La tragedia ocurrida en Adamuz, con el descarrilamiento de dos trenes y un balance devastador de decenas de personas fallecidas y más de un centenar de heridos de diversa consideración, ha sacudido de nuevo a un país que aún no se ha recuperado emocionalmente de otras catástrofes recientes. El impacto de las imágenes, el desconcierto inicial y la magnitud del dolor han vuelto a situarnos frente a una realidad incómoda: la fragilidad de la vida y la responsabilidad colectiva que emerge cuando todo se quiebra.

En medio del horror, conviene señalar con justicia algunos hechos que merecen ser reconocidos. El primero, la rápida y eficaz intervención de los dispositivos de urgencias y emergencias, que actuaron con profesionalidad, coordinación y entrega desde los primeros momentos. El segundo, la respuesta ejemplar de la población local y de municipios cercanos, que se volcó de manera espontánea y solidaria para auxiliar a las víctimas, ofrecer recursos, acompañar y sostener cuando más se necesitaba. Y el tercero, la activación inmediata de los distintos niveles de la administración, que han manifestado una coordinación ágil para movilizar recursos, atender a las personas afectadas e iniciar las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Estos elementos no son menores. Hablan de un tejido social y profesional que, cuando las circunstancias lo exigen, responde con humanidad, eficacia y sentido del deber. Hablan también de que, al menos en un primer momento, se ha impuesto la prudencia política. Y esto, en el contexto actual, no es poco.

Porque si algo ha caracterizado demasiadas tragedias recientes es su utilización como arma arrojadiza en la contienda política. El dolor convertido en munición. La incertidumbre transformada en acusación. El desconcierto instrumentalizado para señalar culpables antes incluso de conocer los hechos. Por ahora, en Adamuz, esa deriva no se ha producido de forma evidente. Y ojalá no se produzca.

Sin embargo, la experiencia obliga a la cautela. Mucho me temo que no tardará en aparecer quien “mee fuera del tiesto” y empiece a hablar de culpabilidades, negligencias, incompetencias o mediocridades cuando todavía no se conocen las causas reales del accidente. Me gustaría equivocarme. Me gustaría pensar que, por una vez, la clase política estará a la altura del dolor que atraviesa a las víctimas y a sus familias. Me gustaría confiar en que prevalecerán la responsabilidad, la ecuanimidad y el respeto.

En ese marco, resultaría especialmente grave —y éticamente inaceptable— que se recurriera al recuerdo del accidente de Santiago de Compostela como argumento de revancha política, como si se tratara de un “ahora te ha tocado a ti tener también un accidente de tren”. Esa comparación no es ni lícita ni razonable. No honra a las víctimas de entonces ni respeta a las de ahora. Da la impresión de que algunos juegan a completar una colección de cromos en la que no falte ninguna perversión política, sea del color que sea: corrupción, accidentes, acoso, prevaricación. Convertir la desgracia en marcador partidista degrada la política y banaliza el dolor.

Aprovechar una tragedia de estas dimensiones para obtener rédito político no solo sería un grave error, sino una utilización miserable del sufrimiento ajeno. No aporta consuelo, no acelera las investigaciones, no mejora la atención a las víctimas ni contribuye a prevenir futuros accidentes. Al contrario: envenena el debate público, alimenta la crispación y refuerza una lógica de confrontación permanente que erosiona la confianza social y degrada la ética política.

Habrá tiempo, cuando se conozcan todos los datos y se esclarezcan las causas, para exigir responsabilidades si las hubiera. Ese es el funcionamiento legítimo de una democracia madura. Lo que no es legítimo es la especulación interesada, la sospecha lanzada como consigna o el juicio sumarísimo dictado desde la trinchera mediática. Esa actitud no responde a un compromiso con la verdad ni con la justicia, sino a la incapacidad de ofrecer propuestas, diálogo y soluciones.

Cuando faltan ideas y proyectos, se recurre al ruido. Cuando no se sabe construir, se opta por destruir. Cuando no se tiene una visión de país, se agita el miedo, la alarma y la descalificación. Y en ese terreno, las tragedias se convierten en oportunidades para quienes confunden la política con el ataque permanente y la ética con el oportunismo.

