“Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio.”

 Immanuel Kant[1]

 

Pacientes o personas: el lenguaje que construye obediencia

            Hemos interiorizado, aceptado y normalizado que quienes utilizan los servicios de salud sean denominados “pacientes”. La palabra fluye con naturalidad en consultas, hospitales, estrategias comunitarias y campañas de promoción. Paciente es quien acude por un dolor torácico y paciente es también quien participa en un taller de alimentación saludable. El término se aplica indistintamente al sufrimiento agudo y a la promoción participativa.

            Sin embargo, el lenguaje nunca es inocente.

            “Paciente” procede del latín pati o patior: sufrir, tolerar, soportar. El paciente es, etimológicamente, quien padece. La raíz no alude a la autonomía, ni a la agencia, ni a la capacidad de decisión. Remite a la resistencia pasiva ante algo que acontece. La pregunta es inevitable: ¿qué debe soportar quien participa en una estrategia de promoción de la salud? ¿Qué debe tolerar quien recibe un consejo preventivo? ¿La enfermedad… o el sistema?

            La denominación no es un mero formalismo. Como señalaba Michel Foucault, el lenguaje forma parte de los dispositivos de poder que configuran las relaciones sociales y delimitan quién tiene capacidad de definir la realidad y quién debe aceptarla[2]. Nombrar es ordenar. Y ordenar es ejercer poder.

            Cuando llamamos “paciente” a alguien, estamos situándolo —consciente o inconscientemente— en una posición de padecimiento, espera y recepción. La acción queda del lado del profesional y/o del sistema. Uno actúa; el otro tolera. Uno decide; el otro asume.

            La paradoja es aún más evidente cuando el término se utiliza en intervenciones de promoción o prevención. En esos contextos, la persona no está enferma ni padece necesariamente nada. Participa, aprende, decide, se compromete. Pero sigue siendo paciente. Como si la salud solo pudiera concebirse desde la lógica del déficit y no desde la potencialidad.

            Ivan Illich ya denunció hace décadas el fenómeno de la medicalización de la vida, alertando de cómo los sistemas sanitarios tienden a colonizar la experiencia humana redefiniéndola en términos de patología[3]. En esa colonización, el lenguaje cumple la función esencial de transforma a las personas en portadoras de diagnósticos, riesgos o desviaciones normativas.

            La consecuencia es sutil pero profunda. La identidad se diluye para ser sustituida por la condición clínica. Se deja de ser persona para convertirse en “diabética”, “hipertensa”, “menopáusica”, “inadaptada”. El adjetivo sustituye al nombre. La biografía queda subordinada al diagnóstico.

            Esta reducción no es solo lingüística; es estructural. Numerosos estudios sobre comunicación clínica han demostrado que el uso de categorías diagnósticas como etiquetas identitarias influye en la percepción de autonomía y participación de las personas en la toma de decisiones[4]. Cuando la identidad se define por la enfermedad, la capacidad de agencia se debilita.

            El modelo dominante en los sistemas sanitarios ha sido históricamente paternalista. Aunque formalmente hemos transitado hacia enfoques de “atención centrada en la persona”, la práctica real sigue mostrando inercias jerárquicas persistentes[5]. El profesional continúa ocupando la posición de experto decisor, mientras que el “paciente” permanece en la de receptor informado —pero no necesariamente deliberante.

            El problema no es meramente semántico. La palabra paciente cristaliza una determinada concepción antropológica, la del sujeto vulnerable cuya principal virtud es la paciencia. Paciencia para esperar una cita. Paciencia para tolerar listas de espera. Paciencia para aceptar protocolos rígidos. Paciencia para adaptarse a tiempos, formas y normas diseñadas sin su participación.

            No se trata aquí de negar la vulnerabilidad inherente a la experiencia de enfermedad. La fragilidad forma parte de la condición humana. Pero vulnerabilidad no es sinónimo de pasividad. Aaron Antonovsky, al desarrollar el modelo salutogénico, insistía en la importancia del sentido de coherencia y de la capacidad activa de las personas para comprender, manejar y dotar de significado a su experiencia de salud-enfermedad[6]. La salud no es mera ausencia de enfermedad; es proceso dinámico en el que la persona participa activamente.

            Existe además una dimensión ética relevante. La Organización Mundial de la Salud ha subrayado en múltiples informes la necesidad de avanzar hacia sistemas de salud centrados en las personas, no en las enfermedades[7]. Este enfoque implica reconocer autonomía, participación y corresponsabilidad. Sin embargo, mientras el lenguaje continúe reforzando la lógica del padecimiento, la transformación será incompleta. Y ni tan siquiera la propia OMS modifica esta tendencia.

            El contraste se vuelve más evidente cuando alguien decide no adoptar la actitud esperada. Cuando cuestiona, pregunta, exige explicaciones, solicita alternativas. Entonces deja de ser “buen paciente” y comienza a ser “impaciente”. La palabra se convierte en mecanismo de sanción simbólica. Impaciente es quien no se adapta, quien interrumpe el ritmo institucional, quien no acepta con resignación.

            De nuevo, el lenguaje opera como herramienta disciplinaria. Foucault describió cómo las instituciones modernas desarrollan formas de control no necesariamente coercitivas, sino normalizadoras¹. El “buen paciente” es el que coopera sin incomodar. El que confía sin discutir. El que agradece sin cuestionar.

            Y, sin embargo, la evidencia científica es clara al determinar que la participación activa de las personas en la toma de decisiones mejora resultados clínicos, adherencia terapéutica y satisfacción[8]. El modelo de shared decision making no es una concesión ideológica; es una práctica basada en evidencia. Cuando las personas deliberan junto a los profesionales, los desenlaces mejoran y la percepción de dignidad se fortalece.

            Persistir en la lógica del paciente pasivo no solo es éticamente discutible; es clínicamente ineficiente.

            El mantenimiento del término como categoría universal facilita, además, la reproducción de la estructura jerárquica del sistema sanitario. Si uno padece y otro actúa, la asimetría se legitima. La dominancia científica —necesaria en su dimensión técnica— se expande hacia el ámbito existencial, desplazando el saber experiencial y popular.

            La ciencia es imprescindible. Pero cuando se convierte en autoridad incontestable que invalida la voz de quien vive la experiencia, deja de ser herramienta emancipadora para convertirse en mecanismo de control. Como señalan Epstein y Street, la comunicación centrada en la persona no implica renunciar al conocimiento científico, sino integrarlo con los valores y preferencias individuales[9].

            La cuestión, por tanto, no es eliminar el término paciente por decreto lingüístico, sino problematizar su uso indiscriminado y reflexionar sobre lo que simboliza. ¿Queremos sujetos que padecen o personas que participan? ¿Queremos obediencia o corresponsabilidad? ¿Queremos paciencia o autonomía?

            Puede pensarse que el verdadero desafío no sea tanto cambiar la palabra, como transformar la relación que la sostiene. Pero el problema está en cómo el término ha quedado irremediablemente unido a dicha relación.

