El calor de este verano está dejando al descubierto muchas vergüenzas. No solo las vergüenzas, también las carencias. Los incendios que arrasan gran parte de los bosques españoles no son un fenómeno nuevo, pero cada vez resultan más dolorosos e indignantes porque vuelven a desnudar una realidad incómoda, la falta de previsión ante los desastres. Ahora son los incendios, antes fue la DANA o la pandemia de la COVID, y mañana será otra catástrofe que nos pillará, otra vez, sin estar preparados.
Quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía prefieren destinar el dinero público a otros menesteres más rentables electoralmente. Y lo poco que se invierte en prevención suele desviarse a la empresa privada, con sus legítimos intereses económicos, que acaban imponiéndose sobre el interés común. Mientras no sucede nada, todo parece ir bien y se proclama a bombo y platillo la excelente gestión de los recursos. Pero cuando estalla un desastre natural o sanitario, la improvisación, la miopía política y la incompetencia gestora se convierten en un boomerang que golpea directamente a la ciudadanía y a los bienes colectivos.
Entonces llegan las prisas, las ocurrencias, las decisiones precipitadas que, lejos de resolver la situación, la agravan. Y con ellas emergen negocios turbios, supuestos “salvadores” que hacen caja a costa del sufrimiento de quienes padecen en primera persona las pérdidas y la devastación. Pero nada cambia, se repiten los mismos errores, se suceden las imágenes de destrucción y, como una mala rutina, asistimos después a los consabidos combates dialécticos en los que se echan culpas unos a otros. Pura pirotecnia política, porque de soluciones reales para el futuro, ni rastro.
La prevención, que debería ser la piedra angular de cualquier política pública seria, sigue siendo tratada como un gasto prescindible, como un lujo que puede esperar. Sin embargo, es exactamente lo contrario, la prevención es una inversión. Invertir en prevención significa ahorrar después en reconstrucción, indemnizaciones y costes sociales. Significa también evitar sufrimiento humano, proteger vidas, preservar nuestro patrimonio natural y generar confianza ciudadana en las instituciones. Cada euro invertido en prevenir incendios, en reforzar la red de atención primaria de salud o en adaptar las infraestructuras al cambio climático evita multiplicar por diez el gasto que supondrá reparar los daños una vez producida la catástrofe.
Pero además de invertir en prevención, es fundamental algo que nuestros responsables políticos olvidan sistemáticamente, contar con la ciudadanía. La población no puede ser tratada como un simple espectador pasivo que asiste horrorizado al desastre. La ciudadanía tiene derecho a participar en las decisiones que afectan a su seguridad y a su bienestar, y esa participación no puede reducirse a la foto con voluntarios después de la tragedia. Existen órganos de participación ciudadana que deben activarse, escucharse y dotarse de poder real para que las políticas preventivas nazcan del conocimiento y la experiencia de quienes mejor conocen el territorio y sus vulnerabilidades. Dejar fuera a la sociedad organizada es renunciar a una de las herramientas más potentes para anticiparse a los riesgos y dar respuestas rápidas y eficaces.
Conviene subrayarlo con claridad, ni la prevención ni la participación son de derechas o de izquierdas. No deberían serlo. Los incendios no preguntan a qué partido vota el bosque antes de devorarlo, las riadas no distinguen ideologías cuando arrasan pueblos enteros, y los virus no se paran a comprobar si el Gobierno de turno es progresista o conservador. Prevenir, anticipar, proteger, escuchar y organizar la respuesta colectiva no es cuestión de color político. es cuestión de seriedad, coherencia y sentido común. Quienes convierten cada desastre en un campo de batalla partidista no solo insultan a las víctimas, sino que hipotecan el futuro de todos al impedir que se construyan consensos estables para estar preparados.
La ciudadanía necesita dirigentes capaces de mirar más allá del corto plazo electoral y entender que la verdadera rentabilidad está en garantizar seguridad, confianza y resiliencia. No se trata de competir por quién reparte más ayudas tras la tragedia, sino de evitar que la tragedia ocurra. No se trata de ver quién llega antes con el helicóptero o quién promete más millones para las fotos de emergencia, sino de tener planes de prevención bien diseñados, financiados y consensuados que funcionen antes de que se encienda la primera chispa.
El calor de agosto pasará, como pasaron las llamas de otros veranos, las riadas y las olas pandémicas. Pero el problema seguirá intacto si no se asume de una vez que la prevención no es un gasto, sino la inversión más rentable y necesaria que puede hacer un país. Y que la improvisación, la privatización y el desprecio por la participación ciudadana son un cóctel letal que condena a repetir, una y otra vez, la misma historia de desastre y sufrimiento. La pregunta es sencilla, ¿queremos seguir pagando las consecuencias o empezamos de una vez a invertir con cabeza y a decidir con y entre todos?