La reciente publicación del libro de memorias de Juan Carlos de Borbón —a quien de forma incomprensible se sigue tratando como Rey Emérito— ha vuelto a abrir un debate que, en realidad, nunca debería haberse cerrado: la sorprendente facilidad con la que nuestra sociedad tolera, suaviza e incluso celebra comportamientos que, en cualquier otra persona, serían objeto de condena pública inmediata. La obra no revela nada que no supiéramos; lo que destapa, en realidad, es nuestra propia resistencia a asumir la gravedad de lo conocido.

El relato de Juan Carlos I ofrece una galería de comportamientos que, lejos de resultar anecdóticos, dibujan el perfil de un poder ejercido desde el privilegio absoluto. Su machismo, lejos de ser un detalle de época, es una forma de dominación normalizada durante décadas: un machismo real, en ambos sentidos, que se ha justificado sistemáticamente con excusas tan desgastadas como peligrosas. La idea de que “eran otros tiempos” es el refugio narrativo de quienes prefieren perdonar al poderoso antes que confrontar lo que ese poder significó para las mujeres que tuvo a su alrededor y para la sociedad que observaba en silencio. No es cuestión de época, es cuestión de ética.

A esa dimensión se suma el capítulo de la corrupción, que el propio monarca intenta vestir con una pátina de humanidad mal entendida. Habla de errores y excesos como si la fortuna oculta, las comisiones irregulares o los regalos millonarios fueran simples tropiezos de un hombre que vivió demasiado deprisa. Pero no se trata de impulsos, sino de un sistema de impunidad construido a conciencia, que permitió que quien ostentaba la jefatura del Estado actuara durante años al margen de cualquier control fiscal, legal o democrático. La inmunidad no debería ser una licencia para delinquir, pero en su caso funcionó como tal. Y lo más grave no es solo que ocurriera, sino que tantos se empeñen aún hoy en justificarlo.

En una España donde hay personas que son condenadas por hurtos mínimos vinculados a la supervivencia, resulta insultante que el saqueo a gran escala cometido desde un palacio se trate como travesura aristocrática. La corrupción del poderoso se percibe como una excentricidad; la del vulnerable, como un crimen intolerable. Una desigualdad ética profundamente instalada que se acentúa cuando observamos el discurso de buena parte de la clase política. Se enarbola el rechazo a la corrupción y al machismo para alimentar combates partidistas feroces, se cruzan descalificaciones públicas sin límite contra adversarios señalados como culpables, pero se pasa de puntillas cuando esas mismas conductas tienen sello real, reducidas entonces a “aventuras personales” o “pecados veniales”. La coherencia desaparece donde empieza el privilegio.

Otro aspecto que las memorias pretenden fijar en el imaginario colectivo es la reconstrucción edulcorada de la Transición. Juan Carlos I se presenta como garante de una democracia ejemplar, ocultando la cantidad de sombras, silencios e intereses cruzados que marcaron aquel proceso. Una Transición que, lejos de romper con el franquismo, recicló buena parte de su estructura, neutralizó preguntas incómodas y certificó un reparto de legitimidades que hoy se desmorona. Y lo más llamativo es que esa defensa de su papel democrático conviva, sin pudor, con elogios explícitos al dictador que lo colocó en el trono. No es un desliz narrativo, es la evidencia de que su visión de la historia sigue siendo tributaria del régimen que lo ungió.

Pero quizá lo más preocupante de este fenómeno no sea el libro en sí, sino su recepción. El éxito de ventas, el tratamiento amable de numerosos medios y la indulgencia social generalizada apuntan a una peligrosa tendencia, la normalización de lo inaceptable. Lo que debería escandalizar se justifica; lo que debería repeler se vuelve anecdótico; lo que debería invalidar se reviste de encanto personal.

Mientras sigamos permitiendo que machismo, corrupción e impunidad se valoren según el rango de quien los ejerce, nunca avanzaremos hacia una igualdad auténtica. No es una cuestión de monarquía o república; es, ante todo, una cuestión de justicia y coherencia democrática. El respeto a una institución no puede confundirse con la absolución moral de quienes la representan. Y la democracia no puede permitirse dobles estándares sin dañar su propio fundamento.

Ser rey no exime de nada. No convierte lo incorrecto en aceptable ni lo ilegal en legítimo. La ética cívica no puede ser selectiva. Si aceptamos que una corona justifica conductas que reprocharíamos a cualquier ciudadano, estamos aceptando también que existen ciudadanos de primera y de segunda.

El mayor riesgo de estas memorias no es su contenido, sino su efecto. Refuerzan una narrativa de indulgencia que blanquea viejos privilegios y alimenta nuevos populismos, aquellos que dicen defender la democracia mientras contribuyen a vaciarla desde dentro.

El problema no es que el emérito escriba su versión de la historia. El verdadero problema es confundir esas memorias con un ejercicio de reconciliación. La reconciliación democrática no se construye sobre relatos de dudosa credibilidad detrás de los cuales se acumulan demasiadas evidencias y aún más sospechas de comportamientos incompatibles con la responsabilidad institucional que cabe exigir a quien ha ostentado la jefatura del Estado, con independencia de su condición monárquica o republicana. Leer estas páginas como un gesto reparador equivale, en realidad, a seguir aceptando que el privilegio sustituya a la ética y que el poder aspire a absolverse a sí mismo sin rendir cuentas a la sociedad a la que debía servir.