 

Pacientes o personas: el lenguaje que construye obediencia

            Si en la primera parte abordábamos la dimensión etimológica y estructural del término “paciente”, ahora conviene profundizar en su carga filosófica y moral. Porque la paciencia no es solo una cualidad descriptiva; ha sido históricamente una virtud normativa.

            En la tradición clásica y cristiana, la paciencia se asoció a la capacidad de soportar el sufrimiento con fortaleza y resignación. No era simplemente tolerancia; era aceptación del dolor como parte del orden moral. En el ámbito sanitario contemporáneo, esa virtud parece haber mutado en expectativa institucional, al esperar que quien accede al sistema lo haga con paciencia.

            El problema no radica en la necesidad de gestionar la incertidumbre o los tiempos asistenciales —inevitables en cualquier sistema complejo—, sino en que la paciencia se convierte en condición de legitimidad. Solo quien tolera sin cuestionar es reconocido como “buen paciente”.

            Esta construcción encaja con lo que diversos autores han descrito como persistencia del paternalismo médico en formas más sofisticadas. Emanuel y Emanuel ya diferenciaban en los años noventa distintos modelos de relación clínica, mostrando cómo el modelo paternalista continúa vigente bajo nuevas apariencias[10]. La información se comparte, sí; pero la autoridad decisoria permanece concentrada.

            La denominación de paciente contribuye a naturalizar esa asimetría. No es casual que en muchos contextos sanitarios el término “usuario”, cliente o “persona” genere incomodidad. Se percibe como excesivamente horizontal. Como si nombrar de otro modo amenazara el equilibrio jerárquico. Teniendo en cuenta, además, que usuario tan solo reconoce a quien hace uso de los recursos y cliente le confiere una relación mercantilista que no tiene cabida en los sistemas públicos.

            La cuestión no es meramente semántica; es política en el sentido más profundo del término. Hannah Arendt advertía que la despersonalización es uno de los primeros pasos en cualquier estructura que reduce a la persona a función o categoría[11]. Cuando alguien deja de ser José, María o Fátima para convertirse en “el infarto de la 302” o “la diabética”, no estamos ante una simple abreviatura organizativa. Estamos ante un desplazamiento simbólico de la identidad.

            La literatura científica sobre deshumanización en los sistemas sanitarios confirma que la cosificación —entendida como reducción de la persona a su patología— impacta negativamente tanto en la experiencia del cuidado como en los resultados percibidos[12].

            Sin embargo, el modelo biomédico dominante ha priorizado históricamente la enfermedad como núcleo de análisis. Thomas Kuhn explicaba cómo los paradigmas científicos determinan qué preguntas son legítimas y cuáles quedan fuera del foco[13]. En el paradigma biomédico clásico, la pregunta central no es “¿quién es esta persona?”, sino “¿qué le ocurre?”. El diagnóstico precede a la biografía.

            Desde esta lógica, la paciencia adquiere el sentido funcional de que la persona debe adaptarse al sistema, no el sistema a la singularidad de la persona. Protocolos, guías, algoritmos. Herramientas necesarias para garantizar calidad y seguridad, pero que, cuando se absolutizan, pueden convertirse en estructuras rígidas que silencian la voz específica y singular.

            Paradójicamente, la evidencia acumulada en las últimas décadas muestra que los modelos participativos generan mejores resultados. La revisión Cochrane sobre ayudas para la toma de decisiones confirma que cuando las personas participan activamente en decisiones clínicas se reduce el conflicto decisional y aumenta la satisfacción con la atención⁷. El modelo deliberativo no debilita la práctica profesional; la fortalece.

            La pregunta entonces es necesaria, si sabemos que la participación mejora resultados, ¿por qué persiste la inercia paternalista?

            Una posible respuesta se encuentra en la dimensión estructural del poder profesional. La autoridad científica otorga estatus, reconocimiento y control. Desplazar la relación hacia una horizontalidad real implica redistribuir poder. Y toda redistribución genera resistencias. Esta es, precisamente, una de las causas por las que se exigen normativas exclusivas y excluyentes con el objetivo de blindar, tanto la jerarquía, como la dependencia que de la misma se deriva.

            El término paciente funciona como recordatorio constante de la posición asignada. Quien padece no decide; espera. Quien sabe no espera; prescribe.

            En este contexto, no sorprende que quien cuestiona sea etiquetado como problemático. El “impaciente” altera el ritmo. Solicita segundas opiniones. Revisa literatura. Pregunta por alternativas terapéuticas. No se resigna a aceptar sin comprender. Y esa actitud, que desde una perspectiva democrática debería celebrarse como ejercicio de autonomía, puede ser interpretada como desafío.

            Aquí emerge una tensión central, la diferencia entre autoridad y autoritarismo. La autoridad se fundamenta en el conocimiento y se legitima mediante la confianza. El autoritarismo se sostiene en la jerarquía y se impone mediante la obediencia. Cuando el lenguaje refuerza la idea de que uno padece y otro decide, el riesgo de deslizarse hacia dinámicas autoritarias aumenta.

            El enfoque contemporáneo de derechos en salud insiste en la centralidad de la autonomía, la dignidad y la participación activa de las personas en todas las decisiones que les afectan[14]. No se trata de desprofesionalizar el cuidado, sino de humanizarlo. No se trata de relativizar la evidencia científica, sino de integrarla con el saber experiencial.

            Desde una perspectiva humanista, la persona no es objeto de intervención, sino persona de relación. El cuidado no se dirige a un paciente abstracto, sino a una biografía concreta situada en un contexto social, cultural y moral.

            Tal vez el desafío consista en reconocer que el lenguaje no solo describe el modelo sanitario; lo reproduce. Y que mientras sigamos hablando de pacientes como categoría universal, estaremos reforzando —aunque sea de forma inconsciente— una estructura que prioriza la obediencia sobre la autonomía.

            La transformación del modelo no comenzará únicamente en las reformas legislativas ni en los nuevos planes estratégicos. Comienza también en cómo nombramos.

 

Pacientes o personas: el lenguaje que construye obediencia

            Si aceptamos que el lenguaje configura relaciones, entonces el término “paciente” no es solo descriptivo, es performativo.

            En los sistemas sanitarios contemporáneos, estructurados históricamente bajo un modelo biomédico jerárquico, la distribución del poder ha sido asimétrica. La denominación de “paciente” encaja perfectamente en ese esquema.

            Sin embargo, el giro hacia modelos centrados en las personas y basados en derechos ha cuestionado de manera creciente esa arquitectura. La propia Organización Mundial de la Salud ha insistido en que los sistemas sanitarios deben garantizar participación activa, corresponsabilidad y empoderamiento real[15].

            La evidencia también respalda esta transición. Estudios sobre activación del paciente —concepto que paradójicamente mantiene el término— muestran que las personas con mayor nivel de implicación en el manejo de su salud presentan mejores resultados clínicos y menor utilización innecesaria de recursos[16]. La autonomía no es solo un principio ético; es un factor pronóstico.

