EL CUIDADO NO ES EXCLUSIVO DE SANIDAD

“La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede.”

Aldous Huxley[1]

 

            Hay ideas que, por evidentes, terminan por ser invisibles. El cuidado es una de ellas. Está en todas partes, sostiene la vida en sus expresiones más frágiles y también en las más cotidianas, pero rara vez ocupa el lugar central en la forma en que pensamos, organizamos o valoramos nuestras sociedades. Se nombra, sí, pero se nombra poco y, sobre todo, se nombra mal. Porque cuando se habla de cuidado, con demasiada frecuencia se hace desde una mirada reducida que lo sitúa casi exclusivamente en el ámbito sanitario, como si su sentido empezara y terminara allí, como si fuera una práctica circunscrita a un espacio institucional y a unos profesionales concretos. Y, sin embargo, basta detenerse un momento para comprobar que esa idea no solo es incompleta, sino profundamente distorsionadora.

            El cuidado no nace en la sanidad ni puede ser contenido por ella. La sanidad, en todo caso, es uno de los lugares donde el cuidado se expresa de forma organizada, sistematizada y científicamente fundamentada, pero no es su origen ni su límite. El cuidado es anterior a cualquier sistema, forma parte de la propia condición humana y ha sido, históricamente, uno de los mecanismos esenciales de supervivencia individual y colectiva. Antes de que existieran hospitales, protocolos o categorías diagnósticas, ya existían prácticas de cuidado. Antes de que se definiera la salud como objeto de intervención técnica, ya había comunidades que protegían, acompañaban y sostenían la vida en condiciones muchas veces adversas. Reducir el cuidado a lo sanitario no es, por tanto, una simplificación inocente, sino una forma de empobrecer su significado y de limitar su alcance.

            Esa reducción tiene consecuencias. La primera, quizá la más evidente, es que desplaza fuera del foco todo aquello que no encaja en la lógica institucional. El cuidado que ocurre en los hogares, en los vínculos cotidianos, en las redes informales, queda relegado a un segundo plano, cuando no directamente invisibilizado. No se mide, no se contabiliza, no se reconoce en términos económicos ni simbólicos, y sin embargo sostiene una parte fundamental del bienestar social. Hay una paradoja difícil de ignorar: aquello que resulta imprescindible para que el sistema funcione es, al mismo tiempo, aquello que el propio sistema tiende a ignorar.

            Pero no se trata solo de una cuestión de visibilidad. Al restringir el cuidado en los márgenes de la sanidad, también se transforma su naturaleza. Se convierte en intervención, en acto técnico, en procedimiento. Se le dota de rigor, de método, de evidencia, y eso es, sin duda, un avance incuestionable. Sin ese proceso de profesionalización no podríamos hablar hoy del cuidado enfermero como una disciplina con base científica, con capacidad de generar conocimiento propio y de intervenir de manera eficaz sobre los problemas de salud. Sin embargo, ese mismo proceso ha ido acompañado, en ocasiones, de una cierta pérdida de perspectiva, como si al ganar precisión hubiéramos perdido amplitud, como si al delimitar el objeto hubiéramos estrechado el horizonte.

 

            El cuidado, en su sentido más profundo, no se agota en lo que puede ser protocolizado. No se reduce a aquello que puede ser registrado en una historia ni a lo que puede ser evaluado mediante indicadores. Cuidar implica intervenir, pero también implica estar, acompañar, interpretar, sostener. Implica reconocer la vulnerabilidad, no como una excepción, sino como una condición inherente a la vida, y responder a ella desde una combinación de conocimiento, responsabilidad y compromiso. Esa respuesta puede adoptar formas muy diversas y no todas ellas son susceptibles de ser encajadas en los marcos tradicionales de la sanidad.

            En este punto aparece una tensión que conviene no eludir. Por un lado, la necesidad de seguir avanzando en la consolidación del cuidado como práctica profesional, con todo lo que ello implica en términos de formación, investigación, reconocimiento y autonomía. Por otro, la obligación de no perder de vista que el cuidado desborda ese ámbito, que existe más allá de él y que, en muchos casos, lo precede y lo sostiene. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de comprender la relación que existe entre ambos y de evitar que uno anule al otro.

