundamental: plantear la necesaria desvinculación de la gestión enfermera respecto a los intereses partidistas no significa en absoluto sostener que la gestión de los cuidados no sea una acción política. Muy al contrario, gestionar es ejercer política en su sentido más noble: decidir cómo se distribuyen los recursos, qué prioridades se establecen, a qué necesidades se responde primero y desde qué valores se orientan esas decisiones. La diferencia estriba en que no hablamos de una política ideológica de partido, sino de una política del cuidado, sustentada en criterios de justicia social, equidad, evidencia científica y ética profesional. Se trata de una política imprescindible, profundamente necesaria, sin la cual la gestión sanitaria pierde su dimensión moral y se reduce a mera administración tecnocrática[6]. Del mismo modo, cuando denunciamos la mercantilización de la salud no estamos cuestionando la necesidad de una gestión eficiente de los recursos. Gestionar bien implica precisamente optimizar el uso de unos medios siempre limitados para dar respuesta al mayor número posible de necesidades con la mejor calidad de resultados. La eficiencia, la evaluación de resultados o la rendición de cuentas son elementos consustanciales a una buena gestión sanitaria. Lo que se impugna no es la búsqueda del equilibrio entre recursos y resultados, sino la sustitución de los criterios clínicos, éticos y sociales por objetivos financieros que subordinan el cuidado a la lógica exclusiva del beneficio. Una gestión verdaderamente eficiente es aquella que integra sostenibilidad económica y excelencia de la atención, sin sacrificar la dignidad ni la seguridad de las personas cuidadas[7].

En la sanidad pública, el acceso a gran parte de las direcciones enfermeras se encuentra condicionado por una lógica partidista que subordina el mérito profesional a la denominada “confianza política”. El nombramiento responde más a la lealtad ideológica que a criterios objetivos de competencia gestora, experiencia clínica, formación específica en liderazgo o solvencia estratégica. Esto convierte los puestos directivos en extensiones administrativas del poder político de turno y no en espacios genuinos de gobernanza profesional. Las consecuencias de este modelo están bien documentadas: pérdida de autonomía decisora, imposición de agendas ajenas a las necesidades de atención y debilitamiento de la innovación organizativa[8].

En estas condiciones, la enfermera que accede a una dirección difícilmente puede desplegar el tipo de liderazgo transformador que la evidencia reclama. Su margen de maniobra se ve limitado por estructuras jerárquicas verticalizadas, por una permanente fiscalización política y por la obligación implícita de alinear sus decisiones con intereses ideológicos ajenos al proyecto profesional del cuidado. Las iniciativas que buscan introducir mejoras reales en la organización de los cuidados, incentivar la práctica basada en la evidencia o fortalecer la identidad profesional topan con resistencias institucionales que desincentivan cualquier iniciativa autónoma. Como señalan diversos autores, cuando el liderazgo clínico se ve sustituido por una gobernanza burocrática, los sistemas sanitarios pierden capacidad de adaptación, deterioran su cultura de calidad y aumentan los riesgos para pacientes y profesionales[9].

Este modelo provoca una primera brecha crítica, la separación entre quienes ocupan cargos de responsabilidad formal y quienes ejercen el cuidado directo. Las direcciones dejan de ser percibidas como referentes profesionales y pasan a ser vistas como figuras alejadas de la realidad asistencial, más preocupadas por el cumplimiento de directrices externas que por el acompañamiento de los equipos. La comunicación se empobrece, la escucha activa se sustituye por el trámite administrativo y desaparece la construcción colectiva de proyectos de cuidado compartidos. Este distanciamiento alimenta la sensación de desamparo profesional entre las enfermeras asistenciales, incrementa la desmotivación y erosiona el sentido de pertenencia a una disciplina con vocación de liderazgo propio.

