Nos gusta pensar que la libertad es algo permanente. Un derecho conquistado, consolidado y protegido por las leyes, las instituciones y las constituciones democráticas. Algo tan sólido que resulta imposible imaginar su desaparición.

            Sin embargo, la historia demuestra justamente lo contrario.

            Las libertades rara vez desaparecen de golpe. No suelen hacerlo mediante un único acontecimiento espectacular ni a través de una ruptura abrupta. Lo hacen lentamente. Casi siempre de manera imperceptible. Se erosionan poco a poco, hasta que un día descubrimos que aquello que dábamos por garantizado ya no lo está tanto.

            Por eso quizá uno de los mayores errores de nuestro tiempo sea creer que la democracia y la libertad funcionan solas.

            Vivimos un momento histórico marcado por profundas incertidumbres. Crisis económicas recurrentes, conflictos internacionales, transformaciones tecnológicas aceleradas, violencia, cambio climático, migraciones, desigualdades crecientes y una sensación generalizada de inseguridad. En este contexto resulta comprensible que muchas personas busquen respuestas simples a problemas complejos.

            Cada vez con más frecuencia surgen discursos que presentan la diversidad como una amenaza, el desacuerdo como un problema y la diferencia como un obstáculo. Discursos que prometen orden frente a la complejidad, seguridad frente a la incertidumbre y soluciones rápidas frente a desafíos que requieren reflexión, diálogo y tiempo.

            La fórmula no es nueva. A lo largo de la historia ha aparecido repetidamente bajo distintas formas y con distintos nombres. Siempre parte de una misma idea, la de convencer a la ciudadanía de que determinados derechos, libertades o garantías pueden sacrificarse en beneficio de un supuesto bien superior.

            El problema es que, una vez iniciada esa renuncia, rara vez encuentra límites claros.

            Las sociedades democráticas no se sostienen únicamente mediante elecciones periódicas. Se sostienen gracias al respeto a las diferencias, a la libertad de expresión, al pensamiento crítico, a la independencia de las instituciones, al respeto y a la capacidad de convivir con quienes piensan de manera distinta.

            Si alguno de estos elementos comienza a deteriorarse, el conjunto empieza a debilitarse. Por eso resulta preocupante la creciente normalización de comportamientos que hace apenas unos años habrían generado un rechazo social mucho más contundente. La desinformación convertida en estrategia política. El insulto presentado como sinceridad. La agresividad interpretada como liderazgo. El desprecio a la ciencia convertido en opinión respetable. El cuestionamiento de derechos fundamentales presentado como una muestra de valentía. La alternativa autoritaria y excluyente como patriotismo.

            Todo esto, se alimenta de la repetición constante de mensajes que buscan generar miedo, desconfianza y confrontación. Se construye identificando enemigos permanentes. Unas veces son los inmigrantes. Otras las minorías. Otras las mujeres. Otras quienes tienen opciones sexuales diferentes a las establecidas. Otras quienes defienden derechos sociales, la igualdad o la protección del medio ambiente. Lo importante no es quién ocupe ese papel, sino la necesidad de mantener viva la sensación de amenaza. En el convencimiento de que una ciudadanía asustada resulta mucho más fácil de manipular.

            Mientras tanto, el poder económico y tecnológico acumulan una influencia creciente sobre espacios que deberían estar orientados al interés común. La información, la educación, la salud, la cultura o incluso el debate público se ven cada vez más condicionados por intereses que no siempre coinciden con las necesidades de la mayoría. Y cuando el dinero y la tecnología se convierten en la medida principal de todas las cosas, la libertad comienza a confundirse con la capacidad de consumo, mientras los derechos pasan a depender cada vez más de la posición económica y de dependencia tecnológica de cada persona.

            Pero la libertad es mucho más que eso. La libertad significa poder expresarse sin miedo. Poder discrepar. Acceder a información veraz. Participar en las decisiones colectivas. Tener oportunidades reales de educación, vivienda, salud y bienestar. Saber controlar los espacios que se ceden a la tecnología. Significa vivir en una sociedad donde la dignidad humana esté por encima de cualquier interés económico, tecnológico, ideológico o partidista.

            Por eso la libertad no puede reducirse a un eslogan político ni a una palabra utilizada de manera oportunista para justificar cualquier decisión.

            La libertad exige responsabilidad, vigilancia democrática, compromiso ciudadano y, sobre todo, cuidado.

