Resulta difícil encontrar a alguien que cuestione la importancia de la Atención Primaria (AP). Gobiernos, administraciones, organizaciones profesionales y organismos internacionales la presentan como esencial para garantizar accesibilidad, equidad, continuidad y sostenibilidad. Pero, pocas veces existe tanta distancia entre lo que se proclama y lo que realmente se hace.
Hasta su nombre contribuye simbólicamente a la contradicción. Hablamos de «primaria», pero con demasiada frecuencia la tratamos como elemental o secundaria, cuando debería significar primera, principal, esencial. Sigue siendo la cenicienta del Sistema de Salud. Recibe declaraciones solemnes mientras recursos, prestigio y capacidad de decisión continúan concentrándose alrededor de la Atención Hospitalaria. El hospital conserva además una poderosa consideración social como lugar de la «sanidad de verdad», mientras el centro de salud queda asociado a lo cotidiano, lo sencillo o aquello que, cuando se complica, debe derivarse.
Reducir el problema al dinero sería equivocarnos. Si mañana duplicáramos el presupuesto manteniendo intacto el modelo, tendríamos una AP mejor financiada, no necesariamente una mejor AP. Durante años hemos intentado construirla con una lógica asistencialista, biologicista, paternalista y fragmentada, centrada en la enfermedad y fascinada por la tecnología. Una lógica útil para determinadas respuestas hospitalarias, pero incompatible cuando coloniza un ámbito que debe orientarse hacia las personas, las familias y la comunidad, la promoción de la salud, la prevención, los cuidados, la longitudinalidad y los determinantes de la salud.
El resultado son consultas sobrecargadas, burocracia, demanda inmediata, pruebas, tratamientos y derivaciones, mientras los cuidados quedan subordinados al diagnóstico y la enfermedad. Algo especialmente grave ante sociedades marcadas por cronicidad, dependencia, envejecimiento, fragilidad, soledad, problemas de salud mental, procesos de final de vida y necesidades de cuidados familiares y comunitarios. Responder a la enfermedad es imprescindible, pero insuficiente si olvidamos cuidar la salud y a quienes la construyen, la pierden o aprenden a vivir con sus consecuencias.
La crisis también se refleja entre los profesionales. En 2026 quedaron 120 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria vacantes tras el procedimiento extraordinario de adjudicación. Mientras, las plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria se cubren, pero muchas enfermeras especialistas terminan su formación sin poder ejercer como tales porque el propio Sistema no crea puestos específicos. Son manifestaciones diferentes de un mismo problema, no basta con contratar profesionales para la Atención Primaria; necesitamos profesionales que quieran y puedan hacer Atención Primaria.
Hacerla exige verdaderos equipos. Compartir edificio no convierte a médicos, enfermeras, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos y otros profesionales en un equipo. Tampoco repartir competencias como territorios profesionales. Ninguna profesión es propietaria de las necesidades de las personas. Trabajar juntos significa compartir objetivos, reconocer competencias y asumir responsabilidades sin confundir colaboración con subordinación ni autonomía con aislamiento. Cuando empezamos preguntando qué quiere cada colectivo acabamos repartiendo competencias; cuando empezamos preguntando qué necesitan las personas, las familias y la comunidad podemos construir verdaderos equipos.
Las luchas corporativas tienen además consecuencias que trascienden a los profesionales. Cuando deterioran accesibilidad, continuidad y capacidad de respuesta, disminuye la confianza ciudadana y se favorece la privatización. Esta no comienza únicamente cuando se externaliza un servicio. Empieza también cuando alguien concluye que necesita contratar un seguro o pagar una consulta porque el sistema público ya no responde con suficiente calidad, oportunidad o continuidad. Los responsables políticos tienen una responsabilidad evidente, pero los profesionales tampoco somos espectadores inocentes cuando defendemos parcelas de poder que impiden aprovechar plenamente capacidades disponibles.
Transformar la AP exige, por tanto, mucho más que ampliar plantillas, servicios o tecnología. Significa recuperar la Atención Comunitaria como elemento vertebrador, trabajar en y con el territorio, incorporar participación real y actuar sobre determinantes que ninguna consulta puede modificar por sí sola. Significa recuperar longitudinalidad: no basta con que alguien atienda rápidamente; importa quién atiende, qué conoce de esa persona y cómo integra cada problema en su trayectoria vital. Accesibilidad y longitudinalidad deben avanzar juntas.
Significa también devolver los cuidados al centro y construir una relación no jerárquica entre AP y Atención Hospitalaria. La primera no es una simple puerta de entrada ni la ejecutora territorial de la segunda. Ambas deben coordinarse desde el reconocimiento mutuo, compartiendo información, decisiones y responsabilidades para que las personas no tengan que reconstruir por sí mismas aquello que el Sistema fragmenta.
La Inteligencia Artificial y la tecnología pueden contribuir si reducen burocracia, integran información, anticipan necesidades y liberan tiempo para escuchar, cuidar, trabajar con la comunidad e investigar. Si solo sirven para multiplicar actos y acelerar agendas, tendremos el mismo modelo funcionando más deprisa.
Defender la AP resulta fácil. Transformarla no. Defenderla cabe en discursos, estrategias, congresos y programas electorales. Transformarla obliga a redistribuir recursos, autonomía, prestigio y poder; cuestionar intereses consolidados y abandonar una cultura que sigue identificando éxito con hospital, especialización y tecnología.
Llevamos décadas diagnosticando los mismos problemas. No nos falta conocimiento sobre qué AP necesitamos. Falta decidir si realmente se quiere cambiar aquello que impide construirla.