En los últimos días estamos asistiendo a un rosario de asesinatos de mujeres y niños a manos de sus parejas o exparejas. Cada nombre propio, cada edad, cada historia truncada vuelve a enfrentarnos con una realidad que, por repetida, jamás puede naturalizarse. Cuando la violencia machista empieza a percibirse como un telón de fondo permanente del paisaje social, hemos dado ya un paso peligroso hacia la indiferencia.
No es un “pico” en una gráfica de datos. No es una anomalía estadística que se corregirá sola con el paso de las semanas. Pensarlo así es una banalización inadmisible. La violencia de género —y la violencia vicaria que asesina a los hijos para dañar a las madres— es la expresión extrema de un sistema de desigualdad que se alimenta del machismo cotidiano, de la tolerancia cultural y de la tibieza, cuando no frialdad, institucional.
Las mujeres asesinadas no mueren por azar. Mueren porque hay hombres que creen tener derecho a poseer, controlar o destruir. Y esa convicción no surge en el vacío: se construye en discursos que relativizan, en mensajes que cuestionan, en silencios más cómodos que el compromiso. Cuando se siembra duda sobre la existencia misma de la violencia de género o se diluye su raíz estructural, se debilita un consenso social que costó décadas conseguir.
Pero hay un elemento aún más inquietante. La utilización partidista del acoso sexual y de la violencia contra las mujeres. Resulta desolador comprobar cómo, según el color político del agresor, los discursos cambian de intensidad y los principios se vuelven elásticos. El acoso no es un arma arrojadiza; es parte del mismo entramado de dominación que, en su expresión más brutal, culmina en el asesinato.
Mientras los partidos cruzan acusaciones y levantan trincheras mediáticas, las mujeres que denuncian quedan expuestas. Son ellas quienes soportan el escrutinio público, las filtraciones interesadas, la sospecha sembrada sobre su relato. Lo que fue un acto de valentía puede convertirse en un calvario añadido. Con demasiada frecuencia, la discusión gira más en torno al daño reputacional del partido que a la reparación y protección de la víctima. Más en la defensa del acosador, aunque sea presunto, que de la mujer acosada.
Sin embargo, el problema no se limita a la hipocresía coyuntural. El núcleo es más profundo: el negacionismo ha dejado de ocupar los márgenes y ha sido incorporado a pactos, alianzas y acuerdos de poder. Cuando se gobierna con quienes niegan la violencia machista o la reducen a una etiqueta ideológica de negociación; cuando se asumen sus marcos discursivos para garantizar mayorías; cuando se rebajan términos para no incomodar a socios estratégicos, el mensaje inequívoco es que los derechos de las mujeres son negociables.
Esa negociación, explícita o tácita, construye clima cultural. Y tiene consecuencias. Resulta especialmente preocupante el crecimiento de posiciones negacionistas entre adolescentes y jóvenes. No es fruto de una saturación del debate, sino de la legitimación institucional de discursos que cuestionan la evidencia. Si desde las instituciones se transmite que la violencia de género es discutible o exagerada, no sorprende que parte de una generación lo asuma como propio.
La pedagogía democrática no se limita a la escuela; se ejerce también desde los parlamentos. No basta con leyes si el relato público es ambiguo. Hacen falta referentes coherentes, compromiso sostenido y una clara delimitación frente a discursos que erosionan la igualdad en cualquier aspecto, escenario o discurso. Porque el pluralismo no obliga a considerar igualmente válidas todas las posiciones cuando están en juego derechos fundamentales.
Los medios de comunicación tampoco son actores neutros. Informar es imprescindible; convertir cada caso en espectáculo permanente, no. El sensacionalismo no previene y puede contribuir a la normalización del horror. El foco debería situarse en las causas estructurales, en la prevención, en los recursos disponibles y en la denuncia de las desigualdades que sostienen esta violencia y no en el morbo que se genera a su alrededor.
Defender con firmeza la igualdad y la dignidad de las mujeres no es radicalismo; es una exigencia democrática básica. Transformar esta realidad exige algo más que declaraciones. Exige coherencia política y límites claros. Significa asumir que no todo vale para alcanzar o mantener el poder. Que no se puede blanquear el negacionismo en nombre de la gobernabilidad. Que la audiencia no puede modelar los hechos. Que excluir democráticamente —mediante el debate, el voto y los pactos responsables— a quienes niegan una violencia estructural acreditada no es intolerancia, sino defensa activa de los derechos humanos.
Si permitimos que la violencia machista siga siendo moneda de cambio, estaremos aceptando que la dignidad de las mujeres entre en la lógica de la transacción, del mercantilismo político, ideológico, mediático y social.
Gobernar blanqueando retrocesos, negociando derechos supone que, estos, se desvirtúen, manipulen o pierdan. Cuando eso sucede, la violencia machista se impone a la dignidad de las mujeres.