La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de rechazar la imputación de Carlos Mazón no ha dejado indiferente a nadie. Más allá de los fundamentos jurídicos que hayan sustentado esta resolución —que sin duda existen y deben ser respetados en un Estado de derecho—, lo que emerge con fuerza en la percepción social es una sensación incómoda, persistente y cada vez más extendida de que algo no está funcionando como debería en la relación entre justicia, política y responsabilidad pública.

            La ciudadanía no entra en interpretaciones técnicas del derecho penal. Lo que percibe, de forma directa y emocional, es la concatenación de hechos, actitudes y consecuencias. Y en este caso, establecen una relación clara entre la actuación política de Mazón y la tragedia provocada por la DANA que dejó 230 víctimas mortales. No se trata de determinar si existe o no responsabilidad penal —cuestión que corresponde exclusivamente a los tribunales—, sino de reconocer que la responsabilidad política va mucho más allá de los márgenes del Código Penal.

            Este es, precisamente, el núcleo del problema. Cuando una conducta puede no ser objeto de imputación, pero resulta socialmente inaceptable, se produce una fractura. Y esa fractura erosiona la confianza en la justicia y compromete la credibilidad del resto de las instituciones. Si el marco legal permite que determinadas decisiones o inacciones queden sin consecuencias más allá del debate público, quizá no estemos ante un fallo puntual, sino ante una disfunción estructural que exige revisión.

            En este contexto, la reciente decisión de la jueza de Catarroja de citar a Mazón como testigo, tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, introduce un matiz que no puede ser ignorado. Supone, en cierta medida, la apertura de un resquicio de confianza en la justicia, al evidenciar que los hechos siguen siendo objeto de análisis y que no todo queda cerrado en términos formales. Sin embargo, conviene no sobredimensionar su alcance. Este tipo de decisiones, siendo positivas, no resultan suficientes para revertir la percepción de impunidad cuando la respuesta institucional en su conjunto sigue sin dar una respuesta clara, coherente y proporcionada a la gravedad de lo sucedido.

            Porque la política no puede limitarse a esquivar el reproche penal. Gobernar implica asumir responsabilidades que trascienden lo legal y se adentran en lo ético, lo moral y lo institucional. Cuando esa asunción desaparece, o se diluye en argumentaciones defensivas basadas exclusivamente en la legalidad, el mensaje devastador que recibe la sociedad es el de que existen espacios de impunidad siempre que se logre no cruzar determinadas líneas jurídicas. diseñadas previamente por el poder político como salvaguarda frente a la exigencia de responsabilidades.

            A ello se suma la actitud de los partidos políticos. Lejos de contribuir a la depuración de responsabilidades, muchas formaciones optan por cerrar filas en torno a sus dirigentes, apelando precisamente a la inexistencia de delito como argumento suficiente para sostener su continuidad. Este posicionamiento no solo debilita la exigencia interna de responsabilidad, sino que convierte a los partidos en actores que, de forma indirecta, participan en el deterioro de la credibilidad institucional.

            Cuando la política se percibe como un espacio donde la lealtad partidista prevalece sobre la rendición de cuentas, la desafección ciudadana crece. Y lo hace de forma proporcional al sentimiento de injusticia. Porque, desde la perspectiva de la ciudadanía, resulta difícil aceptar que conductas que en otros ámbitos tendrían consecuencias inmediatas queden sin respuesta en el ámbito público.

            Este caldo de cultivo es el terreno fértil en el que prosperan las posiciones populistas y extremistas. La pérdida de confianza en las instituciones abre la puerta a discursos simplistas, pero efectistas, que prometen soluciones rápidas a problemas complejos, señalando culpables difusos y erosionando aún más el equilibrio democrático. Cuando la justicia deja de ser percibida como justa y la política como responsable, el sistema en su conjunto se debilita.

            Mientras tanto, Mazón disfruta de los privilegios que derivan de su condición de expresidente, tras verse forzado a dimitir por el mayoritario rechazo social a una gestión mediocre, pese a presentarla como coherente y digna. Unos privilegios que, aunque legalmente le corresponden, le son garantizados por el respaldo de su partido y el de la formación que sostiene su gobierno. Lo que proyecta la imagen de una recompensa encubierta a una actuación de consecuencias trágicas difícilmente asumible. Agravando la desafección y el rechazo hacia una política percibida como oportunista y al servicio de intereses particulares.

            Este desajuste entre legalidad y legitimidad es el verdadero desafío. No se trata de cuestionar el funcionamiento de los tribunales ni de erosionar el principio de presunción de inocencia. Se trata de abrir un debate necesario sobre los mecanismos de responsabilidad política y su relación con el ordenamiento jurídico.

            Cada episodio que refuerza la percepción de impunidad contribuye a alejar a la ciudadanía de sus instituciones. Y ese alejamiento debilita la democracia, fractura la cohesión social y alimenta dinámicas de confrontación que, a medio plazo, resultan difíciles de reconducir.

            Se debe actuar. No desde la impulsividad ni desde el oportunismo político, sino desde la reflexión serena y el compromiso con la calidad democrática. De lo contrario, corremos el riesgo de cruzar un umbral del que luego resulte mucho más difícil regresar. Y, a juzgar por la deriva actual, ese punto de no retorno cada vez es menos lejano.