SÁLVESE QUIEN PUEDA

Durante mucho tiempo entendimos que vivir en sociedad significaba algo más que compartir territorio, leyes o instituciones. Significaba asumir que existen problemas que, aunque hoy no nos afecten personalmente, nos conciernen porque afectan a otros y porque mañana podemos ser nosotros quienes necesitemos una respuesta colectiva. Sobre esa idea se construyeron buena parte de los servicios públicos, los sistemas de protección social y, en definitiva, aquello que hemos denominado Estado del bienestar.

            Cada vez resulta más frecuente buscar soluciones individuales para problemas colectivos. Si la lista de espera se prolonga, contratamos un seguro privado quienes pueden pagarlo. Si preocupa la educación, buscamos un centro que consideramos mejor para nuestros hijos, si disponemos de los recursos para ello. Si no podemos acceder a una vivienda, recurrimos a la ayuda familiar quienes tienen esa posibilidad. Si necesitamos cuidados, quienes pueden, los compran en el mercado. Y si tememos por nuestra seguridad, instalamos alarmas, cámaras y urbanizaciones protegidas.

            No hay nada reprochable en que alguien utilice legítimamente sus recursos para buscar la que considera mejor respuesta posible a sus necesidades. Lo preocupante comienza cuando, una vez encontrada esa solución, dejamos de sentir como propio el problema que continúa afectando a quienes no pueden permitírsela. Entonces la sanidad o la educación públicas deterioradas pasan a preocupar fundamentalmente a quien no puede pagar otras; la dificultad para acceder a una vivienda se convierte en problema de quienes no tienen patrimonio familiar; la dependencia afecta a quien no puede contratar cuidados; y la precariedad laboral parece asunto exclusivo de quien la padece.

            Construimos una sociedad en la que la capacidad económica determina no solo cuánto podemos comprar, sino también cuánto podemos aislarnos de los problemas comunes.

            Aislamiento que tiene consecuencias políticas. Porque quien consigue escapar individualmente de un problema puede dejar de exigir que se resuelva colectivamente. Si suficientes personas encuentran una alternativa privada, disminuye la presión para mejorar aquello que debería ser de todos. Se genera entonces un círculo perverso, en el que se deteriora lo público. Quienes pueden permitírselo buscan alternativas, disminuye o desaparece su implicación en defenderlo y ese abandono contribuye a deteriorarlo todavía más.

            El «sálvese quien pueda» deja así de ser una reacción desesperada para convertirse en un modelo de sociedad.

            Cuando normalizamos que cada persona busque en el mercado aquello que los servicios públicos no le proporcionan adecuadamente, acabamos debilitando el papel del Estado como garante de derechos. Porque la función de lo público no debería consistir en atender únicamente a quienes no pueden permitirse otra alternativa, sino en garantizar que cualquier persona, con independencia de su situación económica, social, procedencia o lugar de residencia, pueda acceder en condiciones de equidad a unos servicios dignos y de calidad.

            De lo contrario, corremos el riesgo de transformar progresivamente los derechos en productos y los servicios públicos en recursos residuales. Un Servicio de Salud universal, accesible y de calidad puede acabar siendo una beneficencia para pobres. Una escuela pública diversa, libre, inclusiva y de calidad puede degradarse hasta ser considerada poco más que un lugar al que enviar a quienes no pueden elegir otro centro, devaluando con ello no solo la educación que ofrece, sino su extraordinaria función de convivencia, integración y construcción de ciudadanía. Y una vivienda digna, lejos de reconocerse como un derecho, puede convertirse definitivamente en un lujo sometido exclusivamente a la capacidad de compra.

            Aún más preocupante resulta cuando las propias instituciones terminan aceptando esa lógica. Cuando, en lugar de fortalecer servicios públicos, garantizar vivienda asequible, mejorar la educación o reforzar el sistema de salud, sus políticas facilitan o normalizan que las respuestas dependan cada vez más del mercado, el Estado deja progresivamente de actuar como garante para convertirse en simple gestor de aquello que el mercado no considera rentable.

            Entonces cambia algo mucho más profundo que la titularidad de determinados servicios. Cambia nuestra concepción de los derechos. Dejamos de entenderlos como garantías universales para empezar a asumir que existe una respuesta para quien puede pagarla y otra para quien no puede hacerlo. Lo público deja de ser patrimonio de todos para convertirse en refugio de quienes no tienen alternativa.

            No tan solo estamos privatizando servicios. Corremos el riesgo de privatizar los derechos, mercantilizar las necesidades y vaciar de contenido la responsabilidad del Estado hacia la ciudadanía.