            La enfermería ha vivido esa tensión de manera especialmente intensa. Su desarrollo como disciplina ha estado marcado por el esfuerzo por dotar de legitimidad científica a un conjunto de prácticas que, durante mucho tiempo, fueron consideradas extensiones naturales de roles domésticos o auxiliares de otros saberes. Pero esa consideración no fue neutra. El cuidado quedó asociado a lo femenino en un contexto social que no solo atribuía a las mujeres la responsabilidad casi exclusiva de cuidar, sino que lo hacía desde categorías como la sumisión, la docilidad o la obediencia. Cuidar no era entonces una práctica reconocida por su complejidad, sino una obligación moral inscrita en un determinado modelo de mujer. Y, desde esa lógica, el cuidado carecía de valor propio. Frente a él, la curación —identificada con lo masculino, con el saber científico hegemónico— se erigía no solo como práctica central, sino como referencia casi exclusiva de lo que debía entenderse por atención en salud, aunque tan solo se preocupase por la enfermedad. No era una relación de complementariedad, sino de subordinación. El cuidado quedaba relegado, invisibilizado, diluido en un segundo plano que lo hacía prescindible en el discurso, aunque imprescindible en la práctica. En ese proceso, la propia idea de cuidado fue perdiendo reconocimiento, no por su falta de relevancia, sino por el lugar simbólico al que se le había asignado.

            En ese contexto, la reivindicación del cuidado como práctica profesional ha implicado mucho más que un proceso de tecnificación o de desarrollo científico. Ha supuesto, en gran medida, una relectura crítica de esa herencia, un intento de rescatar el cuidado de la invisibilidad a la que había sido relegado y de dotarlo de un estatuto propio, autónomo y reconocido. Pero esa reivindicación no puede construirse negando su origen ni desconectándolo de las formas de cuidado que siguen existiendo fuera de los espacios institucionales. Hacerlo supondría, de algún modo, reproducir la misma lógica que durante tanto tiempo lo ha limitado, solo que desde una posición distinta.

            Porque si algo caracteriza al cuidado es precisamente su capacidad para atravesar diferentes espacios y niveles. El cuidado profesional y el cuidado familiar no son equivalentes, pero tampoco son realidades independientes. Existe entre ellos una continuidad que no puede ser ignorada. Las personas cuidadoras familiares sostienen una parte sustancial de la atención que reciben quienes viven situaciones de dependencia, cronicidad o vulnerabilidad. Lo hacen, en muchos casos, sin la formación ni los recursos adecuados, en condiciones de sobrecarga, con escaso reconocimiento y apoyo institucional. Y, sin embargo, su papel es determinante.

            Pensar el cuidado más allá de la sanidad implica, necesariamente, reconocer esta realidad sin caer en simplificaciones. No se trata de idealizar el cuidado informal ni de asumir que puede sustituir al cuidado profesional. Tampoco de medicalizar todas las formas de cuidado ni de pretender que todo aquello que tiene que ver con el bienestar debe ser gestionado desde estructuras sanitarias. Se trata, más bien, de comprender que el cuidado es un continuo en el que se entrelazan diferentes actores, saberes y prácticas, y que su eficacia depende, en buena medida, de la forma en que se articulan entre sí.

            En este punto aparece otra cuestión que no siempre se formula de manera explícita, pero que resulta clave para entender lo que ha ocurrido con el cuidado. El proceso mediante el cual el cuidado se incorpora a las estructuras formales del sistema sanitario no es solo un avance en términos de organización y garantía de calidad; es también una forma de encauzarlo dentro de unos márgenes determinados. Al situarlo en espacios institucionales, al someterlo a normas, tiempos y procedimientos, el cuidado se hace visible y reconocible, pero al mismo tiempo se delimita. Se define qué es cuidado y qué no lo es, quién puede ejercerlo con legitimidad y en qué condiciones, qué prácticas son válidas y cuáles quedan fuera.

            Ese encuadre tiene efectos ambivalentes. Por un lado, protege el cuidado de la arbitrariedad, lo dota de consistencia, lo convierte en objeto de conocimiento y de desarrollo profesional. Pero, por otro, corre el riesgo de reducir su potencial transformador, de neutralizar aquellas dimensiones que no encajan fácilmente en la lógica del sistema. Porque, a diferencia de la curación —que encuentra su sentido pleno en el marco de la intervención técnica y que difícilmente puede desplegarse fuera de él—, el cuidado no necesita de la institución para existir. La trasciende. Se construye en la relación, en el reconocimiento mutuo, en la capacidad de las personas y de las comunidades para identificar necesidades, compartir respuestas y generar sentido.