Paralelamente, se genera una distorsión en la percepción que las propias enfermeras tienen de las direcciones. En contextos de precariedad, saturación e inseguridad laboral, se espera de ellas una función de intermediación casi sindical, centrada en resolver conflictos individuales o problemas de turnos, contratos y condiciones de trabajo. Aunque estas cuestiones son legítimas y necesarias, este enfoque reduce la visión estratégica del liderazgo enfermero y confina a las direcciones al papel de gestoras administrativas de recursos humanos. Se pierde así la referencia profesional que debería orientar el desarrollo científico, ético y competencial de la enfermería en su conjunto.

Esta doble desconexión —direcciones atrapadas en lógicas políticas y enfermeras asistenciales atrapadas en demandas de supervivencia laboral— abre una brecha profunda que impacta directamente en la calidad de los cuidados. La literatura confirma que entornos sin liderazgo enfermero sólido presentan mayores niveles de estrés crónico, síndrome de burnout, absentismo y abandono de la profesión[10], con una correlación directa en la disminución de la calidad percibida y objetiva de la atención[11]. El deterioro no solo afecta al bienestar profesional, se traduce en mayores eventos adversos, menor continuidad de cuidados y pérdida de confianza ciudadana en el sistema sanitario[12]. Esa brecha no se resuelve desde planteamientos simplistas de camaradería corporativa, basados en la idea de que la identidad disciplinar compartida debería traducirse en una relación de “compadreo” o amistad entre gestoras y enfermeras asistenciales. El liderazgo no se construye desde la horizontalidad fingida ni desde la cercanía complaciente. Como sucede en el ámbito familiar cuando se confunde el rol parental con el rol de amistad, las personas no buscan referentes “colegas”, sino figuras de autoridad ética capaces de orientar, marcar límites, corregir cuando es necesario y acompañar desde el respeto y el diálogo. De igual manera, la enfermera gestora no debe ser una compañera más del equipo asistencial, sino una líder profesional que establezca dinámicas, defina líneas estratégicas y facilite procesos desde la participación, el consenso y la responsabilidad compartida[13].

En el ámbito sanitario privado estas dinámicas no solo no se corrigen, sino que adquieren una forma distinta igualmente problemática. Aquí el acceso a las direcciones enfermeras responde de manera más explícita a criterios empresariales centrados en la obtención de resultados económicos. La priorización de la eficiencia financiera frente a la calidad del cuidado convierte los cargos directivos en instrumentos de control de costes y de producción de actividad, desplazando la atención desde las necesidades reales de personas y profesionales hacia indicadores económicos de corto recorrido. Diversos estudios han evidenciado que los modelos de gestión basados en lógicas mercantiles se asocian consistentemente con mayores ratios personas/enfermera, precarización contractual, reducción de tiempos de atención y desinversión en formación continua, todo lo cual tiene un impacto negativo directo sobre la seguridad clínica y la calidad asistencial[14],[15].

En estos contextos, la enfermera gestora se ve presionada para alcanzar objetivos que poco o nada tienen que ver con la excelencia de los cuidados. La evaluación de su desempeño se realiza fundamentalmente en función de la reducción de gastos, el aumento de la productividad medida en actos asistenciales o la capacidad de adaptación a recortes estructurales. Aspectos nucleares como el acompañamiento emocional, la continuidad del cuidado, la relación terapéutica o la personalización de la atención —componentes esenciales del paradigma enfermero— quedan invisibilizados por no ser fácilmente traducibles en indicadores económicos. Esta mercantilización del cuidado es señalada por la literatura como uno de los principales factores responsables de la deshumanización progresiva de los sistemas sanitarios modernos[16].

Paradójicamente, tanto en el ámbito público como en el privado, la dirección enfermera acaba quedando atrapada en un modelo burocratizado que diluye su función profesional. En un caso la subordina a la ideología política; en el otro, la somete al rendimiento económico. En ambos escenarios, se neutraliza la capacidad de liderazgo clínico y se debilita el papel de la enfermería como disciplina autónoma responsable de la gestión integral de los cuidados.