            Una sociedad no se sostiene simplemente mediante la suma de personas capaces de resolver sus propios problemas. Se sostiene cuando comprendemos que necesitamos estructuras comunes precisamente porque somos interdependientes, porque nuestra situación puede cambiar y porque nadie puede garantizar que siempre estará entre quienes tienen capacidad para elegir.

            Defender lo público, no debe interpretarse como una actitud de quienes lo necesitan porque carecen de alternativas. Debería ser un compromiso también de quienes podrían prescindir de ello.

            Y es que, el mayor éxito del individualismo ha sido convencernos de que podemos salvarnos solos.

LA NATALIDAD ENTRE LA MORALIZACIÓN Y LA CULPA.

            España es uno de los países con menor natalidad del mundo. Nacen algo más de 320.000 niños al año y el índice de fecundidad apenas supera un hijo por mujer, lejos de garantizar el relevo generacional. La población envejece, aumenta la presión sobre el sistema de pensiones y la inmigración deja de ser solo una opción política para convertirse en una necesidad demográfica. Frente a una realidad tan compleja, el debate público sigue empeñado en buscar culpables en lugar de causas.

            Suele culparse a la juventud. Se afirma que renuncia a tener hijos por comodidad, egoísmo o falta de compromiso. Se le reprocha priorizar el ocio, la independencia o el desarrollo personal frente a la maternidad y paternidad. Algo profundamente injusto y, sobre todo, falso. La maternidad y paternidad son decisiones, no obligaciones, que merecen respeto.

            La mayoría de los jóvenes no han renunciado a tener hijos; muchos han tenido que aplazarlo o descartarlo cuando realmente lo deseaban. Difícilmente puede plantearse un proyecto estable cuando la emancipación se retrasa, acceder a una vivienda se ha convertido en un lujo, la precariedad laboral y los salarios insuficientes impiden planificar el futuro, las ayudas públicas son escasas y la conciliación continúa siendo una asignatura pendiente. Además, la maternidad penaliza profesionalmente a muchas mujeres, lo que debería llevarnos a preguntarnos no por qué nacen tan pocos niños, sino cómo podemos seguir sorprendiéndonos de que así ocurra.

            La incertidumbre es otra importante variable. Muchas parejas no solo se preguntan si podrán mantener económicamente a un hijo, sino qué futuro podrán ofrecerle. La inestabilidad económica y política, los conflictos internacionales o el cambio climático condicionan esa decisión. Traer un hijo al mundo es un acto de esperanza y resulta difícil alimentarla cuando el futuro ofrece más dudas que certezas.

            Sin embargo, la natalidad, como tantas otras cuestiones, está siendo utilizada de manera mezquina y oportunista para cuestionar derechos y libertades de las mujeres. Milei acaba de culpar al feminismo y al aborto legal de la caída de la natalidad argentina, pese a que el descenso comenzó años antes de su legalización. No es solo una falsedad. Supone convertir la libertad reproductiva de las mujeres en responsable de un problema demográfico, culpabilizarlas por ejercer sus derechos y atacar directamente su dignidad. Ese marco no resulta ajeno en España. Diferentes iniciativas y acuerdos de PP y Vox vinculan el fomento de la natalidad con planteamientos antiabortistas y con el cuestionamiento de políticas de igualdad. Defender la natalidad no puede convertirse en la coartada para retroceder en derechos conquistados.

            Los cambios en la estructura familiar añaden otra dimensión. Hoy conviven modelos mucho más diversos que hace décadas, pero buena parte del discurso político continúa analizando la natalidad con criterios anacrónicos, incapaz de comprender que las decisiones reproductivas forman parte de un contexto social, económico y cultural mucho más amplio que la voluntad individual.

            En España viven más de quince millones de mascotas y menos de siete millones de menores de catorce años. Algunos utilizan esta comparación para insinuar que dichos animales han sustituido a los hijos. Nada más lejos de la realidad. Las mascotas no causan el descenso de la natalidad; reflejan cambios en las formas de convivencia y los vínculos afectivos.

            También los abuelos siguen siendo un apoyo esencial en el cuidado de nietos y, en muchos hogares, de animales de compañía. No se trata de ridiculizar a los llamados perronietos o gatonietos, sino de comprender que los cuidados no desaparecen; cambian de destinatarios, como cambia la propia sociedad.