Ojalá esta tragedia no repita los escenarios vividos durante y después de la DANA. Ojalá no volvamos a asistir a la competición por el titular más hiriente o la acusación más rápida. Si esta vez se impone la normalidad política frente a la respuesta visceral, deberíamos felicitarnos como sociedad. Porque significaría que hemos aprendido algo. Que el respeto a las víctimas pesa más que la rentabilidad electoral.

Y si no es así, si una vez más el dolor es utilizado como coartada para el enfrentamiento, entonces será necesario señalar con claridad a quienes convierten la desgracia en su única estrategia. No por revancha, sino por higiene democrática. Porque una política que se alimenta del sufrimiento ajeno no merece ni comprensión ni silencio.

A lo largo de la historia, numerosos pueblos han ejercido como conquistadores, colonizadores o invasores de otros territorios, imponiendo —en mayor o menor medida— su autoridad, su cultura, su religión y su organización social. Desde el Imperio Romano hasta las campañas napoleónicas o la conquista española de América, estas ocupaciones no se limitaron al dominio militar, sino que incorporaron infraestructuras, sistemas de organización, modelos educativos y elementos culturales que, con todas sus contradicciones, dejaron una huella profunda y duradera en los territorios sometidos. Hoy siguen existiendo vestigios evidentes de esas presencias: obras públicas, lenguas, sistemas jurídicos, expresiones culturales y religiosas que, pese a haber sido impuestas tras una ocupación no consentida, forman parte del acervo histórico de países actualmente soberanos.

Nada de ello justifica la violencia, el sometimiento ni la vulneración de la libertad de los pueblos invadidos. Tampoco resulta aceptable establecer jerarquías morales entre invasiones “mejores” o “peores”. Sin embargo, reconocer la complejidad histórica obliga a admitir que, en algunos casos, esas ocupaciones se produjeron en contextos en los que no existían ni el derecho internacional, ni tribunales supranacionales, ni organismos multilaterales capaces de proteger la soberanía popular o los derechos humanos. Eran otros tiempos, con otras reglas —o con la ausencia de ellas—, lo que no exime de responsabilidad, pero sí ayuda a contextualizar los hechos.

La reciente invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos se sitúa, sin embargo, muy lejos de cualquier lógica comparable. No hay aquí ni proyecto civilizador, ni transferencia de conocimiento, ni voluntad de reconstrucción institucional. El único interés visible es el económico, concretamente el control del petróleo, impuesto mediante un sistema de pago arbitrario que obliga a destinar esos recursos a la compra exclusiva de productos del país invasor. No se trata de desarrollo, sino de expolio; no de cooperación, sino de negocio puro y duro.

Esta intervención no debería sorprender. El imperialismo estadounidense ha sometido anteriormente a numerosos países al dictado de sus intereses estratégicos y económicos, sin que exista un solo ejemplo sólido en el que su injerencia haya supuesto una mejora real y sostenida de las condiciones de vida de la población afectada. Allí donde ha intervenido, ha dejado inestabilidad, dependencia, desigualdad y estructuras económicas orientadas a beneficiar a grandes corporaciones y élites locales afines, nunca a la ciudadanía.

Frente a los sistemas de riego, comunicación o ingeniería del Imperio Romano; frente a la impronta cultural y educativa francesa aún visible en países europeos; frente a la lengua, la arquitectura o los modelos educativos instaurados por España en América —todo ello sin olvidar las atrocidades cometidas—, la acción de EEUU carece incluso de ese componente estructural. Su huella no es cultural ni social, sino mercantil y depredadora. Multinacionales, fondos de inversión y grandes fortunas sustituyen a cualquier atisbo de proyecto colectivo.

Donald Trump ha decidido ejercer de conquistador en pleno siglo XXI, ignorando deliberadamente la existencia del derecho internacional, de las instituciones multilaterales y de los mecanismos de garantía que deberían impedir este tipo de actuaciones. Lo hace desde una lógica unipersonal, autoritaria y profundamente narcisista, justificando nuevas invasiones mediante acusaciones de narcoterrorismo jamás demostradas o apelando sin pudor al interés económico y a la expansión empresarial propia.