            Y es precisamente ahí donde el cuidado adquiere una dimensión que desborda lo sanitario. Cuando el cuidado se comparte, se negocia, se construye colectivamente, deja de ser solo una práctica para convertirse en un principio organizador de la vida social. No se impone, se acuerda. No se limita a intervenir, configura modos de relación. Y eso introduce un elemento que históricamente ha resultado incómodo para estructuras que han tendido a jerarquizar saberes y a centralizar decisiones.

            La analogía con lo que ha ocurrido con las mujeres no es casual. El mismo marco cultural que relegó a las mujeres a espacios de subordinación fue el que despojó al cuidado de valor propio. Y del mismo modo que la autonomía de las mujeres cuestiona esas estructuras, la expansión del cuidado más allá de los límites institucionales también las interpela. Reconocer el cuidado como un bien común, como una responsabilidad compartida y como un eje de organización social implica redistribuir poder, cuestionar prioridades y alterar equilibrios que, durante mucho tiempo, se han dado por supuestos.

            Ahora bien, esa ampliación del cuidado no supone en ningún caso una pérdida de valor del cuidado profesional. Más bien al contrario. Cuanto más se comprende el cuidado en toda su complejidad —en sus dimensiones relacionales, sociales, comunitarias, ambientales y políticas— más evidente resulta la necesidad de un cuidado profesional sólido, cualificado y con capacidad de liderazgo. Porque no todo cuidado es equivalente, ni todas las respuestas tienen el mismo impacto, ni todas las situaciones pueden ser abordadas desde la buena voluntad o la experiencia cotidiana.

            El reconocimiento del cuidado como bien común no diluye la especificidad del cuidado enfermero; la sitúa en un plano más exigente. Le demanda no solo competencia técnica, sino también capacidad de interpretación, de articulación de recursos, de acompañamiento en contextos complejos, de conexión entre lo individual y lo colectivo. Le exige, en definitiva, asumir un papel que no se limita a intervenir, sino que contribuye a dar sentido y coherencia al conjunto de prácticas de cuidado que se despliegan en la sociedad.

            Desde esta perspectiva, el cuidado profesional deja de ser una pieza más dentro del engranaje sanitario para convertirse en un elemento clave de mediación entre sistemas y realidades. No sustituye al cuidado que ocurre fuera de las instituciones, pero tampoco se subordina a él. Lo reconoce, lo apoya, lo orienta cuando es necesario y, al mismo tiempo, se nutre de él para comprender mejor las necesidades reales de las personas y de las comunidades. Esa relación, lejos de restar valor, refuerza su identidad y su legitimidad.

            Porque si algo evidencia la expansión del cuidado es que su complejidad no puede ser abordada desde una única lógica. Y es precisamente en esa complejidad donde el cuidado enfermero encuentra uno de sus mayores espacios de desarrollo. No como una respuesta limitada al ámbito clínico, sino como una práctica que, apoyada en el conocimiento científico, es capaz de dialogar con otras formas de cuidado, integrarlas y contribuir a mejorar su calidad y su impacto.

            Por eso, quizá, el cuidado ha sido más fácilmente aceptado cuando se mantiene dentro de los márgenes que otros definen que cuando emerge como una práctica con capacidad de cuestionar esos mismos márgenes. No porque exista una voluntad explícita y uniforme de limitarlo, sino porque su potencial desborda los esquemas desde los que tradicionalmente se ha pensado la salud, la enfermedad y la propia organización social.