            Mientras tanto, algunos rechazan la inmigración como si fuera una amenaza. Una población que envejece aceleradamente y apenas genera relevo generacional difícilmente podrá sostener su actividad económica, sus servicios públicos o su sistema de protección social sin la aportación de quienes llegan desde otros países. Resulta paradójico lamentar el desplome de la natalidad y cuestionar, al mismo tiempo, uno de los principales mecanismos que permiten compensar parcialmente ese desequilibrio demográfico por una pretendida y discriminatoria prioridad nacional.

            La baja natalidad no es un fracaso de la juventud y mucho menos de las mujeres, sino el reflejo de un fracaso colectivo. El de una sociedad que proclama la importancia de la familia mientras dificulta la conciliación; que reclama más nacimientos mientras convierte la vivienda en un bien inaccesible; que necesita nuevas generaciones para sostener su futuro, pero deja fundamentalmente en manos de las familias —y muy especialmente de las mujeres— el esfuerzo de criarlas.

            No se trata de culpabilizar a quienes deciden no tener hijos. La baja natalidad exige análisis rigurosos sobre sus múltiples causas y no interpretaciones simplistas y reduccionistas La natalidad no se recuperará culpabilizando decisiones individuales, recurriendo a propuestas moralizantes carentes de base científica ni recortando derechos y libertades. Lo hará afrontando las causas y cuando tener hijos vuelva a ser un proyecto de vida posible.

 

 

LA OPOSICIÓN MIRANDO AL LUGAR EQUIVOCADO.

            Toda democracia necesita una oposición fuerte, rigurosa y capaz de ofrecer una alternativa de gobierno. Fiscalizar al Ejecutivo, denunciar aquello que considera erróneo y confrontar sus políticas no solo es legítimo, sino imprescindible. Sin embargo, una oposición deja de fortalecer la democracia cuando sustituye el debate de las ideas por la obsesión hacia una persona. Y esa parece haberse convertido en la principal estrategia del Partido Popular.

            Resulta difícil asistir a una sesión parlamentaria, una rueda de prensa o una entrevista de sus principales dirigentes sin comprobar que, cualquiera que sea la cuestión planteada —economía, vivienda, migración, empleo, educación, sanidad o política internacional—, el destino final de la respuesta es Pedro Sánchez. Como si bastara con señalar al presidente del Gobierno para explicar cualquier problema o justificar cualquier crítica. La oposición deja entonces de confrontar políticas para combatir personas.

            Paradójicamente, esa estrategia termina produciendo el efecto contrario al perseguido. Cuanto más se presenta a Pedro Sánchez como el origen de todos los males, mayor protagonismo político adquiere. Se convierte en el eje permanente de la conversación pública y en el referente obligado de cualquier debate. Pocas estrategias resultan tan contradictorias como intentar debilitar a alguien hablando constantemente de él.

            Pero quizá el mayor error del Partido Popular no sea esa obsesión por Pedro Sánchez. Quizá su verdadero problema sea otro mucho más cercano y bastante más difícil de resolver, como es su creciente incapacidad para ejercer un liderazgo propio.

            Porque mientras el partido concentra todos sus esfuerzos en señalar al presidente del Gobierno, evita afrontar las contradicciones que se han instalado en su propio seno. La más evidente tiene nombre y apellidos, Isabel Díaz Ayuso.

            Hace tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid dejó de ser únicamente una dirigente autonómica. Hoy representa una referencia política que condiciona el discurso nacional del PP, marca el tono de la confrontación y proyecta una influencia que, en numerosas ocasiones, eclipsa al propio Feijóo. Lo que constata una la realidad cada vez más evidente: de que demasiadas decisiones parecen adoptarse mirando antes a la Puerta del Sol que a la sede nacional del partido.

            Lo preocupante no es únicamente esa influencia. Lo verdaderamente significativo es la reacción del Partido Popular cuando Ayuso se ve envuelta en controversias políticas. Las explicaciones sobre la situación judicial de su pareja, las dudas generadas en torno al ático adquirido y después vendido o episodios recientes protagonizados por dirigentes de su entorno han encontrado una respuesta prácticamente unánime del aparato del partido. Lejos de promover la transparencia o exigir explicaciones convincentes, la dirección ha optado por cerrar filas y construir un argumentario destinado a protegerla. Incluso voces tan poco sospechosas de deslealtad como Cayetana Álvarez de Toledo han reconocido públicamente no comprender algunas de esas actuaciones. Sin embargo, la respuesta no ha sido abrir un debate interno, sino reforzar el silencio colectivo.