Su hoja de ruta comenzó con el apoyo incondicional a la destrucción criminal de Palestina, con el objetivo explícito de transformar un territorio devastado en un resort turístico, expulsando a los supervivientes de su propia tierra. Ese es el patrón que se repite: expulsar, arrasar y reconstruir en clave de negocio. Todo ello con un desprecio absoluto por la democracia, la justicia y la libertad, valores que invoca de forma cínica para legitimar sus acciones.

Mientras el equilibrio internacional se resquebraja, ni los tribunales internacionales, ni las instituciones de derechos humanos, ni la ONU, ni la Unión Europea son capaces de responder con la contundencia que sí mostrarían ante otros países. Esa ambigüedad, nacida del miedo o de la dependencia, transmite un mensaje devastador, impunidad para el invasor y desprotección para las víctimas.

La herencia que dejará Estados Unidos no será progreso ni estabilidad, sino una exhibición extrema del capitalismo más feroz: negocios multimillonarios, corporaciones omnipresentes y una concentración obscena de riqueza que generará más pobreza, desigualdad e inequidad. Permanecer en una diplomacia tibia y temerosa solo conduce a una nueva era de sometimiento a los caprichos del imperialismo.

Trump no es Julio César, ni Napoleón, ni Colón. No dejará caminos, ni lenguas, ni sistemas. Impone una autarquía grotesca, chulesca e histriónica que solo deja ruinas sociales. Su comportamiento responde al manual del acosador, que necesita cómplices, aplaudidores y silencios interesados. Y la pregunta ya no es si se le debe frenar, sino hasta cuándo se le va a permitir avanzar. Tal vez cuando reaccionemos sea demasiado tarde y, donde deberían existir escuelas, hospitales y centros de salud, solo queden logotipos de multinacionales.

La reunión celebrada ayer entre María Corina Machado y Donald Trump en la Casa Blanca no fue solo un encuentro político, fue, sobre todo, una puesta en escena cuidadosamente diseñada desde el silencio, la opacidad y la humillación simbólica. Sin recibimiento oficial, sin agenda pública, sin imágenes institucionales, sin comunicado alguno. Una reunión por la puerta de atrás, como si se tratase de una cita clandestina que no debía dejar rastro. Y, sin embargo, dejó huella. Mucha.

Más de dos horas de conversación de las que no se sabe absolutamente nada. Ni objetivos, ni compromisos, ni posiciones. Nada. El vacío informativo no es casual: es parte del mensaje. Trump no quería fotografías ni relato compartido. No quería interlocución, sino subordinación. Y lo único que ha trascendido confirma esa lógica. Una imagen y un audio en los que Machado entrega a Trump la medalla del Nobel de la Paz que le fue concedido a ella. Un gesto que no puede interpretarse como cortesía ni simbolismo ingenuo, sino como un acto explícito de pleitesía política y como un trueque sin disimulo. Un símbolo internacional de legitimidad moral ofrecido a cambio del beneplácito y el respaldo personal de Trump en su aspiración a la presidencia de Venezuela. Una operación que no solo busca doblegar su resistencia, sino que vacía de contenido ético el propio reconocimiento, degradándolo a moneda de cambio y revelando una concepción del poder en la que los principios se negocian y la dignidad institucional se sacrifica sin reparos.

La escena es demoledora. Una dirigente que recibe un reconocimiento internacional lo entrega, sin pudor, a quien no fue elegido por el jurado, pero sí deseaba serlo. Trump recoge la medalla como quien acepta lo que considera suyo por derecho natural. No hay humildad ni gratitud. Hay reafirmación narcisista. El mensaje es claro, el Nobel no consagra valores, consagra jerarquías. Y él se sitúa en la cúspide.

Ante este episodio resulta inevitable plantear algunas preguntas. ¿Debe una persona que ha recibido el Nobel de la Paz poder transferirlo simbólicamente a un tercero? ¿No desvirtúa ese gesto el sentido mismo del reconocimiento? ¿No debería el Norwegian Nobel Committee reflexionar seriamente sobre los criterios, mecanismos y decisiones que conducen a premiar trayectorias que, lejos de generar consensos éticos, producen desconcierto y descrédito? El problema no es solo quién recibe el premio, sino qué se legitima cuando se concede.

