TRADICIÓN, EXCLUSIÓN Y SILENCIO INSTITUCIONAL La normalidad del machismo

 

            Vivimos en un país que se presenta a sí mismo como moderno, avanzado y democrático. Un país que afirma defender la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Un país que se reconoce diverso, respetuoso e inclusivo. Ese es el relato que repetimos y del que, en buena medida, nos sentimos orgullosos. Pero la cuestión no es lo que decimos ser, sino lo que realmente somos cuando nuestras decisiones nos retratan sin artificios.

            El lenguaje permite construir realidades aparentes. Permite revestir de valores comportamientos que, en esencia, los contradicen. Permite utilizar términos como tradición, cultura o identidad para justificar prácticas que, fuera de ese contexto, serían claramente identificadas como lo que son, inadmisibles.

            Lo ocurrido recientemente en la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto es un ejemplo evidente. La negativa a permitir que las mujeres desfilen en sus procesiones no es opinable ni interpretable. Es lo constatable. Una decisión adoptada por hombres —solo por hombres— que excluye a las mujeres de un espacio de participación pública. Eso no es tradición. Es misoginia. Es desprecio hacia las mujeres y una negación explícita de su derecho a participar en igualdad.

            El caso de El Campello, donde los festeros de Moros y Cristianos han impedido que las mujeres puedan ejercer como embajadoras, responde a la misma lógica. De nuevo, la exclusión presentada como costumbre. De nuevo, el machismo disfrazado de identidad cultural.

            No estamos ante hechos aislados. Forman parte de un entramado que sigue reproduciendo estructuras claramente patriarcales. Se invoca la tradición como si fuera un valor incuestionable, cuando en realidad no es más que la cristalización de prácticas sociales que deben revisarse, especialmente cuando vulneran derechos fundamentales. Porque no todo lo heredado es legítimo, y mucho menos cuando implica desigualdad.

            Pero si estos comportamientos son graves, lo que los hace aún más preocupantes es la reacción —o la ausencia de ella— de las instituciones públicas.

            En Sagunto, el Ayuntamiento ha mostrado su preocupación no por la exclusión de las mujeres, sino por el posible impacto en la declaración como fiesta de interés turístico nacional. Es decir, lo que preocupa no es la discriminación, sino sus consecuencias económicas. No es la igualdad, es la imagen. No es el derecho, es el negocio. Esta posición no es neutral: es alinearse con quienes discriminan.

            En El Campello, el silencio institucional es igualmente elocuente. Un Ayuntamiento que financia con dinero público a los festeros decide no intervenir y se escuda en que son entidades privadas. Pero esta justificación no se sostiene. Cuando hay financiación pública, hay responsabilidad pública. Y cuando no se actúa ante una discriminación evidente, no se respeta la autonomía: se tolera la desigualdad.

            Pero aún hay más. En estos conflictos, cualquier respuesta argumentada es interpretada como un ataque. Se invierte la lógica. Quienes denuncian son señalados, mientras quienes discriminan se presentan como víctimas. Una distorsión que protege posiciones de privilegio.

            El problema no es solo lo que ocurre, sino cómo se justifica. Se recurre a eufemismos y argumentos identitarios para desactivar el análisis crítico. Pero cuando se elimina esa retórica, lo que queda es claro, mujeres excluidas por el hecho de ser mujeres.

            Todo esto no es inocuo. Estas decisiones no son solo simbólicas. Refuerzan una cultura en la que la desigualdad se normaliza. Alimentan un marco en el que el machismo se adapta y se perpetúa. Y ese mismo marco es el que permite que la violencia contra las mujeres siga existiendo.

            Porque el machismo no empieza con la violencia, pero la sostiene. No empieza con el asesinato, pero lo hace posible. Cada exclusión, cada discriminación tolerada, cada silencio institucional contribuye a mantener un sistema en el que las mujeres siguen siendo consideradas ciudadanas de segunda.

            Y mientras tanto, la violencia de género sigue presente, con cifras que cada año nos recuerdan que no se trata de un problema resuelto. Mujeres asesinadas, menores víctimas de violencia vicaria, entornos que reproducen modelos de dominación. Pensar que todo esto es ajeno a decisiones como las descritas es, sencillamente, una forma de negación.

            Pero no solo es inadmisible el comportamiento de las instituciones públicas. También lo es la aceptación social de estos hechos como si no fueran con nosotros. Naturalizarlos, mirar hacia otro lado, restarles importancia o justificarlos en nombre de la tradición es otra forma de respaldo. Un respaldo que fortalece aquello que debería ser denunciado, rechazado y combatido con claridad, la discriminación.

            Por eso es imprescindible dejar de esconder la realidad tras discursos complacientes. No es religión. No es cultura. No es tradición. Es misoginia. Es desprecio. Es falta de respeto hacia las mujeres.

            Y lo es también cuando se maquilla con declaraciones institucionales, minutos de silencio o comunicados sin consecuencias. Porque no basta con denunciar. No basta con lamentar. No basta con decir que no se comparte.

LA ÉTICA DEL CUIDADO EN EL ÁMBITO COMUNITARIO DE ENFERMERÍA

                                                                                                        “El cuidado nunca es neutral; siempre implica decisiones sobre quién importa y cómo.”

Joan Tronto[1]

 La falacia del cuidado ético por definición.

Cuando cuidar se confunde con hacer

            En la formación enfermera —y esto atraviesa tanto a estudiantes como a docentes— se ha instalado una idea que rara vez se cuestiona: el cuidado enfermero es ético por naturaleza. Esta afirmación, que funciona casi como un axioma identitario de la profesión, cumple una doble función. Por un lado, dignifica el cuidado frente a otros saberes sanitarios; por otro, libera al profesional de la incomodidad de preguntarse continuamente por la dimensión moral de lo que hace. Y es precisamente ahí donde radica su peligro.

Asumir que el cuidado es ético “per se” implica confundir el objeto del trabajo enfermero con la calidad moral del acto. Cuidar, en este marco, se convierte en sinónimo de hacer algo por alguien que lo necesita, independientemente de cómo se defina esa necesidad, quién la haya identificado o qué efectos tenga la intervención en la vida concreta de la persona o de la comunidad. Esta confusión no es menor: es el terreno fértil donde el cuidado puede transformarse en control, imposición o sustitución, sin dejar de ser reconocido institucional y socialmente como “buen cuidado”.

Desde la ética biomédica clásica, Beauchamp y Childress ya advertían que la corrección técnica o la buena intención no garantizan por sí mismas la moralidad de una acción sanitaria[2]. Un procedimiento puede estar bien indicado, ejecutado conforme a protocolo y, aun así, vulnerar la autonomía, invisibilizar valores culturales o reforzar desigualdades[3].

Cuando esto ocurre, ¿seguimos hablando de cuidado o simplemente de intervención profesional?

En la práctica cotidiana —y especialmente en la comunitaria— abundan ejemplos de cuidados que se prestan sin una reflexión ética explícita: programas de educación para la salud que infantilizan a la población, intervenciones preventivas que no consideran el contexto socioeconómico, indicaciones de autocuidado que trasladan la responsabilidad del sistema al individuo[4],[5]. Son cuidados “bienintencionados”, incluso eficaces en términos biomédicos, pero éticamente problemáticos.

La dificultad reside en que estos cuidados no suelen percibirse como éticamente cuestionables. Al contrario: se legitiman precisamente porque son cuidados. Esta lógica circular —es ético porque es cuidado, y es cuidado porque lo hace una enfermera— clausura cualquier posibilidad de análisis crítico y convierte la ética en una etiqueta identitaria, no en una práctica reflexiva[6].

Aquí es donde resulta imprescindible recuperar la pregunta incómoda: ¿todo lo que hacemos en nombre del cuidado puede considerarse ético? Si la respuesta se da por supuesta, la ética deja de ser una exigencia y se convierte en un adorno discursivo. Y cuando la ética no se ejerce, no desaparece: se diluye, se invisibiliza y se subordina a otros intereses, como la eficiencia, la productividad o la obediencia institucional[7].

Joan Tronto es especialmente clara al respecto: el cuidado no es moralmente neutro, porque siempre se ejerce en relaciones asimétricas de poder[8]. Quien cuida define, explícita o implícitamente, qué es una necesidad, cómo debe atenderse y cuándo se considera satisfecha. Negar esta dimensión política del cuidado equivale a negar la necesidad misma de la ética.

En el ámbito formativo, esta falacia tiene consecuencias profundas. Cuando enseñamos a cuidar sin enseñar a pensar éticamente el cuidado, formamos profesionales técnicamente competentes, pero moralmente acríticos[9]. Estudiantes que aprenden a “hacer lo correcto” sin preguntarse si lo correcto es también lo justo, lo respetuoso o lo emancipador. Docentes que evalúan procedimientos, pero no procesos morales; resultados, pero no impactos éticos[10].

Aceptar que el cuidado no es ético por definición no debilita a la enfermería. Al contrario: la fortalece. Porque obliga a reconocer que la ética no es un atributo automático del cuidado, sino una conquista cotidiana, frágil, revisable y siempre situada[11].

Ética y cuidado no son sinónimos

Confundirlos empobrece la enfermería

Si aceptar que no todo cuidado es ético resulta incómodo, aún lo es más reconocer que ética y cuidado no son conceptos equivalentes, aunque en el discurso enfermero se utilicen con frecuencia como si lo fueran. Esta identificación acrítica ha contribuido a construir una imagen moralmente idealizada de la profesión, pero también ha empobrecido su capacidad de análisis y autocrítica[12].

En la formación enfermera, la ética suele presentarse como un añadido: una asignatura, un módulo transversal, un código deontológico que se memoriza y se cita cuando surge un conflicto[13]. El cuidado, en cambio, aparece como el núcleo duro de la identidad profesional, algo que “ya es bueno en sí mismo”. El resultado de esta división es paradójico: se enseña ética sin cuidado y cuidado sin ética.

Desde la ética normativa clásica, la moralidad de una acción se evalúa a partir de principios generales —autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia— que orientan la toma de decisiones1. Este enfoque ha sido fundamental para dotar a las profesiones sanitarias de marcos de referencia compartidos, pero presenta límites evidentes cuando se aplica de manera descontextualizada, especialmente en escenarios comunitarios[14].

La ética del cuidado surge precisamente como una crítica a esa abstracción. Carol Gilligan mostró que los dilemas morales no siempre se resuelven aplicando principios universales, sino atendiendo a las relaciones concretas y a la responsabilidad que emerge en ellas3,[15]. Desde esta perspectiva, lo ético no se define solo por la corrección de la decisión, sino por la calidad moral del vínculo que se establece.