Ante este panorama, surge una pregunta incómoda: ¿por qué existen enfermeras que aceptan ocupar estos puestos bajo condiciones que comprometen tan seriamente la esencia del liderazgo profesional? La respuesta no es unívoca ni puede formularse desde el juicio simplista. La motivación para asumir cargos directivos es heterogénea. Legítimos deseos de influir positivamente en el sistema desde dentro, aspiraciones de desarrollo profesional, búsqueda de estabilidad administrativa, reconocimiento institucional o, en algunos casos, presión explícita o implícita para aceptar nombramientos acordes con determinados alineamientos ideológicos o empresariales.

La literatura muestra que muchas profesionales acceden a la dirección con expectativas genuinas de transformación, pero chocan rápidamente con límites organizativos que dificultan o impiden ejercer un liderazgo ético y autónomo[17]. Frustradas por la imposibilidad de implementar cambios sustanciales, algunas terminan adaptándose al sistema como mecanismo de supervivencia profesional, asumiendo un rol fundamentalmente gestor-administrativo que las distancia de su identidad disciplinar. Este proceso de acomodación institucional no es individualmente reprobable, es el resultado de estructuras que penalizan la disidencia profesional y premian la obediencia acrítica.

No obstante, también existen enfermeras gestoras que conservan una postura ética sólida frente a estas presiones. Son las denominadas líderes transformacionales, profesionales que utilizan los márgenes disponibles para impulsar mejoras en la organización del cuidado, promover entornos laborales saludables, fomentar la práctica basada en la evidencia y proteger el espacio relacional enfermera-persona. Estas gestoras ejercen un liderazgo centrado en valores, compromiso profesional y defensa del bien común. La investigación muestra que este tipo de liderazgo se asocia a menores niveles de burnout, mayor cohesión de los equipos, reducción de eventos adversos y aumento de la satisfacción ciudadana[18], [19].

Sin embargo, estas excepciones suelen transitar escenarios complejos: enfrentamientos con estructuras políticas o empresariales, amenazas veladas de relevo, limitaciones presupuestarias, bloqueo a proyectos de mejora o aislamiento institucional. En no pocas ocasiones, este tipo de liderazgo ético desemboca en ceses prematuros o despidos o en el peor de los casos en acoso laboral, interpretando la coherencia profesional como una forma de insumisión organizativa. La paradoja es evidente, se penaliza precisamente aquello que la evidencia científica identifica como el liderazgo necesario para garantizar cuidados seguros, humanos y de calidad.

Esta situación agrava la brecha entre dirección y asistencia. Para muchas enfermeras asistenciales, las direcciones pasan a representar un nivel ajeno a la realidad diaria, más cercano a intereses externos que a las necesidades profesionales. Se instala una percepción de distancia, de desconfianza y, en ocasiones, de rechazo abierto. Este deterioro relacional tiene consecuencias graves: se pierde la posibilidad de construir proyectos de cuidados compartidos, se debilita la cohesión de los equipos y se erosiona la identidad colectiva como profesión con capacidad de liderazgo propio.

Al mismo tiempo, se produce un empobrecimiento del diálogo profesional. La comunicación entre niveles jerárquicos queda reducida a flujos descendentes de órdenes e instrucciones, sin espacios reales de participación, deliberación o corresponsabilidad. La literatura señala que los entornos organizativos con bajo nivel de participación profesional generan menor compromiso, disminuyen la iniciativa clínica y favorecen la aparición de conductas defensivas orientadas a la mera supervivencia laboral[20], [21]. Cuando el cuidado se transforma en una sucesión mecánica de tareas, desprovistas de reflexión ética y autonomía clínica, se pierde el núcleo humanista de la profesión.

Las consecuencias no se limitan al plano laboral. La degradación del liderazgo enfermero impacta directamente sobre la ciudadanía. Estudios recientes demuestran que los servicios con menor índice de liderazgo clínico enfermero presentan mayores errores de medicación, mayor frecuencia de eventos adversos evitables y menor satisfacción del paciente[22]. Asimismo, se debilita la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a las crecientes necesidades de atención comunitaria, cronicidad, dependencia y salud mental, ámbitos donde la enfermería desempeña un papel irremplazable.