            Ese comportamiento transmite una imagen difícil de ignorar. El PP aplica con frecuencia una doble vara de medir. Cuando un partido necesita justificar sistemáticamente aquello mismo que denuncia con contundencia en los demás, el problema deja de ser de comunicación para convertirse en un problema de coherencia.

            A ello se añade otro factor que contribuye a desdibujar todavía más su perfil político. Allí donde necesita el respaldo de Vox para gobernar o aprobar iniciativas, el Partido Popular modifica, endurece o matiza posiciones sobre cuestiones tan relevantes como la migración, la vivienda, la violencia de género, la sanidad, la educación, la cultura o las políticas medioambientales. El resultado es una sensación permanente de vaivén ideológico que dificulta identificar con claridad cuál es realmente su proyecto. Un día parece defender una posición propia; al siguiente adapta su discurso para responder a las exigencias de su socio o para no quedar desbordado por la influencia de Ayuso.

            Las democracias no necesitan oposiciones que griten más alto. Necesitan oposiciones que convenzan mejor. La ciudadanía espera conocer qué propuestas diferencian a quien aspira a gobernar, no únicamente por qué considera inaceptable a quien ya gobierna. Cuando la identidad política se construye exclusivamente desde el rechazo al adversario, termina desapareciendo el relato propio.

            Quizá por eso el principal obstáculo del Partido Popular no se encuentre en Pedro Sánchez, por mucho que se empeñe en presentarlo como el origen de todos sus males. Su verdadero desafío consiste en recuperar un liderazgo reconocible, una voz autónoma y un proyecto capaz de sostenerse sin depender de la confrontación permanente, de la tutela política de Isabel Díaz Ayuso o de las exigencias parlamentarias de Vox. Porque las elecciones no se ganan demostrando quién es peor. Se ganan convenciendo de quién puede hacerlo mejor. Y mientras el Partido Popular continúe hablando más de Pedro Sánchez que de sí mismo, seguirá fortaleciendo a quien pretende desalojar y debilitando la confianza en su propia alternativa.

EL PARQUE JURÁSICO DE LA POLÍTICA

Cuando Steven Spielberg llevó Parque Jurásico al cine no solo imaginó la posibilidad de devolver la vida a unos animales extinguidos. Construyó una metáfora sobre la arrogancia humana. La convicción de que era posible recuperar el pasado, encerrarlo en un espacio controlado y utilizarlo para satisfacer intereses presentes. Sin embargo, los dinosaurios nunca aceptaron los límites que les habían impuesto. No entendían de parques temáticos ni de exhibiciones. Aquellos territorios artificiales chocaban con su propia naturaleza y el experimento acababa convirtiéndose en un desastre.

            La política española ha inaugurado su particular Parque Jurásico.

            Resulta cada vez más frecuente ver cómo antiguos presidentes, exdirigentes y viejas figuras de prácticamente todo el espectro político reaparecen para reclamar un protagonismo que el tiempo, la democracia y los propios ciudadanos ya habían situado en otro lugar. Algunos son recuperados por sus partidos con la esperanza de aprovechar el prestigio acumulado durante años. Otros, sencillamente, deciden regresar por iniciativa propia, convencidos de que siguen siendo imprescindibles para orientar el rumbo político del país.

            No se conforman con ocupar un lugar en la memoria colectiva. Aspiran a seguir determinando el presente.

            Uno de ellos se definió como un «jarrón chino»: una pieza valiosa que todos admiran pero que nadie sabe muy bien dónde colocar. La metáfora era lúcida, porque el verdadero valor de un referente histórico no consiste en ocupar permanentemente el centro de la escena, sino en aceptar que existen nuevas generaciones llamadas a construir respuestas para problemas distintos.

            Lo paradójico es que quien así se definió acabó renunciando a su propia condición de «jarrón chino». Decidió regresar al primer plano político, recuperar el protagonismo institucional y volver a desempeñar un papel que parecía haber quedado definitivamente atrás. Con ello no solo desdibujó el sentido de su propia metáfora, sino que terminó convirtiéndose en un ejemplo más de ese Parque Jurásico político donde algunos antiguos dirigentes parecen incapaces de aceptar que su tiempo ya pasó. Y, a la vista de los resultados obtenidos en ese intento de resurrección política, tampoco puede afirmarse que el experimento haya resultado especialmente exitoso.

            Ese es precisamente el problema. Muchos de estos viejos dirigentes parecen haber olvidado que el mejor legado de un líder no consiste en permanecer indefinidamente sobre el escenario, sino en saber abandonarlo cuando corresponde.

