En medio de la avalancha informativa que nos atraviesa a diario, se cuelan cada vez con mayor frecuencia noticias que tienen el inquietante denominador común del sostenido avance de los procesos de privatización de la sanidad pública en amplios territorios del país. Estamos pues ante una tendencia estructural de gobiernos de distinto signo, que se presenta, de manera interesada, como inevitable, eficiente o incluso modernizadora.
Algunas comunidades autónomas parecen competir abiertamente por alcanzar el mayor grado de privatización en el menor tiempo posible, desviando cantidades ingentes de dinero público hacia grandes corporaciones del sector sanitario privado. Otras lo hacen de forma más discreta, pero casi ninguna queda al margen de un proceso que avanza de manera constante y que se hace visible, entre otros indicadores, en la explosión de publicidad de seguros privados y de supuestos servicios de “salud”. Supuestos, porque lo que realmente se anuncia no es salud ni sanidad, sino asistencia médica orientada a la enfermedad, al diagnóstico rápido y al tratamiento inmediato. El cuidado, la prevención, la promoción de la salud o la atención comunitaria no forman parte de su interés ni de su modelo de negocio, por mucho que intenten maquillar sus mensajes con una retórica amable y emocional.
La paradoja es perversa. Mientras la sanidad pública se debilita por infrafinanciación, listas de espera y precariedad profesional inducida, el sector privado se presenta como salvador de un sistema que ellos mismos contribuyen a deteriorar. Se genera así la tormenta perfecta para justificar la externalización de servicios, los conciertos opacos y la transferencia de recursos públicos a empresas cuyo objetivo no es garantizar derechos, sino maximizar beneficios.
En este laberinto de intereses cruzados, los medios de comunicación desempeñan un papel nada inocente. Resulta cuanto menos paradójico —cuando no abiertamente incoherente— la emisión de programas que denuncian con vehemencia la privatización de la sanidad pública y ver cómo, acto seguido, se interrumpe la emisión para dar paso a bloques publicitarios copados por aseguradoras privadas y empresas sanitarias que exhiben sus supuestas excelencias frente a las carencias del sistema público. Finalizado el corte, el debate se reanuda como si nada hubiese ocurrido.
Es cierto que la publicidad constituye la principal fuente de financiación de muchos medios, pero no es menos cierto que deberían existir unos mínimos principios éticos que estableciesen límites claros por coherencia y respeto a la audiencia. No se trata de libertad de expresión, porque no estamos ante opiniones vertidas en un debate, sino ante intercambios comerciales en los que una empresa paga para difundir un mensaje que socava un derecho fundamental. Cuando el negocio se impone sin matices, el discurso crítico queda neutralizado y la ciudadanía recibe mensajes contradictorios que acaban normalizando la mercantilización de la salud.
Ese es, en el fondo, el verdadero problema. El dinero manda y todo queda supeditado a la lógica del mercado. La política, los medios y, finalmente, la propia ciudadanía, quedan atrapados por la presión de los lobbies de poder. En ese contexto, la sanidad pública parece partir con clara desventaja. Su fragilidad es cada vez más evidente y quienes la sostienen día a día —los profesionales— empiezan a mirar hacia otros ámbitos que les ofrecen mejores condiciones, menos obstáculos y mayor reconocimiento. Y cada salida facilita que el sistema siga a la deriva.
Pero la ciudadanía también debe asumir un papel activo y maduro, empezando por diferenciar entre urgencia e inmediatez. Toda urgencia debe ser atendida de inmediato, sin discusión. Pero no todo lo inmediato es urgente. La gestión de la demanda, la priorización de lo no demorable y el uso responsable de los recursos forman parte también del cuidado de un sistema que es limitado y colectivo. Contribuir a gestionar las listas de espera y la calidad de la atención no es renunciar a derechos, sino ejercerlos con responsabilidad.
Del mismo modo, no tiene sentido aceptar como lógico en la sanidad privada aquello que denunciamos con razón en la pública. Retrasos, barreras de acceso, sobrecostes o exclusiones se toleran en el ámbito privado sin la misma indignación, como si el pago justificase cualquier disfunción. No es solo una cuestión de “los demás”, es una cuestión que nos interpela a todos.
Por eso resulta profundamente deshonesto seguir repitiendo que faltan profesionales. Lo que falta es voluntad política para fortalecer la sanidad pública con una financiación suficiente y finalista, especialmente en Atención Primaria y Comunitaria; para mejorar las condiciones laborales; para invertir en alfabetización en salud; para favorecer la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones y para establecer controles estrictos que impidan la fuga de dinero público hacia negocios privados disfrazados de colaboración público-privada.
No se trata de ir contra el libre mercado; se trata de impedir que el mercado termine fagocitando un derecho básico. Porque cuando la salud se convierte en mercancía, la democracia enferma.