            Porque cuidar la libertad implica proteger los espacios de diálogo cuando otros intentan sustituirlos por el enfrentamiento. Implica defender el conocimiento frente a la manipulación, preservar los derechos de quienes son diferentes, aunque no compartamos sus ideas, entender que la diversidad no debilita a las sociedades, sino que las enriquece. Y, también implica defender aquellos servicios públicos que garantizan igualdad de oportunidades y cohesión social. La educación, la salud, la cultura o la protección social no son únicamente prestaciones. Son pilares fundamentales de una sociedad libre, porque permiten que la libertad pueda ejercerse en condiciones reales y no solo teóricas.

            No hay que olvidar tampoco, que la democracia no es un estado permanente. Es una construcción colectiva que necesita atención constante. Del mismo modo que cuidamos nuestra salud, nuestras relaciones o nuestro entorno, debemos cuidar también las libertades que hacen posible nuestra convivencia.

            Por eso conviene recordar que la libertad también necesita cuidados.

             Puede parecer que la igualdad ha conquistado espacios impensables hace apenas unas décadas. Las mujeres están presentes en universidades, empresas, instituciones, gobiernos y profesiones que durante siglos les estuvieron vedadas. Son mayoría en muchos ámbitos de la educación, de la salud, de la administración pública e incluso en sectores tradicionalmente masculinizados.

            Se puede creer que la batalla está prácticamente ganada. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja. Una cosa es ocupar espacios y otra muy diferente transformar aquello que sucede dentro de ellos. Posiblemente ahí resida una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Ya que hemos avanzado mucho en la presencia de las mujeres, pero bastante menos en la transformación de las estructuras que generan desigualdad.

            Con frecuencia confundimos igualdad con representación. Damos por hecho que el simple hecho de incorporar más mujeres a los espacios de decisión garantiza cambios profundos en la manera de ejercer el poder, organizar el trabajo o establecer prioridades. Pero no siempre ocurre así.

            Las instituciones pueden llenarse de mujeres y seguir funcionando exactamente igual que antes. La explicación es sencilla. Las organizaciones no son únicamente edificios, normas o cargos. También son culturas, valores, formas de relación y maneras de entender el éxito. Muchas de esas lógicas siguen respondiendo a modelos construidos durante siglos desde parámetros donde la competitividad, la jerarquía, la productividad o el control han ocupado un lugar central.

            La verdadera igualdad no consiste únicamente en quién ocupa los puestos de responsabilidad, sino en cómo se ejerce esa responsabilidad.

            Sistemáticamente se ha asociado el liderazgo a determinadas características consideradas deseables, como firmeza, autoridad, capacidad de mando, control o distancia emocional. Mientras tanto, otros valores como la escucha, la cooperación, la empatía, el acompañamiento o la construcción de consensos han sido percibidos como cualidades secundarias o como signos de debilidad.

            La consecuencia ha sido una sociedad que ha otorgado más prestigio a quienes dirigen que a quienes sostienen, más reconocimiento a quienes mandan que a quienes cuidan.

            Esa es una de las grandes trampas de la desigualdad. El cuidado sigue siendo uno de los pilares invisibles sobre los que se sostiene la vida cotidiana. Cuidar de hijos, de personas mayores, de familiares, de comunidades o de entornos vulnerados continúa siendo algo imprescindible para el bienestar colectivo. Sin embargo, sigue recibiendo menos reconocimiento social, económico y político que otras actividades consideradas más productivas o estratégicas.

            La paradoja, por tanto, resulta evidente. Todos necesitamos cuidados en algún momento de nuestra vida, pero seguimos actuando como si cuidar fuera una actividad secundaria.

            Por eso muchas mujeres han tenido que enfrentarse a una disyuntiva injusta: por la que para acceder a determinados espacios de poder se les ha exigido adoptar formas de liderazgo y modelos de comportamiento diseñados desde parámetros tradicionalmente masculinos. Como si la única manera de ser reconocidas consistiera en parecerse a quienes históricamente han ocupado esos espacios.

            Pero la igualdad no consiste en eso. No se trata de que las mujeres ocupen los lugares que antes ocupaban los hombres para reproducir exactamente las mismas dinámicas. Se trata de aprovechar esa presencia para incorporar nuevas miradas, nuevas prioridades y nuevas formas de entender las relaciones humanas. Porque el problema nunca ha sido únicamente quién ejerce el poder. El problema es cómo se ejerce. Y eso afecta a toda la sociedad, no solo a las mujeres.