Superar esta situación exige afrontar cambios estructurales de calado que no pueden seguir posponiéndose. La desvinculación efectiva de los cargos de responsabilidad enfermera respecto de los idearios políticos en la sanidad pública constituye una condición ineludible para devolver sentido profesional a la gestión de los cuidados. La selección de gestoras enfermeras debería basarse en procedimientos transparentes, competitivos y evaluables, centrados en criterios objetivos de mérito, experiencia clínica acreditada, formación especializada en gestión sanitaria, liderazgo y ética profesional. Países que han implantado modelos de gobernanza clínica basados en liderazgo profesional independiente muestran mejores resultados globales del sistema, mayor confianza de la ciudadanía y mayores índices de retención del personal de enfermería[23].

La profesionalización del liderazgo enfermero implica reconocer, de manera formal y efectiva, que la gestión de los cuidados no es un mero artículo administrativo de la estructura sanitaria, sino una competencia propia de la disciplina enfermera. Este reconocimiento debe traducirse en programas estables de formación avanzada en liderazgo clínico, dirección estratégica y gestión del cambio para enfermeras, así como en itinerarios profesionales claros que permitan progresar hacia puestos directivos sin depender de afinidades ideológicas o de relaciones de conveniencia política. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras han subrayado que fortalecer el liderazgo enfermero es imprescindible para afrontar los grandes retos actuales de los sistemas de salud: envejecimiento poblacional, cronicidad, inequidades sociales y crisis ambientales que impactan sobre la salud comunitaria[24], [25].

En el ámbito privado, la solución es más compleja pero igualmente necesaria. Resulta imprescindible avanzar hacia marcos regulatorios que vinculen la acreditación de centros sanitarios a estándares reales de calidad del cuidado, no solo a indicadores financieros o de volumen productivo. Las evaluaciones externas deberían incluir mediciones obligatorias de satisfacción profesional, ratios enfermera/persona seguras, continuidad de los cuidados, impacto comunitario y seguridad clínica. Cuando los sistemas de financiación y contratación incorporan la calidad del cuidado como factor determinante, se limita la lógica puramente mercantilista y se favorecen modelos organizativos más humanos y sostenibles[26].

Pero más allá de las reformas estructurales, existe una transformación cultural pendiente en el seno de la propia enfermería. Es necesario recuperar la comprensión del liderazgo como una función profesional colectiva, no como una élite administrativa separada de la clínica. La gestión de los cuidados debe ser concebida como un proceso compartido que articule dirección estratégica, coordinación intermedia y práctica de la atención en un mismo proyecto disciplinar. Esto implica reconstruir espacios de diálogo real entre los diferentes ámbitos de ejercicio profesional, fomentar la participación activa de las enfermeras en la elaboración de planes de cuidados organizativos y reconocer institucionalmente las aportaciones provenientes de la práctica clínica de base.

Sin embargo, no es suficiente con reivindicar que las enfermeras accedan a espacios formales de poder y a puestos de responsabilidad con capacidad decisoria. Las organizaciones profesionales, instituciones sanitarias y sociedades científicas —tanto nacionales como internacionales— deben exigir con idéntica o incluso mayor firmeza que se respeten, valoren y protejan los cuidados y todo lo que los sustenta. Esto implica situarlos en el centro de una gestión enfermera orientada a garantizar la máxima calidad, calidez, eficacia y eficiencia de la atención, evitando que queden relegados a una posición subsidiaria, dependiente de otras disciplinas, de enfoques exclusivamente técnicos y biomédicos centrados en la enfermedad o de parámetros economicistas desde los que se consideran improductivos. Se trata de desarrollar modelos de gestión compartida, participativa, sinérgica e integral, donde el cuidado se integre de manera natural e imprescindible como eje vertebrador del sistema sanitario, tal como vienen recomendando ya, algunos organismos internacionales comprometidos con el fortalecimiento del liderazgo enfermero y la gobernanza clínica profesional[27], [28], [29]

La evidencia muestra que los entornos sanitarios caracterizados por culturas participativas, donde las enfermeras son corresponsables de las decisiones clínicas y organizativas, presentan mayores niveles de compromiso profesional y mejores resultados de cuidado[30]. La gestión no debe ser un ejercicio vertical de control, sino un proceso horizontal de construcción profesional compartida.