            Intervienen para desautorizar públicamente las decisiones de sus propios partidos. Marcan líneas ideológicas al margen de quienes hoy ostentan la responsabilidad política. Critican a sus sucesores con una dureza que raramente emplearon frente a sus adversarios. Imparten instrucciones, dentro y fuera de su ámbito político para que quien pueda que haga al margen de las urnas. Alimentan conflictos internos que debilitan a las organizaciones que un día dirigieron y, en ocasiones, provocan tensiones institucionales e incluso diplomáticas con declaraciones que después ni él ni nadie desautoriza ni rectifica.

            Otros incluso se resisten a abandonar el poder y tratan de regresar a los cargos que ya ocuparon, como si la experiencia acumulada fuera un derecho preferente para volver a gobernar. Confunden trayectoria con propiedad, liderazgo con patrimonio y reconocimiento con permanencia.

            El liderazgo democrático tiene fecha de inicio, pero también debe tener capacidad para aceptar su final. Saber retirarse constituye una de las mayores demostraciones de grandeza política. Permanecer siempre disponible para intervenir, corregir, condicionar o desautorizar transmite justamente lo contrario, la incapacidad para asumir que la sociedad cambia, que los problemas evolucionan y que quienes hoy toman decisiones poseen la misma legitimidad democrática que tuvieron quienes les precedieron.

            La experiencia merece respeto. Nadie sensato cuestiona el valor de quien dedicó años al servicio público o protagonizó momentos decisivos de nuestra historia reciente. Escuchar a quienes gobernaron puede aportar perspectiva, prudencia y memoria institucional. Pero una cosa es aconsejar cuando se solicita y otra muy distinta ejercer una tutela permanente sobre quienes fueron elegidos para decidir. El pasado no puede convertirse en una hipoteca del presente.

            Cada generación política debe responder a los desafíos de su tiempo sin sentirse permanentemente vigilada por quienes se resisten a abandonar el escenario. La renovación no constituye una amenaza para la democracia, sino una de sus principales garantías. Cuando los antiguos dirigentes se convierten en actores permanentes del debate político, la alternancia pierde sentido y las organizaciones corren el riesgo de quedar atrapadas entre la nostalgia y el inmovilismo.

            Por eso el verdadero problema no es que existan viejos líderes dispuestos a opinar. El problema aparece cuando creen que su opinión debe prevalecer sobre la legitimidad de quienes hoy representan la voluntad de los ciudadanos. Cuando el pasado pretende gobernar el presente deja de ser experiencia para convertirse en un obstáculo.

            Como en Parque Jurásico, los dinosaurios nunca entendieron que el mundo que habían conocido ya no existía. El problema no era haberlos recuperado, sino creer que podían convivir indefinidamente con una realidad distinta sin generar conflictos.

 

LOS ECLIPSES QUE NO QUEREMOS VER

Hoy millones de personas dirigirán la mirada al cielo para contemplar un de espectáculo fascinante. Durante unos minutos, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, la luz perderá intensidad y el día se transformará en una noche inesperada. Hablamos de oscuridad, pero en realidad nada habrá desaparecido. El Sol seguirá exactamente donde siempre ha estado. Tan solo un cuerpo celeste se habrá situado entre él y nuestros ojos.

            Pero, los eclipses verdaderamente preocupantes no son los fenómenos astronómicos. Son los que provocamos nosotros mismos y que, a diferencia de los astronómicos, no duran unos minutos. Algunos llevan años oscureciendo nuestra convivencia hasta el punto de que hemos terminado por considerarlos normales.

            Vivimos, probablemente, el eclipse de la verdad. Nunca habíamos dispuesto de tanta información y, sin embargo, nunca había resultado tan difícil distinguir lo cierto de lo falso. Las evidencias quedan ocultas bajo una avalancha de bulos, medias verdades, propaganda, intereses y desinformación que terminan eclipsando la realidad y la verdad. No importa tanto lo que sucede como el relato que cada cual consigue imponer. La verdad continúa ahí, igual que el Sol durante un eclipse. Lo que ocurre es que cada vez resulta más difícil verla.

            Asistimos igualmente al eclipse del diálogo. Hemos sustituido la conversación por el enfrentamiento permanente. Escuchar parece haberse convertido en un signo de debilidad y discrepar, en una forma de traición. Las redes sociales, tertulias y buena parte del debate político han dejado de ser espacios para el intercambio de ideas y se han transformado en escenarios donde lo importante ya no es convencer, sino humillar; no es comprender, sino derrotar.

