Dadas las fechas en las que nos encontramos, el Parlamento español ha logrado lo impensable: convertir la llegada de los Reyes Magos en un conflicto político de primer orden. No por su capacidad logística, ni por el impacto económico de su modelo de reparto nocturno, sino por algo mucho más profundo y revelador: su origen, su identidad y el uso ideológico de una tradición compartida. Porque en la España actual, ni siquiera la magia consigue escapar del ruido político, del cálculo electoral ni de la confrontación permanente.

Según algunos grupos parlamentarios, Melchor, Gaspar y Baltasar no serían entrañables visitantes orientales, sino inmigrantes irregulares procedentes de Persia o Grecia, Asia y África, que pretenden entrar en el país sin visado, quitar el trabajo a los repartidores nacionales y, de paso, instalarse en España para pervertir a la infancia con doctrinas ajenas a nuestra sacrosanta identidad cultural. Todo ello, claro está, con el agravante de su avanzada edad, que podría convertirlos en usuarios indebidos de la sanidad pública, siempre que esta no haya sido previamente debilitada o privatizada.

La cuestión no acaba ahí. Tampoco se permitirá que personas inmigrantes ya asentadas en España puedan asumir el papel de Reyes Magos en cabalgatas o celebraciones locales, no vaya a ser que la tradición sirva para normalizar la diversidad, humanizar la migración o, peor aún, despertar empatía. En su lugar, se propone reforzar el papel de Papá Noel, figura de contrastada procedencia occidental, con el objetivo estratégico de no incomodar a socios comerciales internacionales ni provocar subidas de aranceles innecesarias.

Desde otros sectores se alerta de que esta tradición está siendo utilizada de forma sutil por el Gobierno para sensibilizar ideológicamente a la población sobre la migración, presentándola como algo positivo, humano o inevitable. Eso sí, siempre que se trate de migrantes pobres, porque los ricos nunca han tenido problema alguno para cruzar fronteras, comprar voluntades, adquirir nacionalidades exprés o mover capitales sin control ni reproche.

Las exigencias continúan. Se plantea que los Reyes Magos deban acreditar conocimientos de la cultura española y superar un examen de castellano para renovar su visado estacional. No se descarta cierta flexibilidad si el reparto de regalos se acompaña de sobres oportunamente distribuidos, una tradición paralela que parece gozar de mayor estabilidad institucional que muchas políticas públicas.

Desde posiciones progresistas se reclama que legalicen su actividad, den de alta a todo el personal de reparto en la Seguridad Social y tributen en España. También se exige que abandonen el uso de camellos por razones de bienestar animal y apuesten por vehículos eléctricos, aunque nadie ha aclarado todavía cómo se resolverá la huella de carbono de una noche que desafía todas las leyes conocidas de la física y de la logística.

Otras formaciones ponen el acento en la reducción de la jornada laboral, el salario mínimo, la paridad de género —con la incorporación de al menos una Reina Maga— y la prohibición de juguetes bélicos o sexistas. Las formaciones nacionalistas, por su parte, reclaman el aprendizaje del catalán o del euskera como condición indispensable para seguir repartiendo ilusión en sus territorios, incluso en pueblos donde la ilusión ya llega con dificultad.

La Casa Real observa con preocupación que alguno de los monarcas orientales tenga intención de disputar el trono ni alterar la línea sucesoria, mientras los sindicatos amenazan con huelgas si no se respetan los derechos laborales y la patronal advierte de que no aceptará convenios que comprometan los beneficios empresariales de Sus Majestades como operadores económicos independientes.

La Conferencia Episcopal, fiel a su papel histórico, exige una declaración explícita de fe, una correcta adscripción a la doctrina católica y una contribución activa al apostolado, no vaya a ser que la Navidad se deslice peligrosamente hacia lo laico, lo cultural o, peor aún, hacia lo común.

El resultado es previsible: posiciones radicalizadas, líneas rojas infranqueables y ausencia total de consenso. La presencia de los Reyes Magos el próximo 6 de enero pende de un hilo, no por falta de voluntad de repartir regalos, sino por el exceso de incapacidad para dialogar, pactar y renunciar a una parte mínima del propio relato.

Ante este panorama, los tres Reyes Magos se plantean seriamente retirarse, dejar el negocio en manos del intruso Papá Noel y dedicarse a buscar el oro, el incienso y la mirra que un día ofrecieron con más generosidad y sentido común del que hoy exhibe nuestra clase política.

Mientras tanto, el Parlamento y los colectivos sociales siguen atrapados en interminables jornadas de reproches, insultos y descalificaciones. Incapaces de alcanzar acuerdos ni siquiera en torno a una monarquía nómada, simbólica y legendaria, confirman lo verdaderamente preocupante: no es que peligre una tradición, es que peligra la política entendida como espacio de encuentro. Porque cuando ni la magia consigue unirnos, el problema no está en los Reyes Magos, sino en quienes han decidido vivir permanentemente instalados en el conflicto.