Recuperar esta dimensión participativa permitiría cerrar parcialmente la brecha que hoy separa a direcciones y enfermeras asistenciales. Solo cuando ambas se reconocen como partes integrantes de un mismo proyecto profesional se puede restituir la confianza mutua. La dirección dejaría de ser vista como un apéndice político o empresarial, y volvería a ocupar el lugar que le corresponde, el de referencia profesional estratégica que facilita, impulsa y acompaña a las enfermeras en el ejercicio de cuidados excelentes.

Desde esta perspectiva, la ética ocupa un papel central. La gestión enfermera no puede disociarse de los principios que rigen el propio cuidado: respeto a la dignidad humana, equidad, justicia social, compromiso con los más vulnerables y defensa del derecho a una atención segura y humanizada. Numerosos autores señalan que el liderazgo ético constituye el núcleo del liderazgo enfermero auténtico[31]. Cuando la gestión se aparta de estos principios y queda subordinada a agendas externas, se produce una quiebra moral que repercute inevitablemente sobre la práctica cotidiana.

En este sentido, la crisis de liderazgo enfermero no es solo organizativa, sino también identitaria. El secuestro de la gestión de los cuidados impacta directamente en la autopercepción disciplinar. Las enfermeras dejan de verse como agentes transformadores de salud para sentirse piezas intercambiables de engranajes burocráticos. Esta erosión identitaria alimenta la desafección profesional, favorece la emigración laboral y dificulta atraer nuevas generaciones a una profesión sometida a tensiones crecientes. El fenómeno es observado tanto en Europa como en Latinoamérica y Norteamérica, donde la escasez global de enfermeras se vincula cada vez más a problemas de gobernanza profesional y falta de liderazgo profesional efectivo[32], [33].

Para la ciudadanía, las consecuencias son igualmente relevantes. La distancia entre gestión ideologizada o mercantilizada y práctica del cuidado se traduce en una atención fragmentada, impersonal y, frecuentemente, insuficiente para responder a la complejidad de las necesidades actuales. Las personas no demandan solo procedimientos técnicos; reclaman acompañamiento, continuidad, escucha y una relación terapéutica de confianza. Son precisamente estos elementos los que se deterioran cuando el sistema relega el valor del cuidado en favor de indicadores políticos o financieros. Estudios de percepción ciudadana confirman que la calidad relacional del cuidado es uno de los determinantes más poderosos de la satisfacción con los servicios sanitarios[34].

Por todo ello, seguir manteniendo una gestión de los cuidados secuestrada por intereses ajenos a la profesión enfermera conduce de manera inexorable a un deterioro progresivo de la atención prestada. Aumentará la desmotivación de las enfermeras, se agravará la fractura entre asistencia y dirección, se desdibujará la identidad profesional y se profundizará la desconfianza social en unos sistemas sanitarios cada vez más incapaces de responder a las necesidades reales de las personas, las familias y las comunidades. No estamos ante un mero problema interno de organización sanitaria: estamos ante un desafío ético de primer orden que interpela directamente al modelo de sociedad que aspiramos a construir. Superar las disfunciones actuales exige avanzar hacia modelos de gestión fundamentados en liderazgos participativos y transformacionales. Esto implica estructuras directivas abiertas al diálogo, incorporación real de las enfermeras asistenciales en la toma de decisiones organizativas, sistemas estables de escucha activa y evaluación de clima laboral, promoción de la corresponsabilidad clínica y desarrollo de itinerarios profesionales que integren asistencia, docencia, investigación y gestión. La gestión de los cuidados debe abandonar definitivamente los esquemas verticales de control para convertirse en una práctica colectiva sustentada en liderazgo compartido, deliberación ética y construcción conjunta de proyectos de cuidado[35].