            Las organizaciones más innovadoras, los equipos más eficaces y las comunidades más cohesionadas suelen compartir una característica común: valoran la cooperación tanto como la competencia. Entienden que escuchar es tan importante como decidir. Reconocen que el bienestar colectivo no es un obstáculo para el rendimiento, sino una condición para alcanzarlo.

            En otras palabras, incorporan valores que durante mucho tiempo fueron considerados propios del ámbito de los cuidados y, por extensión, injustamente asociados a lo femenino. Por eso el feminismo no debería interpretarse únicamente como una reivindicación de derechos para las mujeres. Es también una propuesta de transformación social. Una invitación a revisar qué entendemos por éxito, liderazgo, autoridad o progreso.

            La igualdad real exige cuestionar aquellas estructuras que siguen reproduciendo desigualdades, aunque hayan cambiado las personas que las ocupan. Exige, sobre todo, dejar de considerar el cuidado como una cuestión privada o secundaria para reconocerlo como un valor central de cualquier sociedad democrática.

            Cuidar no es únicamente atender necesidades. También es generar confianza, construir vínculos, favorecer la convivencia y fortalecer el tejido social que permite que una comunidad prospere. La verdadera igualdad no llegará cuando las mujeres ocupen exactamente los mismos espacios que los hombres. Llegará cuando esos espacios sean capaces de cambiar, cuando el cuidado deje de estar en los márgenes, cuando la escucha tenga tanto valor como la autoridad, cuando la cooperación sea tan reconocida como la competencia, y cuando comprendamos que transformar las reglas es mucho más importante que limitarse a cambiar a quienes juegan la partida.

Que un informe sobre los riesgos nutricionales de las mujeres durante la menopausia incorpore recomendaciones sustentadas en datos obtenidos exclusivamente en hombres podría parecer un chiste de mal gusto. No lo es. Ha sucedido en un informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), una institución pública.

            No todo el informe está basado en estudios realizados con hombres. Algunas recomendaciones incorporaron valores procedentes de investigaciones exclusivamente masculinas sin advertirlo explícitamente. Pero la precisión no disminuye la gravedad; la sitúa donde corresponde. Resulta difícil explicar que para establecer recomendaciones dirigidas específicamente a mujeres durante una etapa biológica exclusivamente femenina se acepte evidencia obtenida en hombres sin señalar claramente sus limitaciones.

            Tampoco constituye una extravagancia aislada. La investigación biomédica arrastra un histórico sesgo androcéntrico que convirtió el cuerpo masculino en referencia pretendidamente universal. Las mujeres fueron infrarrepresentadas o excluidas de numerosos estudios y sus diferencias biológicas consideradas frecuentemente una dificultad metodológica antes que una realidad que la ciencia debía estudiar. La consecuencia no es ideológica, sino científica. Si la población investigada no representa adecuadamente a aquella sobre la que se aplicarán los resultados, la evidencia no responde con precisión a sus necesidades.

            Reducir lo sucedido a un simple error técnico sería tranquilizador, pero insuficiente. Los errores se producen. La cuestión es preguntarse por qué determinados errores continúan siendo posibles y por qué algunos necesitan una denuncia externa para adquirir la relevancia que merecen.

            No se trata de responsabilizar a todos los médicos o investigadores ni de desacreditar la medicina. Sería tan simplista y acientífico como el sesgo que denunciamos. El problema reside en estructuras de poder, inercias académicas, prioridades de financiación y culturas científicas que durante demasiado tiempo han decidido qué merece ser investigado, quién debe formar parte de las muestras y qué diferencias pueden considerarse irrelevantes.

            Es ahí donde el problema adquiere una dimensión que supera este informe. Alrededor de la salud existen poderosas oligarquías económicas, profesionales y empresariales capaces de influir en prioridades, decisiones y modelos de atención. La industria farmacéutica, fondos de inversión, aseguradoras, grandes grupos empresariales y determinados espacios corporativos han identificado en la salud un extraordinario mercado.

            La privatización de la sanidad puede parecer alejada del informe, pero comparte con este problema la cuestión esencial de quién tiene capacidad para decidir sobre la salud y desde qué intereses lo hace. Cuando la evidencia científica se construye ignorando a determinados grupos, se generan desigualdades. Cuando el acceso a la atención depende progresivamente de la capacidad económica, también. En ambos casos existe el peligro de desplazar a las personas del centro para situar otros intereses en su lugar.

            El Ministerio de Sanidad ha advertido del creciente peso de la provisión privada financiada con recursos públicos y de cómo la privatización puede generar barreras de acceso. Defender un sistema público no es, por tanto, una cuestión ideológica, sino defender una atención universal, equitativa, accesible y longitudinal que no seleccione a las personas por su rentabilidad.

