
El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre abrió un escenario de certezas e incertidumbres. El accidente ferroviario de Urda ha incorporado otras, dolorosas e incómodas, que obligan a preguntarnos si la política será capaz de respetar el sufrimiento sin convertirlo en un instrumento electoral.
La primera certeza es que habrá elecciones. Otra, menos evidente, es que quizá no lleguen cuando más convenía a quienes las reclamaban insistentemente como solución universal a cualquier dificultad. Su convocatoria se produjo tras el rechazo parlamentario de las medidas sobre vivienda y en un contexto de movilización ciudadana que devolvió a las calles problemas demasiado tiempo subordinados a la confrontación partidista.
La primera incertidumbre sigue siendo el resultado. Las encuestas pueden orientar expectativas, pero no sustituyen la voluntad popular. Ni tan siquiera el accidente ferroviario de Urda, pese a su enorme impacto social, puede convertir por sí mismo esa incertidumbre en certeza. Porque ni el dolor ni la indignación que provoca una tragedia debería determinar una respuesta electoral reactiva, por mucho que algunos pretendan anticiparla o instrumentalizarla en beneficio propio.
Es cierto que Urda añade la certeza insoportable de la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de familias cuya dignidad no puede quedar subordinada al calendario electoral. Añade también incertidumbres que ninguna declaración apresurada resuelve. Investigar exige tiempo, independencia y rigor. Exigirlo no equivale a disculpar a nadie.
Entre esas incertidumbres figura la continuidad de Óscar Puente. Su dimisión o cese puede reclamarse legítimamente como responsabilidad política, pero, a menos de un mes de las elecciones, resulta inevitable preguntar qué aportaría realmente a la investigación. ¿Ayudaría a esclarecer los hechos, corregir deficiencias y prevenir otros accidentes? ¿O respondería principalmente a la expectativa de obtener un rédito electoral de su dimisión? Permanecer en el cargo acredita inocencia, ni dimitir demuestra culpabilidad. La responsabilidad debe determinarse y exigirse con independencia del desenlace político.
Los errores humanos existen, pero no pueden analizarse aisladamente de los sistemas que deberían prevenirlos o limitar sus consecuencias.
Otra certeza es que las tragedias vuelven a mostrar la distancia entre quienes responden con profesionalidad, generosidad y compromiso —servicios de emergencia, profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad y ciudadanía— y quienes se apresuran a convertir cada desgracia en un enfrentamiento. El respeto a las víctimas no puede quedar reducido a un minuto de silencio, una declaración institucional o la presencia solemne en un sepelio. Debe trascender los gestos, por necesarios que sean, y traducirse en acompañamiento, reparación, prevención y una rendición de cuentas que permita esclarecer lo sucedido y evitar que vuelva a repetirse.
Sería deseable que los criterios exigidos para asumir responsabilidades no variaran según el partido que gobierna o la tragedia que se examina. Las comparaciones interesadas, las absoluciones anticipadas y las condenas sin investigación comparten idéntico defecto de sustituir el análisis por la conveniencia. Ni la dimisión puede utilizarse como sustituto de la verdad ni la complejidad de una investigación como excusa para ocultarla.
Mientras tanto, la vivienda, la salud, la educación, la pobreza, la migración o la violencia de género siguen condicionando la vida de millones de personas. ¿Qué espacio ocuparán en una campaña dominada por acusaciones, bulos y sospechas? ¿Escucharemos propuestas concretas, presupuestos, prioridades y compromisos evaluables, o asistiremos a otra competición por fabricar el miedo más eficaz?
Asistimos a la fabricación interesada de falsas incertidumbres mediante la tergiversación, la mentira y la difusión de sospechas infundadas que, lejos de aportar certezas, alimentan la desconfianza ciudadana y erosionan la credibilidad de las instituciones. Convertir la incertidumbre en una estrategia de confrontación no fortalece la democracia, sino que debilita sus fundamentos y amenaza la convivencia que debería garantizar.
La ciudadanía tiene también responsabilidades. Manifestarse, exigir y fiscalizar son derechos imprescindibles, pero no sustituyen el pensamiento crítico. Contrastar información, escuchar argumentos diferentes y rechazar las consignas que buscan provocar reacciones automáticas es tan necesario como acudir a votar. La soberanía popular comienza mucho antes de introducir una papeleta en la urna.
Quienes aspiren a gobernar deberían explicar qué país pretenden construir, con qué recursos y para quiénes. La competencia y la capacidad de gestión quedan seriamente cuestionadas cuando se pretende acreditarlas mediante el desprecio y el insulto al adversario, en lugar de hacerlo con propuestas viables, argumentos contrastados y resultados verificables. Descalificar a quien gobierna no demuestra que se sepa gobernar mejor. No necesitamos salvadores, patrias hechas a medida ni profecías apocalípticas. Necesitamos representantes capaces de planificar, cuidar lo público, respetar la discrepancia y rendir cuentas sin convertir cada problema en un espectáculo.
El 29 de noviembre despejará una incertidumbre electoral, pero no resolverá por sí solo las que afectan a nuestra convivencia. Ninguna victoria concede un cheque en blanco; ninguna derrota justifica deslegitimar las urnas. Y ninguna tragedia debería servir para decidir qué víctimas merecen respeto o qué responsabilidades conviene investigar. Las promesas electorales tampoco deberían evaporarse al día siguiente, cuando las cámaras se apagan y comienzan las verdaderas obligaciones de gobierno.
La certeza que más necesitamos no es quién ganará, sino que, gobierne quien gobierne, la dignidad humana nunca quedará sometida al cálculo político.