Vivimos en un país que se presenta a sí mismo como moderno, avanzado y democrático. Un país que afirma defender la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Un país que se reconoce diverso, respetuoso e inclusivo. Ese es el relato que repetimos y del que, en buena medida, nos sentimos orgullosos. Pero la cuestión no es lo que decimos ser, sino lo que realmente somos cuando nuestras decisiones nos retratan sin artificios.

            El lenguaje permite construir realidades aparentes. Permite revestir de valores comportamientos que, en esencia, los contradicen. Permite utilizar términos como tradición, cultura o identidad para justificar prácticas que, fuera de ese contexto, serían claramente identificadas como lo que son, inadmisibles.

            Lo ocurrido recientemente en la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto es un ejemplo evidente. La negativa a permitir que las mujeres desfilen en sus procesiones no es opinable ni interpretable. Es lo constatable. Una decisión adoptada por hombres —solo por hombres— que excluye a las mujeres de un espacio de participación pública. Eso no es tradición. Es misoginia. Es desprecio hacia las mujeres y una negación explícita de su derecho a participar en igualdad.

            El caso de El Campello, donde los festeros de Moros y Cristianos han impedido que las mujeres puedan ejercer como embajadoras, responde a la misma lógica. De nuevo, la exclusión presentada como costumbre. De nuevo, el machismo disfrazado de identidad cultural.

            No estamos ante hechos aislados. Forman parte de un entramado que sigue reproduciendo estructuras claramente patriarcales. Se invoca la tradición como si fuera un valor incuestionable, cuando en realidad no es más que la cristalización de prácticas sociales que deben revisarse, especialmente cuando vulneran derechos fundamentales. Porque no todo lo heredado es legítimo, y mucho menos cuando implica desigualdad.

            Pero si estos comportamientos son graves, lo que los hace aún más preocupantes es la reacción —o la ausencia de ella— de las instituciones públicas.

            En Sagunto, el Ayuntamiento ha mostrado su preocupación no por la exclusión de las mujeres, sino por el posible impacto en la declaración como fiesta de interés turístico nacional. Es decir, lo que preocupa no es la discriminación, sino sus consecuencias económicas. No es la igualdad, es la imagen. No es el derecho, es el negocio. Esta posición no es neutral: es alinearse con quienes discriminan.

            En El Campello, el silencio institucional es igualmente elocuente. Un Ayuntamiento que financia con dinero público a los festeros decide no intervenir y se escuda en que son entidades privadas. Pero esta justificación no se sostiene. Cuando hay financiación pública, hay responsabilidad pública. Y cuando no se actúa ante una discriminación evidente, no se respeta la autonomía: se tolera la desigualdad.

            Pero aún hay más. En estos conflictos, cualquier respuesta argumentada es interpretada como un ataque. Se invierte la lógica. Quienes denuncian son señalados, mientras quienes discriminan se presentan como víctimas. Una distorsión que protege posiciones de privilegio.

            El problema no es solo lo que ocurre, sino cómo se justifica. Se recurre a eufemismos y argumentos identitarios para desactivar el análisis crítico. Pero cuando se elimina esa retórica, lo que queda es claro, mujeres excluidas por el hecho de ser mujeres.

            Todo esto no es inocuo. Estas decisiones no son solo simbólicas. Refuerzan una cultura en la que la desigualdad se normaliza. Alimentan un marco en el que el machismo se adapta y se perpetúa. Y ese mismo marco es el que permite que la violencia contra las mujeres siga existiendo.

            Porque el machismo no empieza con la violencia, pero la sostiene. No empieza con el asesinato, pero lo hace posible. Cada exclusión, cada discriminación tolerada, cada silencio institucional contribuye a mantener un sistema en el que las mujeres siguen siendo consideradas ciudadanas de segunda.

            Y mientras tanto, la violencia de género sigue presente, con cifras que cada año nos recuerdan que no se trata de un problema resuelto. Mujeres asesinadas, menores víctimas de violencia vicaria, entornos que reproducen modelos de dominación. Pensar que todo esto es ajeno a decisiones como las descritas es, sencillamente, una forma de negación.

            Pero no solo es inadmisible el comportamiento de las instituciones públicas. También lo es la aceptación social de estos hechos como si no fueran con nosotros. Naturalizarlos, mirar hacia otro lado, restarles importancia o justificarlos en nombre de la tradición es otra forma de respaldo. Un respaldo que fortalece aquello que debería ser denunciado, rechazado y combatido con claridad, la discriminación.

            Por eso es imprescindible dejar de esconder la realidad tras discursos complacientes. No es religión. No es cultura. No es tradición. Es misoginia. Es desprecio. Es falta de respeto hacia las mujeres.

            Y lo es también cuando se maquilla con declaraciones institucionales, minutos de silencio o comunicados sin consecuencias. Porque no basta con denunciar. No basta con lamentar. No basta con decir que no se comparte.