            A ese eclipse se suma el no menos inquietante de la política entendida como servicio público. Con demasiada frecuencia las ideas quedan ocultas tras la estrategia, la propaganda o la obsesión por destruir al adversario. El interés general es sustituido por el interés electoral, la cooperación por la confrontación y el acuerdo por el cálculo partidista. La política no desaparece; simplemente deja de iluminar su servicio a las personas.

            Quizá uno de los eclipses más silenciosos sea el de los cuidados. Vivimos fascinados por la inteligencia artificial, la productividad, la rentabilidad, el crecimiento económico o la capacidad tecnológica, mientras relegamos a un segundo plano aquello que sostiene realmente la vida. No hablamos solo de cuidar a la infancia, acompañar a quienes envejecen o atender a las personas que viven una enfermedad, una discapacidad o una situación de dependencia. También hemos eclipsado el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, de la convivencia y del bien común, como si fueran recursos inagotables y no el soporte imprescindible de nuestra propia existencia. Los cuidados nunca desaparecieron; simplemente quedaron eclipsados por prioridades mucho más visibles y mucho menos esenciales.    

            Y, junto a todos ellos, asistimos quizá al eclipse más preocupante de todos: el de nuestra propia humanidad. Las guerras, los incendios, las personas migrantes que pierden la vida en el mar, quienes mueren bajo las bombas o quienes sobreviven entre el hambre y la desesperación ocupan nuestra atención apenas unos minutos antes de ser sustituidos por otra noticia, otra polémica o el siguiente escándalo. El sufrimiento deja de interpelarnos porque siempre aparece un nuevo acontecimiento dispuesto a eclipsar el anterior. Nos hemos acostumbrado a consumir el dolor ajeno con la misma rapidez con la que deslizamos un dedo sobre la pantalla del teléfono.

            La diferencia entre el eclipse de hoy y todos estos eclipses resulta, sin embargo, fundamental. El primero responde a las leyes del universo. Es inevitable, extraordinario y pasajero. Los otros dependen exclusivamente de nosotros. No los provocan los astros, sino nuestras decisiones. Somos nosotros quienes permitimos que el miedo eclipse la razón, que el ruido eclipse el pensamiento, que el poder eclipse el servicio, que la indiferencia eclipse la solidaridad y que la prisa eclipse aquello que verdaderamente importa.

            Cuando termine el eclipse, el Sol volverá a iluminar con la misma intensidad de siempre. Para contemplarlo sin sufrir daños, hay que utilizar filtros homologados capaces de proteger nuestra visión. Quizá esa recomendación resulte igualmente válida para los eclipses que nosotros provocamos. Porque también ellos pueden dañar nuestra forma de mirar la realidad si renunciamos al pensamiento crítico, al conocimiento, a los cuidados, a la evidencia o al diálogo y permitimos que el miedo, los bulos o la manipulación ocupen su lugar.

            Los eclipses solares son un privilegio que merece ser contemplado. Ojalá seamos igualmente capaces de mirar otros eclipses que llevan años oscureciendo nuestra convivencia y que, con demasiada frecuencia, preferimos no ver. El mayor peligro no está en la sombra que proyecta la Luna, sino en las sombras que hemos colocado delante de aquello que ilumina nuestra convivencia. La cuestión no es si la luz sigue existiendo, sino si aún estamos dispuestos a volver a mirarla.

EL VERDADERO DEBATE SOBRE EL TABACO. Más allá de las prohibiciones.

La aprobación del proyecto de ley que amplía los espacios libres de humo ha reabierto un debate que, periódicamente, resurge con la misma intensidad y los mismos argumentos. De un lado, quienes consideran que se trata de un nuevo ataque a la libertad individual. Del otro, quienes defienden que la salud pública exige medidas cada vez más contundentes para reducir el impacto del tabaquismo y del vapeo. Sin embargo, centrar la discusión únicamente en la prohibición o en la libertad constituye una simplificación que impide comprender la verdadera dimensión del problema.

            Fumar o vapear no puede ni debe seguir interpretándose como una decisión estrictamente privada. No lo es cuando las consecuencias trascienden a quien consume tabaco o dispositivos electrónicos y alcanzan a quienes comparten espacios, respiran el mismo aire o asumen, como sociedad, los enormes costes sanitarios, sociales y ambientales derivados de este hábito. La libertad individual es un valor irrenunciable en una sociedad democrática, pero nunca ha sido un derecho absoluto. Su límite comienza allí donde aparece el daño o el riesgo para los demás.