Porque, más allá de la ausencia de fotografías oficiales, lo cierto es que ambos han quedado perfectamente retratados. Machado, como una dirigente dispuesta a sacrificar símbolos y principios en busca de padrinazgo del invasor. Trump, como un líder que utiliza la política exterior como escenario de reafirmación personal y dominación simbólica. Dos figuras unidas por una misma pulsión: notoriedad, autoridad y poder. No por vías democráticas, transparentes o dialogantes, sino desde el cálculo, la escenografía del sometimiento y el desprecio a las formas que sostienen la democracia.

No hicieron falta fotos. La imagen es nítida.

En política, como en la vida, hay quien cree que cuanto más se grita “viene el lobo”, más probabilidades hay de que alguien termine viendo colmillos en cualquier sombra. Alberto Núñez Feijóo ha hecho de esa estrategia su único proyecto. Anunciar el desastre, vaticinar el hundimiento de España y convertir su liderazgo en una suerte de oráculo del apocalipsis permanente. El problema es que el lobo no aparece y la realidad insiste en desmentirlo con una tozudez casi humillante.

Desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, Feijóo no ha construido un solo relato alternativo de país. No ha presentado un proyecto reconocible, ni una propuesta económica estructurada, ni una visión de futuro que vaya más allá de la simple negación del adversario. Su estrategia se ha basado en dos pilares: el acoso personal al presidente del Gobierno y la generación constante de alarma social. Todo va mal, todo empeora, todo está a punto de estallar. Sin embargo, la realidad es obstinada y los datos, por mucho que se los quiera forzar, siguen sin acompañar ese discurso.

España encabeza el crecimiento entre las grandes economías europeas, mantiene un ritmo sostenido de creación de empleo y presenta indicadores macroeconómicos que organismos internacionales reconocen de forma reiterada. Sin embargo, Feijóo insiste en describir un país al borde del colapso, como si gobernara una nación imaginaria que solo existe en sus discursos y en los argumentarios de su partido.

Pero lo más revelador es que ni siquiera sus posicionamientos encajan con los del Partido Popular Europeo, al que formalmente pertenece. Mientras buena parte de la derecha europea respalda políticas de estabilidad, crecimiento y fortalecimiento del Estado social como garantía frente al extremismo, Feijóo opta por un discurso cada vez más alineado con el ruido populista y el catastrofismo interno. Esa disonancia no solo lo debilita en casa, sino que lo deja sin perfil propio fuera: sin aliados claros, sin liderazgo reconocible y con una proyección internacional cada vez más irrelevante.

Tampoco le acompaña la bandera de la corrupción, a la que se aferra con entusiasmo tan insistente como selectivo. Los casos reales o los que pueden afectar al Gobierno son amplificados hasta el paroxismo, mientras los del propio PP—antiguos aún por juzgar y otros nuevos que van apareciendo— son minimizados, relativizados o directamente silenciados. La doble vara de medir ya no escandaliza, simplemente confirma que no estamos ante una cruzada ética, sino ante un uso instrumental del escándalo como arma política.

A ello se suma la gestión de varias de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que dista mucho de sostener esa imagen de eficacia y solvencia que el partido intenta proyectar. La actuación ante la DANA en la Comunidad Valenciana, los incendios, o el deterioro persistente de la sanidad pública en territorios como Andalucía, Castilla y León o Madrid no son precisamente ejemplos de buena administración.

En el plano internacional, la situación tampoco ha sido favorable para su estrategia. Su ambigüedad —cuando no cercanía ideológica— respecto a los planteamientos de Trump lo ha colocado en más de una ocasión en una posición incómoda, obligándole a rectificar sobre la marcha o a refugiarse en discursos forzados sobre Venezuela o supuestas cruzadas por la libertad que suenan más a coartada que a política exterior coherente.

En esta escalada retórica ha anunciado una gravísima crisis económica. Como de costumbre, su anuncio llega huérfano de datos, de evidencias, de argumentos sólidos. No hay cifras, no hay informes, no hay análisis que respalden semejante cataclismo.