            Desde esta perspectiva, afirmar que el cuidado trasciende la sanidad no implica oponerlo a la curación ni establecer jerarquías simplistas entre prácticas o disciplinas. Más bien obliga a revisar una relación que, durante demasiado tiempo, ha sido planteada en términos de subordinación. El cuidado no se subordina a la curación, del mismo modo que la enfermería no puede ser entendida como una rama de la medicina, aunque así se haya pretendido en determinados momentos y aún perviva en ciertos discursos y estructuras. Curar y cuidar responden a lógicas distintas, aunque profundamente interdependientes. Curar y cuidar responden a lógicas distintas, aunque profundamente interdependientes. La curación se orienta a resolver procesos patológicos, a intervenir sobre la enfermedad desde el conocimiento biomédico. El cuidado, en cambio, no se define por la patología ni se limita a ella. Se sitúa en el ámbito de la salud en su sentido más amplio, abarcando tanto la enfermedad como la vida que la rodea, las vivencias de las personas, sus conductas, sus relaciones, los contextos en los que desarrollan su existencia y las condiciones que favorecen o dificultan su bienestar. El cuidado no es, por tanto, una prolongación de la curación ni una respuesta secundaria a la enfermedad, sino una práctica con entidad propia que acompaña, sostiene y orienta los procesos de salud y enfermedad en toda su complejidad.

            Entender esta relación en términos de autonomía compartida permite, además, abrir el cuidado hacia otros ámbitos que, aun no siendo estrictamente sanitarios, resultan determinantes para la salud. Porque si aceptamos que la enfermedad no se produce en el vacío, sino en contextos sociales, económicos, culturales y ambientales concretos, resulta difícil sostener que el cuidado pueda limitarse a intervenir una vez que el problema ha aparecido. El cuidado, en ese sentido, no solo responde, también anticipa, previene, configura condiciones de posibilidad.

            Ahí es donde el cuidado se encuentra con los determinantes sociales y morales y, cada vez con mayor evidencia, con los determinantes ambientales. Las condiciones de vida, el acceso a recursos básicos, la calidad del entorno, la estabilidad laboral, las redes de apoyo, el nivel educativo, no son variables externas a la salud, sino componentes esenciales de la misma. Del mismo modo, el deterioro ambiental, la exposición a contaminantes, el impacto del cambio climático o la degradación de los espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana tienen efectos directos sobre el bienestar y la enfermedad.

            Esto sitúa el cuidado en un plano inevitablemente político. No en el sentido partidista del término, sino en su acepción más profunda, la de aquello que tiene que ver con la organización de la vida en común. Decidir qué se cuida y qué se descuida, quién cuida y en qué condiciones, qué recursos se destinan a sostener la vida y cuáles se priorizan para otros fines, son decisiones que configuran el tipo de sociedad que somos y que queremos ser.

            Desde ahí, el cuidado deja de ser una práctica silenciosa para convertirse en una cuestión pública. Y eso interpela directamente a quienes lo ejercen profesionalmente. Porque no se trata solo de hacer bien lo que corresponde en el ámbito clínico, sino de reconocer que cada intervención forma parte de un entramado más amplio en el que se cruzan intereses, desigualdades y posibilidades de cambio.

            La enfermería comunitaria ha mostrado, quizás con mayor claridad que otros ámbitos, esa capacidad de situar el cuidado en ese espacio intermedio entre lo individual y lo colectivo. Al trabajar en y con las personas, las familias y las comunidades, no solo aborda problemas concretos de salud, sino que se adentra en las condiciones que los generan, en las dinámicas que los perpetúan y en las oportunidades que existen para transformarlos. Lo hace desde el conocimiento, pero también desde la proximidad, desde la escucha, desde la construcción compartida de respuestas. Y con ello dota de valor al cuidado tanto profesional como al que se presta en cualquier ámbito social.

            Si aceptamos, por tanto, que el cuidado no se limita al ámbito sanitario, que no se subordina a la curación y que no puede entenderse sin tener en cuenta sus raíces sociales, culturales y políticas, la pregunta que emerge ya no es qué lugar ocupa el cuidado en el sistema, sino qué lugar ocupa en la sociedad.

            Durante demasiado tiempo hemos construido sistemas orientados fundamentalmente a la respuesta, no a la anticipación; a la intervención, no a la relación; a la enfermedad, más que a la salud. En ese marco, el cuidado ha encontrado un espacio, sí, pero muchas veces condicionado, fragmentado, sometido a lógicas que no siempre le son propias. Se le exige eficacia, pero no siempre se le otorgan los tiempos necesarios; se le reconoce en el discurso, pero no siempre en la práctica; se le incorpora en las estrategias, pero no siempre en las decisiones.

