La muerte de Alex Pretti no es un error. Tampoco es un exceso puntual ni una mala interpretación de una situación confusa. Alex Pretti, enfermero estadounidense de 37 años que trabajaba en la UCI de un hospital de veteranos en Minneapolis, fue abatido por disparos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según la versión oficial, se acercó portando un arma. Sin embargo, las imágenes captadas de los hechos no muestran tal amenaza. Diecisiete días antes, Renée Good, también de 37 años, también ciudadana estadounidense, murió en circunstancias prácticamente idénticas, con la misma acusación posterior: portar un arma que nunca apareció.
Las coincidencias entre ambas muertes no son las que habitualmente se invocan para justificar el uso letal de la fuerza. No pertenecían a organizaciones criminales, no tenían antecedentes penales, no suponían una amenaza acreditada para nadie. Coincidieron, simplemente, en estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, cuando agentes del ICE desplegaban su poder con una lógica que ha dejado de ser policial y protectora para convertirse en algo mucho más inquietante.
Porque el verdadero peligro público de primer orden no eran Pretti ni Good. El peligro reside en una agencia federal que ha evolucionado hacia una fuerza de carácter paramilitar, con una preocupante sensación de impunidad y una escasa supervisión judicial y legislativa. Las acciones del ICE —sus tácticas, campañas de intimidación y operativos— han generado una pérdida sostenida de legitimidad, una profunda controversia sobre su legalidad y un deterioro evidente del respeto a los derechos civiles. Todo ello, además, bajo connivencia y la protección explícita de la Casa Blanca y, muy especialmente, de su principal inquilino, el presidente Donald Trump. No deja de ser una ironía cruel que el acrónimo de esta agencia, ICE, coincida en inglés con la palabra hielo. Porque pocas metáforas resultan tan precisas para describir la frialdad con la que actúa. Una frialdad que congela la compasión, paraliza el juicio crítico y deshumaniza a quienes quedan bajo su punto de mira. No es solo una estructura armada; es un mecanismo que opera desde la congelación moral, donde la vida se convierte en un dato prescindible y el disparo en un procedimiento.
Esta transformación no es casual ni improvisada. Responde a una estrategia política claramente definida, dirigida desde el núcleo duro del poder ejecutivo y personificada en figuras como Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas. Una estrategia basada en la deshumanización sistemática de los migrantes, con especial saña contra las comunidades hispanas y latinas, a las que se presenta como una amenaza existencial para la seguridad, la identidad y los valores de Estados Unidos. Una amenaza construida discursivamente, amplificada mediáticamente y ejecutada con violencia institucional.
No estamos, por tanto, ante hechos aislados ni ante decisiones individuales mal calibradas. Estamos ante una operación perfectamente orquestada, ensayada y legitimada desde el poder político para imponer una lógica del miedo. Una lógica que normaliza el disparar primero y preguntar después, que convierte la sospecha infundada en sentencia de muerte y que justifica la eliminación física incluso de ciudadanos estadounidenses si encajan —por apariencia, por lugar, por contexto— en el perfil del “enemigo”.
Esta deriva autoritaria no se limita a vulnerar derechos concretos. Supone un desprecio profundo por la libertad, por el Estado de derecho y por los principios más básicos de la democracia. Implica la imposición de un pensamiento único, la abolición práctica de garantías fundamentales y la exigencia de adhesión acrítica a un liderazgo que se presenta a sí mismo como salvador, como mesías de una nueva Tierra Prometida basada en la exclusión y la fuerza.
La muerte de Alex Pretti no es una muerte más. Es una evidencia clara del tipo de poder que se está consolidando. Un poder que niega las evidencias, encubre a quienes disparan, manipula el relato y exige obediencia. Un poder que convierte la mentira en política de Estado y el miedo en herramienta de gobierno. Nada de esto es nuevo si se revisa la historia, pero resulta especialmente preocupante por la proyección internacional de Estados Unidos y por la naturalidad —cuando no admiración— con la que estas prácticas son asumidas o incluso imitadas en otros contextos.
Lo verdaderamente alarmante es la tibieza de las respuestas. El silencio de muchos dirigentes internacionales, la pasividad de organizaciones llamadas a defender los derechos humanos y la aceptación social de una narrativa que justifica la violencia institucional como mal menor porque la practica EEUU. Como si disparar sin pruebas fuese un daño colateral asumible. Como si la vida pudiera ponerse entre paréntesis en nombre de una supuesta seguridad.
¿Seguimos pensando que todo esto es un problema exclusivamente estadounidense? ¿Preferimos creer versiones oficiales que se desmoronan ante la evidencia de las imágenes? ¿Seguimos trivializando a Trump como un payaso cuando actúa como un experto manipulador de la realidad y del miedo? ¿Normalizamos lo que sucede o somos capaces de rebelarnos éticamente frente a ello?
No son preguntas retóricas, sino necesarias. Porque la historia demuestra que mirar hacia otro lado nunca ha sido neutral. Y porque cada silencio, cada justificación y cada indiferencia acerca un poco más el momento en que ya no podamos decir que no sabíamos.
Por Alex Pretti, por Renée Good y por todas las personas que pueden caer en esta guerra que se disfraza de paz y libertad.