A lo largo de la historia, numerosos pueblos han ejercido como conquistadores, colonizadores o invasores de otros territorios, imponiendo —en mayor o menor medida— su autoridad, su cultura, su religión y su organización social. Desde el Imperio Romano hasta las campañas napoleónicas o la conquista española de América, estas ocupaciones no se limitaron al dominio militar, sino que incorporaron infraestructuras, sistemas de organización, modelos educativos y elementos culturales que, con todas sus contradicciones, dejaron una huella profunda y duradera en los territorios sometidos. Hoy siguen existiendo vestigios evidentes de esas presencias: obras públicas, lenguas, sistemas jurídicos, expresiones culturales y religiosas que, pese a haber sido impuestas tras una ocupación no consentida, forman parte del acervo histórico de países actualmente soberanos.
Nada de ello justifica la violencia, el sometimiento ni la vulneración de la libertad de los pueblos invadidos. Tampoco resulta aceptable establecer jerarquías morales entre invasiones “mejores” o “peores”. Sin embargo, reconocer la complejidad histórica obliga a admitir que, en algunos casos, esas ocupaciones se produjeron en contextos en los que no existían ni el derecho internacional, ni tribunales supranacionales, ni organismos multilaterales capaces de proteger la soberanía popular o los derechos humanos. Eran otros tiempos, con otras reglas —o con la ausencia de ellas—, lo que no exime de responsabilidad, pero sí ayuda a contextualizar los hechos.
La reciente invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos se sitúa, sin embargo, muy lejos de cualquier lógica comparable. No hay aquí ni proyecto civilizador, ni transferencia de conocimiento, ni voluntad de reconstrucción institucional. El único interés visible es el económico, concretamente el control del petróleo, impuesto mediante un sistema de pago arbitrario que obliga a destinar esos recursos a la compra exclusiva de productos del país invasor. No se trata de desarrollo, sino de expolio; no de cooperación, sino de negocio puro y duro.
Esta intervención no debería sorprender. El imperialismo estadounidense ha sometido anteriormente a numerosos países al dictado de sus intereses estratégicos y económicos, sin que exista un solo ejemplo sólido en el que su injerencia haya supuesto una mejora real y sostenida de las condiciones de vida de la población afectada. Allí donde ha intervenido, ha dejado inestabilidad, dependencia, desigualdad y estructuras económicas orientadas a beneficiar a grandes corporaciones y élites locales afines, nunca a la ciudadanía.
Frente a los sistemas de riego, comunicación o ingeniería del Imperio Romano; frente a la impronta cultural y educativa francesa aún visible en países europeos; frente a la lengua, la arquitectura o los modelos educativos instaurados por España en América —todo ello sin olvidar las atrocidades cometidas—, la acción de EEUU carece incluso de ese componente estructural. Su huella no es cultural ni social, sino mercantil y depredadora. Multinacionales, fondos de inversión y grandes fortunas sustituyen a cualquier atisbo de proyecto colectivo.
Donald Trump ha decidido ejercer de conquistador en pleno siglo XXI, ignorando deliberadamente la existencia del derecho internacional, de las instituciones multilaterales y de los mecanismos de garantía que deberían impedir este tipo de actuaciones. Lo hace desde una lógica unipersonal, autoritaria y profundamente narcisista, justificando nuevas invasiones mediante acusaciones de narcoterrorismo jamás demostradas o apelando sin pudor al interés económico y a la expansión empresarial propia.
Su hoja de ruta comenzó con el apoyo incondicional a la destrucción criminal de Palestina, con el objetivo explícito de transformar un territorio devastado en un resort turístico, expulsando a los supervivientes de su propia tierra. Ese es el patrón que se repite: expulsar, arrasar y reconstruir en clave de negocio. Todo ello con un desprecio absoluto por la democracia, la justicia y la libertad, valores que invoca de forma cínica para legitimar sus acciones.
Mientras el equilibrio internacional se resquebraja, ni los tribunales internacionales, ni las instituciones de derechos humanos, ni la ONU, ni la Unión Europea son capaces de responder con la contundencia que sí mostrarían ante otros países. Esa ambigüedad, nacida del miedo o de la dependencia, transmite un mensaje devastador, impunidad para el invasor y desprotección para las víctimas.
La herencia que dejará Estados Unidos no será progreso ni estabilidad, sino una exhibición extrema del capitalismo más feroz: negocios multimillonarios, corporaciones omnipresentes y una concentración obscena de riqueza que generará más pobreza, desigualdad e inequidad. Permanecer en una diplomacia tibia y temerosa solo conduce a una nueva era de sometimiento a los caprichos del imperialismo.
Trump no es Julio César, ni Napoleón, ni Colón. No dejará caminos, ni lenguas, ni sistemas. Impone una autarquía grotesca, chulesca e histriónica que solo deja ruinas sociales. Su comportamiento responde al manual del acosador, que necesita cómplices, aplaudidores y silencios interesados. Y la pregunta ya no es si se le debe frenar, sino hasta cuándo se le va a permitir avanzar. Tal vez cuando reaccionemos sea demasiado tarde y, donde deberían existir escuelas, hospitales y centros de salud, solo queden logotipos de multinacionales.
lamentablemente nuestra sociedad esta aturdida con una visión absurda del negocio imperialista y con la creencia de que el capitalismo es y será la salvación de la sociedad, dejando a un lado el sentido común por el dolor y la necesidad del otro o del prójimo, olvidando que en algún momento esa posición de necesidad y dolor puede ser sentida en su propia sangre e historia de vida.