            Y, sin embargo, cada vez resulta más evidente que sin cuidado no hay sostenibilidad posible. Ni del sistema sanitario ni de la vida social en su conjunto.

            Porque el cuidado no solo responde a necesidades, las previene; no solo acompaña procesos, los hace viables; no solo interviene sobre problemas, contribuye a que estos no se produzcan o no se agraven. El cuidado es, en este sentido, una inversión en salud, pero también en cohesión social, en equidad, en calidad de vida. Ignorarlo o relegarlo no es una opción neutra, es una forma de asumir costes —humanos, sociales y económicos— que terminan por hacerse visibles de maneras mucho más complejas.

            Al mismo tiempo, existe un riesgo que no conviene obviar: el de convertir el cuidado en una palabra cómoda, aceptada por todos, pero vacía de contenido real. Hablar de cuidado sin modificar las condiciones en las que se cuida, sin revisar cómo se distribuye, sin cuestionar quién asume su carga y con qué apoyos, puede convertirse en una forma sutil de perpetuar lo que se dice querer cambiar. El cuidado, cuando se toma en serio, no es neutro ni inocuo. Interpela, incomoda, obliga a tomar decisiones que no siempre son fáciles.

            Interpela a las políticas públicas, porque exige situar la vida y su sostenimiento en el centro de las decisiones. Interpela a las organizaciones, porque obliga a revisar modelos de gestión que priorizan la actividad sobre el sentido de la actividad. Interpela a los profesionales, porque demanda coherencia entre lo que se sabe y lo que se hace. E interpela también a la sociedad en su conjunto, porque cuidar no puede seguir siendo una responsabilidad delegada o invisibilizada.

            En este escenario, el cuidado enfermero tiene una oportunidad, pero también una responsabilidad. La oportunidad de situarse como referente en la comprensión y la práctica del cuidado en toda su amplitud, no solo dentro de la sanidad, sino en diálogo con otros ámbitos y saberes. Y la responsabilidad de no renunciar a esa posición, de no aceptar marcos que lo reduzcan o lo subordinen, de seguir construyendo una identidad profesional que se sostiene tanto en el conocimiento científico como en la capacidad de relación, de escucha y de acompañamiento.

            No se trata de ocupar espacios por inercia, sino de dotarlos de sentido. No se trata de reivindicar el cuidado como eslogan, ni de querer asumirlo en exclusividad, sino de ejercerlo como práctica transformadora compartida. No se trata de oponer disciplinas, sino de construir respuestas que integren, desde la autonomía, lo mejor de cada una y de integrar a la población como parte activa de todos los procesos.

            Quizá entonces el cuidado deje de ser percibido como algo accesorio para ser reconocido como lo que realmente es, un eje sobre el que se articula la salud y, en gran medida, la propia vida social.

            Quedan, inevitablemente, interrogantes que deben invitar a la reflexión y al pensamiento crítico, más allá de lo que se plantea en este texto.

            ¿Estamos dispuestos a asumir el coste de poner el cuidado en el centro, no solo en el discurso, sino en las decisiones?

 

            ¿A redistribuirlo de manera más justa, evitando que siga recayendo de forma desigual sobre quienes menos capacidad tienen para sostenerlo?

            ¿A reconocer su valor más allá de lo que el mercado mide o remunera?

            ¿A aceptar que cuidar implica, en ocasiones, ir más despacio, escuchar más, intervenir menos y comprender mejor?

            ¿A cuestionar modelos que, siendo eficientes en términos de producción, resultan profundamente ineficaces en términos de vida?

            Tal vez la respuesta a estas preguntas no sea inmediata. Pero ignorarlas sí tiene consecuencias.

            Porque el cuidado no vive solo en la sanidad.

            Y mientras no asumamos plenamente lo que eso significa, difícilmente podremos aspirar a construir una salud que merezca realmente ese nombre.

[1] Escritor y filósofo británico (1894-1963)

LOS PACTOS DEL PODER

            En política, hay momentos en los que las decisiones dejan de ser tácticas para convertirse en reveladoras. Los pactos que el Partido Popular está cerrando con VOX allí donde necesita sus votos no son simples acuerdos de conveniencia, son una radiografía bastante precisa de hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener sus intereses políticos, aunque sea en contra de los de la ciudadanía. Y lo cierto es que la imagen que devuelven no es especialmente tranquilizadora.

