La tragedia ocurrida en Adamuz, con el descarrilamiento de dos trenes y un balance devastador de decenas de personas fallecidas y más de un centenar de heridos de diversa consideración, ha sacudido de nuevo a un país que aún no se ha recuperado emocionalmente de otras catástrofes recientes. El impacto de las imágenes, el desconcierto inicial y la magnitud del dolor han vuelto a situarnos frente a una realidad incómoda: la fragilidad de la vida y la responsabilidad colectiva que emerge cuando todo se quiebra.

En medio del horror, conviene señalar con justicia algunos hechos que merecen ser reconocidos. El primero, la rápida y eficaz intervención de los dispositivos de urgencias y emergencias, que actuaron con profesionalidad, coordinación y entrega desde los primeros momentos. El segundo, la respuesta ejemplar de la población local y de municipios cercanos, que se volcó de manera espontánea y solidaria para auxiliar a las víctimas, ofrecer recursos, acompañar y sostener cuando más se necesitaba. Y el tercero, la activación inmediata de los distintos niveles de la administración, que han manifestado una coordinación ágil para movilizar recursos, atender a las personas afectadas e iniciar las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Estos elementos no son menores. Hablan de un tejido social y profesional que, cuando las circunstancias lo exigen, responde con humanidad, eficacia y sentido del deber. Hablan también de que, al menos en un primer momento, se ha impuesto la prudencia política. Y esto, en el contexto actual, no es poco.

Porque si algo ha caracterizado demasiadas tragedias recientes es su utilización como arma arrojadiza en la contienda política. El dolor convertido en munición. La incertidumbre transformada en acusación. El desconcierto instrumentalizado para señalar culpables antes incluso de conocer los hechos. Por ahora, en Adamuz, esa deriva no se ha producido de forma evidente. Y ojalá no se produzca.

Sin embargo, la experiencia obliga a la cautela. Mucho me temo que no tardará en aparecer quien “mee fuera del tiesto” y empiece a hablar de culpabilidades, negligencias, incompetencias o mediocridades cuando todavía no se conocen las causas reales del accidente. Me gustaría equivocarme. Me gustaría pensar que, por una vez, la clase política estará a la altura del dolor que atraviesa a las víctimas y a sus familias. Me gustaría confiar en que prevalecerán la responsabilidad, la ecuanimidad y el respeto.

En ese marco, resultaría especialmente grave —y éticamente inaceptable— que se recurriera al recuerdo del accidente de Santiago de Compostela como argumento de revancha política, como si se tratara de un “ahora te ha tocado a ti tener también un accidente de tren”. Esa comparación no es ni lícita ni razonable. No honra a las víctimas de entonces ni respeta a las de ahora. Da la impresión de que algunos juegan a completar una colección de cromos en la que no falte ninguna perversión política, sea del color que sea: corrupción, accidentes, acoso, prevaricación. Convertir la desgracia en marcador partidista degrada la política y banaliza el dolor.

Aprovechar una tragedia de estas dimensiones para obtener rédito político no solo sería un grave error, sino una utilización miserable del sufrimiento ajeno. No aporta consuelo, no acelera las investigaciones, no mejora la atención a las víctimas ni contribuye a prevenir futuros accidentes. Al contrario: envenena el debate público, alimenta la crispación y refuerza una lógica de confrontación permanente que erosiona la confianza social y degrada la ética política.

Habrá tiempo, cuando se conozcan todos los datos y se esclarezcan las causas, para exigir responsabilidades si las hubiera. Ese es el funcionamiento legítimo de una democracia madura. Lo que no es legítimo es la especulación interesada, la sospecha lanzada como consigna o el juicio sumarísimo dictado desde la trinchera mediática. Esa actitud no responde a un compromiso con la verdad ni con la justicia, sino a la incapacidad de ofrecer propuestas, diálogo y soluciones.

Cuando faltan ideas y proyectos, se recurre al ruido. Cuando no se sabe construir, se opta por destruir. Cuando no se tiene una visión de país, se agita el miedo, la alarma y la descalificación. Y en ese terreno, las tragedias se convierten en oportunidades para quienes confunden la política con el ataque permanente y la ética con el oportunismo.

Ojalá esta tragedia no repita los escenarios vividos durante y después de la DANA. Ojalá no volvamos a asistir a la competición por el titular más hiriente o la acusación más rápida. Si esta vez se impone la normalidad política frente a la respuesta visceral, deberíamos felicitarnos como sociedad. Porque significaría que hemos aprendido algo. Que el respeto a las víctimas pesa más que la rentabilidad electoral.

Y si no es así, si una vez más el dolor es utilizado como coartada para el enfrentamiento, entonces será necesario señalar con claridad a quienes convierten la desgracia en su única estrategia. No por revancha, sino por higiene democrática. Porque una política que se alimenta del sufrimiento ajeno no merece ni comprensión ni silencio.