            El problema no afecta solo a las mujeres. La buena ciencia no puede construir una persona estándar y considerar desviación a quien no encaje en ella. Sexo, edad, condiciones sociales, discapacidad, origen o cualquier otra circunstancia relevante deben contemplarse cuando puedan modificar resultados. Las desigualdades sociales se asocian con peores resultados de salud y se agravan cuando se superponen diferentes ejes de desigualdad. No considerarlo no solo discrimina: produce peor conocimiento y peores decisiones.

            Aquí aparece otra responsabilidad incómoda como la de las comunidades científicas y profesionales. El corporativismo nunca puede convertirse en refugio frente a la crítica. Defender una profesión, disciplina o institución no consiste en proteger a quien actúa incorrectamente, sino precisamente en exigirle el máximo rigor. Callar, minimizar o justificar para evitar daño reputacional termina provocando el deterioro en la confianza social y genera espacios de impunidad.

            Las instituciones públicas, por su parte, tienen una responsabilidad todavía mayor. No basta con corregir cuando alguien descubre el problema. Deben existir procedimientos de evaluación, revisión y control capaces de detectarlo antes. La financiación pública exige rigor científico, pero también responsabilidad ética, transparencia y rendición de cuentas.

            El machismo no siempre se expresa mediante declaraciones ofensivas o discriminaciones evidentes. Puede esconderse en una tabla, una muestra mal seleccionada, una variable ignorada o una evidencia masculina convertida en universal. Como la desigualdad tampoco aparece únicamente cuando alguien queda formalmente excluido del sistema, sino cuando recibir atención adecuada empieza a depender de poder pagarla.

            No basta con decir que las cosas están cambiando. Hablar de perspectiva de género, equidad o universalidad mientras determinadas inercias permanecen intactas sirve de muy poco.

            La salud no puede depender de ser hombre o mujer, tener determinados recursos económicos o resultar rentable para alguien. Y la ciencia tampoco.

            Palabras son amores. Pero la igualdad, la dignidad y el derecho a la salud se defienden con hechos.

 

            Toda democracia necesita una oposición fuerte, rigurosa y capaz de ofrecer una alternativa de gobierno. Fiscalizar al Ejecutivo, denunciar aquello que considera erróneo y confrontar sus políticas no solo es legítimo, sino imprescindible. Sin embargo, una oposición deja de fortalecer la democracia cuando sustituye el debate de las ideas por la obsesión hacia una persona. Y esa parece haberse convertido en la principal estrategia del Partido Popular.

            Resulta difícil asistir a una sesión parlamentaria, una rueda de prensa o una entrevista de sus principales dirigentes sin comprobar que, cualquiera que sea la cuestión planteada —economía, vivienda, migración, empleo, educación, sanidad o política internacional—, el destino final de la respuesta es Pedro Sánchez. Como si bastara con señalar al presidente del Gobierno para explicar cualquier problema o justificar cualquier crítica. La oposición deja entonces de confrontar políticas para combatir personas.

            Paradójicamente, esa estrategia termina produciendo el efecto contrario al perseguido. Cuanto más se presenta a Pedro Sánchez como el origen de todos los males, mayor protagonismo político adquiere. Se convierte en el eje permanente de la conversación pública y en el referente obligado de cualquier debate. Pocas estrategias resultan tan contradictorias como intentar debilitar a alguien hablando constantemente de él.

            Pero quizá el mayor error del Partido Popular no sea esa obsesión por Pedro Sánchez. Quizá su verdadero problema sea otro mucho más cercano y bastante más difícil de resolver, como es su creciente incapacidad para ejercer un liderazgo propio.

            Porque mientras el partido concentra todos sus esfuerzos en señalar al presidente del Gobierno, evita afrontar las contradicciones que se han instalado en su propio seno. La más evidente tiene nombre y apellidos, Isabel Díaz Ayuso.

            Hace tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid dejó de ser únicamente una dirigente autonómica. Hoy representa una referencia política que condiciona el discurso nacional del PP, marca el tono de la confrontación y proyecta una influencia que, en numerosas ocasiones, eclipsa al propio Feijóo. Lo que constata una la realidad cada vez más evidente: de que demasiadas decisiones parecen adoptarse mirando antes a la Puerta del Sol que a la sede nacional del partido.

