La grabación en la que el CEO del Hospital de Torrejón verbaliza con absoluta naturalidad la estrategia de Ribera Salud para maximizar beneficios económicos a costa de la atención sanitaria ha provocado un notable revuelo político y social en Madrid. Sin embargo, más allá del ruido mediático y del fuego cruzado entre PP y PSOE, lo verdaderamente relevante no es la anécdota, sino lo que esta revela, las consecuencias de un modelo de privatización encubierta del sistema público sanitario mediante concesiones administrativas que permiten convertir la salud de la ciudadanía en un negocio.
Cuando la presidenta Ayuso afirma que “Madrid es de todos” y que “Madrid es España dentro de España”, sin pretenderlo aporta una clave de lectura esencial, lo que ocurre en Madrid no puede interpretarse como un episodio aislado. Es, en realidad, la expresión de un modelo extendido que se ha implantado en distintas comunidades autónomas bajo fórmulas de colaboración público-privada que, lejos de mejorar la eficiencia o la calidad asistencial, han generado espacios opacos donde la lógica del mercado acaba imponiéndose sobre el interés general.
El caso de Torrejón pone negro sobre blanco una estrategia empresarial basada en restringir inversiones, ajustar plantillas, precarizar condiciones laborales y seleccionar procesos “rentables”, mientras se deriva aquello que genera mayor coste o complejidad al sistema público tradicional. No se trata de supuestas malas prácticas circunstanciales, sino de un modo de operar perfectamente coherente con la lógica empresarial: reducir gastos, aumentar ingresos y asegurar beneficios allí donde la ley y los contratos lo permiten. El problema es que hablamos de sanidad y salud, de derechos fundamentales y de un sistema cuya razón de ser es cuidar a las personas, no generar dividendos.
Pero, lo sucedido en Torrejón no es un hecho aislado ni extraordinario. Es la confirmación de un modus operandi reiterado de Ribera Salud y de otras empresas del sector privado de la salud que operan bajo concesión pública. No es ni el primer caso ni probablemente el más grave. Experiencias previas en comunidades como la Valenciana o la Gallega ya habían alertado de dinámicas similares, aunque muchas veces silenciadas o minimizadas por intereses políticos y económicos.
En la Comunitat Valenciana, de hecho, este modelo nació con el conocido caso Alzira, impulsado por el entonces presidente Zaplana y de manera muy clara por parte del actual Conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que posteriormente favorecieron nuevas concesiones en Torrevieja y Elche. En todos estos departamentos de salud se produjeron prácticas muy parecidas a las ahora reveladas en Torrejón, a través de una gestión orientada prioritaria y sistemáticamente a la obtención de beneficios. La diferencia no estuvo nunca en el fondo del modelo, sino en el grado de visibilidad pública de sus consecuencias.
Estas concesiones se sostienen en contratos redactados de forma que blindan el negocio de las empresas adjudicatarias, garantizando rentabilidad casi al margen de los resultados reales en términos de salud, calidad asistencial o satisfacción de la ciudadanía. Mientras tanto, se venden políticamente como “modelos de éxito”., pero, ¿éxito para quién? Desde luego no para el sistema público, que asume los casos complejos, costos elevados y los efectos colaterales de una asistencia fragmentada. Tampoco para los profesionales, sometidos a condiciones laborales más precarias. Mucho menos para las personas, cuyo derecho a una atención integral se somete a criterios de rentabilidad.
Todo esto tiene una raíz legal clara, la Ley 15/1997, que abrió la puerta a estas fórmulas de gestión indirecta. Durante casi tres décadas ha funcionado como una verdadera vía de agua en el sistema público sanitario, haciendo posible una privatización progresiva, silenciosa y normalizada con la connivencia activa o pasiva de los distintos gobiernos que han hecho uso de ella. El reciente anuncio de su reforma por parte del Ministerio de Sanidad llega tarde, impulsado más por la presión mediática que por una voluntad política firme. Han tenido que pasar 28 años y numerosos escándalos para asumir que el modelo era claramente fallido.
Tan grave es el abuso mercantilista de las empresas concesionarias como la hipocresía de quienes hoy se escandalizan habiendo mantenido intacta durante años la arquitectura legal que lo permitió. La indignación resulta poco creíble cuando se ha participado de la consolidación del sistema que sostiene precisamente aquello que ahora se critica.
Es tiempo de que se ponga orden en la sanidad —y también en la educación— mediante un consenso de Estado que proteja de forma inequívoca los servicios públicos esenciales frente al mercado, estableciendo límites jurídicos claros e infranqueables. Sin vaivenes partidistas, sin concesiones ideológicas al negocio de lo común. Porque la ciudadanía merece que se respete su dignidad y se garantice su derecho a la salud tal como consagra la Constitución, precisamente cuando acabamos de conmemorar su 47 aniversario. Lo sucedido en Torrejón no es un accidente: es una advertencia que ya no podemos seguir ignorando.