            Pero aquí emerge una contradicción profunda. Mientras proclamamos la necesidad de empoderar, seguimos nombrando desde la pasividad. Mientras hablamos de corresponsabilidad, mantenemos categorías que evocan sufrimiento tolerado.

            Desde una perspectiva filosófica, la dignidad no es una concesión del sistema; es inherente a la persona. Kant ya advertía que el ser humano no puede ser tratado meramente como medio, sino siempre como fin en sí mismo[17]. Cuando la identidad se reduce a diagnóstico o rol de paciente, el riesgo de instrumentalización aumenta.

            El cuidado —especialmente desde la tradición enfermera— se ha definido como relación, acompañamiento y reconocimiento de la singularidad. Autoras como Joan Tronto han subrayado que el cuidado implica responsabilidad, competencia y respuesta a la vulnerabilidad del otro sin anular su autonomía[18]. Vulnerabilidad no es sinónimo de sumisión.

            Aquí radica una tensión especialmente relevante. La disciplina enfermera ha reivindicado una atención centrada en la persona mucho antes de que se convirtiera en planteamiento institucional. Sin embargo, también ha operado dentro de estructuras jerárquicas que reproducen la lógica del paciente pasivo.

            La pregunta que debemos plantear es si hemos sido capaces de transformar la relación o hemos terminado adaptándonos al modelo dominante.

            El lenguaje puede ser una herramienta de resistencia o de reproducción. Cuando hablamos de personas, ciudadanía, participantes, estamos desplazando el foco. Cuando seguimos hablando de pacientes de manera indiscriminada, reforzamos una antropología del padecimiento.

            La ética del cuidado contemporáneo apunta hacia relaciones horizontales basadas en el reconocimiento mutuo. Axel Honneth ha defendido que el reconocimiento es condición esencial para la construcción de identidad y autoestima[19]. Si el sistema sanitario no reconoce a las personas como personas activas, difícilmente podrá fomentar autonomía real.

            Desde esta perspectiva, la cuestión no es meramente terminológica. Afecta al núcleo mismo del cuidado profesional. Porque si aceptamos sin crítica que quienes cuidamos son, ante todo, pacientes —es decir, sujetos definidos por el padecimiento y la tolerancia— estamos asumiendo una concepción relacional que pervierte el sentido profundo del cuidado enfermero.

            El cuidado no se ejerce sobre alguien que debe soportar, sino con alguien que participa. No se dirige a una identidad anulada por el diagnóstico, sino a una persona con historia, valores y capacidad de decisión. Nombrar como paciente de manera indiscriminada a quien cuidamos resulta, en este sentido, tan paradójico como anacrónico. Supone aceptar una categoría que coloca a la persona en la pasividad justo cuando el cuidado pretende reconocer su dignidad y fortalecer su autonomía.

            Desde este planteamiento resulta difícil justificar plenamente la prestación de cuidados profesionales si estos se desarrollan dentro de una lógica que reduce al otro a padecimiento. Porque el cuidado, cuando es auténtico, no anula; reconoce. No somete; acompaña. No exige paciencia resignada; promueve agencia responsable. Persistir en la denominación de paciente implica, en cierta medida, renunciar a la dimensión emancipadora del cuidado y aceptar una relación que contradice el paradigma humanista que decimos defender.

            Finalmente, hay un elemento que no puede obviarse. La dimensión del ego profesional. Cuando el centro simbólico del sistema no es la persona, sino la figura del salvador, la relación se distorsiona. El protagonismo desplaza al acompañamiento. La autoridad eclipsa la escucha.

            No es tanto que importen menos las personas. Es que importan más los egos.

            Y quizá ahí resida el núcleo del problema.

            Porque transformar el lenguaje implica transformar la posición desde la que hablamos. Implica renunciar a una cuota de control. Implica aceptar que el saber científico no pierde valor cuando se comparte; lo gana.

            Tal vez el verdadero salto cualitativo en los sistemas sanitarios no consista en nuevas tecnologías ni en protocolos más sofisticados, sino en reconocer que a quien atendemos no es un paciente por definición, sino una persona que atraviesa una circunstancia concreta.

            Y las circunstancias cambian.

            La dignidad, no.

[1] ^{Filósofo prusiano de la Ilustración (1724 – 1804).}

[2] ^{Foucault M. The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. New York: Vintage Books; 1994.}

[3] ^{Illich I. Medical Nemesis: The Expropriation of Health. London: Marion Boyars; 1976.}

[4] ^{Kelly M, Millward L. Identity and illness: the use of diagnostic labels in clinical practice. Soc Sci Med. 2004;58(5):1067–1077.}

[5] ^{Barry MJ, Edgman-Levitan S. Shared decision making — The pinnacle of patient-centered care. N Engl J Med. 2012;366(9):780–781.}

[6] ^{Antonovsky A. Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass; 1979.}

[7] ^{World Health Organization. WHO global strategy on people-centred and integrated health services. Geneva: WHO; 2016.}

[8] ^{Stacey D, Légaré F, Lewis K, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database Syst Rev. 2017;4:CD001431.}

[9] ^{Epstein RM, Street RL Jr. The values and value of patient-centered care. Ann Fam Med. 2011;9(2):100–103.}

[10] ^{Emanuel EJ, Emanuel LL. Four models of the physician-patient relationship. JAMA. 1992;267(16):2221–2226.}

[11] ^{Arendt H. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press; 1958.}

[12] ^{Haslam N. Dehumanization: an integrative review. Pers Soc Psychol Rev. 2006;10(3):252–264.}

[13] ^{Kuhn TS. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press; 1962.}

[14] ^{World Health Organization. Human rights and health. Geneva: WHO; 2017.}

[15] ^{World Health Organization. Framework on integrated people-centred health services. Geneva: WHO; 2016.}

[16] ^{Hibbard JH, Greene J. What the evidence shows about patient activation: better health outcomes and care experiences. Health Aff (Millwood). 2013;32(2):207–214.}

[17] ^{Kant I. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Cambridge: Cambridge University Press; 1785/1998.}

[18] ^{Tronto J. Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York: Routledge; 1993.}

[19] ^{Honneth A. The Struggle for Recognition. Cambridge: Polity Press; 1995.}

“Todo sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene.

Edwards Deming[1]

 

            La paradoja del progreso y la crisis de legitimidad

 

            Existe un consenso amplio —académico, profesional y social— en que los sistemas sanitarios atraviesan una crisis profunda. No porque hayan dejado de producir avances espectaculares en términos diagnósticos, terapéuticos o tecnológicos, sino porque, paradójicamente, cuanto más sofisticados se vuelven, más se resquebraja su legitimidad social. El problema no es lo que fueron, ni siquiera lo que son capaces de hacer, sino aquello en lo que se han ido convirtiendo.