            Lo preocupante no es únicamente esa influencia. Lo verdaderamente significativo es la reacción del Partido Popular cuando Ayuso se ve envuelta en controversias políticas. Las explicaciones sobre la situación judicial de su pareja, las dudas generadas en torno al ático adquirido y después vendido o episodios recientes protagonizados por dirigentes de su entorno han encontrado una respuesta prácticamente unánime del aparato del partido. Lejos de promover la transparencia o exigir explicaciones convincentes, la dirección ha optado por cerrar filas y construir un argumentario destinado a protegerla. Incluso voces tan poco sospechosas de deslealtad como Cayetana Álvarez de Toledo han reconocido públicamente no comprender algunas de esas actuaciones. Sin embargo, la respuesta no ha sido abrir un debate interno, sino reforzar el silencio colectivo.

            Ese comportamiento transmite una imagen difícil de ignorar. El PP aplica con frecuencia una doble vara de medir. Cuando un partido necesita justificar sistemáticamente aquello mismo que denuncia con contundencia en los demás, el problema deja de ser de comunicación para convertirse en un problema de coherencia.

            A ello se añade otro factor que contribuye a desdibujar todavía más su perfil político. Allí donde necesita el respaldo de Vox para gobernar o aprobar iniciativas, el Partido Popular modifica, endurece o matiza posiciones sobre cuestiones tan relevantes como la migración, la vivienda, la violencia de género, la sanidad, la educación, la cultura o las políticas medioambientales. El resultado es una sensación permanente de vaivén ideológico que dificulta identificar con claridad cuál es realmente su proyecto. Un día parece defender una posición propia; al siguiente adapta su discurso para responder a las exigencias de su socio o para no quedar desbordado por la influencia de Ayuso.

            Las democracias no necesitan oposiciones que griten más alto. Necesitan oposiciones que convenzan mejor. La ciudadanía espera conocer qué propuestas diferencian a quien aspira a gobernar, no únicamente por qué considera inaceptable a quien ya gobierna. Cuando la identidad política se construye exclusivamente desde el rechazo al adversario, termina desapareciendo el relato propio.

            Quizá por eso el principal obstáculo del Partido Popular no se encuentre en Pedro Sánchez, por mucho que se empeñe en presentarlo como el origen de todos sus males. Su verdadero desafío consiste en recuperar un liderazgo reconocible, una voz autónoma y un proyecto capaz de sostenerse sin depender de la confrontación permanente, de la tutela política de Isabel Díaz Ayuso o de las exigencias parlamentarias de Vox. Porque las elecciones no se ganan demostrando quién es peor. Se ganan convenciendo de quién puede hacerlo mejor. Y mientras el Partido Popular continúe hablando más de Pedro Sánchez que de sí mismo, seguirá fortaleciendo a quien pretende desalojar y debilitando la confianza en su propia alternativa.

Cuando Steven Spielberg llevó Parque Jurásico al cine no solo imaginó la posibilidad de devolver la vida a unos animales extinguidos. Construyó una metáfora sobre la arrogancia humana. La convicción de que era posible recuperar el pasado, encerrarlo en un espacio controlado y utilizarlo para satisfacer intereses presentes. Sin embargo, los dinosaurios nunca aceptaron los límites que les habían impuesto. No entendían de parques temáticos ni de exhibiciones. Aquellos territorios artificiales chocaban con su propia naturaleza y el experimento acababa convirtiéndose en un desastre.

            La política española ha inaugurado su particular Parque Jurásico.

            Resulta cada vez más frecuente ver cómo antiguos presidentes, exdirigentes y viejas figuras de prácticamente todo el espectro político reaparecen para reclamar un protagonismo que el tiempo, la democracia y los propios ciudadanos ya habían situado en otro lugar. Algunos son recuperados por sus partidos con la esperanza de aprovechar el prestigio acumulado durante años. Otros, sencillamente, deciden regresar por iniciativa propia, convencidos de que siguen siendo imprescindibles para orientar el rumbo político del país.

            No se conforman con ocupar un lugar en la memoria colectiva. Aspiran a seguir determinando el presente.

            Uno de ellos se definió como un «jarrón chino»: una pieza valiosa que todos admiran pero que nadie sabe muy bien dónde colocar. La metáfora era lúcida, porque el verdadero valor de un referente histórico no consiste en ocupar permanentemente el centro de la escena, sino en aceptar que existen nuevas generaciones llamadas a construir respuestas para problemas distintos.