Despolitizar la gestión pública, regular la gestión privada, profesionalizar el liderazgo enfermero y recuperar la dimensión participativa del cuidado son condiciones imprescindibles para revertir esta deriva. No se trata solo de una reivindicación corporativa: se trata de garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir cuidados profesionales competentes, éticos y humanizados, sostenidos por organizaciones que reconozcan el valor real de la enfermería como disciplina central de la salud.

Porque cuando dirigir cuidados deja de ser cuidar, la sociedad entera pierde. Y cuando el liderazgo enfermero recupera su sentido ético y profesional, no solo se fortalecen las enfermeras: se fortalece el sistema sanitario y se dignifica el cuidado como pilar esencial de la vida colectiva.

[1] Filósofa, historiadora, politóloga, socióloga, profesora de universidad, escritora y teórica política alemana (1906-1975)

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MADRID NO ES UNA EXCEPCIÓN: LA SOMBRA DE RIBERA SALUD

La grabación en la que el CEO del Hospital de Torrejón verbaliza con absoluta naturalidad la estrategia de Ribera Salud para maximizar beneficios económicos a costa de la atención sanitaria ha provocado un notable revuelo político y social en Madrid. Sin embargo, más allá del ruido mediático y del fuego cruzado entre PP y PSOE, lo verdaderamente relevante no es la anécdota, sino lo que esta revela, las consecuencias de un modelo de privatización encubierta del sistema público sanitario mediante concesiones administrativas que permiten convertir la salud de la ciudadanía en un negocio.

Cuando la presidenta Ayuso afirma que “Madrid es de todos” y que “Madrid es España dentro de España”, sin pretenderlo aporta una clave de lectura esencial, lo que ocurre en Madrid no puede interpretarse como un episodio aislado. Es, en realidad, la expresión de un modelo extendido que se ha implantado en distintas comunidades autónomas bajo fórmulas de colaboración público-privada que, lejos de mejorar la eficiencia o la calidad asistencial, han generado espacios opacos donde la lógica del mercado acaba imponiéndose sobre el interés general.

El caso de Torrejón pone negro sobre blanco una estrategia empresarial basada en restringir inversiones, ajustar plantillas, precarizar condiciones laborales y seleccionar procesos “rentables”, mientras se deriva aquello que genera mayor coste o complejidad al sistema público tradicional. No se trata de supuestas malas prácticas circunstanciales, sino de un modo de operar perfectamente coherente con la lógica empresarial: reducir gastos, aumentar ingresos y asegurar beneficios allí donde la ley y los contratos lo permiten. El problema es que hablamos de sanidad y salud, de derechos fundamentales y de un sistema cuya razón de ser es cuidar a las personas, no generar dividendos.

Pero, lo sucedido en Torrejón no es un hecho aislado ni extraordinario. Es la confirmación de un modus operandi reiterado de Ribera Salud y de otras empresas del sector privado de la salud que operan bajo concesión pública. No es ni el primer caso ni probablemente el más grave. Experiencias previas en comunidades como la Valenciana o la Gallega ya habían alertado de dinámicas similares, aunque muchas veces silenciadas o minimizadas por intereses políticos y económicos.

En la Comunitat Valenciana, de hecho, este modelo nació con el conocido caso Alzira, impulsado por el entonces presidente Zaplana y de manera muy clara por parte del actual Conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que posteriormente favorecieron nuevas concesiones en Torrevieja y Elche. En todos estos departamentos de salud se produjeron prácticas muy parecidas a las ahora reveladas en Torrejón, a través de una gestión orientada prioritaria y sistemáticamente a la obtención de beneficios. La diferencia no estuvo nunca en el fondo del modelo, sino en el grado de visibilidad pública de sus consecuencias.