            Durante décadas, especialmente en Europa, los sistemas sanitarios públicos fueron referencia de equidad, cohesión social y progreso democrático. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió en su histórico informe sobre Atención Primaria que debían orientarse hacia las personas y no hacia las estructuras ni los intereses sectoriales[2]. Sin embargo, el desarrollo posterior no siempre siguió ese rumbo.

            Hoy la paradoja es inquietante. Nunca habíamos contado con tanta evidencia científica, especialización profesional, innovación biosanitaria y capacidad tecnológica. Y, sin embargo, la percepción social de deterioro crece. Las listas de espera se cronifican, la fragmentación de la atención aumenta, la deshumanización es evidente y la ciudadanía comienza a cuestionar aquello que durante décadas consideró incuestionable.

            El informe de la Comisión Lancet sobre Sistemas Sanitarios de Alta Calidad fue contundente al decir que no basta con ampliar cobertura o incorporar tecnología; la calidad real implica seguridad, eficacia, experiencia de las personas y confianza pública[3]. Y es precisamente en esos ámbitos donde emergen las grietas.

            No estamos ante una contradicción insalvable. El problema no es que la tecnología haya avanzado, sino que lo haya hecho de forma desequilibrada respecto a la humanización, el cuidado, la equidad o la participación. El progreso científico no ha caminado al mismo ritmo que el progreso organizativo y cultural. La excelencia técnica ha eclipsado la excelencia relacional.

            Por su parte, la literatura sobre “missed nursing care” muestra cómo la sobrecarga, la fragmentación y la presión productivista provocan omisiones involuntarias en los cuidados fundamentales[4]. No hablamos de negligencia, sino de sistemas diseñados bajo lógicas que priorizan el procedimiento sobre la presencia, el indicador sobre la interacción y el rendimiento sobre la relación.

            Así pues, el modelo biomédico, extraordinariamente eficaz para abordar procesos agudos y complejos, se ha convertido en paradigma dominante incluso para problemas crónicos, sociales o estructurales. El resultado es una hipertrofia hospitalaria acompañada de una infradotación sistemática de la Atención Primaria y Comunitaria, fenómeno reiteradamente señalado por la OCDE[5], que provocan gran parte de los problemas actuales de los Sistemas Sanitarios a nivel internacional.

            Hasta aquí, el análisis podría parecer redundante y poco novedoso, a pesar de lo cual nada cambia. Pero existe una dimensión menos abordada —y quizá más incómoda— como es el progresivo desplazamiento del centro del debate.

 

            Cuando el sistema deja de ser el eje y lo ocupan los intereses corporativos

            Y es que el debate público ya no gira prioritariamente en torno a qué sistema necesitamos, sino en torno a qué papel asumen los profesionales en el sistema actual: si actúan como agentes de transformación o como piezas funcionales de una estructura que apenas se cuestiona. Y aunque ambas cuestiones están relacionadas, no son equivalentes. Porque no es lo mismo reivindicar mejores condiciones dentro del modelo que interrogar críticamente el modelo mismo.

            Las reivindicaciones laborales, salariales o formativas son legítimas. Nadie puede cuestionar la necesidad de condiciones dignas, estabilidad profesional o reconocimiento académico. De hecho, múltiples estudios muestran que las condiciones laborales influyen directamente en resultados de salud y seguridad de las personas[6]. Pero cuando el eje del debate se desplaza exclusivamente hacia el interés corporativo, el riesgo es evidente, ya que se diluye la perspectiva estructural.

            La pregunta deja de ser “¿qué necesita la población?” para convertirse en “¿qué necesitan los profesionales?”. Y aunque ambas dimensiones deberían confluir, no siempre lo hacen.

            En muchos contextos, la discusión se reduce a un planteamiento lineal, centrado en el manido pero efectista relato sobre la falta de más médicos, más enfermeras, más fisioterapeutas. Sin embargo, el propio análisis de la Comisión Lancet señalaba que el problema no es solo de número, sino de distribución, organización y adecuación a necesidades reales². Incrementar plantillas sin rediseñar estructuras puede perpetuar ineficiencias.

            En este mismo sentido, la investigación en sistemas sanitarios insiste en que el reto es sistémico. Berwick lo sintetizó con la Triple Aim: mejorar experiencia de la persona, mejorar salud poblacional y equilibrar costes[7]. Ninguno de estos objetivos se alcanza únicamente ampliando el número de profesionales sin planificación estratégica.

            En este contexto emerge otro fenómeno igualmente preocupante, como es la creciente corporativización del debate sanitario. Determinadas organizaciones profesionales adoptan discursos simplistas, victimistas, demagógicos o de confrontación que, aun generando cohesión interna y un apoyo popular tramposo y cautivo, no necesaria ni habitualmente consiguen transformación estructural. Se centran en estar permanentemente mirándose el ombligo y en preguntar exclusivamente y ¿“de lo mío qué? El impacto mediático sustituye al análisis riguroso y el conflicto interprofesional desplaza a la cooperación.

            El resultado es un ecosistema tensionado, donde las luchas competenciales ocupan el espacio que debería dedicarse a la planificación basada en necesidades poblacionales, vulnerabilidad social o determinantes de la salud.

            Michael Marmot demostró que la salud depende en gran medida de factores sociales estructurales[8]. Sin embargo, la arquitectura de nuestros sistemas continúa organizada en torno a especialidades y jerarquías profesionales más que en torno a determinantes sociales y morales o necesidades comunitarias. Todo lo cual se traduce en una exacerbación de egos cargada de tópicos, falacias y demagogias populistas tendentes a conseguir el apoyo popular y el rechazo hacia el sistema al que hace culpable de todo.

Cuando el sistema no evoluciona estructuralmente, pero sí lo hacen las reivindicaciones corporativas, se genera una tensión permanente que deriva en parálisis. Se negocian cupos, retribuciones, competencias y estatus, mientras los problemas organizativos de fondo —fragmentación, hospitalcentrismo, inequidad territorial, débil participación ciudadana— permanecen intactos. Esta dinámica no solo bloquea una profunda y necesaria reforma, sino que alimenta indirectamente procesos de privatización encubierta.

La ética del cuidado, como plantea Joan Tronto, implica responsabilidad colectiva y compromiso político[9]. Sin embargo, el discurso dominante en muchos foros profesionales ha desplazado esa ética hacia una lógica de posicionamiento laboral.

No se trata de enfrentar profesionales con sistema. Se trata de recuperar el orden de prioridades. Primero, el sistema como estructura pública responsable de la salud colectiva; después, la organización de los recursos —profesionales incluidos— en función de ese propósito. Porque, cuando la planificación se invierte, el sistema se convierte en escenario de disputas y deja de ser instrumento de salud pública. Entonces la crisis deja de ser meramente tecnológica o financiera para revelarse como lo que realmente es: una crisis de orientación y de coherencia entre lo que decimos que es la salud y la forma en que organizamos el sistema para generarla, promoverla y mantenerla.