            Lo paradójico es que quien así se definió acabó renunciando a su propia condición de «jarrón chino». Decidió regresar al primer plano político, recuperar el protagonismo institucional y volver a desempeñar un papel que parecía haber quedado definitivamente atrás. Con ello no solo desdibujó el sentido de su propia metáfora, sino que terminó convirtiéndose en un ejemplo más de ese Parque Jurásico político donde algunos antiguos dirigentes parecen incapaces de aceptar que su tiempo ya pasó. Y, a la vista de los resultados obtenidos en ese intento de resurrección política, tampoco puede afirmarse que el experimento haya resultado especialmente exitoso.

            Ese es precisamente el problema. Muchos de estos viejos dirigentes parecen haber olvidado que el mejor legado de un líder no consiste en permanecer indefinidamente sobre el escenario, sino en saber abandonarlo cuando corresponde.

            Intervienen para desautorizar públicamente las decisiones de sus propios partidos. Marcan líneas ideológicas al margen de quienes hoy ostentan la responsabilidad política. Critican a sus sucesores con una dureza que raramente emplearon frente a sus adversarios. Imparten instrucciones, dentro y fuera de su ámbito político para que quien pueda que haga al margen de las urnas. Alimentan conflictos internos que debilitan a las organizaciones que un día dirigieron y, en ocasiones, provocan tensiones institucionales e incluso diplomáticas con declaraciones que después ni él ni nadie desautoriza ni rectifica.

            Otros incluso se resisten a abandonar el poder y tratan de regresar a los cargos que ya ocuparon, como si la experiencia acumulada fuera un derecho preferente para volver a gobernar. Confunden trayectoria con propiedad, liderazgo con patrimonio y reconocimiento con permanencia.

            El liderazgo democrático tiene fecha de inicio, pero también debe tener capacidad para aceptar su final. Saber retirarse constituye una de las mayores demostraciones de grandeza política. Permanecer siempre disponible para intervenir, corregir, condicionar o desautorizar transmite justamente lo contrario, la incapacidad para asumir que la sociedad cambia, que los problemas evolucionan y que quienes hoy toman decisiones poseen la misma legitimidad democrática que tuvieron quienes les precedieron.

            La experiencia merece respeto. Nadie sensato cuestiona el valor de quien dedicó años al servicio público o protagonizó momentos decisivos de nuestra historia reciente. Escuchar a quienes gobernaron puede aportar perspectiva, prudencia y memoria institucional. Pero una cosa es aconsejar cuando se solicita y otra muy distinta ejercer una tutela permanente sobre quienes fueron elegidos para decidir. El pasado no puede convertirse en una hipoteca del presente.

            Cada generación política debe responder a los desafíos de su tiempo sin sentirse permanentemente vigilada por quienes se resisten a abandonar el escenario. La renovación no constituye una amenaza para la democracia, sino una de sus principales garantías. Cuando los antiguos dirigentes se convierten en actores permanentes del debate político, la alternancia pierde sentido y las organizaciones corren el riesgo de quedar atrapadas entre la nostalgia y el inmovilismo.

            Por eso el verdadero problema no es que existan viejos líderes dispuestos a opinar. El problema aparece cuando creen que su opinión debe prevalecer sobre la legitimidad de quienes hoy representan la voluntad de los ciudadanos. Cuando el pasado pretende gobernar el presente deja de ser experiencia para convertirse en un obstáculo.

            Como en Parque Jurásico, los dinosaurios nunca entendieron que el mundo que habían conocido ya no existía. El problema no era haberlos recuperado, sino creer que podían convivir indefinidamente con una realidad distinta sin generar conflictos.

 

Hoy millones de personas dirigirán la mirada al cielo para contemplar un de espectáculo fascinante. Durante unos minutos, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, la luz perderá intensidad y el día se transformará en una noche inesperada. Hablamos de oscuridad, pero en realidad nada habrá desaparecido. El Sol seguirá exactamente donde siempre ha estado. Tan solo un cuerpo celeste se habrá situado entre él y nuestros ojos.

            Pero, los eclipses verdaderamente preocupantes no son los fenómenos astronómicos. Son los que provocamos nosotros mismos y que, a diferencia de los astronómicos, no duran unos minutos. Algunos llevan años oscureciendo nuestra convivencia hasta el punto de que hemos terminado por considerarlos normales.

            Vivimos, probablemente, el eclipse de la verdad. Nunca habíamos dispuesto de tanta información y, sin embargo, nunca había resultado tan difícil distinguir lo cierto de lo falso. Las evidencias quedan ocultas bajo una avalancha de bulos, medias verdades, propaganda, intereses y desinformación que terminan eclipsando la realidad y la verdad. No importa tanto lo que sucede como el relato que cada cual consigue imponer. La verdad continúa ahí, igual que el Sol durante un eclipse. Lo que ocurre es que cada vez resulta más difícil verla.

