Hay tragedias que conmocionan y otras que apenas logran interrumpir unos segundos la rutina informativa. No porque unas sean más terribles que otras, sino porque el lugar, el contexto y, sobre todo, las vidas implicadas parecen importar de manera muy distinta. El incendio en un bar de Crans-Montana, en Suiza, en el que murieron cuarenta personas —la mayoría menores de edad— ha sacudido a la opinión pública internacional. El dolor es comprensible. La conmoción, legítima. Las investigaciones anunciadas para esclarecer las causas y depurar responsabilidades, necesarias.
Nadie cuestiona que así sea. Pero, detenerse a reflexionar no implica restar gravedad a lo ocurrido, sino ampliar la mirada. Porque mientras los focos mediáticos se concentran —como es lógico— en esa tragedia, otras muertes, igualmente evitables, igualmente injustas, continúan produciéndose casi en silencio. Muertes de jóvenes que no arden en una pista de baile, sino que se ahogan en el mar.
Los llamamos “menores no acompañados”, cuando no directamente “MENAS”, una etiqueta deshumanizada y estigmatizada que ha acabado por convertirse en categoría política y arma arrojadiza. Jóvenes que suben a una patera tras entregar todo lo que tenían a mafias que comercian con la desesperación. Jóvenes que huyen de guerras, de persecuciones, de la miseria estructural o de países incapaces —o impedidos— de ofrecerles un futuro. Jóvenes que mueren en travesías que sabemos mortales, pero que seguimos tolerando como si fueran un accidente inevitable del orden del mundo.
En ambos casos hablamos de menores no acompañados. En Suiza, porque sus familias confiaban en que estaban en un entorno seguro, ejerciendo algo tan elemental como el derecho a divertirse. En el mar, porque sus padres y madres, aun a sabiendas del riesgo, no tuvieron otra opción que dejarles partir. No por negligencia, sino por ausencia de alternativas. Porque a veces acompañar es dejar marchar, incluso cuando el precio puede ser insoportable.
La diferencia no está en la edad ni en la inocencia. Tampoco en el dolor. Está en el reconocimiento. Quienes murieron en el incendio tendrán nombres, apellidos, funerales multitudinarios, memoria colectiva y duelo compartido. Sus familias serán escuchadas. Las responsabilidades, investigadas. Las normativas, revisadas para que algo así no vuelva a suceder. Así debe ser.
Quienes mueren en un naufragio, en cambio, si llegan a ser rescatados, suelen hacerlo sin identidad. Sus cuerpos no siempre aparecen. Sus nombres no se pronuncian. Sus familias rara vez saben qué ocurrió, dónde, cuándo o cómo. No hay funerales públicos ni minutos de silencio. No hay comisiones de investigación que analicen por qué seguimos permitiendo rutas migratorias mortales ni por qué se criminaliza a quienes intentan salvar vidas en el mar.
Más allá de las ONG —cada vez más cuestionadas, perseguidas o directamente prohibidas—, nadie parece querer saber demasiado. Como si esos viajes fueran decisiones caprichosas, casi lúdicas. Como si no existieran responsabilidades políticas, económicas y morales compartidas. Como si los países en cuyas aguas se producen los naufragios no tuvieran nada que ver. Como si las causas que empujan a esas personas a embarcarse no merecieran ser abordadas.
Y es aquí donde resulta imprescindible exigir responsabilidad a quienes tienen la obligación de gestionar la migración. No para buscar culpables fáciles, sino para señalar con claridad dónde reside la verdadera responsabilidad. No en quienes migran, sino en quienes consienten que lo hagan en condiciones de riesgo extremo; en quienes externalizan fronteras, miran hacia otro lado o aceptan la muerte como precio disuasorio. Porque permitir travesías mortales no solo mata, sino que además impone después condiciones de precariedad, inequidad, vulnerabilidad y rechazo a quienes logran sobrevivir.
Lo que sí parece importar es proteger fronteras, alimentar el miedo y vincular migración con amenaza, escasez, delincuencia o pérdida de identidad nacional. Un relato falso, pero eficaz. Todos los indicadores demuestran que la migración no solo no destruye las economías de los países de destino, sino que resulta imprescindible para sostenerlas. Aun así, el discurso del rechazo se impone, amplificado por fuerzas políticas que encuentran en el miedo al otro una herramienta rentable, incluso cuando genera violencia social e institucional.
No se trata de comparar tragedias. Se trata de preguntarnos por qué algunas vidas merecen toda la atención y otras apenas un titular fugaz. Por qué unas muertes activan todos los resortes del Estado y otras se asumen como daño colateral. Por qué aceptamos que el lugar donde se muere —un bar o una patera— determine el valor simbólico de esa vida.
Porque, al final, quienes mueren son jóvenes. Más allá de su pasaporte, color de piel, cultura o religión. Personas con derecho a una vida digna y a una muerte evitable. Y Mientras no seamos capaces de sostener esa verdad sin matices ni excepciones, seguiremos viviendo en un mundo que llora unas muertes y normaliza otras. Un mundo profundamente injusto, aunque a veces prefiramos no mirarlo de frente.
Un articulo real y totalment de acuerdo, hace Muchavista falta ampliar la mirada y ver que son muertes de jovenes igualmente dolorosos en unos y orris y en ambdós casos es necessària conocerblas causàs y condicionant es para modificar-los y a-Si evitar muertes