Sin embargo, aquí aparece un riesgo importante: suponer que toda relación de cuidado es, por definición, ética. Gilligan no afirma que cuidar sea siempre moralmente correcto, sino que la moralidad se construye en la atención al otro y en la responsabilidad asumida frente a su vulnerabilidad14. Cuando esta atención se sustituye por rutina, cuando la responsabilidad se diluye en el protocolo o cuando el vínculo se instrumentaliza, el cuidado pierde su densidad ética.

Joan Tronto profundiza en esta cuestión al señalar que el cuidado es una práctica social y política, no solo interpersonal2,[16]. Cuidar implica decidir qué necesidades cuentan, quién debe atenderlas y con qué recursos. Estas decisiones nunca son neutras y, de hecho, pueden reproducir desigualdades si no se someten a una reflexión ética explícita. Confundir cuidado con ética impide precisamente esta reflexión, porque invisibiliza el poder que atraviesa todo acto de cuidado.

En enfermería comunitaria, esta confusión adquiere una relevancia especial. El cuidado se despliega en contextos donde las necesidades no son individuales, sino colectivas; donde los valores no son homogéneos; donde las intervenciones afectan a dinámicas sociales complejas5,6. En este escenario, actuar “con buena intención” o “desde el rol profesional” no garantiza una práctica ética. Al contrario: puede legitimar intervenciones que, bajo la apariencia de cuidado, imponen modelos de vida, normas de salud o expectativas ajenas a la comunidad7.

Jean Watson aporta aquí un matiz clave al entender el cuidado como un acto moral intencional, no como una simple respuesta técnica a una necesidad (4). Para Watson, el cuidado exige conciencia, presencia y elección ética. Cuando estas dimensiones desaparecen, lo que queda es una acción funcional, pero no un acto de cuidado en sentido pleno.

La distinción entre cuidado y ética no busca separarlos, sino articularlos críticamente. El cuidado necesita de la ética para no convertirse en una práctica paternalista o invasiva; la ética necesita del cuidado para no quedarse en un ejercicio abstracto, desconectado de la vida real de las personas8. Cuando se confunden, ambos se debilitan: el cuidado se vacía de reflexión y la ética se reduce a discurso.

En el ámbito docente, esta confusión se traduce en planes de estudio donde se evalúa la adquisición de competencias técnicas con gran precisión, mientras que la competencia ética se da por supuesta o se aborda de manera marginal12. Se forman estudiantes capaces de explicar qué es la ética del cuidado, pero no necesariamente de practicar un cuidado éticamente reflexivo en contextos complejos9.

Reconocer que ética y cuidado no son lo mismo obliga a un cambio profundo en cómo enseñamos y aprendemos enfermería. Implica asumir que el cuidado no es automáticamente bueno, que requiere ser pensado, cuestionado y revisado. Solo así puede convertirse en una práctica verdaderamente ética y no en una rutina moralmente cómoda10.

La especificidad ética de la enfermería comunitaria

Diversidad, poder y cuidado situado

Hablar de ética del cuidado en enfermería comunitaria exige, antes que nada, reconocer que lo comunitario no es un simple cambio de escenario, sino un cambio profundo en la naturaleza misma del cuidado. No se trata de cuidar “fuera del hospital”, sino de cuidar en un espacio donde las necesidades, los valores y los significados de la salud y la enfermedad no están previamente definidos por la institución sanitaria, sino que se construyen social y culturalmente[17].

La comunidad no es homogénea ni estática. Es diversa, cambiante y, en muchos casos, atravesada por tensiones internas. En ella conviven distintas formas de entender la salud, diferentes prácticas de cuidado, creencias, tradiciones y condicionantes materiales que influyen directamente en la capacidad de las personas para cuidarse y ser cuidadas. Pretender intervenir en este contexto desde modelos cerrados, universales y descontextualizados no solo es ineficaz, sino éticamente cuestionable.

La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que los determinantes sociales de la salud —como el nivel socioeconómico, la educación, el entorno o el acceso a recursos— condicionan de manera decisiva los resultados en salud4. Sin embargo, en la práctica, estos determinantes se abordan con frecuencia como variables explicativas, pero no como elementos que exigen una respuesta ética diferenciada.

Desde la epidemiología crítica, autores como Jaime Breilh han señalado que los problemas de salud no pueden entenderse al margen de las estructuras sociales que los generan[18]. Intervenir sin considerar estas estructuras puede llevar a responsabilizar a las personas de situaciones que escapan a su control, trasladando la carga del cuidado al individuo sin ofrecerle las condiciones reales para ejercerlo.

En este sentido, el cuidado comunitario puede convertirse, si no se reflexiona críticamente, en una forma de control social. Programas que promueven estilos de vida “saludables” sin tener en cuenta las condiciones de vida reales, intervenciones educativas que prescriben conductas sin diálogo, recomendaciones que ignoran la diversidad cultural… todo ello puede generar rechazo, frustración o culpabilización, aunque se presente bajo la etiqueta de cuidado[19].

Aquí es donde la ética del cuidado adquiere una dimensión específica en el ámbito comunitario: la necesidad de situarse. No basta con aplicar principios generales; es necesario comprender el contexto, escuchar activamente y reconocer que el otro —persona, familia o comunidad— es portador de saberes, valores y experiencias que deben ser incorporados al proceso de cuidado[20].

Joan Tronto plantea que el cuidado ético implica no solo atender necesidades, sino hacerlo de manera competente, responsable y sensible a la respuesta de quien recibe el cuidado2. En el ámbito comunitario, esta última dimensión es especialmente relevante. Si la comunidad no se reconoce en las intervenciones, si no participa en su diseño o si no puede apropiarse de ellas, el cuidado fracasa, tanto en términos prácticos como éticos.

Esto obliga a repensar el papel de la enfermera comunitaria. Ya no como una profesional que identifica necesidades y aplica soluciones, sino como una agente que facilita procesos, acompaña, dialoga y construye conjuntamente respuestas. Este cambio no es solo metodológico; es profundamente ético.

Porque implica renunciar a posiciones de poder incuestionado, asumir la incertidumbre y aceptar que no siempre existe una única forma correcta de cuidar. Implica, en definitiva, reconocer que el cuidado no se impone: se negocia, se adapta y se construye en relación.

Desde esta perspectiva, la enfermería comunitaria no puede aspirar a la neutralidad. Toda intervención implica una toma de posición, una priorización de necesidades y una determinada forma de entender la salud. Reconocerlo es el primer paso para ejercer un cuidado ético. Negarlo es, precisamente, lo que abre la puerta a intervenciones que, bajo una apariencia técnica o científica, reproducen desigualdades o imponen modelos ajenos a la realidad de las personas13.

En la formación enfermera, sin embargo, esta complejidad no siempre se aborda con la profundidad necesaria. Se enseña a planificar, ejecutar y evaluar intervenciones, pero rara vez se profundiza en quién define los problemas, desde qué marco conceptual y con qué implicaciones éticas. El riesgo es formar profesionales competentes en la técnica, pero limitados en la reflexión crítica.

Cuidar en la comunidad exige, por tanto, una ética capaz de sostener la diversidad, de reconocer el conflicto y de situar el cuidado en el contexto real de las personas. Una ética que no se limite a evitar el daño, sino que aspire a promover justicia, equidad y participación.

Cuidado ético, autocuidado y empoderamiento

Una ética que se aprende, se transfiere y se comparte

                       Uno de los riesgos más frecuentes en la práctica comunitaria es entender el autocuidado como una simple extensión del cuidado profesional: una serie de indicaciones que las personas deben seguir de forma correcta y responsable. Desde esta lógica, el autocuidado se convierte en una transferencia de tareas, no en un proceso de autonomía. Se prescribe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, pero no necesariamente se construye el sentido de ese cuidado ni se facilita su apropiación real[21].

            Sin embargo, si aceptamos que el cuidado es una práctica ética situada, el autocuidado no puede quedar reducido a una dimensión técnica o conductual. El autocuidado implica capacidad de decisión, comprensión del propio proceso de salud y reconocimiento del valor personal. No es solo una acción, es una posición frente a la propia vida.

            Desde la ética del cuidado, cuidar éticamente no significa hacer por el otro lo que el otro no puede hacer, sino crear las condiciones para que pueda hacerlo por sí mismo sin quedar abandonado2. Esta distinción es fundamental. Cuando el cuidado sustituye de forma sistemática al autocuidado, genera dependencia. Cuando lo promueve sin acompañamiento, genera desprotección. El equilibrio entre ambos no es técnico, es ético.

            Joan Tronto señala que el cuidado se completa cuando quien lo recibe puede responder a él, aceptarlo o transformarlo2. En el ámbito comunitario, esta capacidad de respuesta se traduce en participación activa, en toma de decisiones compartidas y en apropiación de los procesos de salud. Sin esta dimensión, el cuidado se convierte en una acción unilateral, aunque esté bien intencionada.

            En este punto, la aportación de Paulo Freire resulta especialmente relevante. Desde su pedagogía crítica, plantea que educar no es transferir conocimiento, sino generar las condiciones para su construcción conjunta[22]. Aplicado al ámbito de la salud, esto implica abandonar modelos educativos verticales y apostar por procesos dialógicos donde las personas no son receptoras pasivas, sino sujetos activos del cuidado.

            El concepto de empoderamiento ha sido ampliamente utilizado en salud, pero no siempre bien comprendido. Empoderar no es convencer al otro de que haga lo que consideramos adecuado, sino reconocer su capacidad para decidir, incluso cuando esa decisión no coincide plenamente con nuestras expectativas profesionales. Supone, en muchos casos, renunciar al control y aceptar la incertidumbre.

            La Organización Panamericana de la Salud ha destacado la participación social como un eje fundamental de la promoción de la salud8. Sin embargo, en la práctica, esta participación se limita con frecuencia a la adhesión a programas ya diseñados. Se invita a participar, pero no a decidir. Se escucha, pero no siempre se incorpora lo escuchado. En estos casos, el autocuidado se instrumentaliza y pierde su dimensión ética.

            Desde el punto de vista formativo, esta tensión también está presente. Se enseña a las y los estudiantes a “educar para la salud”, pero rara vez se les forma para escuchar, negociar o compartir decisiones. Se prioriza la transmisión de contenidos frente a la construcción de procesos. El resultado es un modelo de cuidado que, aunque bien estructurado, puede resultar poco transformador[23].

            Cuidar éticamente en la comunidad implica asumir que la ética del cuidado no pertenece exclusivamente a la enfermera. Es una ética compartida, que se construye en la relación y que solo cobra sentido cuando puede ser asumida por las personas y las comunidades como propia. Cuando el cuidado no logra transferir esta ética, se queda en intervención, pero no en transformación.