            Asistimos igualmente al eclipse del diálogo. Hemos sustituido la conversación por el enfrentamiento permanente. Escuchar parece haberse convertido en un signo de debilidad y discrepar, en una forma de traición. Las redes sociales, tertulias y buena parte del debate político han dejado de ser espacios para el intercambio de ideas y se han transformado en escenarios donde lo importante ya no es convencer, sino humillar; no es comprender, sino derrotar.

            A ese eclipse se suma el no menos inquietante de la política entendida como servicio público. Con demasiada frecuencia las ideas quedan ocultas tras la estrategia, la propaganda o la obsesión por destruir al adversario. El interés general es sustituido por el interés electoral, la cooperación por la confrontación y el acuerdo por el cálculo partidista. La política no desaparece; simplemente deja de iluminar su servicio a las personas.

            Quizá uno de los eclipses más silenciosos sea el de los cuidados. Vivimos fascinados por la inteligencia artificial, la productividad, la rentabilidad, el crecimiento económico o la capacidad tecnológica, mientras relegamos a un segundo plano aquello que sostiene realmente la vida. No hablamos solo de cuidar a la infancia, acompañar a quienes envejecen o atender a las personas que viven una enfermedad, una discapacidad o una situación de dependencia. También hemos eclipsado el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, de la convivencia y del bien común, como si fueran recursos inagotables y no el soporte imprescindible de nuestra propia existencia. Los cuidados nunca desaparecieron; simplemente quedaron eclipsados por prioridades mucho más visibles y mucho menos esenciales.    

            Y, junto a todos ellos, asistimos quizá al eclipse más preocupante de todos: el de nuestra propia humanidad. Las guerras, los incendios, las personas migrantes que pierden la vida en el mar, quienes mueren bajo las bombas o quienes sobreviven entre el hambre y la desesperación ocupan nuestra atención apenas unos minutos antes de ser sustituidos por otra noticia, otra polémica o el siguiente escándalo. El sufrimiento deja de interpelarnos porque siempre aparece un nuevo acontecimiento dispuesto a eclipsar el anterior. Nos hemos acostumbrado a consumir el dolor ajeno con la misma rapidez con la que deslizamos un dedo sobre la pantalla del teléfono.

            La diferencia entre el eclipse de hoy y todos estos eclipses resulta, sin embargo, fundamental. El primero responde a las leyes del universo. Es inevitable, extraordinario y pasajero. Los otros dependen exclusivamente de nosotros. No los provocan los astros, sino nuestras decisiones. Somos nosotros quienes permitimos que el miedo eclipse la razón, que el ruido eclipse el pensamiento, que el poder eclipse el servicio, que la indiferencia eclipse la solidaridad y que la prisa eclipse aquello que verdaderamente importa.

            Cuando termine el eclipse, el Sol volverá a iluminar con la misma intensidad de siempre. Para contemplarlo sin sufrir daños, hay que utilizar filtros homologados capaces de proteger nuestra visión. Quizá esa recomendación resulte igualmente válida para los eclipses que nosotros provocamos. Porque también ellos pueden dañar nuestra forma de mirar la realidad si renunciamos al pensamiento crítico, al conocimiento, a los cuidados, a la evidencia o al diálogo y permitimos que el miedo, los bulos o la manipulación ocupen su lugar.

            Los eclipses solares son un privilegio que merece ser contemplado. Ojalá seamos igualmente capaces de mirar otros eclipses que llevan años oscureciendo nuestra convivencia y que, con demasiada frecuencia, preferimos no ver. El mayor peligro no está en la sombra que proyecta la Luna, sino en las sombras que hemos colocado delante de aquello que ilumina nuestra convivencia. La cuestión no es si la luz sigue existiendo, sino si aún estamos dispuestos a volver a mirarla.

La aprobación del proyecto de ley que amplía los espacios libres de humo ha reabierto un debate que, periódicamente, resurge con la misma intensidad y los mismos argumentos. De un lado, quienes consideran que se trata de un nuevo ataque a la libertad individual. Del otro, quienes defienden que la salud pública exige medidas cada vez más contundentes para reducir el impacto del tabaquismo y del vapeo. Sin embargo, centrar la discusión únicamente en la prohibición o en la libertad constituye una simplificación que impide comprender la verdadera dimensión del problema.

