Que un informe sobre los riesgos nutricionales de las mujeres durante la menopausia incorpore recomendaciones sustentadas en datos obtenidos exclusivamente en hombres podría parecer un chiste de mal gusto. No lo es. Ha sucedido en un informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), una institución pública.

            No todo el informe está basado en estudios realizados con hombres. Algunas recomendaciones incorporaron valores procedentes de investigaciones exclusivamente masculinas sin advertirlo explícitamente. Pero la precisión no disminuye la gravedad; la sitúa donde corresponde. Resulta difícil explicar que para establecer recomendaciones dirigidas específicamente a mujeres durante una etapa biológica exclusivamente femenina se acepte evidencia obtenida en hombres sin señalar claramente sus limitaciones.

            Tampoco constituye una extravagancia aislada. La investigación biomédica arrastra un histórico sesgo androcéntrico que convirtió el cuerpo masculino en referencia pretendidamente universal. Las mujeres fueron infrarrepresentadas o excluidas de numerosos estudios y sus diferencias biológicas consideradas frecuentemente una dificultad metodológica antes que una realidad que la ciencia debía estudiar. La consecuencia no es ideológica, sino científica. Si la población investigada no representa adecuadamente a aquella sobre la que se aplicarán los resultados, la evidencia no responde con precisión a sus necesidades.

            Reducir lo sucedido a un simple error técnico sería tranquilizador, pero insuficiente. Los errores se producen. La cuestión es preguntarse por qué determinados errores continúan siendo posibles y por qué algunos necesitan una denuncia externa para adquirir la relevancia que merecen.

            No se trata de responsabilizar a todos los médicos o investigadores ni de desacreditar la medicina. Sería tan simplista y acientífico como el sesgo que denunciamos. El problema reside en estructuras de poder, inercias académicas, prioridades de financiación y culturas científicas que durante demasiado tiempo han decidido qué merece ser investigado, quién debe formar parte de las muestras y qué diferencias pueden considerarse irrelevantes.

            Es ahí donde el problema adquiere una dimensión que supera este informe. Alrededor de la salud existen poderosas oligarquías económicas, profesionales y empresariales capaces de influir en prioridades, decisiones y modelos de atención. La industria farmacéutica, fondos de inversión, aseguradoras, grandes grupos empresariales y determinados espacios corporativos han identificado en la salud un extraordinario mercado.

            La privatización de la sanidad puede parecer alejada del informe, pero comparte con este problema la cuestión esencial de quién tiene capacidad para decidir sobre la salud y desde qué intereses lo hace. Cuando la evidencia científica se construye ignorando a determinados grupos, se generan desigualdades. Cuando el acceso a la atención depende progresivamente de la capacidad económica, también. En ambos casos existe el peligro de desplazar a las personas del centro para situar otros intereses en su lugar.

            El Ministerio de Sanidad ha advertido del creciente peso de la provisión privada financiada con recursos públicos y de cómo la privatización puede generar barreras de acceso. Defender un sistema público no es, por tanto, una cuestión ideológica, sino defender una atención universal, equitativa, accesible y longitudinal que no seleccione a las personas por su rentabilidad.

            El problema no afecta solo a las mujeres. La buena ciencia no puede construir una persona estándar y considerar desviación a quien no encaje en ella. Sexo, edad, condiciones sociales, discapacidad, origen o cualquier otra circunstancia relevante deben contemplarse cuando puedan modificar resultados. Las desigualdades sociales se asocian con peores resultados de salud y se agravan cuando se superponen diferentes ejes de desigualdad. No considerarlo no solo discrimina: produce peor conocimiento y peores decisiones.

            Aquí aparece otra responsabilidad incómoda como la de las comunidades científicas y profesionales. El corporativismo nunca puede convertirse en refugio frente a la crítica. Defender una profesión, disciplina o institución no consiste en proteger a quien actúa incorrectamente, sino precisamente en exigirle el máximo rigor. Callar, minimizar o justificar para evitar daño reputacional termina provocando el deterioro en la confianza social y genera espacios de impunidad.

            Las instituciones públicas, por su parte, tienen una responsabilidad todavía mayor. No basta con corregir cuando alguien descubre el problema. Deben existir procedimientos de evaluación, revisión y control capaces de detectarlo antes. La financiación pública exige rigor científico, pero también responsabilidad ética, transparencia y rendición de cuentas.

            El machismo no siempre se expresa mediante declaraciones ofensivas o discriminaciones evidentes. Puede esconderse en una tabla, una muestra mal seleccionada, una variable ignorada o una evidencia masculina convertida en universal. Como la desigualdad tampoco aparece únicamente cuando alguien queda formalmente excluido del sistema, sino cuando recibir atención adecuada empieza a depender de poder pagarla.

            No basta con decir que las cosas están cambiando. Hablar de perspectiva de género, equidad o universalidad mientras determinadas inercias permanecen intactas sirve de muy poco.

            La salud no puede depender de ser hombre o mujer, tener determinados recursos económicos o resultar rentable para alguien. Y la ciencia tampoco.

            Palabras son amores. Pero la igualdad, la dignidad y el derecho a la salud se defienden con hechos.