 Técnica, prestigio y el eclipse de la ética del cuidado en enfermería

             Una de las preguntas más incómodas —y al mismo tiempo más honestas— que podemos hacernos como colectivo profesional es la siguiente: ¿por qué, a pesar de declararnos una profesión del cuidado, seguimos otorgando mayor prestigio a la técnica que a la ética? Esta tensión no es anecdótica ni reciente; forma parte de la evolución histórica de la enfermería y se reproduce de manera constante en los espacios formativos, asistenciales y académicos[24].

            En la cultura sanitaria contemporánea, la técnica representa valores ampliamente reconocidos: objetividad, eficacia, precisión, control, evidencia. La ética del cuidado, por el contrario, se asocia con frecuencia a lo relacional, lo subjetivo o lo emocional, y, por tanto, a lo supuestamente menos científico. Esta jerarquización no es neutra, sino que responde a un modelo biomédico dominante que prioriza aquello que puede ser medido, protocolizado y evaluado con indicadores cuantificables.

            En este contexto, la competencia técnica se convierte en sinónimo de excelencia profesional. Se reconoce, se mide, se certifica. La ética, sin embargo, queda relegada a un plano más difuso, vinculado a la vocación, la actitud o la “forma de ser” del profesional. Esta diferencia de estatus tiene consecuencias directas en la manera en que se construye la identidad enfermera.

            Se asume, de forma implícita, que dominar una técnica requiere aprendizaje, entrenamiento y evaluación, mientras que cuidar éticamente es algo que se posee o no se posee. Esta idea, profundamente arraigada, contribuye a trivializar la ética del cuidado y a invisibilizar su complejidad[25].

            Sin embargo, la práctica demuestra lo contrario. Cuidar éticamente exige deliberación, análisis, capacidad de escucha, reconocimiento del contexto y disposición a cuestionar las propias certezas. Requiere, en muchos casos, tomar decisiones en escenarios de incertidumbre, donde no existen respuestas únicas ni soluciones estandarizadas. Nada de esto es sencillo ni automático.

            Joan Tronto advierte que cuando el cuidado se despolitiza y se reduce a una tarea técnica, pierde su capacidad transformadora y se convierte en una función subordinada dentro del sistema sanitario2. En este proceso, la ética no desaparece, pero queda desplazada por criterios de eficiencia, productividad o cumplimiento institucional. El resultado es un cuidado técnicamente correcto, pero éticamente empobrecido.

            Esta lógica se reproduce con especial claridad en el ámbito docente. Los planes de estudio dedican una gran cantidad de tiempo y recursos a la enseñanza de habilidades técnicas, mientras que la ética se aborda de forma más teórica, fragmentada o transversal. Se enseña qué hacer, pero no siempre desde dónde hacerlo. Se evalúa la ejecución, pero no la deliberación.

            Las y los estudiantes aprenden rápidamente qué es lo que se valora. Aprenden que la técnica otorga reconocimiento, mientras que la ética se asocia a lo deseable, pero no necesariamente a lo imprescindible. Así, la ética del cuidado queda relegada a un segundo plano, como un complemento, no como un eje central de la práctica profesional.

            Recuperar la ética del cuidado no implica restar valor a la técnica. Implica situarla en su lugar. La técnica es imprescindible, pero no suficiente. Sin ética, la técnica puede convertirse en una herramienta de imposición, de control o de reproducción de desigualdades. Sin técnica, la ética puede quedarse en intención. Pero es la ética la que da sentido, orientación y límites a la técnica, no al contrario.

            En el ámbito comunitario, esta cuestión adquiere una especial relevancia. Allí donde el cuidado se desarrolla en contextos complejos, diversos y, en muchas ocasiones, marcados por la vulnerabilidad, la técnica no basta. Lo que está en juego no es solo la correcta aplicación de una intervención, sino la forma en que esa intervención afecta a la autonomía, la dignidad y la capacidad de las personas para gestionar su propia salud.

            Reivindicar la centralidad de la ética del cuidado no es un ejercicio retórico ni una apelación a valores abstractos. Es una necesidad profesional, científica y social. Porque de ello depende que las enfermeras no se limiten a hacer, sino que sean capaces de cuidar en el sentido más amplio del término.

[1] Politóloga y teórica feminista estadounidense reconocida internacionalmente por desarrollar la ética del cuidado (1952).

[2]Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 8th ed. New York: Oxford University Press; 2019.

[3] Tronto JC. Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York: Routledge; 1993.

[4] Gilligan C. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge: Harvard University Press; 1982.

[5] Watson J. Nursing: The Philosophy and Science of Caring. Revised ed. Boulder: University Press of Colorado; 2008.

[6] Starfield B. Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology. New York: Oxford University Press; 1998.

[7] Marmot M. The Health Gap: The Challenge of an Unequal World. London: Bloomsbury; 2015.

[8] Tronto JC. Caring democracy: markets, equality, and justice. New York: New York University Press; 2013.

[9] World Health Organization. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Geneva: WHO; 2008.

[10] Benner P. From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. Menlo Park: Addison-Wesley; 1984.

[11] Schön DA. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books; 1983.

[12] Gastmans C. Dignity-enhancing nursing care: a foundational ethical framework. Nurs Ethics. 2013;20(2):142–9.

[13] International Council of Nurses. The ICN Code of Ethics for Nurses. Geneva: ICN; 2021.

[14]Martínez-Riera JR. Primary Health Care: Specific Nursing Leadership. Invest Educ Enferm. 2022;40(3):e16.

[15]Held V. The Ethics of Care: Personal, Political, and Global. Oxford: Oxford University Press; 2006.

[16]Gilligan C. Moral orientation and moral development. In: Lickona T, editor. Moral Development and Behavior. New York: Holt; 1976. p. 277–305.

[17]Bauman Z. Community: Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge: Polity Press; 2001.

[18]Breilh J. Epidemiología crítica: ciencia emancipadora e interculturalidad. Buenos Aires: Lugar Editorial; 2003

[19] Crawford R. Healthism and the medicalization of everyday life. Int J Health Serv. 1980;10(3):365–88.

[20] Kleinman A. The Illness Narratives: Suffering, Healing, and the Human Condition. New York: Basic Books; 1988.

[21] Orem DE. Nursing: Concepts of Practice. 6th ed. St. Louis: Mosby; 2001.

[22] Freire P. Pedagogía del oprimido. 30ª ed. Madrid: Siglo XXI; 2005.

[23]Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health professionals for a new century. Lancet. 2010;376(9756):1923–58.

[24]Allen D. Re-reading nursing and re-writing practice: towards an empirically based reformulation of the nursing mandate. Nurs Inq. 2004;11(4):271–83.

[25]Sellman D. What makes a good nurse: why the virtues are important for nurses. Nurs Ethics. 2011;18(2):249–60.

EL TRIBUNAL DECIDE, LA POLÍTICA SE ESCONDE La coartada de la legalidad ante la exigencia ciudadana

            La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de rechazar la imputación de Carlos Mazón no ha dejado indiferente a nadie. Más allá de los fundamentos jurídicos que hayan sustentado esta resolución —que sin duda existen y deben ser respetados en un Estado de derecho—, lo que emerge con fuerza en la percepción social es una sensación incómoda, persistente y cada vez más extendida de que algo no está funcionando como debería en la relación entre justicia, política y responsabilidad pública.

            La ciudadanía no entra en interpretaciones técnicas del derecho penal. Lo que percibe, de forma directa y emocional, es la concatenación de hechos, actitudes y consecuencias. Y en este caso, establecen una relación clara entre la actuación política de Mazón y la tragedia provocada por la DANA que dejó 230 víctimas mortales. No se trata de determinar si existe o no responsabilidad penal —cuestión que corresponde exclusivamente a los tribunales—, sino de reconocer que la responsabilidad política va mucho más allá de los márgenes del Código Penal.

            Este es, precisamente, el núcleo del problema. Cuando una conducta puede no ser objeto de imputación, pero resulta socialmente inaceptable, se produce una fractura. Y esa fractura erosiona la confianza en la justicia y compromete la credibilidad del resto de las instituciones. Si el marco legal permite que determinadas decisiones o inacciones queden sin consecuencias más allá del debate público, quizá no estemos ante un fallo puntual, sino ante una disfunción estructural que exige revisión.

            En este contexto, la reciente decisión de la jueza de Catarroja de citar a Mazón como testigo, tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, introduce un matiz que no puede ser ignorado. Supone, en cierta medida, la apertura de un resquicio de confianza en la justicia, al evidenciar que los hechos siguen siendo objeto de análisis y que no todo queda cerrado en términos formales. Sin embargo, conviene no sobredimensionar su alcance. Este tipo de decisiones, siendo positivas, no resultan suficientes para revertir la percepción de impunidad cuando la respuesta institucional en su conjunto sigue sin dar una respuesta clara, coherente y proporcionada a la gravedad de lo sucedido.

            Porque la política no puede limitarse a esquivar el reproche penal. Gobernar implica asumir responsabilidades que trascienden lo legal y se adentran en lo ético, lo moral y lo institucional. Cuando esa asunción desaparece, o se diluye en argumentaciones defensivas basadas exclusivamente en la legalidad, el mensaje devastador que recibe la sociedad es el de que existen espacios de impunidad siempre que se logre no cruzar determinadas líneas jurídicas. diseñadas previamente por el poder político como salvaguarda frente a la exigencia de responsabilidades.

            A ello se suma la actitud de los partidos políticos. Lejos de contribuir a la depuración de responsabilidades, muchas formaciones optan por cerrar filas en torno a sus dirigentes, apelando precisamente a la inexistencia de delito como argumento suficiente para sostener su continuidad. Este posicionamiento no solo debilita la exigencia interna de responsabilidad, sino que convierte a los partidos en actores que, de forma indirecta, participan en el deterioro de la credibilidad institucional.

            Cuando la política se percibe como un espacio donde la lealtad partidista prevalece sobre la rendición de cuentas, la desafección ciudadana crece. Y lo hace de forma proporcional al sentimiento de injusticia. Porque, desde la perspectiva de la ciudadanía, resulta difícil aceptar que conductas que en otros ámbitos tendrían consecuencias inmediatas queden sin respuesta en el ámbito público.

            Este caldo de cultivo es el terreno fértil en el que prosperan las posiciones populistas y extremistas. La pérdida de confianza en las instituciones abre la puerta a discursos simplistas, pero efectistas, que prometen soluciones rápidas a problemas complejos, señalando culpables difusos y erosionando aún más el equilibrio democrático. Cuando la justicia deja de ser percibida como justa y la política como responsable, el sistema en su conjunto se debilita.