 

Gestión, politización y parálisis estructural

La Organización Mundial de la Salud ya advertía que la gestión sanitaria exige liderazgo orientado a valores, coherencia estratégica y participación social[10]. Sin embargo, la politización partidista y la instrumentalización del debate sanitario como arma electoral dificultan cualquier reforma estructural profunda.

La salud se ha convertido con demasiada frecuencia en símbolo identitario o en argumento de confrontación parlamentaria. Las decisiones estructurales se posponen para evitar costes políticos inmediatos; las concesiones responden más a presiones coyunturales, de lobbies de presión o sectoriales que a planificación basada en evidencia. Se anuncian refuerzos puntuales, pero se evita revisar la arquitectura organizativa que sostiene los problemas.

Pero, si aceptamos que la crisis es estructural, entonces la pregunta no debe plantearse sobre la base de cuántos profesionales faltan —aunque en determinados contextos falten—, sino qué modelo de sistema queremos construir y cómo redistribuimos capacidades en función de necesidades reales, vulnerabilidad o equidad. Sin rediseño organizativo, cualquier incremento cuantitativo es un parche sobre un modelo agotado.

Porque la planificación sanitaria implica anticipación demográfica, análisis territorial, evaluación de necesidades y redistribución estratégica. Pero cuando el debate se reduce a negociación salarial o ampliación lineal de plazas, el corto plazo sustituye a la visión sistémica.

 

Universidad, reproducción del modelo y mercantilización del conocimiento

En este escenario, además, existe otro agente fundamental que no siempre se tiene en cuenta. La universidad, que desempeña un papel decisivo, sin embargo, queda atrapada en la lógica de adaptación al sistema vigente más que en la misión de transformarlo que debiera ser su principal objetivo.

Las facultades de ciencias de la salud han ido alineando progresivamente sus planes formativos con los requerimientos inmediatos del mercado laboral sanitario. La competencia técnica específica ha ganado peso, mientras la reflexión crítica sobre modelos organizativos, determinantes sociales y morales y dimensión ética del cuidado pierde centralidad. Ya lo advertía el informe de Frenk y colaboradores sobre la transformación de la educación para la salud, cuando insistía en que formar profesionales para un nuevo siglo exige fortalecer la comprensión sistémica y no solo la pericia técnica[11].

El resultado es una paradoja que no debiera ignorarse: profesionales altamente cualificados en el plano técnico, pero formados en marcos que reproducen exactamente los mismos errores que perpetúan el modelo actual. Se aprende a desempeñarse en el sistema tal como es, no a cuestionarlo ni a rediseñarlo[12].

A esta dinámica se suma la mercantilización del conocimiento. La investigación tiende a orientarse hacia líneas tecnológicamente atractivas y financiables, mientras los estudios sobre organización, cuidados fundamentales o modelos comunitarios reciben menor visibilidad y apoyo[13]. Se genera así un circuito de retroalimentación en el que el sistema demanda perfiles adaptados a su estructura actual; la universidad los forma; las organizaciones profesionales defienden su espacio dentro de esa misma estructura. El modelo permanece intacto. Y la sociedad sufre las consecuencias.

 

Ciudadanía, confianza y resultados poblacionales

Pero, a pesar de lo que pueda parecer, la ciudadanía sufre y reconoce sus consecuencias, y eso erosiona progresivamente la confianza. La percepción social de deterioro no surge del desconocimiento, sino de la experiencia cotidiana, entre otras, de consultas breves, itinerarios fragmentados, sensación de anonimato, dificultades de acceso y desigualdades territoriales. La confianza —ese intangible imprescindible— se erosiona cuando la técnica gana precisión, pero el trato pierde calidez.

La OCDE ha insistido en que la sostenibilidad de los sistemas no depende exclusivamente de financiación, sino de eficiencia organizativa y orientación hacia resultados en salud poblacional[14]. Y los resultados poblacionales no se alcanzan únicamente mediante procedimientos técnicos complejos, sino a través de continuidad de la atención y los cuidados, promoción de la salud, prevención, coordinación efectiva y abordaje de determinantes sociales y morales.

La evidencia internacional también es clara en este sentido, identificando que los sistemas con una Atención Primaria fuerte y una adecuada proporción de profesionales comunitarios obtienen mejores resultados en equidad y menor mortalidad evitable[15]. Sin embargo, la reivindicación cuantitativa lineal y persistente—“más profesionales”— rara vez se acompaña de análisis territorial riguroso que identifique dónde, para qué y bajo qué modelo organizativo son necesarios.

 

Desgaste profesional y disonancia ética

A esta ecuación se suma el desgaste emocional. El burnout, ampliamente documentado, refleja la tensión entre expectativas vocacionales y estructuras organizativas rígidas[16]. No se trata únicamente de carga de trabajo, sino de disonancia entre el ideal de atención y de cuidado y la práctica condicionada por tiempos, protocolos y presión productivista.

Muchos profesionales no cuestionan su disposición; cuestionan que el sistema les impida ejercerla conforme a sus convicciones éticas. Sin embargo, esa frustración no siempre se traduce en una demanda de transformación estructural, sino en reivindicaciones sectoriales que alivian síntomas sin modificar causas. Además, el propio sistema rara vez reconoce o incentiva la iniciativa orientada a la mejora, sino que tiende a aplicar lógicas uniformizadoras que igualan sin diferenciar compromiso, innovación o responsabilidad, desincentivando a quienes asumen liderazgo transformador y consolidando, en cambio, dinámicas de mera adaptación.

El conflicto interprofesional, por su parte, añade complejidad. Las disputas por competencias, estatus o liderazgo disciplinar generan ruido y desvían la atención de la finalidad común. La evidencia demuestra que la colaboración interprofesional mejora resultados y reduce eventos adversos[17]. Sin embargo, la cultura jerárquica y la defensa identitaria dificultan su implementación real. El “trabajo en equipo” se invoca con insistentemente como un mantra, pero sin articularlo en estructuras que lo hagan posible. No basta con desearlo ni con reiterarlo como consigna; requiere promoción activa, apoyo organizativo, condiciones que lo faciliten y una exigencia institucional clara que lo sitúe como acción estratégica de mejora tanto para los profesionales como para la población a la que se atiende.

 

Recuperar la orientación: del corporativismo al bien público

En base a todo ello, la pregunta de fondo sigue siendo incómoda:                                                                                            

¿Estamos dispuestos —políticos, gestores, universidades y profesionales— a replantear el sistema desde la ciudadanía y no desde nuestras posiciones de poder?

La transformación no pasa únicamente, aun siendo importante, por aumentar presupuestos o plantillas. Pasa por rediseñar procesos, redistribuir responsabilidades, fortalecer la Atención Primaria y Comunitaria, integrar determinantes sociales y morales, promover participación ciudadana y consolidar liderazgos colaborativos.

