Estamos asistiendo a un empobrecimiento acelerado del parlamentarismo y del debate político que se traduce en un deterioro progresivo y persistente de su calidad democrática. Lo que debería ser el espacio privilegiado para el contraste de ideas, la deliberación serena y la construcción de acuerdos se ha transformado, con demasiada frecuencia, en un escenario de confrontación bronca y descalificación permanente. Los representantes públicos, sin distinción clara de ideologías ni siglas, parecen haber asumido un rol más cercano al del hooligan que al del legislador, utilizando el insulto, la mentira, el bulo y el lenguaje zafio como herramientas habituales de intervención política.

Lo relevante ya no es la solidez de los argumentos, la coherencia de los programas o la viabilidad de las propuestas, sino la capacidad para generar el chascarrillo más hiriente, el “zasca” más viral o la humillación pública más eficaz. La política ha sido colonizada por una lógica de espectáculo inmediato, donde importa más insultar y ridiculizar al adversario que contrastar y contraponer su planteamiento o convencer a la ciudadanía desde una narrativa inteligente, estructurada y honesta.

La elegancia discursiva —esa que exige pausa, reflexión, rigor y respeto— ha sido sustituida por una vulgaridad precipitada, visceral y acrítica, pero impactante. Un lenguaje pobre en contenido, aunque eficaz en ruido. Se desacredita desde la caricatura y la deshumanización. Y en ese proceso, la palabra pierde su valor como herramienta democrática y se convierte en arma arrojadiza.

A este empobrecimiento del discurso se suma el gamberrismo colectivo que invade los espacios parlamentarios mediante golpes en los escaños, interrupciones constantes, gritos, exabruptos y acusaciones sin fundamento alguno. El hemiciclo deja de ser un foro de representación para convertirse en un plató donde se escenifica un combate bochornoso. El resultado es un espectáculo que recuerda más al circo romano que a una institución democrática. Se busca la sangre simbólica, la aniquilación del contrario o el aplauso fácil y pactado del propio bando.

Conviene no olvidar que este espectáculo lo protagonizan quienes representan al conjunto de la ciudadanía. Una ciudadanía que, inicialmente, oscila entre el estupor y la perplejidad, pero que acaba normalizando e incluso mimetizando esos comportamientos. Porque los referentes importan. El modo en que se ejerce el poder en las más altas instancias, termina filtrándose en la vida cotidiana, en la familia, en las comunidades de vecinos, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en el ocio y en el deporte… Paradójicamente, nunca habíamos estado tan “conectados” y, sin embargo, pocas veces habíamos convivido con tanta hostilidad, tan poca escucha y tan poca paciencia para el matiz.

No debería sorprendernos que aumenten las agresiones a docentes y profesionales de la salud, que aumenten el acoso escolar y laboral, que disminuya la tolerancia hacia quien es, piensa o se comporta de manera diferente, que se justifiquen desigualdades estructurales o que se banalice la violencia de género. El clima social no surge de la nada; se construye, se alimenta y se legitima también desde los discursos públicos. Cuando el insulto se convierte en argumento y la convivencia en trinchera.

En esta deriva hay, además, un combustible decisivo, la economía de la atención. Las cámaras buscan el momento explosivo, las redes premian lo estridente y los titulares se vuelven rehenes de la frase más agresiva. Se aplaude lo que polariza y se penaliza lo que duda, lo que matiza, lo que reconoce la parte de verdad del otro. No es casual, el ruido se monetiza, el rigor cuesta, la explicación aburre y la inteligencia se devalúa. Así, la política se adapta al formato breve, impactante y emocional, con enemigos claros y soluciones simples para problemas complejos.

Se intenta justificar esta deriva apelando a tensiones inevitables o a supuestas dinámicas incontrolables del contexto actual. Sin embargo, conviene recordar que las conductas son elecciones. Cada palabra pronunciada, cada gesto de desprecio, cada descalificación pública responde a una decisión consciente. Escudarse en explicaciones externas, en fatalismos o en causalidades falsas no hace sino diluir la responsabilidad individual. Y esa dilución resulta cómoda, pero profundamente hipócrita e irresponsable.

Quien degrada el debate público lo hace por elección, no por obligación. Y en esa elección se retratan la mediocridad, la mala educación, la falta de ética y la ausencia de respeto hacia la ciudadanía a la que se dice representar. Por eso resulta legítimo preguntarse hasta qué punto estamos protegiendo a la sociedad —especialmente a las generaciones más jóvenes— de estos modelos tóxicos de relación. Si se debate, con razón, limitar el acceso de menores a redes sociales por su impacto nocivo, quizá deberíamos plantearnos también si los actuales “debates” políticos, convertidos en espacios de violencia simbólica y verbal, no resultan igualmente perjudiciales. Porque cuando la política deja de educar en democracia y comienza a entrenar en el desprecio, el problema ya no es solo político, es profundamente social.