            Mientras tanto, Mazón disfruta de los privilegios que derivan de su condición de expresidente, tras verse forzado a dimitir por el mayoritario rechazo social a una gestión mediocre, pese a presentarla como coherente y digna. Unos privilegios que, aunque legalmente le corresponden, le son garantizados por el respaldo de su partido y el de la formación que sostiene su gobierno. Lo que proyecta la imagen de una recompensa encubierta a una actuación de consecuencias trágicas difícilmente asumible. Agravando la desafección y el rechazo hacia una política percibida como oportunista y al servicio de intereses particulares.

            Este desajuste entre legalidad y legitimidad es el verdadero desafío. No se trata de cuestionar el funcionamiento de los tribunales ni de erosionar el principio de presunción de inocencia. Se trata de abrir un debate necesario sobre los mecanismos de responsabilidad política y su relación con el ordenamiento jurídico.

            Cada episodio que refuerza la percepción de impunidad contribuye a alejar a la ciudadanía de sus instituciones. Y ese alejamiento debilita la democracia, fractura la cohesión social y alimenta dinámicas de confrontación que, a medio plazo, resultan difíciles de reconducir.

            Se debe actuar. No desde la impulsividad ni desde el oportunismo político, sino desde la reflexión serena y el compromiso con la calidad democrática. De lo contrario, corremos el riesgo de cruzar un umbral del que luego resulte mucho más difícil regresar. Y, a juzgar por la deriva actual, ese punto de no retorno cada vez es menos lejano.

QUE BAJE DIOS Y LO VEA

            Si Dios existe, probablemente debe de estar profundamente preocupado. Y quizás también irritado. No tanto por la incredulidad de una humanidad que desde hace siglos debate su existencia, sino por el empeño de algunos dirigentes contemporáneos en ocupar su lugar. Lo hacen además invocando su nombre, proclamándose intérpretes de su voluntad y actuando como si dispusieran de una legitimidad divina para decidir sobre la vida, la muerte y el destino de millones de personas.

            A su manera, estos nuevos profetas del poder han recuperado la vieja narrativa de las guerras sagradas. Pero ya no necesitan escribir nuevos evangelios. Les basta con reinterpretar los textos antiguos para justificar una violencia que, más que religiosa, es profundamente política. En nombre de Dios, de la civilización o de la seguridad nacional —tres palabras que hoy funcionan casi como sinónimos estratégicos— se lanzan guerras preventivas, operaciones quirúrgicas, respuestas inevitables o castigos ejemplares contra quienes son presentados como enemigos absolutos.

            El problema no es solo la retórica. El problema es que ese narcisismo teológico —esa convicción de que el propio proyecto político encarna una verdad moral superior— termina generando algo mucho más peligroso como la adhesión fanática de parte de la ciudadanía. Cuando el poder se reviste de una misión trascendente, el debate desaparece y la crítica se convierte en traición. El líder deja de ser un dirigente político para convertirse en un mesías secular. Y el conflicto deja de ser una disputa geopolítica para transformarse en una cruzada.

            La consecuencia de este delirio de grandeza es una realidad que cada vez se parece más a un escenario apocalíptico. Sin embargo, lo más llamativo no es tanto la magnitud de la destrucción como la jerarquía de las preocupaciones que despierta. En el debate público internacional, las guerras parecen adquirir verdadera relevancia cuando afectan a los mercados energéticos, alteran las rutas comerciales o hacen temblar las bolsas. El acceso al gas o al petróleo, la inflación, la volatilidad financiera o el impacto sobre el crecimiento económico ocupan titulares con una intensidad que raramente alcanzan las tragedias humanas que esos mismos conflictos provocan.

            Mientras tanto, la destrucción de escuelas, hospitales y viviendas civiles; la muerte de mujeres, niños y población vulnerable; el éxodo forzado de cientos de miles de personas; el odio que se siembra para generaciones futuras o el daño ecológico que dejan tras de sí las máquinas de guerra, quedan relegados a la categoría de daños colaterales inevitables. Se lamentan, se contabilizan y, finalmente, se normalizan.

            En esta inquietante analogía entre religión y geopolítica, cabe preguntarse si alguien está dispuesto a expulsar a estos nuevos mercaderes del templo del orden internacional. No con la violencia que ellos promueven, sino con el “látigo” legítimo en política internacional, de la diplomacia, el derecho internacional, la negociación y la firmeza de las instituciones multilaterales.

            Sin embargo, lo que observamos con demasiada frecuencia es lo contrario. Organismos como la ONU o incluso la propia Unión Europea parecen moverse en un equilibrio incómodo entre la denuncia y la cautela, entre la defensa de principios universales y la necesidad de no incomodar a determinados aliados estratégicos, por temor a su castigo. Ese cálculo permanente termina erosionando la credibilidad de quienes deberían ser los garantes del derecho internacional.

            Por su parte, los espacios informativos se llenan de retransmisiones en directo del conflicto. Cuántos misiles han sido lanzados, qué drones han sido utilizados, qué barcos han sido hundidos o qué líderes han sido eliminados. La guerra se convierte así en un espectáculo permanente que oscila entre la estrategia militar y el análisis de mercado.

            Y, como ocurre con todos los espectáculos mediáticos, la guerra de Ucrania o el genocidio de Gaza, que durante meses dominaron el relato global, parecen ahora diluirse en una sucesión de crisis que compiten por la atención internacional.

            Pero, también está el inquietante silencio de quienes, desde las instituciones religiosas que dicen representar a esos mismos dioses invocados por los líderes políticos que provocan estas situaciones, optan por una prudencia que a veces se parece demasiado a la complicidad. Porque cuando el poder utiliza a Dios como coartada, el silencio de quienes deberían cuestionarlo termina otorgándole una legitimidad que no merece.

            No es cierto, como afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que simplemente esté cambiando el orden mundial. Lo que realmente está ocurriendo es algo más preocupante. Estamos permitiendo, entre la pasividad de unos y el cálculo interesado de otros, que ese orden se transforme en un caos donde prevalecen los intereses de unos pocos frente al bienestar del conjunto de la humanidad.

            Tal vez por eso, frente a tanta arrogancia de los nuevos dioses de la geopolítica, solo queda recuperar una vieja expresión popular que encierra más sabiduría de la que parece: que baje Dios y lo vea. A ver qué le parece.

TEOCRACIAS QUE SE DISFRAZAN La guerra de los dioses

          La guerra contra Irán fue presentada por quienes la iniciaron —Israel y Estados Unidos— como una intervención necesaria para frenar a un régimen teocrático que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de su población. El argumento, en apariencia irreprochable, apela a una causa noble, la defensa de la libertad y la dignidad humanas frente a un poder religioso autoritario. Sin embargo, el relato se debilita cuando se observa con un mínimo de rigor político y ético. Incluso aceptando que el régimen iraní ha vulnerado derechos fundamentales de su ciudadanía —especialmente de las mujeres—, resulta difícil sostener que quienes han iniciado esta guerra lo hacen movidos exclusivamente por ese propósito moral. Los intereses geopolíticos, estratégicos y económicos están demasiado presentes como para ocultarlos tras un discurso redentor.

            Pero más allá de los intereses, hay un elemento que llama poderosamente la atención, que se invoque la lucha contra una teocracia por parte de líderes y gobiernos que, de una u otra forma, también recurren a legitimaciones religiosas para justificar su poder o sus decisiones políticas. La acusación dirigida contra Irán pierde fuerza cuando quienes la formulan lo hacen desde estructuras políticas en las que la religión sigue desempeñando un papel relevante, a veces explícito y otras cuidadosamente disimulado.

            El caso de Israel resulta particularmente ilustrativo. El gobierno de Benjamin Netanyahu se sostiene en buena medida gracias al apoyo de sectores ultrarreligiosos que interpretan determinados textos bíblicos como un mandato divino para recuperar territorios que consideran históricamente pertenecientes al pueblo judío. Esa lectura religiosa del territorio y de la historia no es un elemento marginal en determinados discursos políticos israelíes; forma parte de su núcleo ideológico. Bajo esa lógica, la política se convierte en una prolongación de la voluntad divina y la geopolítica se transforma en una misión sagrada, en una cruzada.

            En Estados Unidos, aunque el sistema político se define formalmente como una democracia laica, la religión también se utiliza con frecuencia como herramienta de legitimación política. La escena protagonizada por Donald Trump rodeado de líderes religiosos que imponían sus manos sobre él para pedir a Dios que le concediera fuerza y sabiduría para cumplir su misión política habría parecido una caricatura si no hubiese sido real. Esa imagen mostraba hasta qué punto determinados sectores del poder político buscan legitimarse mediante una retórica religiosa que presenta sus objetivos como parte de un designio providencial.

            En Irán, la teocracia no se disfraza. El poder se justifica abiertamente en la interpretación religiosa del Corán y en la autoridad espiritual de los líderes religiosos. El ayatolá asesinado al inicio de la guerra representaba esa fusión entre poder político y autoridad religiosa que ha marcado la historia reciente del país. Su régimen ha ejercido una represión severa contra amplios sectores de la población y ha impuesto restricciones particularmente duras contra las mujeres. Nada de eso tiene justificación posible.

            Pero precisamente por eso resulta inquietante que quienes denuncian ese sistema lo hagan desde posiciones que, aunque revestidas de democracia formal, también recurren a la religión como instrumento de legitimación política. La diferencia es que en Irán la teocracia se reconoce abiertamente, mientras que en otros contextos se disimula bajo la apariencia de democracias que, llegado el momento, pueden actuar al margen de la legalidad internacional cuando sus intereses lo exigen.

            El problema, en realidad, no es el islam, ni el judaísmo, ni el cristianismo. Ninguna religión, en sí misma, explica la violencia política. Lo verdaderamente peligroso es el fundamentalismo instrumental que algunos líderes utilizan para legitimar sus decisiones. Ese fundamentalismo no siempre nace de una fe profunda, sino de una estrategia de poder. La religión se convierte entonces en un recurso para movilizar emociones colectivas, cohesionar a determinados sectores sociales y justificar políticas que, de otro modo, resultarían difíciles de defender.

            Las teocracias —explícitas o encubiertas— se alimentan además de otro elemento esencial, la manipulación de la ciudadanía. Cuando los discursos se simplifican hasta convertir la realidad en una lucha entre el bien y el mal, cuando los líderes se presentan como intérpretes exclusivos de la voluntad divina, el pensamiento crítico se debilita. En unos casos se utilizan amenazas religiosas de castigo divino; en otros se recurre al miedo económico, a la inseguridad o al patriotismo exacerbado. Los métodos cambian, pero el objetivo es el mismo: consolidar el poder.