            Porque de VOX, a estas alturas, ya no extraña nada. Su proyecto político es nítido, su discurso reconocible y su ambición, explícita. Si en algún momento optaron por influir desde fuera, sin asumir responsabilidades de gobierno, fue por cálculo. Pero han aprendido rápido que la invisibilidad resta más de lo que suma. Y ahora tensan la cuerda sin complejos para lograr poder, quieren sillones y quieren capacidad de decisión. Nada que no hayan dicho ya, por otra parte.

            La cuestión relevante no es, por tanto, lo que hace VOX, sino lo que acepta el Partido Popular. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque el PP parece empeñado en practicar un ejercicio de funambulismo político. Firma acuerdos que después intenta suavizar, pacta medidas que luego matiza, asume compromisos que disfraza de otra cosa. Es decir, tira la piedra y esconde la mano. Una estrategia que pretende contentar a todos y que, como suele ocurrir, acaba generando desconfianza en todos.

            Resulta difícil sostener una imagen de moderación mientras se cede terreno en cuestiones que afectan a derechos, libertades o principios básicos de convivencia. No se trata solo de una cuestión ideológica —que también—, sino de coherencia. Un partido que aspira a ser percibido como fuerza de Estado no puede permitirse el lujo de actuar como si cualquier concesión fuera intercambiable por cuotas de poder. Porque no lo es. Y porque el precio de esas concesiones no lo paga únicamente el partido que las firma, sino el conjunto de la sociedad.

            El liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que en su día quiso presentarse como garantía de centralidad y sensatez, empieza a mostrar grietas difíciles de ocultar. No solo por lo que dice, sino por lo que hace. Y, sobre todo, por la distancia creciente entre ambas cosas. La política no exige pureza absoluta, pero sí un mínimo de coherencia interna. Y cuando esa coherencia se resquebraja, el discurso se vuelve frágil y la credibilidad se erosiona.

            Hay, además, un componente de cálculo a corto plazo que resulta especialmente preocupante. Gobernar a cualquier precio no es gobernar mejor. Es, en muchos casos, gobernar peor. Porque implica renunciar a líneas rojas, diluir principios y asumir agendas que no son propias. Y eso tiene consecuencias. No solo electorales, sino institucionales y sociales.

            Dejarse arrastrar por postulados que apelan a un patriotismo simplista, emocional y, en ocasiones, excluyente no fortalece la democracia. La debilita. Porque sustituye el debate racional por consignas, la complejidad por eslóganes y la convivencia por confrontación. Y cuando esas dinámicas se normalizan desde posiciones de poder, el daño es más profundo y más difícil de revertir.

            Conviene recordar, además, un hecho elemental que a veces se pierde en el ruido político. Feijóo no es presidente del Gobierno porque no cuenta con los apoyos necesarios. No hay conspiración, ni anomalía democrática, ni agravio oculto. Hay aritmética parlamentaria. Y pretender compensar esa realidad acumulando poder territorial a base de acuerdos cada vez más cuestionables no parece la estrategia más sólida para construir una alternativa creíble.

            Más bien al contrario. Da la impresión de que se está optando por una especie de revancha política que prioriza el control institucional sobre la coherencia del proyecto. Como si el objetivo fuera demostrar que se puede gobernar, aunque sea al precio de desdibujar el propio perfil. Y eso, a medio plazo, suele salir caro.

            Porque VOX no va a conformarse con un papel secundario indefinido. No lo ha hecho hasta ahora y no lo hará en el futuro. Cada cesión abre la puerta a una nueva exigencia, cada acuerdo sienta un precedente. Y pensar que se puede controlar esa dinámica sin asumir sus consecuencias es, cuando menos, ingenuo.

            Lo que estamos viendo puede ser, en efecto, solo la antesala de algo mayor. Un proceso en el que las posiciones se radicalizan, los márgenes se estrechan y la política se vuelve más áspera. Y en ese contexto, la responsabilidad de quienes aspiran a liderar el país debería ser ampliar espacios, tender puentes y reforzar consensos.