Uno no puede evitar preguntarse si esta obsesión con la crisis es un reflejo de la memoria histórica del propio PP, cuyos gobiernos sí estuvieron asociados a etapas de recesión, rescates financieros, recortes sociales y pérdida de credibilidad internacional. Tal vez Feijóo proyecta hacia el futuro lo que su partido representa en el pasado.

Lo paradójico es la contradicción permanente de su discurso, al centrar el mismo en que la única forma de evitar esa crisis, es cambiar las políticas que precisamente explican el buen momento económico actual. Según esta lógica, la bonanza no tendría nada que ver con la acción del Gobierno, sino con una alineación astral, una manipulación estadística o un engaño masivo a la ciudadanía. España iría bien, pero por error. Y Feijóo sería el único capaz de ver a través del espejismo.

En ese vacío de ideas, Feijóo ha decidido refugiarse a la sombra de Vox, aceptando sus marcos, sus silencios y sus líneas rojas como precio de su supervivencia política. Un refugio que dice mucho de su debilidad y muy poco de su capacidad para liderar una alternativa real.

Porque una oposición útil no es la que anuncia catástrofes, sino la que ofrece caminos. Y mientras Feijóo siga empeñado en ser profeta del desastre en lugar de constructor de propuestas, seguirá prisionero de sus propias palabras… y de su propia irrelevancia

La invasión de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de su presidente constituyen una vulneración flagrante del derecho internacional que no admite justificación alguna, por mucho que se intente presentar como una operación destinada a restablecer la democracia. Aceptar ese argumento implica asumir que la legalidad internacional es prescindible cuando estorba a los intereses de las grandes potencias. Si esa fuera la premisa válida, serían muchos los países susceptibles de ser invadidos, intervenidos o sometidos bajo el pretexto de una democracia definida a conveniencia del invasor, vaciando de contenido cualquier marco jurídico común.

Donald Trump ha conseguido con esta acción varios objetivos simultáneos. En primer lugar, lanzar un mensaje inequívoco a América Latina, una región que pretende volver a situar bajo control directo tras décadas de pérdida de influencia. El aviso es claro y recuerda a épocas que muchos creían superadas, cuando el continente era tratado como un espacio subordinado, un cuarto trastero geopolítico al que se accedía sin pedir permiso. En segundo lugar, elimina cualquier posibilidad real de que María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz, alcance la presidencia venezolana, tal y como el propio Trump ha insinuado, no tanto por razones estratégicas como por una lógica de revancha personal tras no haber sido él mismo reconocido con un galardón que ambiciona abiertamente. Y, por último, asegura el control de una de las mayores reservas petrolíferas del planeta, verdadero trasfondo de una operación que difícilmente puede ocultarse bajo discursos moralizantes.

Nada de lo ocurrido es casual, tampoco el hecho de que Nicolás Maduro haya sido conducido a Nueva York. No se trata únicamente de la capital financiera y mediática del mundo, sino del escenario elegido para escenificar poder. La coincidencia con la reciente elección de Zohran Mamdani como alcalde, identificado por Trump como un enemigo político a batir, añade una dimensión interna inquietante, exhibir fuerza, humillar al adversario y advertir a quienes cuestionan su liderazgo dentro y fuera de Estados Unidos. La geopolítica se convierte así en un ejercicio de escarmiento donde se diluyen las fronteras entre política exterior, propaganda y ajuste de cuentas doméstico.

Pero más allá de los análisis internacionales, resulta profundamente preocupante la utilización que de esta invasión está haciendo la derecha política y mediática española, presentándola como una supuesta victoria de la libertad y de la democracia. Una lectura que debería alarmar seriamente a quienes contemplan apoyar a formaciones que aplauden sin reservas una acción que vulnera la soberanía de un Estado. No se trata de simpatías ideológicas ni de afinidades estratégicas, sino de principios básicos. Justificar una invasión ilegal hoy es normalizarla para mañana.