            Por eso conviene mirar con cautela los discursos que presentan las guerras como cruzadas morales. Cuando la religión se mezcla con la política de poder, el resultado rara vez es la defensa de los derechos humanos. Más bien suele ser lo contrario, la legitimación de decisiones que responden a intereses estratégicos envueltas en una narrativa sagrada que pretende situarlas por encima de cualquier crítica. Porque cuando los dioses se utilizan para justificar la guerra, quienes terminan pagando el precio siempre son los pueblos a quienes dicen defender sus líderes.

GESTIÓN SANITARIA Y LIDERAZGO PROFESIONAL La aportación de las enfermeras

                                                                                          “No podemos resolver los problemas con la misma forma de pensar que usamos cuando los creamos.”

Albert Einstein[1]

Un debate necesario en la evolución del sistema sanitario

            El debate suscitado en torno a la reforma del Estatuto Marco de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, impulsada por el Ministerio de Sanidad de España, ha planteado la posibilidad de que otros profesionales de la salud, además de los médicos, puedan acceder en igualdad de condiciones a puestos de responsabilidad en la gestión y la toma de decisiones.

            Conviene señalar desde el inicio que esta discusión no debería interpretarse como un conflicto entre profesiones. Reducirla a una confrontación corporativa entre médicos y enfermeras empobrece el análisis y desvía la atención de la cuestión fundamental: qué modelo de gobernanza necesita el sistema sanitario para responder con eficacia a los retos actuales de salud.

            Los sistemas sanitarios contemporáneos se enfrentan a desafíos de enorme complejidad que obligan a replantear la forma en que se organizan los servicios y se toman las decisiones estratégicas. Gestionar esta complejidad exige modelos de liderazgo capaces de integrar conocimientos, perspectivas y competencias diversas.

La World Health Organization ha señalado que los sistemas sanitarios del siglo XXI requieren estructuras de gobernanza que incorporen diferentes disciplinas profesionales y favorezcan modelos de liderazgo colaborativo orientados a mejorar la calidad, la eficiencia y la equidad de la atención en salud[2].

            Históricamente, sin embargo, muchos sistemas sanitarios han desarrollado estructuras de dirección estrechamente vinculadas a una única profesión, fundamentalmente la médica. Este modelo pudo tener sentido en etapas anteriores, cuando la organización hospitalaria giraba principalmente en torno al ejercicio clínico. La evolución de los sistemas de salud y la creciente complejidad de sus organizaciones han puesto de manifiesto las limitaciones de estructuras de liderazgo excesivamente unidisciplinares[3].

            Hoy la gestión sanitaria no se limita a dirigir la actividad clínica de una disciplina concreta. Implica planificar servicios, gestionar recursos humanos y económicos, coordinar equipos multidisciplinares, evaluar resultados y mejorar la calidad de la atención. Se trata de funciones organizativas y estratégicas que requieren competencias de gestión y liderazgo que no son exclusivas de ninguna disciplina.

            Desde esta perspectiva surge una pregunta difícil de evitar: ¿existe alguna razón objetiva que justifique que determinados profesionales, como las enfermeras, vean limitado su acceso a puestos de responsabilidad en la gestión sanitaria cuando poseen el mismo nivel académico universitario y pueden acreditar competencias de liderazgo comparables a las de otros profesionales?

            La cuestión adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que la enfermería constituye el colectivo profesional más numeroso en la mayoría de los sistemas sanitarios y desempeña un papel esencial en la continuidad de la atención, la coordinación de cuidados y la relación directa con personas, familias y comunidades.

            Diversos informes internacionales han señalado que la participación activa de las enfermeras en los espacios de decisión contribuye a mejorar el funcionamiento de las organizaciones sanitarias y la calidad de la atención prestada a la población[4]. En esta línea, organismos como el International Council of Nurses han insistido en la necesidad de reforzar el liderazgo enfermero en todos los niveles del sistema sanitario, incluidos los ámbitos donde se diseñan las políticas de salud y se toman decisiones estratégicas[5].

            La cuestión, por tanto, no debería centrarse en qué profesión debe conservar determinadas cuotas de poder, sino en cómo garantizar que los sistemas sanitarios cuenten con los mejores perfiles profesionales para liderar su gestión. Si el objetivo último es mejorar el funcionamiento del sistema sanitario y la atención que reciben las personas, resulta razonable preguntarse si tiene sentido restringir el acceso a los puestos de gestión a una única profesión cuando existen otros profesionales cualificados capaces de desempeñar esas funciones.

Gestión sanitaria y competencia profesional: dos ámbitos diferentes

            Uno de los argumentos más utilizados para justificar que determinados puestos de gestión sanitaria hayan estado tradicionalmente vinculados a una única profesión es la supuesta necesidad de que quien dirige una organización sanitaria posea un conocimiento clínico profundo de la actividad médica.

            Este razonamiento parte, sin embargo, de una confusión conceptual entre dos ámbitos claramente distintos: la gestión de la práctica clínica y la gestión de las organizaciones sanitarias.

            Dirigir un servicio, una unidad o una institución sanitaria no implica asumir la responsabilidad de diagnosticar enfermedades o decidir tratamientos médicos. Tampoco supone sustituir la competencia clínica de los profesionales que integran los equipos asistenciales. La gestión sanitaria se orienta a organizar recursos, planificar procesos de atención, coordinar equipos multidisciplinares, evaluar resultados y garantizar que la atención prestada sea eficaz, segura y eficiente.

            Esta distinción es ampliamente reconocida en la literatura internacional sobre gestión sanitaria. Diversos estudios han mostrado que los sistemas de salud más eficaces desarrollan modelos de liderazgo colaborativo en los que participan profesionales procedentes de diferentes ámbitos del conocimiento[6].

            La creciente complejidad de los sistemas sanitarios ha reforzado esta tendencia. La dirección de hospitales, áreas de salud o servicios asistenciales requiere hoy competencias organizativas y estratégicas que se adquieren mediante formación específica y experiencia en gestión, y que no pertenecen de forma exclusiva a ninguna disciplina profesional.

            Por esta razón, en numerosos países los equipos directivos de las organizaciones sanitarias incorporan perfiles profesionales diversos —médicos, enfermeras, economistas, gestores sanitarios o especialistas en salud pública— con el objetivo de integrar perspectivas complementarias en la toma de decisiones2.

            Desde esta perspectiva surge una cuestión fundamental: si la gestión sanitaria requiere competencias organizativas y estratégicas, ¿por qué asumir que dichas competencias son inherentes a una profesión concreta y no al desarrollo formativo y profesional de cada individuo?

            La evolución académica de la enfermería en las últimas décadas ha consolidado un nivel formativo equiparable al del resto de titulaciones universitarias sanitarias, incluyendo programas de máster y doctorado con contenidos en liderazgo, gestión sanitaria y políticas de salud.

            En este contexto, limitar el acceso a puestos de responsabilidad basándose exclusivamente en la profesión de origen carece de una justificación sólida desde el punto de vista organizativo. Cuando estas limitaciones se mantienen, suelen responder más a inercias históricas o a estructuras jerárquicas heredadas que a argumentos sustentados en la evidencia científica.

            El debate, por tanto, no debería centrarse en qué profesión debe ocupar los espacios de liderazgo, sino en cómo garantizar que las organizaciones sanitarias puedan contar con los profesionales más capacitados para dirigirlas.

            Y ello conduce a una cuestión aún más relevante: si las enfermeras pueden aportar capacidad gestora y liderazgo organizativo, ¿puede su perspectiva profesional enriquecer también la forma en que se diseñan y gestionan los servicios sanitarios?

La aportación de la mirada enfermera en la gestión sanitaria

            Si el acceso de las enfermeras a puestos de responsabilidad en la gestión sanitaria debe fundamentarse en criterios de mérito y capacidad, surge una segunda cuestión igualmente relevante: qué puede aportar la perspectiva enfermera a la dirección de las organizaciones sanitarias.

            Responder a esta pregunta no implica defender una supuesta superioridad profesional ni cuestionar la capacidad gestora de otros perfiles. Se trata de reconocer que cada disciplina sanitaria incorpora una forma particular de comprender la salud, la enfermedad y la atención a las personas, lo que influye en la manera de interpretar los problemas y de diseñar las respuestas organizativas.

            En el caso de las enfermeras, uno de los rasgos que históricamente ha caracterizado su desarrollo profesional es la centralidad del cuidado como eje de la atención a la salud. Este enfoque integra dimensiones clínicas, educativas, relacionales y comunitarias orientadas a responder de manera integral a las necesidades de las personas, las familias y la comunidad.

            Esta perspectiva adquiere especial relevancia en sistemas sanitarios en los que la coordinación de la atención, la continuidad de los cuidados y la atención centrada en la persona se han convertido en elementos esenciales para garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios. Diversas investigaciones han mostrado que la participación activa de las enfermeras en la toma de decisiones organizativas contribuye a mejorar aspectos clave de la calidad de la atención, como la seguridad de las personas atendidas, la continuidad asistencial y la satisfacción de la población3.

            Asimismo, los entornos organizativos donde las enfermeras participan en la toma de decisiones presentan mejores resultados en términos de satisfacción profesional, estabilidad de las plantillas y calidad percibida por las personas atendidas3, factores que influyen directamente en el funcionamiento de las instituciones sanitarias.

            En este contexto cobra especial relevancia otro elemento cada vez más presente en el debate sobre la calidad de los sistemas sanitarios: la humanización de la atención. A pesar de los importantes avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas, diversos análisis advierten de procesos de progresiva despersonalización asociados a la presión asistencial, la burocratización o la fragmentación de los servicios.

            La humanización de la atención no debe entenderse como un elemento meramente relacional, sino como una dimensión esencial de la calidad asistencial. La World Health Organization ha señalado que los sistemas de salud orientados hacia las personas deben garantizar que la organización de los servicios y los modelos de gestión estén alineados con los valores, necesidades y expectativas de la población[7].

            El enfoque de atención centrada en la persona implica reorganizar los servicios para garantizar la continuidad de la atención, la participación de las personas en las decisiones sobre su salud y una atención que contemple las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales del proceso de enfermar.

            La disciplina enfermera ha desarrollado históricamente su práctica en torno a estos principios. El cuidado, entendido como una relación terapéutica que integra conocimiento científico y atención a la experiencia de la persona, constituye uno de los pilares conceptuales de la enfermería y puede contribuir a impulsar modelos organizativos que refuercen la humanización de la atención.

            Diversos estudios sobre liderazgo sanitario han mostrado que los entornos organizativos basados en el respeto, el cuidado y la participación favorecen no solo mayores niveles de satisfacción de pacientes y profesionales, sino también mejoras en la seguridad, la calidad de la atención y la eficiencia organizativa[8].