Un sistema sanitario no es la suma de sus profesionales. Es la arquitectura que los organiza en torno al propósito común de proteger y mejorar la salud colectiva. Cuando esa arquitectura se subordina a intereses corporativos o electorales, pierde coherencia y orientación.

No estamos, por tanto, ante una crisis de talento ni de conocimiento científico. Estamos ante una crisis de prioridades.

La excelencia tecnológica sin humanización genera distancia.

La especialización sin integración genera fragmentación.

La reivindicación sin planificación genera parálisis.Necesitamos un pacto político, social, profesional, educativo y científico que sitúe la planificación basada en evidencia, equidad y participación como prioridad estructural. Que exija a los responsables políticos visión de Estado. Que demande a las universidades pensamiento crítico y no mera adaptación productiva. Que invite a los profesionales a trascender el corporativismo y asumir un liderazgo sistémico auténtico y que conciencie a la ciudadanía de su corresponsabilidad con su salud y con el sistema.

La crisis no es inevitable. Es consecuencia de decisiones —o de la ausencia de ellas—. Y, como tal, puede revertirse.

Un sistema sanitario no se mide por el brillo de su tecnología ni por la fuerza de sus corporaciones, sino por la confianza que genera, la equidad que garantiza y el cuidado que ofrece.

La pregunta ya no es si estamos en crisis.

La pregunta es si tenemos el coraje colectivo de reordenar nuestras prioridades.

Porque un sistema centrado en sí mismo enferma.

Un sistema centrado en las personas sana.

[1] ^{Teórico empresarial, compositor, economista, ingeniero industrial, consultor de gestión, estadístico y escritor estadounidense (1900-1993).}

[2] ^{World Health Organization. The World Health Report 2008: Primary Health Care – Now More Than Ever. Geneva: WHO; 2008.}

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«El cuidado es una ética de responsabilidad hacia los otros, no una debilidad moral.»

Carol Gilligan[1]

 

 

Mercantilización de la sanidad y erosión del cuidado: cuando la salud deja de ser el centro

Los sistemas públicos de salud atraviesan un momento de tensión estructural que va mucho más allá de los debates coyunturales sobre financiación, listas de espera o modelos organizativos. En el fondo, lo que está en juego es el sentido mismo de la sanidad pública, es decir, si debe orientarse a la promoción y protección de la salud desde una perspectiva integral o si, por el contrario, debe perpetuarse como un modelo asistencialista, productivista y crecientemente mercantilizado, donde la enfermedad se convierte en oportunidad de negocio y el cuidado en un coste prescindible. Este desplazamiento no es accidental ni neutro. Responde a una lógica ideológica que ha ido impregnando de forma progresiva en las políticas sanitarias de numerosos países, con especial incidencia en el contexto iberoamericano, pero también en España, donde la retórica de la eficiencia ha servido con frecuencia para justificar recortes, externalizaciones y una redefinición restrictiva de lo público[2].

Desde esta lógica, la sanidad deja de concebirse como un derecho social y pasa a entenderse como un servicio susceptible de generar rentabilidad²[3]. La consecuencia inmediata es una reorientación del sistema hacia aquello que resulta medible, facturable y rentable a corto plazo, en detrimento de intervenciones complejas, longitudinales y comunitarias que sostienen la salud a medio y largo plazo[4]. La promoción de la salud, la prevención, el abordaje de los determinantes sociales y morales o el acompañamiento de la cronicidad pierden centralidad frente a una atención focalizada en episodios agudos, procedimientos técnicos y actos clínicos de alto impacto económico. En este contexto, la salud queda subordinada a la enfermedad y la curación desplaza al cuidado como eje vertebrador del sistema[5].

Este giro tiene implicaciones profundas en términos de equidad. La evidencia muestra de forma consistente que los sistemas más orientados al mercado generan mayores desigualdades en el acceso, peores resultados en poblaciones vulneradas y una segmentación progresiva de la atención[6]. Se consolida así un modelo dual. Una sanidad privada de alta intensidad tecnológica y bajo compromiso comunitario para quienes pueden pagarla, y una sanidad pública tensionada, infrafinanciada y sobrecargada para el resto[7]. Este escenario no solo incrementa la morbi-mortalidad evitables, sino que erosiona la cohesión social y debilita la legitimidad de lo público como bien común[8].

En paralelo, la mercantilización refuerza modelos jerárquicos y disciplinarmente asimétricos. Al priorizar la producción de actos clínicos y la lógica del rendimiento individual, se revaloriza el modelo médico-centrista y se invisibilizan aportaciones fundamentales de otras disciplinas, especialmente aquellas vinculadas al cuidado, la continuidad de la atención y los cuidados y el trabajo comunitario[9]. Las enfermeras, pese a la robusta evidencia que demuestra su impacto positivo en resultados de salud, seguridad de las personas y eficiencia del sistema, continúan siendo situadas en posiciones subordinadas cuando el cuidado deja de ser considerado una inversión estratégica[10].

Nada de esto ocurre sin que genere consecuencias. La mercantilización no solo transforma la organización de los servicios, sino también los marcos culturales desde los que se interpreta qué es la salud, quién tiene autoridad para definirla y qué prácticas merecen reconocimiento social. Cuando el sistema se orienta casi exclusivamente a curar, diagnosticar y prescribir, el cuidado se diluye, se banaliza o se delega fuera del espacio sanitario, perdiendo su potencia transformadora. Recuperar una sanidad pública fuerte, equitativa y centrada en las personas exige, por tanto, cuestionar de raíz estos desplazamientos y volver a situar el cuidado —profesional, comunitario y éticamente comprometido— en el centro del proyecto sanitario[11].

 

Profesionalismo, jerarquía y conflicto: cuando la exclusividad se impone a la colaboración

La deriva mercantilizadora de los sistemas sanitarios no solo impacta en su orientación y en sus resultados en salud; también reconfigura las relaciones interprofesionales y tensiona los equilibrios históricos entre disciplinas. En este contexto, emergen con fuerza discursos que reivindican la exclusividad, la diferencia normativa y la jerarquización profesional como supuestos mecanismos de protección frente a la precarización. Sin embargo, lejos de fortalecer el sistema, estas estrategias tienden a fragmentarlo, deteriorando la convivencia interprofesional y debilitando la calidad de la atención[12].

La reciente controversia en torno a la reforma en España del Estatuto Marco de los profesionales de la salud ilustra con claridad este fenómeno. Más allá de reivindicaciones laborales legítimas —condiciones de trabajo, retribuciones, estabilidad o reconocimiento—, el colectivo médico ha planteado la necesidad de un marco estatutario propio y diferenciado, sustentado en una supuesta singularidad profesional que justificaría un tratamiento normativo exclusivo. Este planteamiento no se apoya en evidencias comparadas sólidas ni en modelos internacionales de éxito, sino en una concepción corporativa del poder profesional, difícilmente compatible con sistemas de salud modernos, complejos e interdependientes[13].

