Durante años, el Sistema Nacional de Salud ha sido considerado uno de los grandes logros colectivos de España. Un modelo de referencia internacional, cohesionado, equitativo y universal. Hoy, sin embargo, la realidad muestra una erosión progresiva, visible en casi todas las comunidades autónomas. Problemas estructurales, déficits organizativos, infrafinanciación y decisiones políticas improvisadas han ido debilitando un sistema que se encuentra sometido a una presión creciente. En la Comunitat Valenciana, este deterioro se ha hecho especialmente evidente por la incapacidad —o la falta de voluntad— de abordarlo con rigor, participación y visión estratégica.
La Atención Primaria, que debería ser el eje vertebrador del sistema, es el ejemplo más claro de este desgaste. Sus equipos trabajan desde hace años en condiciones de sobrecarga, con plantillas mal planificadas, agendas imposibles y una estructura organizativa que no acompaña ni la complejidad de las necesidades de la población ni la evolución del propio modelo de cuidados. No es casual que la ciudadanía perciba una pérdida de calidad ni que los profesionales muestren una desmotivación creciente. Tampoco es casual que el caos organizativo y la permanente improvisación hayan abierto un espacio cada vez más apetecible para el negocio privado, siempre dispuesto a aprovechar grietas que interesadamente se agrandan.
Esta deriva tiene un nombre y una historia concreta. Las políticas de privatización disfrazadas de concesiones administrativas encontraron en la Comunitat Valenciana su laboratorio inicial con el denominado “modelo Alzira”, impulsado durante la presidencia de Zaplana como la gran ocurrencia modernizadora. Aquella empresa, que acabaría denominándose Ribera Salud por su origen en Alzira, tuvo continuidad en concesiones como Torrevieja (revertida por el anterior gobierno del Botanic) o Elche (prorrogado por el actual gobierno de Mazón), extendiéndose posteriormente a otras comunidades autónomas como Madrid. El escándalo destapado en el hospital de Torrejón ha dejado al descubierto el modus operandi sostenido de estas empresas, que convierten la salud de la ciudadanía en negocio bajo el amparo político de quienes, lejos de defender el sistema público, lo vacían por dentro para justificar su externalización. Cuando esas prácticas afloran, se presentan como anécdotas o hechos puntuales en un intento por mantener intacto un modelo que continúa socavando, de forma sistemática, la sanidad pública.
Relatar en detalle el conjunto de carencias de la actual Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana supera el espacio de este artículo. Pero como referencia vale comentar la última ocurrencia anunciada a bombo y platillo, la implantación de la “enfermera de triaje” en todos los centros de salud de la Comunitat Valenciana. Ocurrencia, sí, porque, aunque existen experiencias internacionales en este sentido, el anuncio ni ha sido analizado en profundidad, ni compartido con los equipos, ni contrastado con las sociedades científicas con el fin de valorar su pertinencia en nuestro contexto. Un anuncio que no responde a una estrategia, sino a una urgencia política.
El objetivo parece interesante, paliar, aunque sea de forma desesperada, las listas de espera y el colapso de las consultas médicas. Pero se hace sin planificación, sin evidencias, sin medir consecuencias y sin evaluar cómo afectará a la dinámica interna de los equipos, utilizando a las enfermeras —como en tantas otras ocasiones— como remedio improvisado de los males de otros profesionales o de la propia organización, desde una gestión de maquillaje que enmascare provisionalmente las carencias. Convertir a las enfermeras en un filtro sin diseño serio, sin protocolos adecuados, sin valorar el impacto en su labor comunitaria y sin analizar la carga real de trabajo no solo es irresponsable, sino potencialmente generador de conflictos, expectativas irreales y pérdida de calidad asistencial. Y, lo que es más grave, supone un nuevo ataque al desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que no necesita parches efectistas, sino un impulso decidido hacia modelos de salud comunitaria, cuidados avanzados, autocuidado y autonomía de la ciudadanía.
No es la primera vez que se anuncia algo así sin pensar en su implementación real. Ahí está también el ejemplo reciente de la “enfermera escolar”, proclamada como un hito y evaporada con la misma rapidez con la que fue exhibida mediáticamente. Un patrón que se repite, anuncios sin planificación, promesas sin estructura, medidas sin participación. Y, mientras tanto, los verdaderos problemas sin abordarse.
La gestión de las campañas de vacunación es otro ejemplo. Se han convertido en una suerte de expendeduría improvisada que paraliza las actividades comunitarias de los centros de salud, sobrecarga a los equipos y continúa alimentando una visión reduccionista y puramente asistencialista de la Atención Primaria. A ello se suman los programas verticales que consumen recursos sin lograr resultados significativos y que rápidamente se convierten en obligaciones añadidas, sin revisión, sin evaluación y sin evidencia de impacto real. Todo ello perpetúa un modelo centrado en la enfermedad, en la medicalización y en la dependencia, en lugar de avanzar hacia una Atención Primaria y Comunitaria moderna, capaz de empoderar a la ciudadanía, trabajar desde la promoción de la salud y articular intervenciones comunitarias con verdadero valor añadido de manera coordinada con Salud Pública.
Resulta aún más llamativo que estas decisiones se tomen mientras no tan solo no se trabaja por alcanzar consensos con el conjunto de sistemas de salud autonómicos y con el Ministerio de Sanidad sino que se establece una permanente y absurda disputa entre administraciones que paraliza. Y cuando la salud se utiliza como munición política, el resultado siempre es negativo y nocivo.
La Conselleria insiste en anunciar soluciones que nunca llegan mientras se sigue debilitando la sanidad pública en favor de las empresas privadas del sector que siguen creciendo de manera constante. Pero la ciudadanía necesita menos anuncios y más hechos. Menos ocurrencias y más evidencias. Menos parches y más planificación. La salud no puede ser un atajo propagandístico ni un instrumento para dirimir batallas partidistas, ni un campo de pruebas de su política privatizadora. Es un derecho. Y un derecho exige responsabilidad, escucha y rigor, además de ética. Todo lo demás es solo ruido.