            En la misma línea, la OECD ha señalado que la sostenibilidad futura de los sistemas sanitarios dependerá en gran medida de su capacidad para reorganizar los servicios en torno a modelos de atención más integrales, coordinados y centrados en las personas8.

            Reconocer esta potencial aportación no significa asumir que cualquier profesional esté automáticamente preparado para dirigir organizaciones complejas por el mero hecho de pertenecer a una disciplina determinada. La gestión sanitaria exige formación específica, experiencia y competencias de liderazgo que deben exigirse con el mismo rigor a todos los profesionales.

Gobernanza sanitaria: más allá de las fronteras profesionales

            Llegados a este punto conviene insistir en una idea fundamental: el debate sobre el acceso de las enfermeras a puestos de responsabilidad en la gestión sanitaria no debería interpretarse como un enfrentamiento entre profesiones. Plantearlo en esos términos conduce a un escenario estéril dominado por posiciones corporativas que poco aportan a la mejora del sistema sanitario.

            La cuestión central es cómo garantizar que las organizaciones sanitarias cuenten con los profesionales más capacitados para dirigir sistemas cada vez más complejos.

            Diversos organismos internacionales han subrayado la importancia de promover modelos de liderazgo sanitario más abiertos y multidisciplinares. La World Health Organization ha señalado que fortalecer el liderazgo de las profesiones sanitarias en los espacios de decisión constituye un elemento clave para mejorar la calidad de la atención y avanzar hacia sistemas de salud más centrados en las personas1,[9].

            Abrir el acceso a los puestos de responsabilidad a distintos perfiles profesionales no significa sustituir un modelo corporativo por otro. Tan poco razonable sería sostener que la gestión sanitaria debe estar reservada exclusivamente a médicos como afirmar que debería ser patrimonio de las enfermeras. Ambos planteamientos responden a la misma lógica excluyente.

            El verdadero reto consiste en construir organizaciones capaces de identificar y promover el talento allí donde se encuentre, mediante procesos de selección basados en criterios transparentes de mérito, capacidad y competencia profesional.

            Cuando estos principios se aplican con rigor, los puestos de responsabilidad pueden ser ocupados por profesionales de diferentes disciplinas que hayan demostrado poseer las competencias necesarias para liderar organizaciones complejas. La integración de distintas perspectivas profesionales dentro de los equipos directivos puede, además, enriquecer la toma de decisiones.

            En este contexto, permitir que las enfermeras accedan a puestos de alta responsabilidad no constituye una concesión ni una reivindicación corporativa. Supone reconocer una realidad profesional y académica consolidada y aprovechar el potencial de un colectivo que desempeña un papel fundamental en el funcionamiento cotidiano del sistema sanitario.

            Su presencia en espacios de liderazgo puede contribuir también a reforzar dimensiones cada vez más relevantes en la organización de los servicios de salud, como la atención centrada en la persona, la continuidad de los cuidados, la coordinación entre niveles asistenciales o la orientación comunitaria de las intervenciones sanitarias8.

            La salud de las personas, las familias y las comunidades es demasiado importante para quedar limitada por fronteras corporativas. El futuro de los sistemas sanitarios dependerá, en gran medida, de su capacidad para aprovechar el conocimiento, la experiencia y el liderazgo de todos los profesionales que participan en el cuidado de la salud.

[1] Físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX (1879-1955).

[2] World Health Organization. Global strategic directions for nursing and midwifery 2021–2025. Geneva: World Health Organization; 2021.

[3] Saltman RB, Duran A, Dubois H. Governing public hospitals: Reform strategies and the movement toward institutional autonomy. Copenhagen: European Observatory on Health Systems and Policies; 2011.

[4] Aiken LH, Sloane DM, Ball J, Bruyneel L, Rafferty AM, Griffiths P. Patient satisfaction with hospital care and nurses in England: an observational study. BMJ Open. 2018;8:e019189.

[5] International Council of Nurses. Nursing leadership in health policy and systems improvement. Geneva: International Council of Nurses; 2020.

[6] Goodwin N. Leadership and the UK health system: a complex challenge. Health Policy. 2019;123(1):1–4.

[7] West M, Eckert R, Collins B, Chowla R. Caring to change: How compassionate leadership can stimulate innovation in health care. London: The King’s Fund; 2017.

[8] World Health Organization. State of the world’s nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership. Geneva: World Health Organization; 2020.

[9] OECD. Health at a glance 2023: OECD indicators. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2023.

UNA CARTA… Y MUCHAS CONTRADICCIONES La carta que revela más de lo que dice

            Hay políticos que no solo dicen lo que pretenden decir, sino que terminan revelando mucho más de lo que su autor probablemente quisiera mostrar. La carta que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha dirigido recientemente “a los médicos” con motivo del conflicto generado por la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario pertenece a esa categoría.

            A primera vista, la misiva pretende presentarse como un gesto de apoyo a la sanidad pública y a sus profesionales. Sin embargo, su lectura permite advertir que estamos ante algo muy distinto. Un ejercicio de oportunismo político construido sobre una mezcla de simplificaciones, silencios interesados y una utilización claramente instrumental del sistema sanitario público y de los propios médicos.

            El primer problema de la carta es su planteamiento. Feijóo se dirige “a los médicos” como si todo el colectivo estuviera protagonizando las movilizaciones contra la reforma del Estatuto Marco. La realidad es bastante más compleja. Las protestas están siendo promovidas por determinados sindicatos del colectivo médico, mientras otras organizaciones profesionales y sindicales han manifestado posiciones distintas o directamente contrarias. Los propios datos de seguimiento de la huelga muestran, además, una participación muy limitada.

            Cuando un dirigente político decide ignorar esa pluralidad y se dirige al conjunto del colectivo como si existiera una posición unánime, no está describiendo la realidad: está simplificándola deliberadamente. Y esa simplificación tiene consecuencias evidentes. Supone alinearse con un sector concreto y, al mismo tiempo, invisibilizar a quienes dentro del propio colectivo no comparten esos planteamientos.

            Pero la incoherencia de la carta no termina ahí. En ella se proyecta una imagen de la sanidad pública profundamente reduccionista, en la que el sistema sanitario parece girar casi exclusivamente en torno a los médicos. Esa visión ignora deliberadamente que la sanidad pública funciona gracias al trabajo conjunto de múltiples profesionales.

            Ese enfoque transmite una concepción jerárquica del sistema sanitario que, en el fondo, establece una distinción implícita entre profesionales más dignos de interlocución política y otros que parecen quedar fuera del radar del liderazgo político.

            Ese sesgo revela además un componente difícil de ignorar, como es el clasismo en la forma de aproximarse a los conflictos laborales. La carta se presenta como una defensa de los profesionales sanitarios, pero se dirige exclusivamente a los médicos. Se olvida de que miles de trabajadores de otros sectores han protagonizado en los últimos años conflictos laborales relacionados con la precariedad, el deterioro de sus condiciones de trabajo o la pérdida de empleo sin recibir gestos de respaldo político similares.

            Feijóo se presenta con absoluta desfachatez, como defensor del sistema sanitario público y como aliado de quienes lo sostienen. Esa afirmación constituye, probablemente, el ejemplo más evidente de la manipulación que atraviesa todo el documento.

            Afirmar que defiende la sanidad pública mientras se promueven políticas que contribuyen a debilitarla no es una simple contradicción retórica. Es una forma evidente de manipulación del discurso político, en el que incluye su habitual estrategia de utilizar cualquier tema, en este caso la sanidad pública, como ariete argumental contra el Gobierno, mientras omite deliberadamente los ataques a la sanidad pública en las que gobierna el PP .

            Ese uso selectivo de la memoria política no es casual. Forma parte de una estrategia conocida, apropiarse del lenguaje de defensa de los servicios públicos mientras se impulsa, en la práctica, un modelo que abre cada vez más espacio al negocio sanitario privado.

            La carta contiene además un respaldo implícito a algunos de los planteamientos que sostienen quienes lideran las movilizaciones. Entre ellos, la defensa de mantener sin restricciones la compatibilidad entre la actividad profesional en el sistema público y el ejercicio simultáneo en el ámbito privado. Algo que supone, en sí mismo, establecer el riesgo de que el propio deterioro de lo público termine alimentando el crecimiento del sector privado.

            Que quien afirma defender la sanidad pública respalde sin matices posiciones que pueden reforzar ese proceso introduce, como mínimo, una notable incoherencia en su discurso o un cálculo interesado manifiesto.

            La carta de Feijóo no es, en definitiva, un análisis serio de los problemas del sistema sanitario ni una propuesta política rigurosa para abordarlos. Es un gesto calculado para capitalizar el malestar de un sector profesional concreto y convertirlo en argumento de confrontación política.

            Y en ese gesto quedan al descubierto constantes preocupantes como la simplificación de la realidad, instrumentalización de los conflictos laborales, jerarquización implícita de los profesionales sanitarios y una evidente distancia entre lo que se dice y lo que se hace.

            La sanidad pública merece algo más que gestos calculados o cartas oportunistas. Merece dirigentes políticos capaces de anteponer las necesidades reales de la ciudadanía al interés coyuntural de sus partidos o a la presión de sectores concretos.

            Gobernar un país exige responsabilidad, honestidad y coherencia. Utilizar la sanidad pública, desde la tergiversación y la manipulación, como arma de confrontación mientras se impulsan y apoyan políticas que favorecen su debilitamiento no es defenderla. Es, sencillamente, utilizarla.

Se puede leer la carta de Feijóo en: https://www.cesm.org/wp-content/uploads/2026/03/CARTA-PRESIDENTE-FEIJOO-A-LOS-MEDICOS-1.pdf 

Consideraciones sobre la guía de entrevista en etnoenfermería: clave en enfermería comunitaria y salud colectiva

¿CIUDAD QUE CUIDA O CIUDAD QUE ENFERMA?

Hay una evidencia científica que debería tenerse presente en cualquier agenda política: las relaciones sociales protegen más la salud que muchos de los factores de riesgo que llenan titulares y campañas institucionales. Diversos estudios científicos han demostrado que la calidad de los vínculos sociales genera factores protectores de salud que influyen en la esperanza y en la calidad de vida a pesar, incluso, de hábitos tan dañinos como el tabaquismo, el sedentarismo o la mala alimentación. Dicho de otro modo, la soledad y el aislamiento enferman; la convivencia y la comunidad curan.