La posición de VOX no sorprende. Su defensa explícita del autoritarismo y de la ley del más fuerte encaja perfectamente con este tipo de actuaciones. Mucho más inquietante resulta la del Partido Popular, que intenta, cada vez con menor convicción, marcar distancias respecto a VOX mientras asume como razonables e incluso necesarias acciones que constituyen delitos internacionales. Feijóo, en pleno cuestionamiento nacional por sus mensajes con Carlos Mazón, se apresuró a felicitarse por la invasión y a proponer a Edmundo González como figura de una supuesta transición democrática en Venezuela, obviando que Trump ya había decidido asumir el control del país hasta que considere oportuno entregarlo a quien mejor sirva a los intereses estadounidenses, no a los venezolanos.

Hablar de manera tan vehemente como irresponsable de una situación de extrema gravedad implica asumir como tolerable el uso de la fuerza por parte de las grandes potencias. Supone además sentar un precedente inquietante ante futuras acciones: ¿cuál será la respuesta internacional si finalmente se consuma la anunciada invasión de Groenlandia? ¿Qué ocurrirá si esta misma estrategia se reproduce en Colombia u otros países que no se plieguen a los dictados de Washington? El silencio cómplice o el aplauso entusiasta de hoy se convierten en la coartada de las agresiones de mañana.

Hubiera sido previsible una posición ambigua o incluso de silencio por parte del Partido Popular. Callar no es lo mismo que aplaudir. Si una invasión similar hubiera sido protagonizada por cualquier otro país, la condena habría sido inmediata. La doble vara de medir es tan evidente como peligrosa.

Como país democrático que somos, pese a quienes lo cuestionan o pretenden revertirlo, la posición debe ser firme y ajustada al derecho internacional. Construir ahora un relato que legitime esta agresión y que sirva además como nuevo instrumento de desgaste del poder legalmente establecido en España no es solo una torpeza política, es una irresponsabilidad cuyas consecuencias pueden resultar mucho más profundas y duraderas de lo que algunos parecen dispuestos a admitir.

Aceptar esta lógica supone renunciar a cualquier principio democrático propio y asumir que el orden internacional se rige por la fuerza y no por el derecho. Quienes hoy celebran esta invasión deberían preguntarse qué dirán mañana cuando esa misma doctrina se utilice contra otros pueblos, otros gobiernos o incluso contra la propia Europa.

Hay tragedias que conmocionan y otras que apenas logran interrumpir unos segundos la rutina informativa. No porque unas sean más terribles que otras, sino porque el lugar, el contexto y, sobre todo, las vidas implicadas parecen importar de manera muy distinta. El incendio en un bar de Crans-Montana, en Suiza, en el que murieron cuarenta personas —la mayoría menores de edad— ha sacudido a la opinión pública internacional. El dolor es comprensible. La conmoción, legítima. Las investigaciones anunciadas para esclarecer las causas y depurar responsabilidades, necesarias.

Nadie cuestiona que así sea. Pero, detenerse a reflexionar no implica restar gravedad a lo ocurrido, sino ampliar la mirada. Porque mientras los focos mediáticos se concentran —como es lógico— en esa tragedia, otras muertes, igualmente evitables, igualmente injustas, continúan produciéndose casi en silencio. Muertes de jóvenes que no arden en una pista de baile, sino que se ahogan en el mar.

Los llamamos “menores no acompañados”, cuando no directamente “MENAS”, una etiqueta deshumanizada y estigmatizada que ha acabado por convertirse en categoría política y arma arrojadiza. Jóvenes que suben a una patera tras entregar todo lo que tenían a mafias que comercian con la desesperación. Jóvenes que huyen de guerras, de persecuciones, de la miseria estructural o de países incapaces —o impedidos— de ofrecerles un futuro. Jóvenes que mueren en travesías que sabemos mortales, pero que seguimos tolerando como si fueran un accidente inevitable del orden del mundo.

En ambos casos hablamos de menores no acompañados. En Suiza, porque sus familias confiaban en que estaban en un entorno seguro, ejerciendo algo tan elemental como el derecho a divertirse. En el mar, porque sus padres y madres, aun a sabiendas del riesgo, no tuvieron otra opción que dejarles partir. No por negligencia, sino por ausencia de alternativas. Porque a veces acompañar es dejar marchar, incluso cuando el precio puede ser insoportable.