            Este principio no constituye una ocurrencia ideológica, sino uno de los fundamentos de la salud pública. Los poderes públicos tienen la obligación de intervenir cuando una conducta genera un riesgo grave para la población, siempre que las medidas sean proporcionadas, necesarias y estén sustentadas por el conocimiento científico. Y pocas evidencias resultan hoy tan sólidas como las que relacionan el consumo de tabaco y, cada vez con mayor claridad, el vapeo con múltiples enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oncológicas, responsables de miles de muertes cada año.

            Reducir la nueva ley a una sucesión de prohibiciones supone, además, una lectura interesada y profundamente incompleta. Es cierto que amplía los espacios donde no se podrá fumar o vapear, pero el verdadero reto no consiste en prohibir más, sino en conseguir que cada vez menos personas sientan la necesidad de empezar a fumar o encuentren dificultades para abandonar una dependencia cuidadosamente alimentada durante décadas por una de las industrias más poderosas del mundo.

            La experiencia demuestra que las prohibiciones, por sí solas, rara vez modifican conductas profundamente arraigadas. Del mismo modo, las campañas basadas exclusivamente en el miedo o en la amenaza tampoco han demostrado una eficacia suficiente. Autores como Castiel y Álvarez-Dardet llevan años advirtiendo del riesgo de convertir la promoción de la salud en una especie de «salud persecutoria», donde la culpabilización sustituye a la educación y el castigo desplaza al acompañamiento. La promoción de la salud no consiste en señalar culpables, sino en crear las condiciones necesarias para que las personas puedan tomar decisiones más saludables de manera consciente, informada y sostenible.

            Por eso, cualquier legislación que aspire a transformar esta realidad debe ir mucho más allá del catálogo de restricciones. Debe incorporar estrategias educativas estables desde edades tempranas, fortalecer la alfabetización en salud, favorecer el abandono del consumo mediante intervenciones eficaces y ofrecer alternativas que permitan neutralizar el enorme poder de seducción comercial con el que las industrias tabaqueras siguen captando nuevos consumidores, especialmente entre la población infantil y adolescente. Resulta ingenuo pensar que una norma, por sí sola, puede competir contra campañas de marketing cuidadosamente diseñadas para asociar el consumo con la libertad, la modernidad o el éxito personal.

            Existe, además, otra dimensión que con frecuencia permanece invisibilizada. El tabaquismo no solo constituye un problema sanitario; también representa un importante problema ambiental. El humo permanece en el aire y deja residuos contaminantes que afectan incluso a quienes no fuman. Pero, además, millones de colillas terminan cada año en calles, playas, parques y espacios naturales. Cada una puede tardar entre diez y doce años en degradarse y, durante ese tiempo, libera sustancias tóxicas como nicotina, arsénico o plomo, capaces de contaminar decenas de litros de agua y deteriorar gravemente los ecosistemas. Hablar de espacios libres de humo también significa hablar de entornos más saludables y de una mayor responsabilidad con el medio ambiente.

            Conviene recordar, además, que las consecuencias económicas del tabaquismo trascienden el gasto sanitario que supone atender las enfermedades que provoca. A ello se suman incapacidades laborales, pérdida de productividad, dependencia, sufrimiento familiar y una enorme carga para unos sistemas de salud que podrían destinar esos recursos a prevenir, cuidar e investigar otros problemas de salud igualmente relevantes. El tabaco nunca lo paga exclusivamente quien lo consume; acaba pagándolo toda la sociedad.

            El verdadero éxito de esta ley no dependerá únicamente de su capacidad para restringir determinados espacios, sino de su potencial para generar una nueva cultura de corresponsabilidad. Combatir el tabaquismo y el vapeo no puede seguir siendo una tarea exclusiva de quienes legislan o de quienes trabajan en salud. Es un compromiso que interpela al conjunto de la ciudadanía. Porque proteger la salud colectiva exige entender que la libertad no desaparece cuando acepta límites razonables para cuidar a los demás.

NO TENGO TIEMPO

«No tengo tiempo». Probablemente sea una de las frases más repetidas de nuestro tiempo. La pronunciamos casi sin pensar. Sirve para justificar retrasos, aplazar decisiones, evitar compromisos o explicar aquello que dejamos de hacer. Se ha convertido en una respuesta automática que rara vez admite réplica. Si no hay tiempo, parece que cualquier explicación queda justificada.

            Pero ¿es realmente el tiempo el problema?