Pero las relaciones sociales no nacen en el vacío. No son fruto exclusivo de la voluntad individual ni pueden reducirse a la suma de amistades virtuales. Requieren contextos. Necesitan espacios que las hagan posibles, políticas que las fomenten y entornos que las cuiden. Una red social sólida —de las de verdad, no de las digitales— se construye en plazas donde encontrarse, en calles seguras donde pasear con tranquilidad, en barrios con comercio de proximidad, en centros cívicos abiertos, en parques donde coincidan generaciones distintas. Se construye cuando existen servicios públicos de calidad, cuando se protege a la población más vulnerable, cuando la vivienda es un derecho y no una mercancía especulativa.

Si, además, un territorio disfruta de condiciones climáticas privilegiadas, la oportunidad es aún mayor. Un clima amable multiplica las posibilidades de vida en el espacio público, de encuentro espontáneo, de convivencia cotidiana. Es un capital natural que, bien gestionado, puede convertirse en un auténtico motor de salud colectiva.

Y, sin embargo, asistimos a una paradoja inquietante. Pese a la contundencia de las evidencias científicas y a las condiciones favorables de nuestro entorno, buena parte de los recursos públicos se orientan a un modelo de ciudad centrado casi exclusivamente en el negocio turístico. El resultado se traduce en aumento del ruido, saturación del espacio público, encarecimiento de la vivienda, precarización del comercio local, contaminación, falta de limpieza, desplazamiento de vecinos, debilitamiento de los vínculos comunitarios.

No se trata de demonizar el turismo, sino de cuestionar su hegemonía como eje vertebrador de la planificación urbana. Cuando la ciudad se convierte en un parque de atracciones, el ciudadano corre el riesgo de transformarse en figurante. Y cuando el espacio público se orienta prioritariamente al consumo, la convivencia se subordina al negocio. La ciudad deja de ser hogar para convertirse en producto.

Frente a esta deriva conviene recordar qué entendemos por salud. El médico y pensador Jordi Gol la definía como “una manera de vivir autónoma, solidaria y feliz”. Autónoma, porque permite a las personas desarrollar capacidades para responder a sus propias necesidades. Solidaria, porque esas respuestas se construyen junto a otros, en comunidad. Feliz, porque el entorno genera bienestar y confort en lugar de estrés y malestar.

¿Cómo puede florecer esa forma de vivir en barrios invadidos por el ruido constante, en calles colonizadas por flujos masivos que dificultan el encuentro, en entornos donde el ocio saludable queda reducido a grandes superficies comerciales? ¿Cómo sostener vínculos profundos cuando la vivienda es inestable, cuando los vecinos rotan sin cesar, cuando los espacios de participación ciudadana son meramente formales y no influyen realmente en las decisiones?

La erosión de los lazos comunitarios no es un daño colateral menor, es un problema de salud pública. Sin vínculos sólidos aumentan la soledad, la ansiedad y la sensación de desarraigo. Sin redes de apoyo se debilita la capacidad colectiva de afrontar crisis, ya sean económicas, de salud, climáticas o sociales. Una ciudad que no facilita el encuentro y la cooperación está, en el fondo, debilitando su sistema inmunitario social.

Planificar pensando en la ciudadanía no es una utopía ingenua; es una estrategia inteligente. Apostar por espacios verdes accesibles, por movilidad segura y sostenible, por equipamientos de proximidad, por vivienda digna y accesible, por cultura comunitaria y por procesos reales de participación no solo genera bienestar, también produce riqueza. Una riqueza más estable, más distribuida y menos dependiente de modas o fluctuaciones externas. Una riqueza que se traduce en confianza, en cohesión y en salud.

Los entornos saludables son la mejor inversión que puede hacer una sociedad que se respeta a sí misma. No son un lujo ni un complemento decorativo; son la base material de una vida armónica. Todo lo demás —las ofertas mercantilistas, los reclamos efímeros, los grandes proyectos pensados para impresionar— corre el riesgo de convertirse en aditivos artificiales que, lejos de fortalecer los hábitos saludables, los erosionan.

La pregunta, en última instancia, es tan sencilla como profunda: ¿queremos ciudades que facturen o ciudades que cuiden? Si de verdad nos preocupa la salud deberíamos empezar por defender los contextos que hacen posibles los vínculos. Y eso exige valentía política, visión a largo plazo, pactos en beneficio del bienestar y no del populismo y, sobre todo, la convicción de que la ciudadanía no es un recurso a explotar, sino el verdadero sentido de la ciudad.

ALGORITMOS Y RITMOS DEL CUIDADO

“La tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso.”

Christian Lous Lange[1]

 

  1. Cuando el cálculo invade el lenguaje del cuidado

            Vivimos un tiempo en el que el lenguaje de los algoritmos ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en una auténtica gramática social. Los algoritmos ordenan lo que vemos, condicionan lo que leemos, jerarquizan lo que consideramos relevante, modulan nuestras formas de relación y van moldeando, casi sin advertirlo, nuestra manera de interpretar la realidad. No solo organizan datos, también distribuyen atención, aceleran decisiones y reducen la complejidad a patrones previsibles. En ese contexto, no resulta extraño que hayan penetrado con fuerza en el ámbito sanitario, donde prometen más precisión diagnóstica, mayor eficiencia organizativa, menos carga burocrática y mejores resultados clínicos, tal como plantean la Organización Mundial de la Salud, la OCDE y varias revisiones[2],[3],[4],[5].

            Pero precisamente ahí aparece la paradoja. Cuanto más hablamos de algoritmos, más hablamos también de la necesidad de “humanización de la sanidad”. Y quizá convenga detenerse un momento en ese deseo, tan repetido como confuso. La sanidad, en sí misma, no se humaniza. Un sistema, una organización o un modelo carecen de humanidad propia. No sienten, no escuchan, no acompañan, no consuelan, no sostienen el miedo ni interpretan un silencio. Lo que sí puede ser humanizada —o deshumanizada— es la atención que se presta dentro de ese sistema. Son las prácticas, los vínculos, los modos de presencia y las decisiones concretas de quienes prestan atención, las que impregnan de humanidad, o de su ausencia, a las instituciones sanitarias. Cuando confundimos la estructura con la relación, corremos el riesgo de creer que basta con rediseñar procedimientos o acuñar el término para resolver aquello que depende, sobre todo, de la calidad moral, comunicativa y cuidadora de la atención y de quienes tienen la capacidad y competencia para hacerlo posible1,[6].

            La inteligencia artificial (IA), por tanto, no entra en un terreno neutro. Entra en un espacio profundamente humano, el del encuentro entre personas y profesionales que responden técnica, ética y relacionalmente a sus necesidades y demandas. Y ese encuentro no puede reducirse a una secuencia de datos, por sofisticada que esta sea. Las revisiones sobre IA en enfermería muestran beneficios potenciales claros en monitorización, predicción clínica, apoyo a decisiones, organización del trabajo y eficiencia operativa. Pero esas mismas revisiones subrayan también riesgos nítidos, como sesgos, opacidad, dependencia tecnológica, despersonalización, problemas de privacidad y debilitamiento de dimensiones éticas y sociales del cuidado si la implementación se guía solo por la productividad2,3. En paralelo, los estudios con personas insisten en algo elemental y decisivo, como el que la confianza en el uso de IA aumenta cuando hay supervisión humana, comunicación clara, transparencia, protección de datos y preservación del vínculo relacional[7].

            No estamos, por tanto, ante una disputa entre técnica y humanismo, como si hubiera que elegir entre precisión o cercanía, entre innovación o cuidado. Ese planteamiento es falso. El problema no es la técnica. El problema es convertirla en criterio rector de la atención, subordinando a ella todo lo demás. Porque cuando la eficiencia deja de ser un medio para convertirse en un fin, el riesgo no es solo organizativo; es antropológico. Empezamos a mirar a las personas desde lo que puede medirse más fácilmente de ellas y dejamos en la penumbra la incertidumbre, la fragilidad, el pudor, el temor, la esperanza, la compasión, la soledad o la necesidad de ser comprendidas sin prisa, es decir, aquello que, siendo decisivo, no cabe del todo en un registro. La lógica algorítmica tiende a valorar aquello que puede capturar; el cuidado, en cambio, obliga a atender también aquello que apenas se deja nombrar.

            Desde la perspectiva enfermera, esta cuestión adquiere una relevancia aún mayor. Porque cuidar nunca ha consistido solo en ejecutar correctamente una técnica, sino en articular conocimiento, juicio profesional, presencia, comunicación y acompañamiento. Las enfermeras no se agotan en el control de variables fisiológicas, aunque las necesiten. Su sentido más profundo aparece cuando esas variables se integran en la vida concreta de una persona. No basta con detectar con rapidez una arritmia, anticipar un deterioro clínico o ajustar un riesgo mediante predicción automatizada. Todo eso importa, y mucho. Pero importa tanto o más saber mirar a quien recibe ese diagnóstico, entender cómo lo interpreta, qué teme, qué no comprende, qué calla, qué necesita para afrontar la situación y qué apoyos tiene —o no tiene— para sostenerse. Ahí es donde los algoritmos encuentran su límite y donde los ritmos del cuidado se vuelven irrenunciables2,3,6.

            Porque, en efecto, frente al imperio de los algoritmos conviene reivindicar también los ritmos. No desde la retórica del lenguaje, ni desde un falso y caduco romanticismo de tiempos supuestamente más humanos, sino como una categoría profesional, ética y política del cuidado. El ritmo del cuidado no es lentitud ineficiente. Es ajuste. Es saber cuándo intervenir y cuándo esperar; cuándo hablar y cuándo callar; cuándo explicar, cuándo repetir y cuándo simplemente permanecer. Es reconocer que no todas las personas procesan igual la información, ni todos los cuerpos responden al mismo compás, ni todos los sufrimientos admiten la misma cadencia, ni todas las personas requieren la misma respuesta. Cuidar es también acompasar la competencia profesional al tiempo vital de quien necesita ser cuidado, a sus expectativas, su entorno, su situación. Es huir de la estandarización para asumir la personalización, escapar de la rutina para dar cabida a la diversidad.

            Y ahí emerge una verdad incómoda y habitualmente rechazada para los discursos triunfalistas sobre la automatización. Porque puede haber una atención técnicamente impecable y, sin embargo, humanamente deficiente. La evidencia reciente sigue mostrando que la empatía, la comunicación centrada en la persona y la calidad relacional de la atención se asocian con mayor satisfacción, mejor adherencia y mejores resultados percibidos5,[8]. Incluso los trabajos sobre modelos generativos y empatía recuerdan, precisamente por contraste, hasta qué punto la comunicación empática importa en salud7,[9]. Si planteamos que una máquina puede en algún momento simular fórmulas empáticas, la pregunta no es si eso basta, sino reflexionar sobre qué estamos dejando de hacer quienes sí tenemos responsabilidad moral, corporalidad, biografía y capacidad real de presencia.

