La invasión de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de su presidente constituyen una vulneración flagrante del derecho internacional que no admite justificación alguna, por mucho que se intente presentar como una operación destinada a restablecer la democracia. Aceptar ese argumento implica asumir que la legalidad internacional es prescindible cuando estorba a los intereses de las grandes potencias. Si esa fuera la premisa válida, serían muchos los países susceptibles de ser invadidos, intervenidos o sometidos bajo el pretexto de una democracia definida a conveniencia del invasor, vaciando de contenido cualquier marco jurídico común.
Donald Trump ha conseguido con esta acción varios objetivos simultáneos. En primer lugar, lanzar un mensaje inequívoco a América Latina, una región que pretende volver a situar bajo control directo tras décadas de pérdida de influencia. El aviso es claro y recuerda a épocas que muchos creían superadas, cuando el continente era tratado como un espacio subordinado, un cuarto trastero geopolítico al que se accedía sin pedir permiso. En segundo lugar, elimina cualquier posibilidad real de que María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz, alcance la presidencia venezolana, tal y como el propio Trump ha insinuado, no tanto por razones estratégicas como por una lógica de revancha personal tras no haber sido él mismo reconocido con un galardón que ambiciona abiertamente. Y, por último, asegura el control de una de las mayores reservas petrolíferas del planeta, verdadero trasfondo de una operación que difícilmente puede ocultarse bajo discursos moralizantes.
Nada de lo ocurrido es casual, tampoco el hecho de que Nicolás Maduro haya sido conducido a Nueva York. No se trata únicamente de la capital financiera y mediática del mundo, sino del escenario elegido para escenificar poder. La coincidencia con la reciente elección de Zohran Mamdani como alcalde, identificado por Trump como un enemigo político a batir, añade una dimensión interna inquietante, exhibir fuerza, humillar al adversario y advertir a quienes cuestionan su liderazgo dentro y fuera de Estados Unidos. La geopolítica se convierte así en un ejercicio de escarmiento donde se diluyen las fronteras entre política exterior, propaganda y ajuste de cuentas doméstico.
Pero más allá de los análisis internacionales, resulta profundamente preocupante la utilización que de esta invasión está haciendo la derecha política y mediática española, presentándola como una supuesta victoria de la libertad y de la democracia. Una lectura que debería alarmar seriamente a quienes contemplan apoyar a formaciones que aplauden sin reservas una acción que vulnera la soberanía de un Estado. No se trata de simpatías ideológicas ni de afinidades estratégicas, sino de principios básicos. Justificar una invasión ilegal hoy es normalizarla para mañana.
La posición de VOX no sorprende. Su defensa explícita del autoritarismo y de la ley del más fuerte encaja perfectamente con este tipo de actuaciones. Mucho más inquietante resulta la del Partido Popular, que intenta, cada vez con menor convicción, marcar distancias respecto a VOX mientras asume como razonables e incluso necesarias acciones que constituyen delitos internacionales. Feijóo, en pleno cuestionamiento nacional por sus mensajes con Carlos Mazón, se apresuró a felicitarse por la invasión y a proponer a Edmundo González como figura de una supuesta transición democrática en Venezuela, obviando que Trump ya había decidido asumir el control del país hasta que considere oportuno entregarlo a quien mejor sirva a los intereses estadounidenses, no a los venezolanos.
Hablar de manera tan vehemente como irresponsable de una situación de extrema gravedad implica asumir como tolerable el uso de la fuerza por parte de las grandes potencias. Supone además sentar un precedente inquietante ante futuras acciones: ¿cuál será la respuesta internacional si finalmente se consuma la anunciada invasión de Groenlandia? ¿Qué ocurrirá si esta misma estrategia se reproduce en Colombia u otros países que no se plieguen a los dictados de Washington? El silencio cómplice o el aplauso entusiasta de hoy se convierten en la coartada de las agresiones de mañana.
Hubiera sido previsible una posición ambigua o incluso de silencio por parte del Partido Popular. Callar no es lo mismo que aplaudir. Si una invasión similar hubiera sido protagonizada por cualquier otro país, la condena habría sido inmediata. La doble vara de medir es tan evidente como peligrosa.
Como país democrático que somos, pese a quienes lo cuestionan o pretenden revertirlo, la posición debe ser firme y ajustada al derecho internacional. Construir ahora un relato que legitime esta agresión y que sirva además como nuevo instrumento de desgaste del poder legalmente establecido en España no es solo una torpeza política, es una irresponsabilidad cuyas consecuencias pueden resultar mucho más profundas y duraderas de lo que algunos parecen dispuestos a admitir.
Aceptar esta lógica supone renunciar a cualquier principio democrático propio y asumir que el orden internacional se rige por la fuerza y no por el derecho. Quienes hoy celebran esta invasión deberían preguntarse qué dirán mañana cuando esa misma doctrina se utilice contra otros pueblos, otros gobiernos o incluso contra la propia Europa.