La guerra contra Irán fue presentada por quienes la iniciaron —Israel y Estados Unidos— como una intervención necesaria para frenar a un régimen teocrático que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de su población. El argumento, en apariencia irreprochable, apela a una causa noble, la defensa de la libertad y la dignidad humanas frente a un poder religioso autoritario. Sin embargo, el relato se debilita cuando se observa con un mínimo de rigor político y ético. Incluso aceptando que el régimen iraní ha vulnerado derechos fundamentales de su ciudadanía —especialmente de las mujeres—, resulta difícil sostener que quienes han iniciado esta guerra lo hacen movidos exclusivamente por ese propósito moral. Los intereses geopolíticos, estratégicos y económicos están demasiado presentes como para ocultarlos tras un discurso redentor.

            Pero más allá de los intereses, hay un elemento que llama poderosamente la atención, que se invoque la lucha contra una teocracia por parte de líderes y gobiernos que, de una u otra forma, también recurren a legitimaciones religiosas para justificar su poder o sus decisiones políticas. La acusación dirigida contra Irán pierde fuerza cuando quienes la formulan lo hacen desde estructuras políticas en las que la religión sigue desempeñando un papel relevante, a veces explícito y otras cuidadosamente disimulado.

            El caso de Israel resulta particularmente ilustrativo. El gobierno de Benjamin Netanyahu se sostiene en buena medida gracias al apoyo de sectores ultrarreligiosos que interpretan determinados textos bíblicos como un mandato divino para recuperar territorios que consideran históricamente pertenecientes al pueblo judío. Esa lectura religiosa del territorio y de la historia no es un elemento marginal en determinados discursos políticos israelíes; forma parte de su núcleo ideológico. Bajo esa lógica, la política se convierte en una prolongación de la voluntad divina y la geopolítica se transforma en una misión sagrada, en una cruzada.

            En Estados Unidos, aunque el sistema político se define formalmente como una democracia laica, la religión también se utiliza con frecuencia como herramienta de legitimación política. La escena protagonizada por Donald Trump rodeado de líderes religiosos que imponían sus manos sobre él para pedir a Dios que le concediera fuerza y sabiduría para cumplir su misión política habría parecido una caricatura si no hubiese sido real. Esa imagen mostraba hasta qué punto determinados sectores del poder político buscan legitimarse mediante una retórica religiosa que presenta sus objetivos como parte de un designio providencial.

            En Irán, la teocracia no se disfraza. El poder se justifica abiertamente en la interpretación religiosa del Corán y en la autoridad espiritual de los líderes religiosos. El ayatolá asesinado al inicio de la guerra representaba esa fusión entre poder político y autoridad religiosa que ha marcado la historia reciente del país. Su régimen ha ejercido una represión severa contra amplios sectores de la población y ha impuesto restricciones particularmente duras contra las mujeres. Nada de eso tiene justificación posible.

            Pero precisamente por eso resulta inquietante que quienes denuncian ese sistema lo hagan desde posiciones que, aunque revestidas de democracia formal, también recurren a la religión como instrumento de legitimación política. La diferencia es que en Irán la teocracia se reconoce abiertamente, mientras que en otros contextos se disimula bajo la apariencia de democracias que, llegado el momento, pueden actuar al margen de la legalidad internacional cuando sus intereses lo exigen.

            El problema, en realidad, no es el islam, ni el judaísmo, ni el cristianismo. Ninguna religión, en sí misma, explica la violencia política. Lo verdaderamente peligroso es el fundamentalismo instrumental que algunos líderes utilizan para legitimar sus decisiones. Ese fundamentalismo no siempre nace de una fe profunda, sino de una estrategia de poder. La religión se convierte entonces en un recurso para movilizar emociones colectivas, cohesionar a determinados sectores sociales y justificar políticas que, de otro modo, resultarían difíciles de defender.

            Las teocracias —explícitas o encubiertas— se alimentan además de otro elemento esencial, la manipulación de la ciudadanía. Cuando los discursos se simplifican hasta convertir la realidad en una lucha entre el bien y el mal, cuando los líderes se presentan como intérpretes exclusivos de la voluntad divina, el pensamiento crítico se debilita. En unos casos se utilizan amenazas religiosas de castigo divino; en otros se recurre al miedo económico, a la inseguridad o al patriotismo exacerbado. Los métodos cambian, pero el objetivo es el mismo: consolidar el poder.

            Por eso conviene mirar con cautela los discursos que presentan las guerras como cruzadas morales. Cuando la religión se mezcla con la política de poder, el resultado rara vez es la defensa de los derechos humanos. Más bien suele ser lo contrario, la legitimación de decisiones que responden a intereses estratégicos envueltas en una narrativa sagrada que pretende situarlas por encima de cualquier crítica. Porque cuando los dioses se utilizan para justificar la guerra, quienes terminan pagando el precio siempre son los pueblos a quienes dicen defender sus líderes.