            Fumar o vapear no puede ni debe seguir interpretándose como una decisión estrictamente privada. No lo es cuando las consecuencias trascienden a quien consume tabaco o dispositivos electrónicos y alcanzan a quienes comparten espacios, respiran el mismo aire o asumen, como sociedad, los enormes costes sanitarios, sociales y ambientales derivados de este hábito. La libertad individual es un valor irrenunciable en una sociedad democrática, pero nunca ha sido un derecho absoluto. Su límite comienza allí donde aparece el daño o el riesgo para los demás.

            Este principio no constituye una ocurrencia ideológica, sino uno de los fundamentos de la salud pública. Los poderes públicos tienen la obligación de intervenir cuando una conducta genera un riesgo grave para la población, siempre que las medidas sean proporcionadas, necesarias y estén sustentadas por el conocimiento científico. Y pocas evidencias resultan hoy tan sólidas como las que relacionan el consumo de tabaco y, cada vez con mayor claridad, el vapeo con múltiples enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oncológicas, responsables de miles de muertes cada año.

            Reducir la nueva ley a una sucesión de prohibiciones supone, además, una lectura interesada y profundamente incompleta. Es cierto que amplía los espacios donde no se podrá fumar o vapear, pero el verdadero reto no consiste en prohibir más, sino en conseguir que cada vez menos personas sientan la necesidad de empezar a fumar o encuentren dificultades para abandonar una dependencia cuidadosamente alimentada durante décadas por una de las industrias más poderosas del mundo.

            La experiencia demuestra que las prohibiciones, por sí solas, rara vez modifican conductas profundamente arraigadas. Del mismo modo, las campañas basadas exclusivamente en el miedo o en la amenaza tampoco han demostrado una eficacia suficiente. Autores como Castiel y Álvarez-Dardet llevan años advirtiendo del riesgo de convertir la promoción de la salud en una especie de «salud persecutoria», donde la culpabilización sustituye a la educación y el castigo desplaza al acompañamiento. La promoción de la salud no consiste en señalar culpables, sino en crear las condiciones necesarias para que las personas puedan tomar decisiones más saludables de manera consciente, informada y sostenible.

            Por eso, cualquier legislación que aspire a transformar esta realidad debe ir mucho más allá del catálogo de restricciones. Debe incorporar estrategias educativas estables desde edades tempranas, fortalecer la alfabetización en salud, favorecer el abandono del consumo mediante intervenciones eficaces y ofrecer alternativas que permitan neutralizar el enorme poder de seducción comercial con el que las industrias tabaqueras siguen captando nuevos consumidores, especialmente entre la población infantil y adolescente. Resulta ingenuo pensar que una norma, por sí sola, puede competir contra campañas de marketing cuidadosamente diseñadas para asociar el consumo con la libertad, la modernidad o el éxito personal.

            Existe, además, otra dimensión que con frecuencia permanece invisibilizada. El tabaquismo no solo constituye un problema sanitario; también representa un importante problema ambiental. El humo permanece en el aire y deja residuos contaminantes que afectan incluso a quienes no fuman. Pero, además, millones de colillas terminan cada año en calles, playas, parques y espacios naturales. Cada una puede tardar entre diez y doce años en degradarse y, durante ese tiempo, libera sustancias tóxicas como nicotina, arsénico o plomo, capaces de contaminar decenas de litros de agua y deteriorar gravemente los ecosistemas. Hablar de espacios libres de humo también significa hablar de entornos más saludables y de una mayor responsabilidad con el medio ambiente.

            Conviene recordar, además, que las consecuencias económicas del tabaquismo trascienden el gasto sanitario que supone atender las enfermedades que provoca. A ello se suman incapacidades laborales, pérdida de productividad, dependencia, sufrimiento familiar y una enorme carga para unos sistemas de salud que podrían destinar esos recursos a prevenir, cuidar e investigar otros problemas de salud igualmente relevantes. El tabaco nunca lo paga exclusivamente quien lo consume; acaba pagándolo toda la sociedad.

            El verdadero éxito de esta ley no dependerá únicamente de su capacidad para restringir determinados espacios, sino de su potencial para generar una nueva cultura de corresponsabilidad. Combatir el tabaquismo y el vapeo no puede seguir siendo una tarea exclusiva de quienes legislan o de quienes trabajan en salud. Es un compromiso que interpela al conjunto de la ciudadanía. Porque proteger la salud colectiva exige entender que la libertad no desaparece cuando acepta límites razonables para cuidar a los demás.