La diferencia no está en la edad ni en la inocencia. Tampoco en el dolor. Está en el reconocimiento. Quienes murieron en el incendio tendrán nombres, apellidos, funerales multitudinarios, memoria colectiva y duelo compartido. Sus familias serán escuchadas. Las responsabilidades, investigadas. Las normativas, revisadas para que algo así no vuelva a suceder. Así debe ser.

Quienes mueren en un naufragio, en cambio, si llegan a ser rescatados, suelen hacerlo sin identidad. Sus cuerpos no siempre aparecen. Sus nombres no se pronuncian. Sus familias rara vez saben qué ocurrió, dónde, cuándo o cómo. No hay funerales públicos ni minutos de silencio. No hay comisiones de investigación que analicen por qué seguimos permitiendo rutas migratorias mortales ni por qué se criminaliza a quienes intentan salvar vidas en el mar.

Más allá de las ONG —cada vez más cuestionadas, perseguidas o directamente prohibidas—, nadie parece querer saber demasiado. Como si esos viajes fueran decisiones caprichosas, casi lúdicas. Como si no existieran responsabilidades políticas, económicas y morales compartidas. Como si los países en cuyas aguas se producen los naufragios no tuvieran nada que ver. Como si las causas que empujan a esas personas a embarcarse no merecieran ser abordadas.

Y es aquí donde resulta imprescindible exigir responsabilidad a quienes tienen la obligación de gestionar la migración. No para buscar culpables fáciles, sino para señalar con claridad dónde reside la verdadera responsabilidad. No en quienes migran, sino en quienes consienten que lo hagan en condiciones de riesgo extremo; en quienes externalizan fronteras, miran hacia otro lado o aceptan la muerte como precio disuasorio. Porque permitir travesías mortales no solo mata, sino que además impone después condiciones de precariedad, inequidad, vulnerabilidad y rechazo a quienes logran sobrevivir.

Lo que sí parece importar es proteger fronteras, alimentar el miedo y vincular migración con amenaza, escasez, delincuencia o pérdida de identidad nacional. Un relato falso, pero eficaz. Todos los indicadores demuestran que la migración no solo no destruye las economías de los países de destino, sino que resulta imprescindible para sostenerlas. Aun así, el discurso del rechazo se impone, amplificado por fuerzas políticas que encuentran en el miedo al otro una herramienta rentable, incluso cuando genera violencia social e institucional.

No se trata de comparar tragedias. Se trata de preguntarnos por qué algunas vidas merecen toda la atención y otras apenas un titular fugaz. Por qué unas muertes activan todos los resortes del Estado y otras se asumen como daño colateral. Por qué aceptamos que el lugar donde se muere —un bar o una patera— determine el valor simbólico de esa vida.

Porque, al final, quienes mueren son jóvenes. Más allá de su pasaporte, color de piel, cultura o religión. Personas con derecho a una vida digna y a una muerte evitable. Y Mientras no seamos capaces de sostener esa verdad sin matices ni excepciones, seguiremos viviendo en un mundo que llora unas muertes y normaliza otras. Un mundo profundamente injusto, aunque a veces prefiramos no mirarlo de frente.

Carlos Mazón no será recordado únicamente por la nefasta gestión política de la DANA de 2024 en la provincia de València, sino por haber convertido una tragedia colectiva en un ejercicio obsceno de autoprotección, manipulación del relato y desprecio hacia las víctimas. No fue solo lo que hizo —o dejó de hacer— antes, durante y después del desastre, sino la forma en que arrastró consigo a instituciones, cargos y siglas, como si él mismo fuera una prolongación política de la devastación que causó la riada.

Desde el inicio, la gestión de Mazón se sostuvo sobre pilares frágiles. La mentira reiterada, el cambio constante de versiones y una estrategia comunicativa diseñada para confundir. Con cada nuevo argumento desmentido por los hechos, se erosionaba no solo su credibilidad personal, sino la de la institución que presidía. La honorabilidad implícita en el tratamiento de Molt Honorable quedó reducida a una fórmula vacía, carente de contenido ético. La empatía, imprescindible en cualquier cargo público y aún más en contextos de dolor y pérdida, la evitó. Y la decencia política —la que lleva implícita la asunción de responsabilidades— fue sistemáticamente ignorada.

