Hay gobiernos que no caen tan solo por una mala decisión, sino por la suma de renuncias que los vacían de sentido. El del Ayuntamiento de Alicante es un ejemplo claro. No se trata de un error puntual ni de una crisis sobrevenida, sino de una forma de gobernar sostenida en el tiempo, basada en aceptar como propio un marco ideológico impuesto a cambio de una aparente estabilidad. Estabilidad que, como estamos comprobando, era tan frágil como interesada.
Desde el inicio del mandato, el Partido Popular decidió supeditar su acción de gobierno al apoyo de VOX mediante un acuerdo no escrito, pero perfectamente identificable, el cumplimiento progresivo de un amplio catálogo de exigencias ideológicas. No eran matices técnicos ni ajustes presupuestarios, sino decisiones de fondo que afectaban directamente a derechos, políticas públicas y modelo de ciudad. La declaración de Alicante como ciudad exclusivamente castellanoparlante, el rechazo explícito a la lengua valenciana, la creación de oficinas “antiokupas” y de maternidad con carga ideológica, el recorte de políticas de igualdad, la financiación de una oficina “antiaborto”, la relajación de la normativa ambiental o la dilución de la Zona de Bajas Emisiones no han sido anécdotas, son hechos de una deriva asumida y defendida.
Lo relevante no es solo que estas medidas se aprobaran bajo la amenaza permanente de no apoyar los presupuestos, sino que el alcalde y su equipo las hicieran suyas, las justificaran públicamente y las integraran en su discurso político. No hubo resistencia ni incomodidad, sino convicción. Se normalizó así una forma de gobernar en la que la presión ideológica sustituía al debate democrático y el chantaje se convertía en método.
Pero, ese equilibrio se rompe cuando estalla el escándalo de las Viviendas de Protección Pública, que ya se ha cobrado varias dimisiones y ha colocado a Luis Barcala en el centro de la tormenta. Es entonces cuando VOX, hasta ese momento sostén imprescindible del gobierno municipal, decide cambiar de papel y alinearse con la oposición para exigir la dimisión del alcalde. El gesto, lejos de responder a una súbita exigencia ética, revela una operación de cálculo político en estado puro.
El escenario que se abre no es tranquilizador. O bien se pretende forzar un nuevo acuerdo aún más duro, sin margen de negociación real y con planteamientos más radicales, o bien se opta por dejar caer al alcalde en una jugada cuyo desenlace es imprevisible, pero cuyo impacto institucional se vislumbra profundamente negativo. En ambos casos, la ciudad queda rehén de una estrategia ajena al interés general.
En este punto, algunos intentan convencernos de que “todos perdemos”, como si la responsabilidad se repartiera por igual. Ese discurso ya se ha intentado utilizar en las jornadas sobre la Guerra Civil, organizadas por Arturo Pérez Reverte. Hasta que David Uclés, desde la coherencia y el rigor, arrojó luz donde otros intentaron confundir con oscurantismo y narrativa parcial. Ese discurso, tan engañoso, no es nuevo. Ni en los grandes conflictos del pasado “perdieron todos”, ni en esta crisis municipal lo hacen tampoco. En todo caso pierden muchos mientras otros se benefician. Equiparar responsabilidades no es un ejercicio de madurez democrática, sino una forma de diluirlas.
Luis Barcala caerá, si cae, por decisiones propias, por confundir gobernabilidad con sumisión, por priorizar su permanencia sobre la ética política y por haberse aliado con quienes hoy exigen su cabeza. Pretender ahora aparecer como víctima es una ilusión. La caída es el resultado lógico de su propia estrategia.
Intentar aparentar dignidad cuando se ha actuado indignamente —ya sea atacando a quienes no han querido participar del juego o negando una realidad que incluso los propios aliados reconocen— define con claridad el talante de quienes así actúan. Por mucho que se trate de un académico de la RAE o del alcalde de una ciudad, la impostura no se disimula. Frente a ella, me quedo con el realismo mágico de David Uclés. Una narrativa que permite distinguir luces y sombras, sin renunciar a la verdad de los hechos y sin ceder a la comodidad de la confusión interesada.
Este es el riesgo de compartir mesa o gobierno con quienes niegan la dictadura o blanquean sus horrores, con quienes utilizan la amenaza política para recortar derechos, cuestionar consensos democráticos, atacar la cultura y la lengua propias, negar la violencia de género, favorecer el turismo masivo, acelerar la gentrificación o destruir el medio ambiente. Fingir sorpresa cuando estas alianzas colapsan es una forma más de autoengaño.
Alicante no puede obviar, ni olvidar esta forma de gobernar en la que ganan unos pocos y pierde una mayoría. Gobernar no es sumar renuncias ni justificar la presión ideológica como inevitabilidad. La ciudadanía debe identificar con claridad quiénes actúan con ética y quiénes actúan con cálculo. La política, cuando se entrega a la manipulación de principios ajenos, termina por devorarse a sí misma.