Los sindicatos médicos han convocado una huelga para reclamar un estatuto propio y oponerse al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario impulsado por el Ministerio de Sanidad. Su discurso vuelve a apoyarse en una narrativa conocida, la excepcionalidad del colectivo médico, basada —según afirman— en los años de estudio, la precariedad laboral, la presión asistencial o la exigencia de mantener la compatibilidad entre actividad pública y privada, especialmente para quienes ocupan jefaturas.
El problema no es que reclamen mejoras; eso es legítimo. El problema es que lo hagan construyendo una desigualdad ficticia, manipulando la percepción social y secuestrando la opinión ciudadana para sostener una reivindicación basada en el trato exclusivo y excluyente por el mero hecho de ser médicos. Victimismo que no resiste un análisis riguroso.
El argumento de los años de estudio es especialmente débil. Se utiliza como bandera diferencial sin explicar que responde, en gran medida, a una opción corporativa destinada a marcar distancia con otras titulaciones universitarias. En numerosos países la duración de los estudios de Medicina es inferior a la de España, sin que ello implique peor formación ni menor calidad asistencial. Se omite, además, el que los médicos pueden acceder al doctorado sin cursar un máster previo, requisito obligatorio para el resto de disciplinas. Resulta paradójico reivindicar una excepcionalidad estatutaria y no una revisión de sus planes de estudio.
De este empeño por perpetuar la singularidad nacen anacronismos tan evidentes como la existencia de facultades de Medicina separadas de las de Ciencias de la Salud. Una división que simboliza un modelo jerárquico ya superado por la práctica, que refleja la voluntad de ser “diferentes” aun a costa de la incoherencia conceptual. Al segregarse del ámbito común de las ciencias de la salud, medicina asume situarse como ciencia al margen del resto. No es, por tanto, una diferencia académica razonable, sino una construcción corporativa que niega la lógica sobre la que hoy se sostiene la salud.
Respecto a la precariedad laboral, la reivindicación vuelve a mirarse solo a sí misma. Sin negar su existencia, es evidente que no es un problema exclusivo de los médicos. La temporalidad, la sobrecarga asistencial, la inestabilidad contractual o la falta de reconocimiento afectan a todas las profesiones sanitarias. Presentar la precariedad como agravio particular es una lectura sesgada que invisibiliza a otros profesionales esenciales para el funcionamiento cotidiano del sistema.
Tampoco se sostiene ya el discurso de la “falta de médicos”. España es el país con mayor número de facultades de Medicina, lo que desmonta esa narrativa alarmista. Ahora se recurre a otro argumento como la migración de médicos hacia otros países. Una realidad que habría que analizar con honestidad, pues se silencia el trasvase constante hacia la sanidad privada. Un sector en expansión que en muchos casos está impulsado o dirigido por médicos. En este contexto, la compatibilidad público-privada deja de ser una necesidad coyuntural para convertirse en una práctica estructural que debilita al sistema público desde dentro.
El Estatuto Marco, lejos de representar una amenaza, plantea un marco regulador común basado en igualdad, mérito, capacidad, coordinación interprofesional y dedicación prioritaria al servicio público, reafirmando que la atención sanitaria se sustenta en la cooperación entre profesiones. Reconoce la diversidad existente sin legitimar supremacías corporativas. Precisamente por eso es rechazado por los sectores que se resisten a perder privilegios.
Los médicos son profesionales importantes en el sistema sanitario, nadie lo discute, pero no son los únicos protagonistas, ni tan siquiera los más importantes en muchas situaciones. La eficacia, eficiencia y efectividad del sistema dependen del trabajo de equipos interdisciplinares, no de liderazgos mono disciplinares ni de lógicas de poder heredadas. Desde el individualismo y el egocentrismo disciplinar no es posible afrontar desafíos en salud.
La oposición a un marco compartido revela un temor profundo, perder cuotas de poder históricamente acumuladas. Un poder que se manifiesta en el bloqueo al acceso de otros profesionales a puestos de responsabilidad, en la restricción de competencias —como la prescripción enfermera o el diagnóstico avanzado— y en la dificultad para aceptar una verdadera autonomía profesional del conjunto del sistema. No se trata de seguridad clínica, sino de conservar autoridad simbólica desde la jerarquía.
La salud es demasiado importante para quedar en manos de un solo colectivo, por relevante que sea o se crea. Y la sanidad es demasiado compleja como para ser capitalizada desde posiciones corporativas excluyentes. La ciudadanía necesita sistemas públicos sólidos, equipos cohesionados y profesionales reconocidos en igualdad según competencias y aportación real a los cuidados.
Por eso esta huelga resulta engañosa. No busca una mejora colectiva ni una modernización del sistema, sino sostener un estatus de privilegio más respaldado por inercia histórica que por evidencia científica o ética. Presiona al poder político, sí, pero también desafía a la razón científica, la que demuestra que la calidad de la atención nace de la cooperación, no del privilegio de unos pocos.
Acabo con una tira del gran Quino que, considero, refleja de manera muy clara lo que son y como piensan ciertos miembros de dicho colectivo.
Me ha parecido una interesante mirada. Si el problema son las guardias, acaso no pueden hacer un borrador corrigiendo el nuevo estatuto del personal sanitario en donde se limite ese número máximo de horas? ¿Por qué un exclusivo estatuto del médico? ¿Por qué si la carrera es tan larga no solicitan sea revisado ese plan de estudios y todo el programa para que sea menos denso y quizá más práctico? Se quejan de lo larga que es la carrera, pero no lo hacen con los privilegios del encuadramiento directo (extraordinario) en la carrera profesional sólo para su categoría o esa opción de ir directamente al doctorado sin máster previo. Exponer los problemas como exclusivos (cuando la precariedad laboral afecta a todos) y esconder las ventajas. Llorar y reivindicar de forma egoísta para seguir ostentando privilegios.