La literatura científica es clara al respecto. Los sistemas sanitarios con mejores resultados en salud, equidad y eficiencia son aquellos que fomentan la colaboración interprofesional, reconocen la complementariedad de saberes y distribuyen la autoridad en función de competencias, no de jerarquías históricas[14]. Cuando se institucionaliza la diferencia como privilegio y no como aportación específica, se generan dinámicas de exclusión que afectan tanto al clima laboral como a la experiencia de las personas atendidas. La fragmentación profesional no es un problema interno de los equipos, tiene consecuencias directas sobre la seguridad, la continuidad de la atención y los cuidados y la capacidad de respuesta a problemas complejos[15].

En este escenario, las enfermeras ocupan una posición especialmente sensible. Pese a su desarrollo académico, científico e investigador y competencial, y a la evidencia acumulada sobre su impacto en resultados de salud, comunitarios y organizativos, siguen siendo objeto de discursos que cuestionan su autonomía y su autoridad profesional. No se trata únicamente de un conflicto identitario, sino de una disputa por el modelo de sistema sanitario, uno centrado en la intervención puntual y la medicalización, frente a otro orientado al cuidado, la continuidad y la atención integral, integrada e integradora[16].

El deterioro de la convivencia interprofesional tiene además un efecto perverso, ya que alimenta la desafección profesional y favorece la migración —real o simbólica— hacia el sector privado, presentado como un espacio de mayor reconocimiento y control. Sin embargo, buena parte de la oferta sanitaria privada reproduce e incluso intensifica los mismos esquemas jerárquicos y productivistas, al tiempo que se beneficia de un sistema público debilitado que actúa como red de seguridad para los casos complejos y menos rentables[17]. Esta dinámica no solo es injusta, sino insostenible desde una perspectiva de salud pública.

Frente a ello, resulta imprescindible recuperar una noción de profesionalismo basada en la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la centralidad de las personas. La defensa de lo público no puede construirse desde trincheras corporativas ni desde la exclusión normativa, sino desde marcos comunes que reconozcan la diversidad disciplinar como fortaleza. Avanzar hacia sistemas de salud verdaderamente integrales exige abandonar las lógicas de poder heredadas y apostar decididamente por modelos interprofesionales que sitúen el cuidado —y no la jerarquía— como principio organizador[18],[19].

Medios de comunicación, imaginario sanitario y la hegemonía de lo médico-técnico

Si la mercantilización y las tensiones interprofesionales configuran la arquitectura interna de los sistemas sanitarios, los medios de comunicación desempeñan un papel decisivo en la construcción del imaginario social que los legitima. No se trata solo de qué se informa, sino de cómo se informa, desde qué marcos simbólicos y a quién se otorga autoridad para definir qué es la salud, quién la produce y cómo debe protegerse. En este terreno, el predominio de una mirada médico-técnica no es casual: responde a una larga tradición cultural que asocia la salud casi exclusivamente con el diagnóstico, la intervención y la curación, relegando el cuidado a un segundo plano, cuando no a la invisibilidad[20].

La cobertura mediática de los asuntos sanitarios suele privilegiar la espectacularidad tecnológica, los avances farmacológicos o las figuras profesionales asociadas al acto curativo, mientras que los procesos de acompañamiento, promoción de la salud, prevención, o atención comunitaria apenas encuentran espacio narrativo. Esta asimetría no solo distorsiona la percepción social de cómo se construye realmente la salud, sino que refuerza una visión reduccionista que identifica la eficacia sanitaria con la intervención puntual y altamente especializada[21]. El resultado es un relato incompleto que empobrece el debate público y limita la comprensión de los verdaderos retos sanitarios contemporáneos.

Esta lógica mediática tiene efectos acumulativos. Al reiterar una y otra vez los mismos protagonistas, lenguajes y enfoques -incluso de plataformas consideradas progresistas-, se consolida una jerarquía simbólica que naturaliza la subordinación de los cuidados y de quienes los prestan. Las enfermeras, pese a su presencia mayoritaria en el sistema y a su contacto continuado con las personas, sigue siendo representada de forma marginal, estereotipada o directamente ausente en los discursos mediáticos dominantes, sin que además rectifiquen cuando se les informa aportando evidencias de su reiterado sesgo[22]. Además, cuando puntualmente aparecen, suelen hacerlo asociándolas a valores vocacionales, emocionales o auxiliares, raramente como profesionales y científicas con capacidad de liderazgo, análisis y toma de decisiones.

Este desequilibrio narrativo no es inocuo. La literatura muestra que la forma en que los medios representan a las profesiones de la salud influye tanto en la percepción social de su valor como en las decisiones políticas y presupuestarias que les afectan[23]. Lo que no se nombra, no se mide; lo que no se visibiliza, no se prioriza. Así, la escasa presencia del cuidado en el espacio mediático contribuye a su infrafinanciación, a su menor reconocimiento institucional y a la dificultad para avanzar hacia modelos de atención más integrales y comunitarios.

Además, la fascinación por la técnica y medicalización encaja perfectamente con los intereses de un mercado sanitario en expansión. La sanidad privada encuentra en este relato un terreno fértil para promocionar servicios de alta tecnología, diagnósticos rápidos y soluciones individualizadas, presentadas como sinónimo de calidad y modernidad[24]. Frente a ello, los cuidados —menos visibles, menos espectaculares y excluidos del mercantilismo, aunque incluyan como parte del marketing empresarial— son percibidos como un gasto o una carga, cuando en realidad constituyen uno de los principales determinantes de resultados en salud, especialmente en contextos de cronicidad, envejecimiento y vulnerabilidad social[25].

Romper esta hegemonía simbólica exige una revisión profunda de los marcos desde los que se comunica la salud. No se trata de sustituir un protagonismo por otro, sino de ampliar el relato, incorporando miradas que reconozcan la complejidad de los procesos de salud-enfermedad-cuidado y la contribución imprescindible de todas las disciplinas. Recuperar el valor del cuidado en el espacio público implica también disputar el sentido común dominante y reivindicar una narrativa que sitúe a las personas, sus contextos y sus vínculos en el centro de la atención sanitaria[26].

 

Lenguaje, poder y cuidado: cuando las palabras también organizan la sanidad

El lenguaje no es un elemento neutro en salud. Nombrar es ordenar, jerarquizar y otorgar sentido. Los términos que utilizamos para describir la práctica sanitaria, las profesiones y sus aportaciones no solo reflejan una realidad preexistente, sino que contribuyen activamente a construirla. Por ello, las disputas contemporáneas en torno a los modelos de atención, la autoridad profesional y el papel de los cuidados no pueden entenderse sin atender al poder simbólico del lenguaje y a su capacidad para legitimar o invisibilizar determinadas prácticas[27].

