
Durante mucho tiempo entendimos que vivir en sociedad significaba algo más que compartir territorio, leyes o instituciones. Significaba asumir que existen problemas que, aunque hoy no nos afecten personalmente, nos conciernen porque afectan a otros y porque mañana podemos ser nosotros quienes necesitemos una respuesta colectiva. Sobre esa idea se construyeron buena parte de los servicios públicos, los sistemas de protección social y, en definitiva, aquello que hemos denominado Estado del bienestar.
Cada vez resulta más frecuente buscar soluciones individuales para problemas colectivos. Si la lista de espera se prolonga, contratamos un seguro privado quienes pueden pagarlo. Si preocupa la educación, buscamos un centro que consideramos mejor para nuestros hijos, si disponemos de los recursos para ello. Si no podemos acceder a una vivienda, recurrimos a la ayuda familiar quienes tienen esa posibilidad. Si necesitamos cuidados, quienes pueden, los compran en el mercado. Y si tememos por nuestra seguridad, instalamos alarmas, cámaras y urbanizaciones protegidas.
No hay nada reprochable en que alguien utilice legítimamente sus recursos para buscar la que considera mejor respuesta posible a sus necesidades. Lo preocupante comienza cuando, una vez encontrada esa solución, dejamos de sentir como propio el problema que continúa afectando a quienes no pueden permitírsela. Entonces la sanidad o la educación públicas deterioradas pasan a preocupar fundamentalmente a quien no puede pagar otras; la dificultad para acceder a una vivienda se convierte en problema de quienes no tienen patrimonio familiar; la dependencia afecta a quien no puede contratar cuidados; y la precariedad laboral parece asunto exclusivo de quien la padece.
Construimos una sociedad en la que la capacidad económica determina no solo cuánto podemos comprar, sino también cuánto podemos aislarnos de los problemas comunes.
Aislamiento que tiene consecuencias políticas. Porque quien consigue escapar individualmente de un problema puede dejar de exigir que se resuelva colectivamente. Si suficientes personas encuentran una alternativa privada, disminuye la presión para mejorar aquello que debería ser de todos. Se genera entonces un círculo perverso, en el que se deteriora lo público. Quienes pueden permitírselo buscan alternativas, disminuye o desaparece su implicación en defenderlo y ese abandono contribuye a deteriorarlo todavía más.
El «sálvese quien pueda» deja así de ser una reacción desesperada para convertirse en un modelo de sociedad.
Cuando normalizamos que cada persona busque en el mercado aquello que los servicios públicos no le proporcionan adecuadamente, acabamos debilitando el papel del Estado como garante de derechos. Porque la función de lo público no debería consistir en atender únicamente a quienes no pueden permitirse otra alternativa, sino en garantizar que cualquier persona, con independencia de su situación económica, social, procedencia o lugar de residencia, pueda acceder en condiciones de equidad a unos servicios dignos y de calidad.
De lo contrario, corremos el riesgo de transformar progresivamente los derechos en productos y los servicios públicos en recursos residuales. Un Servicio de Salud universal, accesible y de calidad puede acabar siendo una beneficencia para pobres. Una escuela pública diversa, libre, inclusiva y de calidad puede degradarse hasta ser considerada poco más que un lugar al que enviar a quienes no pueden elegir otro centro, devaluando con ello no solo la educación que ofrece, sino su extraordinaria función de convivencia, integración y construcción de ciudadanía. Y una vivienda digna, lejos de reconocerse como un derecho, puede convertirse definitivamente en un lujo sometido exclusivamente a la capacidad de compra.
Aún más preocupante resulta cuando las propias instituciones terminan aceptando esa lógica. Cuando, en lugar de fortalecer servicios públicos, garantizar vivienda asequible, mejorar la educación o reforzar el sistema de salud, sus políticas facilitan o normalizan que las respuestas dependan cada vez más del mercado, el Estado deja progresivamente de actuar como garante para convertirse en simple gestor de aquello que el mercado no considera rentable.
Entonces cambia algo mucho más profundo que la titularidad de determinados servicios. Cambia nuestra concepción de los derechos. Dejamos de entenderlos como garantías universales para empezar a asumir que existe una respuesta para quien puede pagarla y otra para quien no puede hacerlo. Lo público deja de ser patrimonio de todos para convertirse en refugio de quienes no tienen alternativa.
No tan solo estamos privatizando servicios. Corremos el riesgo de privatizar los derechos, mercantilizar las necesidades y vaciar de contenido la responsabilidad del Estado hacia la ciudadanía.
Una sociedad no se sostiene simplemente mediante la suma de personas capaces de resolver sus propios problemas. Se sostiene cuando comprendemos que necesitamos estructuras comunes precisamente porque somos interdependientes, porque nuestra situación puede cambiar y porque nadie puede garantizar que siempre estará entre quienes tienen capacidad para elegir.
Defender lo público, no debe interpretarse como una actitud de quienes lo necesitan porque carecen de alternativas. Debería ser un compromiso también de quienes podrían prescindir de ello.
Y es que, el mayor éxito del individualismo ha sido convencernos de que podemos salvarnos solos.