 

  1. Los límites del cálculo

            Si los algoritmos operan mediante cálculo, predicción y optimización, los ritmos del cuidado operan mediante presencia, relación y comprensión. Son dos lógicas diferentes que no necesariamente se excluyen, pero que tampoco pueden confundirse.

            La práctica sanitaria contemporánea se ha construido durante décadas sobre el principio fundamental de la integración entre conocimiento científico, competencia técnica y juicio clínico. En ese contexto, disciplinas como la enfermería han desarrollado un corpus de conocimiento propio centrado en el cuidado profesional, que articula observación clínica, interpretación contextual, relación terapéutica y toma de decisiones orientadas a la persona y su entorno. Ese saber profesional no se limita a aplicar técnicas o protocolos; implica comprender cómo los procesos de salud y enfermedad se integran en la vida concreta de cada persona.

            La IA introduce ahora una dimensión adicional que amplía la capacidad analítica de los sistemas de salud. Diversos estudios han mostrado que determinados sistemas de aprendizaje automático pueden mejorar la detección de patrones en imágenes médicas, anticipar deterioros clínicos o identificar riesgos epidemiológicos con una rapidez difícilmente alcanzable mediante métodos tradicionales[10],[11].

            Estos avances no son menores. Ignorarlos sería tan absurdo como rechazarlos. Pero reconocer su valor no significa ignorar sus límites. Los algoritmos no comprenden el sufrimiento; lo modelizan. No interpretan la experiencia humana; la aproximan mediante variables. No acompañan; predicen. Y precisamente por eso necesitan ser integrados en prácticas clínicas que mantengan como eje central la relación humana.

            La literatura reciente sobre digitalización sanitaria advierte del riesgo creciente de que la atención se transforme progresivamente en un proceso guiado por flujos de datos, indicadores de rendimiento y decisiones automatizadas. Aunque estos sistemas pueden mejorar la eficiencia y la seguridad, también pueden desplazar dimensiones esenciales de la atención centrada en la persona si su implementación se orienta exclusivamente hacia la productividad y la optimización de recursos[12].

            En otras palabras, cuando la lógica algorítmica se convierte en el principal criterio organizador de la atención, el sistema empieza a valorar preferentemente aquello que puede medirse con facilidad. Y, sin embargo, muchos de los aspectos decisivos del cuidado difícilmente pueden reducirse a indicadores cuantificables, aunque si cualitativos.

            Desde la perspectiva del cuidado profesional, esto tiene consecuencias muy concretas. El ritmo del cuidado implica tiempo para escuchar una preocupación que no aparece en el registro clínico. Implica tiempo para interpretar un gesto, una duda o una emoción que no cabe en un algoritmo de predicción. Implica tiempo para explicar, repetir una información, sostener una conversación difícil o simplemente permanecer al lado de alguien que atraviesa una situación de incertidumbre.

            Nada de eso aparece en los indicadores de productividad. Y, sin embargo, forma parte esencial del cuidado.

            La evidencia científica acumulada en las últimas décadas ha mostrado de forma consistente que la calidad de la relación entre profesionales de la salud y personas atendidas influye directamente en la experiencia de atención y, en muchos casos, en los propios resultados de salud[13].

            Pero la tensión entre algoritmos y ritmos no se limita al ámbito estrictamente clínico. La tecnología también está ampliando enormemente nuestra capacidad para conocer y controlar los entornos en los que vivimos. Sensores ambientales, sistemas de monitorización, plataformas digitales o herramientas de análisis de datos permiten medir con gran precisión aspectos relacionados con la calidad del aire, el ruido, la seguridad de los espacios urbanos, la accesibilidad o las condiciones ambientales que influyen en la salud de las poblaciones.

            Esa capacidad de medición puede contribuir de forma decisiva a mejorar las condiciones de vida y a orientar políticas públicas más saludables. Sin embargo, incluso en ese ámbito aparecen límites que los algoritmos difícilmente pueden superar y que, sin embargo, los ritmos pueden identificar, valorar y evaluar.

            Los sistemas digitales pueden registrar variables ambientales o identificar riesgos estructurales en un territorio, pero no pueden interpretar plenamente la red de significados, relaciones y vínculos que las personas establecen con su entorno. No existe algoritmo capaz de identificar por sí mismo los activos para la salud que una comunidad reconoce como propios desde la identificación, valoración y articulación de los mismos y que se concretan espacios, relaciones, saberes o experiencias que las personas valoran como fuentes de bienestar, apoyo y sentido en sus vidas.

            Porque esos activos no son solo recursos o servicios disponibles. Son construcciones sociales y emocionales profundamente vinculadas a la manera en que las personas entienden y viven la salud, se relacionan entre sí y construyen su vida comunitaria. Son, en definitiva, ritmos vitales que se concretan, manifiestan y comparten en expresiones vivas de la experiencia humana que difícilmente pueden capturarse mediante modelos algorítmicos.

            Por eso el desafío actual no consiste en humanizar la tecnología o la IA. Las máquinas no precisan ni necesitan ser humanizadas. Lo verdaderamente importante es que la tecnología no deshumanice el cuidado que prestamos.

            No se trata, por tanto, de sustituir la relación por el algoritmo ni de subordinar el ritmo del cuidado a la velocidad de los sistemas de procesamiento de datos. Se trata de utilizar la tecnología como herramienta de apoyo sin permitir que su lógica termine redefiniendo la esencia de nuestra práctica profesional.

            El reto consiste en evitar que la cadencia de los algoritmos imponga su ritmo al cuidado. La tecnología debe adaptarse al ritmo del cuidado, no al contrario.

 

  1. El ritmo irrenunciable del cuidado

            Llegados a este punto, la cuestión central ya no es si debemos aceptar o rechazar la IA en el ámbito de la salud. Ese debate pertenece en buena medida al pasado. La tecnología está aquí y seguirá evolucionando. La pregunta verdaderamente relevante es qué papel queremos que desempeñe en la forma en que cuidamos a las personas.

            Porque el futuro de la atención sanitaria no se decidirá únicamente en los laboratorios de innovación tecnológica, sino en la manera en que las enfermeras integren esas herramientas en su práctica profesional. Y esa integración exige algo más que capacidad técnica, exige criterio ético, mirada crítica y una comprensión profunda de lo que significa cuidar.

            La tentación de dejarse seducir por la promesa de la eficiencia tecnológica es comprensible. Los algoritmos ofrecen rapidez, precisión y capacidad de procesamiento a una escala imposible para el razonamiento humano. Permiten identificar patrones invisibles, anticipar riesgos y apoyar decisiones complejas. Pero precisamente por eso corremos el riesgo de confundir medios con fines. Porque el objetivo de los sistemas de salud no puede ser optimizar algoritmos. Debe ser, cuidar personas.

            Y cuidar personas significa reconocer que la salud no se reduce a un conjunto de variables fisiológicas ni a una serie de indicadores clínicos. Significa comprender que cada proceso de salud-enfermedad se inscribe en una biografía, en un contexto social, en una red de relaciones y en una forma concreta de vivir y entender el mundo. Esta visión holística de la salud ha sido ampliamente respaldada por la literatura científica contemporánea, que subraya la necesidad de integrar dimensiones biológicas, sociales, espirituales y relacionales en la práctica sanitaria[14]. Para ello, el conocimiento técnico resulta imprescindible, pero insuficiente.

            El cuidado tiene ritmos porque las personas también los tienen. Ritmos de comprensión, de aceptación, de adaptación, de miedo o de esperanza. Ritmos que no siempre coinciden con los tiempos organizativos de los sistemas sanitarios ni con la velocidad de procesamiento de los algoritmos.

            La literatura sobre digitalización sanitaria advierte de que una automatización excesiva puede generar distanciamiento relacional y reducir la capacidad de las enfermeras para desarrollar una atención verdaderamente centrada en la persona[15]. Por eso no podemos caer en la trampa de la seducción tecnológica como refugio de bienestar profesional, olvidando o minusvalorando la importancia y el impacto de los cuidados que, precisamente, no ofrecen los algoritmos.

            Así pues, integrar algoritmos y ritmos implica reconocer que cada uno cumple una función distinta. Los algoritmos pueden ayudarnos a ver más lejos; los ritmos del cuidado nos ayudan a ver más profundamente. Los algoritmos amplían nuestra capacidad de análisis; el cuidado amplía nuestra capacidad de comprensión. Ambos pueden y deben coexistir, siempre que recordemos cuál es el propósito último de nuestra práctica profesional.

                        En definitiva y de manera muy sintética, pero clara, los algoritmos representan la capacidad de cálculo del sistema sanitario, mientras que el cuidado representa su conciencia.

            De cómo seamos capaces de equilibrar ambas dimensiones dependerá en gran medida el futuro de los cuidados que prestemos, y como consecuencia ello, y solo desde ese posicionamiento, el de la humanización del sistema.

            No se trata, por tanto, de qué pueden hacer los algoritmos por nosotros, sino de qué queremos seguir haciendo nosotros por las personas las que cuidamos[16].

 

[1] Historiador y pacifista noruego (1869-1938)

[2] World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health. Geneva: WHO; 2021.

[3] Ventura-Silva J, Martins MM, et al. Artificial intelligence in the organization of nursing care: a scoping review. Nursing Reports. 2024.

[4] El Arab RA, et al. The role of AI in nursing education and practice: umbrella review. J Med Internet Res. 2025.

[5] OECD. AI in health: huge potential, huge risks. OECD Publishing; 2024.

[6] Sorin V, et al. Large language models and empathy in healthcare communication. J Med Internet Res. 2024.

[7] Foresman G, et al. Patient perspectives on artificial intelligence in healthcare. JMIR Hum Factors. 2025.

[8] Howcroft A, et al. Empathy in healthcare communication: systematic review. Patient Educ Couns. 2024.

[9] Kim J, et al. Artificial intelligence generated responses to patient messages. JAMA Netw Open. 2024.

[10] Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nat Med. 2019.

[11] Esteva A, et al. A guide to deep learning in healthcare. Nat Med. 2019.

[12] Panch T, Mattie H, Celi LA. The inconvenient truth about AI in healthcare. NPJ Digit Med. 2019.

[13] Kelley JM, et al. The influence of the patient-clinician relationship on healthcare outcomes. PLoS One. 2014.

[14] Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science. 1977.

[15] Greenhalgh T, et al. Digital health and human relationships in healthcare. Lancet Digit Health. 2021.

[16] Tronto J. Moral boundaries: a political argument for an ethic of care. Routledge; 1993.

 

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