Pero Mazón no actuó solo. Su conducta fue avalada, defendida y, en demasiadas ocasiones, ocultada por dirigentes de su partido y por una parte de su electorado, presos de una idea de lealtad mal entendida. Una lealtad que no se dirige a la ciudadanía ni a la verdad, sino a la preservación del poder y a la protección mutua frente a cualquier rendición de cuentas. Lealtad tramposa que nace del miedo, del temor a que cuestionar a Mazón suponga poner en evidencia actitudes propias, silencios cómplices o responsabilidades compartidas.

La petición de la jueza instructora de Catarroja, a la que tanto temen, ha solicitado que se faciliten los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Mazón y Alberto Núñez Feijóo, ampliando el foco de la responsabilidad política y moral. Feijóo se incorpora así, por mérito propio, a una lista que ejemplifica una de las formas más indignas de ejercer la política. Aquella que antepone el beneficio personal y partidista a la verdad, aunque ello implique mentir, encubrir y ser cómplice de una gestión miserable que dejó centenares de muertos y miles de personas cuya vida tardará años en recomponerse.

La citación de Feijóo como testigo el próximo día 9, a la que ha solicitado no comparecer presencialmente, constituye una nueva muestra de desprecio hacia las víctimas y de cobardía política. No es la incomodidad lo que está en juego, sino el temor a que la verdad comprometa su posición. Por otra parte, la presentación de un acta notarial para avalar los mensajes recibidos de Mazón no refuerza su veracidad; al contrario, evidencia una debilidad profunda, la necesidad de aparentar formalmente un relato inconsistente. Más grave aún es la omisión de sus propios mensajes de respuesta, amparada en el argumento infantil y tramposo de que no le fueron solicitadas, lo que retrata con claridad su catadura moral.

El contenido que va conociéndose de los mensajes confirma, además, que el comportamiento de Mazón no solo fue compartido, sino apoyado y aplaudido por su “presi” y por una corte política que sigue intentando maquillar lo evidente. Incluido el actual presidente de la Generalitat, Juan Fran Pérez Lorca, por mucho que aparente desmarcarse.

Y en todo este relato, resulta especial y tristemente paradójico que Feijóo, en sede parlamentaria, intentara verbalizar un nuevo ataque a la gestión del presidente Sánchez y a los casos de corrupción de su entorno recurriendo a una referencia cultural -Anatomía de un instante-, no siendo capaz de articularlo con claridad. Evidenciando la distancia entre el guion que le escriben y el discurso que logra sostener. La ironía es difícil de obviar. Mientras la referencia fallida diseccionaba un momento excepcional de dignidad política, lo que aquí se revela —más allá del disparate de su intervención— es la anatomía de una gestión indecente.

Mazón no ha sido una anomalía ni una mancha aislada en la gestión del Partido Popular en la Generalitat Valenciana. Ha sido, y sigue siendo, un ejemplo nítido de lo que ocurre cuando la política se ejerce como dominio y no como servicio. Un ejemplo de lo que no es la dignidad, la responsabilidad ni la honorabilidad que exige representar a todo un pueblo. Ha utilizado la lealtad como escudo interesado, convirtiéndola en un instrumento de autodefensa frente a la ignominia, arrastrando consigo a quienes creyeron —como él— que esa lealtad también los protegería.

Es necesario recordarlo para que la riada de acontecimientos no arrastre la inmundicia de sus acciones, sus mentiras y su falta de dignidad y acaben perdiéndose en la inmensidad del océano mediático, político y social. La DANA devastó pueblos y vidas. La gestión política ha devastado algo igualmente esencial, la confianza democrática que, una vez quebrada, no se reconstruye con subvenciones, comunicados ni gestos calculados. Se restituye con verdad, asumiendo responsabilidades y con respeto real hacia quienes lo perdieron todo, empezando por la vida de sus seres queridos. Todo lo demás, no es gestión, es indecencia.