En un contexto globalizado, dominado por la producción académica y discursiva anglosajona, es frecuente que conceptos, lemas y marcos interpretativos se trasladen de manera casi literal a otros espacios culturales. Sin embargo, esta traslación no siempre es inocua e inocente. Cuando los términos se descontextualizan y se aplican sin una mediación cultural adecuada, corren el riesgo de perder su sentido original, generar confusión o incluso alimentar tensiones no deseadas. Esto es especialmente relevante en el ámbito iberoamericano, donde las tradiciones en torno a la salud y los cuidados, los modelos profesionales y las relaciones interdisciplinares presentan especificidades históricas y culturales propias[28].

Por ejemplo, el lema elegido por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) para el próximo Día Internacional de la Enfermera—“Las enfermeras empoderadas salvan vidas”— ofrece un buen ejemplo de esta complejidad. Más allá de la segura intención positiva que lo inspira, su traducción literal introduce términos que, en determinados contextos, pueden resultar problemáticos. El concepto de empoderamiento, ampliamente utilizado en el ámbito anglosajón, no siempre encuentra un encaje claro en el discurso sanitario iberoamericano, donde con frecuencia se asocia a la adquisición de poder en clave competitiva o confrontativa, más que a procesos colectivos de fortalecimiento profesional y social[29].

Algo similar ocurre con la expresión salvar vidas. Aunque en un sentido amplio puede entenderse como una metáfora del impacto positivo de los cuidados en la salud y el bienestar, su uso acrítico tiende a reforzar una narrativa heroica y excepcional que históricamente ha sido apropiada por el modelo curativo y médico-centrista. En lugar de visibilizar el valor del cuidado cotidiano, sostenido y relacional, corre el riesgo de ser interpretada como una disputa simbólica por un territorio que muchos consideran exclusivo de la intervención médica, desplazando el debate hacia lógicas de poder que poco aportan a la mejora de la atención[30].

Este tipo de desajustes lingüísticos adquiere mayor relevancia cuando se producen en el seno de organizaciones internacionales con amplia capacidad de influencia global. El hecho de que la presidencia actual del CIE recaiga en un profesional procedente del ámbito hispanohablante debería interpretarse como una oportunidad para cuidar especialmente estas mediaciones culturales, no solo en términos de traducción, sino de adecuación conceptual y estratégica. En un escenario de creciente tensión interprofesional, el lenguaje no puede ser un elemento accesorio, al tratarse de una herramienta política con efectos reales sobre la percepción social, la cohesión profesional y la acción colectiva[31].

Lejos de rechazar el lema o de reducir el debate a una cuestión terminológica, resulta más productivo releerlo desde el paradigma del cuidado y de la salud comunitaria. Las enfermeras no “salvan vidas” en el sentido excepcional del acto heroico, sino que sostienen vidas, las acompañan, las protegen y las hacen más vivibles, además de acompañar también en el vinal de la vida y en el duelo que generas, especialmente en contextos de vulnerabilidad, cronicidad y desigualdad. Su aportación no reside en la conquista de poder frente a otros, sino en el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas para vivir con mayor salud, dignidad y autonomía[32].

Cuidar el lenguaje es, en definitiva, cuidar el modelo de salud que se quiere promover. Si se aspira a sistemas sanitarios más humanos, integrales y equitativos, resulta imprescindible abandonar traducciones automáticas y marcos simbólicos heredados que refuerzan jerarquías obsoletas. Solo desde un uso consciente, situado y éticamente comprometido del lenguaje será posible avanzar hacia una cultura sanitaria donde el cuidado deje de ser explicado a la defensiva y pase a ocupar, sin ambigüedades, el lugar central que le corresponde[33].

 

Salud comunitaria, cuidados y futuro: lo que está en juego no es una profesión, sino un modelo de sociedad

Todo lo analizado hasta aquí —la mercantilización de la sanidad, la fragmentación interprofesional, la hegemonía de lo médico-técnico en el imaginario social y la disputa simbólica en torno al lenguaje— converge en un punto central, el cuestionamiento del modelo de salud que queremos como sociedad[34].

La salud comunitaria representa, en este sentido, un espacio especialmente vulnerable, pero también estratégico. Vulnerable porque sus resultados no siempre son inmediatos, visibles o fácilmente cuantificables; estratégico porque es precisamente ahí donde se abordan los determinantes sociales, morales, relacionales y contextuales que explican la mayor parte de los problemas de salud contemporáneos[35]. Cuando los sistemas sanitarios se debilitan, cuando lo público se repliega y cuando el cuidado pierde centralidad, es la salud comunitaria la primera en ser sacrificada.

La evidencia internacional es clara en este sentido. Los países con sistemas de atención primaria fuertes, con una orientación comunitaria real y con enfermeras autónomas, competentes y reconocimiento, obtienen mejores resultados en salud, y una utilización más racional de los recursos[36],[37]. No es una cuestión ideológica, sino empírica. Sin embargo, estos modelos requieren una apuesta política sostenida y una ruptura consciente con las lógicas corporativistas que fragmentan la atención y concentran el poder y por ende el empoderamiento en unos pocos actores.

En este escenario, el liderazgo de los cuidados por parte de las enfermeras emerge no como una amenaza, sino como una necesidad sistémica. Liderar cuidados no significa desplazar a otras profesiones ni apropiarse de competencias que no les corresponden -como reiteradamente y de manera maliciosa se quiera hacer creer-, sino asumir con responsabilidad y legitimidad aquello para lo que están mejor preparadas: coordinar la atención, garantizar la continuidad, acompañar procesos complejos y articular respuestas integrales centradas en las personas, las familias y las comunidades[38]. Negar este liderazgo no debilita solo a la enfermería; debilita al sistema en su conjunto.

Persistir en modelos jerárquicos, en normativas excluyentes o en discursos que refuerzan la excepcionalidad de unos frente a la complementariedad de otros conduce inevitablemente a sistemas menos humanos, menos eficaces y más injustos. La historia reciente demuestra que la competencia entre profesiones no mejora la atención, mientras que la cooperación basada en el reconocimiento mutuo sí lo hace[39]. La interprofesionalidad no puede ser tan solo una etiqueta de conveniencia, debe traducirse en marcos normativos, reguladores, organizativos y culturales que la hagan posible.

Defender sistemas nacionales de salud públicos, potentes y orientados a la comunidad implica, por tanto, defender una ética del cuidado frente a la lógica del beneficio, una gobernanza compartida frente a la jerarquía cerrada y una concepción de la salud como bien común frente a su mercantilización progresiva[40].

Si algo ha puesto de manifiesto este momento de tensión es que sin cuidados no hay salud, y sin sistemas públicos que los protejan y los sitúen en el centro, no hay cohesión social ni democracia sanitaria, ni empoderamiento real. Reconocerlo no debería ser motivo de conflicto, sino el punto de partida para reconstruir, desde la responsabilidad compartida, un modelo de atención que vuelva a poner la vida —toda la vida— en el centro[41].

[1] ^{Feminista, filósofa y psicóloga estadounidense. (1936).}

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