            Alguien debería decirle a Feijóo que así no se llega a la presidencia del Gobierno. No al menos de una manera sólida, coherente y duradera. Porque el poder, cuando se construye sobre renuncias constantes y contradicciones evidentes, termina siendo tan frágil como efímero. Y la política española, a estas alturas, no está para más experimentos.

 

LA PARADOJA DEMOCRÁTICA Del sueño americano a la pesadilla global

            Hay palabras que, cuando se encadenan, no buscan insultar sino describir. Misógino, xenófobo, hipócrita, cínico, irrespetuoso, irresponsable, narcisista, egocéntrico, autoritario, reaccionario, manipulador, mentiroso, despreciativo, intolerante, instigador, conspirador, falso, insolente, petulante, histriónico, mezquino, inquisitivo, irracional, tirano, irreflexivo, acrítico, injusto… no conforman aquí un desahogo emocional, sino un intento de aproximación a un estilo de liderazgo que se exhibe sin pudor, que se teatraliza a diario y que, lejos de ocultarse, se convierte en marca política. No hacen falta interpretaciones sofisticadas ni a análisis sesudos, basta con observar, escuchar, leer. La conducta es el discurso.

            Lo verdaderamente inquietante no es, sin embargo, la existencia de un líder con estas características. La historia ha demostrado que siempre los ha habido. Lo preocupante es que ese perfil no solo sea tolerado, sino celebrado, amplificado y refrendado en las urnas. Que una mayoría suficiente de ciudadanos decida que ese es el rostro que mejor los representa. Ahí es donde la cuestión deja de ser individual para convertirse en colectiva.

            Porque el problema ya no es solo quién ocupa la presidencia de EEUU, sino qué dice eso de una parte significativa de la sociedad estadounidense. No se trata de cuestionar la democracia —faltaría más—, sino de interrogar sus resultados cuando estos parecen tensionar sus propios principios. Elegir democráticamente a quien erosiona las bases de la convivencia democrática es una paradoja que incomoda, pero que no puede ignorarse.

            El fenómeno no es nuevo, aunque sí especialmente visible. El liderazgo basado en la confrontación permanente, en la simplificación grosera de la realidad, en la construcción de enemigos internos y externos, en el desprecio por el conocimiento experto y en la exaltación de una identidad nacional excluyente ha encontrado en el movimiento MAGA su expresión más reconocible. Un lema aparentemente inocente —“hacer América grande de nuevo”— que, sin embargo, encierra la pregunta incómoda de ¿grande para quién y a costa de qué?

            La grandeza que se proclama parece sustentarse más en la nostalgia que en el proyecto, más en el agravio que en la propuesta, más en la emoción que en la razón. Y en ese terreno, el actual presidente se mueve con una habilidad indiscutible. Domina el lenguaje del espectáculo, convierte cada intervención en un acto de reafirmación identitaria y reduce la complejidad del mundo a consignas fácilmente digeribles. No importa tanto la veracidad como la eficacia del mensaje. No importa tanto la coherencia como la capacidad de movilización.

            En ese juego, la figura del líder se hipertrofia hasta convertirse en medida de todas las cosas. Él decide quién es patriota y quién no, quién merece reconocimiento y quién desprecio, qué es verdad y qué es mentira. La política se personaliza hasta el extremo y las instituciones quedan subordinadas al relato. No es una deriva menor. Es una transformación profunda de la cultura política.

 

            Desde fuera, la imagen que proyecta Estados Unidos bajo este liderazgo dista mucho de aquel referente democrático que durante décadas quiso representar. El llamado “sueño americano”, construido sobre la idea de oportunidad, esfuerzo y progreso, empieza a percibirse como una narrativa desgastada, cuando no directamente como una ficción. Para muchos, se ha transformado en una pesadilla donde la desigualdad crece, la polarización se intensifica y la convivencia se resiente.

            Y, sin embargo, conviene no caer en la simplificación inversa. Estados Unidos no es solo su presidente, ni siquiera la mayoría que lo ha votado. Es también la pluralidad de voces que resisten, que cuestionan, que defienden otros valores. Pero esa complejidad queda a menudo eclipsada por la potencia mediática de un liderazgo que entiende como pocos el funcionamiento de la atención en la era digital.