            En el ámbito de la salud esta expresión ha adquirido la categoría de argumento universal. No hay tiempo para escuchar, para explicar, para prevenir, para acompañar, para coordinarse o para cuidar. Da igual que cambien los modelos organizativos, que se incorporen nuevas tecnologías o que se modifiquen las estructuras de los servicios. La falta de tiempo permanece inalterable como la explicación recurrente de casi todas las limitaciones.

            Lo más preocupante es que, con demasiada frecuencia, ya no se utiliza únicamente para justificar lo que dejamos de hacer, sino también aquello que dejamos de ser. Porque cuando afirmamos que no tenemos tiempo para escuchar, comprender o acompañar a una persona, el problema deja de ser exclusivamente organizativo para convertirse también en una cuestión ética. Dejamos de prestar una atención centrada en la persona para adaptarla a las exigencias del reloj.

            Sin embargo, existe una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Es el tiempo diferente para unas personas que para otras? La respuesta es evidente, no.

            El tiempo constituye probablemente el recurso más democrático e igualitario del que disponemos. Todos contamos con las mismas veinticuatro horas al día. Nadie dispone de horas de setenta minutos ni de minutos más largos que los demás. Podemos tener más o menos profesionales, más o menos recursos materiales, mejores o peores instalaciones o una organización más o menos eficiente, pero el tiempo es exactamente el mismo para todos.

            Si esto es así, quizá debamos dejar de afirmar que nos falta tiempo y empezar a preguntarnos cómo lo utilizamos.

            Porque el verdadero problema no siempre reside en la cantidad de tiempo disponible, sino en la manera de administrarlo y, sobre todo, en aquello que decidimos priorizar. El tiempo no suele perderse; se distribuye. Y esa distribución refleja inevitablemente nuestra escala de valores. Siempre encontramos tiempo para aquello que consideramos importante. Por eso, en demasiadas ocasiones, detrás de un «no tengo tiempo» se esconde un «no constituye mi prioridad».

            En salud esta reflexión adquiere una dimensión especialmente relevante. Resulta frecuente escuchar que una consulta dispone de diez minutos por persona, como si ese tiempo representara una constante científica o una ley natural imposible de modificar. Sin embargo, las personas no funcionan como ecuaciones matemáticas ni responden a patrones idénticos. Algunas necesitarán pocos minutos para resolver una cuestión concreta. Otras precisarán mucho más tiempo.

            El verdadero error consiste en pensar que el tiempo pertenece al profesional y que las personas deben adaptarse a él. La realidad es justamente la contraria. El tiempo pertenece a la relación que se establece entre ambos y debe organizarse para responder, con la mayor racionalidad posible, a las necesidades de cada persona. Pretender que todas encajen en un mismo patrón temporal supone invertir el sentido de la atención y convertir la organización en el centro, relegando a las personas a un papel secundario.

            Evidentemente, ello no significa ignorar las limitaciones existentes ni defender una disponibilidad ilimitada de tiempo. Significa comprender que una técnica puede estandarizarse, un procedimiento puede protocolizarse e incluso una prueba diagnóstica puede ajustarse a tiempos previsibles. Lo que nunca puede estandarizarse es el cuidado. Cuidar exige valorar, interpretar, decidir y adaptar la respuesta profesional a la singularidad de cada persona, de cada familia y de cada contexto.

            Por eso resulta imprescindible incorporar, junto a los determinantes sociales de la salud, los determinantes morales que orientan nuestras decisiones. Detrás de cada encuentro entre un profesional y una persona existen responsabilidades éticas que ningún cronómetro puede medir. La dignidad, el respeto, la autonomía, la compasión o la prudencia no entienden de agendas estandarizadas ni de tiempos prefijados.

            Se trata de dejar de hablar tanto de la falta de tiempo y comenzar a hablar de prioridades, organización y valores. Cuando convertimos el reloj en la explicación permanente de nuestras limitaciones dejamos de analizar las verdaderas causas de los problemas y, lo que es aún peor, dejamos de buscar soluciones.

            «No tengo tiempo» acaba transformándose así en una cómoda etiqueta que justifica la inacción, perpetúa inercias y evita revisar aquello que realmente debería cambiar.

            El tiempo seguirá siendo exactamente el mismo mañana que hoy. Lo que puede cambiar es la forma en que decidamos utilizarlo. Porque el tiempo no define la calidad de nuestra atención. Lo que realmente la define es la importancia que concedemos a las personas a las que dedicamos ese tiempo. Ahí reside la verdadera diferencia entre consumir el tiempo o convertirlo en el recurso más valioso para cuidar.

 

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