La situación generada por el hantavirus en un crucero holandés está siendo utilizada, una vez más, como arma política. Y más allá del debate partidista, de las tertulias aceleradas y de la necesidad permanente de algunos de convertir cualquier circunstancia en un campo de batalla ideológico, conviene no perder de vista lo verdaderamente importante: estamos ante un problema de Salud Pública.

            Los problemas de Salud Pública no se gestionan desde el ruido, el cálculo electoral o la ocurrencia. Se gestionan desde la evidencia científica, los protocolos internacionales y la coordinación entre organismos competentes. Es decir, desde el conocimiento técnico y la experiencia acumulada por instituciones como la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Sanidad, responsable de activar y coordinar las actuaciones correspondientes en este tipo de situaciones.

            No se trata de opiniones. Ni de intuiciones. Ni de relatos interesados.

            Sin embargo, lo que debería afrontarse con prudencia y rigor se está convirtiendo deliberadamente en un espectáculo político. Solicitar el cese de la ministra de Sanidad, amenazar con denuncias judiciales por la llegada del crucero a Canarias o cuestionar las medidas de cuarentena adoptadas no responde a un análisis epidemiológico serio. Responde a una estrategia de desgaste que necesita convertir cualquier situación compleja en una crisis política permanente.

            Pero en esta ocasión se ha dado un paso más preocupante todavía. Porque ya no se trata únicamente de exagerar riesgos o cuestionar decisiones concretas. Se está intentando instalar la idea de que el brote responde a una maniobra diseñada por el Gobierno para desviar la atención de sus problemas políticos y de los casos de corrupción que le afectan. Es decir, se está sugiriendo que una alerta sanitaria internacional puede formar parte de una especie de montaje político deliberado.

            Y ahí es donde la irresponsabilidad alcanza niveles especialmente graves.

            Porque convertir un problema sanitario en una teoría conspirativa no solo degrada el debate público. También alimenta la desconfianza social, favorece la desinformación y erosiona la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger la salud colectiva. Exactamente el mismo terreno sobre el que crecieron durante la pandemia los bulos, el negacionismo y los discursos pseudocientíficos que tanto daño hicieron.

            Mientras tanto, los especialistas insisten en algo mucho más simple y mucho menos espectacular como que las medidas adoptadas se ajustan a los protocolos internacionales previstos para este tipo de situaciones. Evaluar riesgos, contener posibles contagios, actuar con cautela e informar progresivamente conforme se dispone de más datos. Ni más ni menos.

            En Salud Pública existe el principio básico que demasiadas veces se olvida de que la percepción del riesgo puede llegar a ser tan importante como el propio riesgo. Además de no olvidar nunca que el riesgo cero, no existe. Cuando se magnifican amenazas sin evidencia suficiente, cuando se lanzan acusaciones sin pruebas o cuando se banaliza una alerta sanitaria para obtener rédito político, lo que se genera no es protección ciudadana, sino miedo, confusión y polarización.

            Y una población confundida es siempre una población más vulnerable.

            La crítica política, por supuesto, forma parte de cualquier democracia sana. Lo preocupante es cuando esa crítica deja de apoyarse en hechos verificables y pasa a construirse desde la sospecha permanente, la exageración o directamente la mentira. Porque entonces deja de ser control democrático para convertirse en un mecanismo de intoxicación social.

            Resulta inevitable recordar lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19. Entonces también se cuestionaron medidas de protección, se judicializaron decisiones sanitarias y se alimentaron discursos que presentaban las restricciones como ataques deliberados a la libertad. Con el tiempo, muchas de aquellas actuaciones —incluidos confinamientos y campañas de vacunación— demostraron haber sido esenciales para salvar miles de vidas. Pero el desgaste institucional y la fractura social ya estaban hechos.

            La experiencia reciente debería haber enseñado que en situaciones de incertidumbre sanitaria, la prudencia es una obligación política y ética. No todo vale. No puede valer todo.

            Utilizar la Salud Pública como instrumento de confrontación partidista tiene consecuencias. Se deteriora la confianza en el sistema sanitario. Se cuestiona el trabajo de profesionales y expertos. Se traslada una sensación de descontrol que no se corresponde con la realidad. Y se dificulta la gestión técnica de cualquier crisis, ya que cada decisión queda sometida inmediatamente al espectáculo de la polarización y al tribunal de la agitación política.

            Las medidas adoptadas pueden debatirse, analizarse e incluso criticarse. Lo que no resulta aceptable es convertir una alerta sanitaria en una fábrica de sospechas diseñada para erosionar al adversario político a cualquier precio.

            Porque cuando la Salud Pública se convierte en munición ideológica, lo que termina deteriorándose no es solo el debate político. Lo que se debilita es algo mucho más importante como la confianza colectiva.

            Y sin confianza, ningún sistema de salud puede proteger adecuadamente a su población de los riesgos que situaciones como esta provocan y que exigen una visión de Estado y una responsabilidad ética que lamentablemente brillan por su ausencia.