De Carlos Mazón no sorprende ya casi nada. Quizá ahí resida una de las peores derrotas colectivas, la normalización del despropósito. Que active con una rapidez casi obscena su Oficina del Expresident, apenas horas después de oficializarse su cese, no es un simple trámite administrativo. Es un gesto político. Un mensaje. Una exhibición de impunidad maquillada de legalidad. Despacho en un céntrico edificio de Alicante, dos asesores, coche oficial, chófer y seguridad pagados con dinero público. Todo conforme a la norma. Todo, igualmente, indecente.

La ley le ampara, nadie lo discute. El problema es que hay comportamientos que, aun siendo legales, resultan moralmente intolerables. Mazón dimitió por una gestión nefasta de la DANA y por una actitud indigna ante una tragedia que costó la vida a 230 personas, que no merecieron ni un día de contención, ni una mínima renuncia simbólica, ni una señal de respeto hacia sus familias. En contraposición ahora hay prisa, diligencia y entusiasmo para asegurarse privilegios vitalicios. La urgencia aparece cuando conviene.

Ahora, el expresidente da otro paso que retrata aún mejor su falta de ética. Contrata a su primer asesor, José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete durante su etapa en el Palau. Elegido, no por currículum, sino por lealtad. No es una decisión neutra, ni técnica, ni inocente. Es una reafirmación de método. Porque hablamos de alguien que estuvo ahí, en el núcleo duro, en el perímetro donde se cocina lo que se dice, lo que se calla, lo que se maquilla y lo que se niega. Su nombramiento no es transparencia, sino blindaje. No anticipa rendición de cuentas, sino construcción de relato. Y supone una nueva afrenta a toda la ciudadanía.

La comparación es tan inevitable como lacerante. La velocidad con la que Mazón ha asegurado su estatus y comodidades contrasta con la negligencia con la que actuó cuando ejercía de president. Cuando la urgencia era salvar vidas, coordinar recursos, informar con claridad y liderar con dignidad, reinó la desidia. Ahora, para garantizarse un futuro confortable, la eficiencia es inmediata. Es una forma de entender lo público como botín.

Ante este escenario, conviene formular una pregunta, ¿qué mensaje se lanza a la sociedad valenciana cuando quien ha fracasado en su deber esencial —proteger a la ciudadanía— es premiado con prerrogativas que miles de personas honestas jamás conocerán? Porque mientras unos se aseguran despacho, asesores y chófer, otros luchan por vivir con dignidad, por reconstruir lo perdido, por acceder a ayudas que se eternizan, por sostener la vida cotidiana entre burocracias, precariedad y cansancio. La desigualdad no solo se padece, también se aprende cuando el poder se reserva privilegios sin pudor.

Y hay un elemento añadido que multiplica la indignación. Son recursos pagados con los impuestos del pueblo valenciano al que se falló. Con su trabajo. Con su paciencia. Con su confianza, tantas veces traicionada. Más aún cuando siguen sin despejarse, entre otras, las sombras sobre el destino del dinero donado para las personas damnificadas, proveniente de la decencia colectiva. Al contrario, se percibe opacidad, silencios estratégicos y una sensación insoportable, la de que, mientras unos sufren, otros se reorganizan para seguir viviendo bien.

Cabe preguntarse, sin rodeos ni eufemismos, qué pretenden aportar desde unos puestos tan injusta como indignamente ocupados. ¿A quién creen que pueden engañar de nuevo después de una estela sostenida de mentiras, medias verdades y relatos construidos para ocultar responsabilidades? ¿Quién necesita las aportaciones de quienes no solo no estuvieron cuando debían estar, sino que dedicaron sus esfuerzos a protegerse, a victimizarse y a envolver su fracaso de demagogia? La respuesta es evidente, no aportan nada que no sea autoprotección, relato interesado y perpetuación del privilegio. Ocupar esos cargos no solo resulta moralmente reprobable, sino que debería evitarse si existiera un mínimo compromiso ético con una ciudadanía que merece algo más que la repetición obscena del engaño.

Podrán ocupar sus puestos “por ley”. Pero no podrán recuperar la legitimidad moral, ni volver a caminar por cualquier calle de la Comunitat Valenciana sin ser señalados por quienes no han olvidado. No por venganza, sino por memoria. No por odio, sino por justicia. No por partidismo, sino por dignidad. La dignidad de las víctimas, la de quienes sí estuvieron, la de una ciudadanía que se niega a aceptar que el poder sea sinónimo de privilegio y la política una coartada para evadir responsabilidades y acceder a privilegios.

Actuaciones como esta, erosionan la credibilidad de las instituciones. Y ahí radica el peligro. Porque una cosa es criticar a quienes las ocupan y otra muy distinta debilitar lo que representan las instituciones. Cuando la legalidad se utiliza como refugio para la indecencia, la democracia se resiente. Cuando la ciudadanía relaciona impunidad con premio, concluye, que cumplir no compensa y que mandar es rentable. La historia ya ha mostrado demasiadas veces qué ocurre con esa certeza.