Estas concesiones se sostienen en contratos redactados de forma que blindan el negocio de las empresas adjudicatarias, garantizando rentabilidad casi al margen de los resultados reales en términos de salud, calidad asistencial o satisfacción de la ciudadanía. Mientras tanto, se venden políticamente como “modelos de éxito”., pero, ¿éxito para quién? Desde luego no para el sistema público, que asume los casos complejos, costos elevados y los efectos colaterales de una asistencia fragmentada. Tampoco para los profesionales, sometidos a condiciones laborales más precarias. Mucho menos para las personas, cuyo derecho a una atención integral se somete a criterios de rentabilidad.

Todo esto tiene una raíz legal clara, la Ley 15/1997, que abrió la puerta a estas fórmulas de gestión indirecta. Durante casi tres décadas ha funcionado como una verdadera vía de agua en el sistema público sanitario, haciendo posible una privatización progresiva, silenciosa y normalizada con la connivencia activa o pasiva de los distintos gobiernos que han hecho uso de ella. El reciente anuncio de su reforma por parte del Ministerio de Sanidad llega tarde, impulsado más por la presión mediática que por una voluntad política firme. Han tenido que pasar 28 años y numerosos escándalos para asumir que el modelo era claramente fallido.

Tan grave es el abuso mercantilista de las empresas concesionarias como la hipocresía de quienes hoy se escandalizan habiendo mantenido intacta durante años la arquitectura legal que lo permitió. La indignación resulta poco creíble cuando se ha participado de la consolidación del sistema que sostiene precisamente aquello que ahora se critica.

Es tiempo de que se ponga orden en la sanidad —y también en la educación— mediante un consenso de Estado que proteja de forma inequívoca los servicios públicos esenciales frente al mercado, estableciendo límites jurídicos claros e infranqueables. Sin vaivenes partidistas, sin concesiones ideológicas al negocio de lo común. Porque la ciudadanía merece que se respete su dignidad y se garantice su derecho a la salud tal como consagra la Constitución, precisamente cuando acabamos de conmemorar su 47 aniversario. Lo sucedido en Torrejón no es un accidente: es una advertencia que ya no podemos seguir ignorando.

EL EMÉRITO, EL ESPEJO ROTO DE NUESTRA ÉTICA COLECTIVA

La reciente publicación del libro de memorias de Juan Carlos de Borbón —a quien de forma incomprensible se sigue tratando como Rey Emérito— ha vuelto a abrir un debate que, en realidad, nunca debería haberse cerrado: la sorprendente facilidad con la que nuestra sociedad tolera, suaviza e incluso celebra comportamientos que, en cualquier otra persona, serían objeto de condena pública inmediata. La obra no revela nada que no supiéramos; lo que destapa, en realidad, es nuestra propia resistencia a asumir la gravedad de lo conocido.

El relato de Juan Carlos I ofrece una galería de comportamientos que, lejos de resultar anecdóticos, dibujan el perfil de un poder ejercido desde el privilegio absoluto. Su machismo, lejos de ser un detalle de época, es una forma de dominación normalizada durante décadas: un machismo real, en ambos sentidos, que se ha justificado sistemáticamente con excusas tan desgastadas como peligrosas. La idea de que “eran otros tiempos” es el refugio narrativo de quienes prefieren perdonar al poderoso antes que confrontar lo que ese poder significó para las mujeres que tuvo a su alrededor y para la sociedad que observaba en silencio. No es cuestión de época, es cuestión de ética.

A esa dimensión se suma el capítulo de la corrupción, que el propio monarca intenta vestir con una pátina de humanidad mal entendida. Habla de errores y excesos como si la fortuna oculta, las comisiones irregulares o los regalos millonarios fueran simples tropiezos de un hombre que vivió demasiado deprisa. Pero no se trata de impulsos, sino de un sistema de impunidad construido a conciencia, que permitió que quien ostentaba la jefatura del Estado actuara durante años al margen de cualquier control fiscal, legal o democrático. La inmunidad no debería ser una licencia para delinquir, pero en su caso funcionó como tal. Y lo más grave no es solo que ocurriera, sino que tantos se empeñen aún hoy en justificarlo.

En una España donde hay personas que son condenadas por hurtos mínimos vinculados a la supervivencia, resulta insultante que el saqueo a gran escala cometido desde un palacio se trate como travesura aristocrática. La corrupción del poderoso se percibe como una excentricidad; la del vulnerable, como un crimen intolerable. Una desigualdad ética profundamente instalada que se acentúa cuando observamos el discurso de buena parte de la clase política. Se enarbola el rechazo a la corrupción y al machismo para alimentar combates partidistas feroces, se cruzan descalificaciones públicas sin límite contra adversarios señalados como culpables, pero se pasa de puntillas cuando esas mismas conductas tienen sello real, reducidas entonces a “aventuras personales” o “pecados veniales”. La coherencia desaparece donde empieza el privilegio.

Otro aspecto que las memorias pretenden fijar en el imaginario colectivo es la reconstrucción edulcorada de la Transición. Juan Carlos I se presenta como garante de una democracia ejemplar, ocultando la cantidad de sombras, silencios e intereses cruzados que marcaron aquel proceso. Una Transición que, lejos de romper con el franquismo, recicló buena parte de su estructura, neutralizó preguntas incómodas y certificó un reparto de legitimidades que hoy se desmorona. Y lo más llamativo es que esa defensa de su papel democrático conviva, sin pudor, con elogios explícitos al dictador que lo colocó en el trono. No es un desliz narrativo, es la evidencia de que su visión de la historia sigue siendo tributaria del régimen que lo ungió.

Pero quizá lo más preocupante de este fenómeno no sea el libro en sí, sino su recepción. El éxito de ventas, el tratamiento amable de numerosos medios y la indulgencia social generalizada apuntan a una peligrosa tendencia, la normalización de lo inaceptable. Lo que debería escandalizar se justifica; lo que debería repeler se vuelve anecdótico; lo que debería invalidar se reviste de encanto personal.

Mientras sigamos permitiendo que machismo, corrupción e impunidad se valoren según el rango de quien los ejerce, nunca avanzaremos hacia una igualdad auténtica. No es una cuestión de monarquía o república; es, ante todo, una cuestión de justicia y coherencia democrática. El respeto a una institución no puede confundirse con la absolución moral de quienes la representan. Y la democracia no puede permitirse dobles estándares sin dañar su propio fundamento.

Ser rey no exime de nada. No convierte lo incorrecto en aceptable ni lo ilegal en legítimo. La ética cívica no puede ser selectiva. Si aceptamos que una corona justifica conductas que reprocharíamos a cualquier ciudadano, estamos aceptando también que existen ciudadanos de primera y de segunda.

El mayor riesgo de estas memorias no es su contenido, sino su efecto. Refuerzan una narrativa de indulgencia que blanquea viejos privilegios y alimenta nuevos populismos, aquellos que dicen defender la democracia mientras contribuyen a vaciarla desde dentro.

El problema no es que el emérito escriba su versión de la historia. El verdadero problema es confundir esas memorias con un ejercicio de reconciliación. La reconciliación democrática no se construye sobre relatos de dudosa credibilidad detrás de los cuales se acumulan demasiadas evidencias y aún más sospechas de comportamientos incompatibles con la responsabilidad institucional que cabe exigir a quien ha ostentado la jefatura del Estado, con independencia de su condición monárquica o republicana. Leer estas páginas como un gesto reparador equivale, en realidad, a seguir aceptando que el privilegio sustituya a la ética y que el poder aspire a absolverse a sí mismo sin rendir cuentas a la sociedad a la que debía servir.

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