            La ironía es que, en su empeño por “hacer grande” a su país, puede estar contribuyendo a erosionar su credibilidad internacional, su capacidad de influencia y su autoridad moral. Porque la grandeza no se impone, se construye. No se proclama, se demuestra. Y difícilmente puede sostenerse sobre la descalificación constante, la mentira reiterada o el desprecio por la diferencia.

            La pregunta de fondo no es, por tanto, cuánto tiempo durará este liderazgo, sino qué huella dejará. Qué efectos tendrá en la calidad democrática, en la cohesión social, en la percepción global de Estados Unidos. Y, sobre todo, qué capacidad tendrá la propia sociedad estadounidense para revisarse, para cuestionarse, para corregir el rumbo si así lo decide.

            Porque, al final, la única salida posible sigue siendo la misma que permitió su llegada, el voto. Esa herramienta que, utilizada con responsabilidad, puede abrir y cerrar etapas. Que puede legitimar, pero también rectificar. Que puede convertir una deriva en aprendizaje o consolidarla como norma.

            Pero no bastará con cambiar de presidente. Hará falta reconstruir la confianza, recuperar el sentido de lo común y recordar que la democracia no es solo elegir, sino también saber a quién —y para qué— se elige.

LA SOLEDAD DE LA DERECHA ESPAÑOLA Entre Europa y la presión de VOX

La reciente derrota de Viktor Orbán en Hungría no es un hecho aislado ni una simple alternancia política. Es, sobre todo, un síntoma. Un indicio de desgaste de una forma de entender la política basada en el repliegue identitario, el autoritarismo encubierto y la confrontación permanente como estrategia. Y, al mismo tiempo, abre una grieta significativa en el bloque de la derecha más reaccionaria europea.

            Mientras una parte relevante de la derecha europea ha comenzado a tomar distancia —por convicción o por pragmatismo— de los discursos más extremos y de alianzas incómodas con liderazgos como los de Donald Trump o Benjamin Netanyahu, en España el Partido Popular parece haber optado por el camino de la dependencia creciente de VOX. Y esa elección no es neutra. Tiene consecuencias políticas, institucionales y, sobre todo, democráticas.

            La guerra contra Irán, iniciada de manera ilegal por Estados Unidos e Israel, ha evidenciado esta divergencia. Cuando los argumentos de ambigüedad o de apoyo implícito dejaron de sostenerse ante la presión internacional, muchas fuerzas conservadoras europeas optaron por posiciones más coherentes con el derecho internacional. Sin embargo, la derecha española quedó descolgada, atrapada entre la falta de un discurso propio y la necesidad de mantener una confrontación constante con el Gobierno de Pedro Sánchez, incluso a costa de desdibujar su propia credibilidad exterior.

            En ese contexto, la migración se ha convertido en el nuevo campo de batalla. No desde una perspectiva de gestión, de derechos o de cohesión social, sino como instrumento de desgaste político. La propuesta de regularización impulsada por el Gobierno ha sido utilizada para desplegar un argumentario basado en el alarmismo, la desinformación y, en no pocas ocasiones, la mentira. Calificar dicha regularización como “inhumana, injusta, insegura e insostenible”, como ha hecho Núñez Feijóo, no solo distorsiona la realidad, sino que invierte perversamente los términos del debate. Porque lo que resulta inhumano e inseguro es, precisamente, la ausencia de regularización.

            Pero quizá uno de los ejemplos más reveladores de esta deriva discursiva sea la comparación que el propio Feijóo ha establecido entre Pedro Sánchez y Viktor Orbán, al calificar al presidente del Gobierno como “el Orbán del sur”. Más allá de lo burdo de la expresión, lo preocupante es el intento de construir un relato sin base objetiva. ¿A quién pretende engañar? Equiparar a un dirigente que actúa dentro del Estado de derecho con un líder cuestionado por sus derivas autoritarias —y con quien PP y VOX han compartido afinidades— no solo es intelectualmente deshonesto, sino que evidencia una preocupante infantilización del discurso político. No es una crítica legítima, sino una caricatura interesada que busca confusión y polarización.

            Este posicionamiento no puede entenderse al margen de las dinámicas internas de poder. Los acuerdos y negociaciones del Partido Popular con VOX en comunidades como Extremadura, Castilla y León o Aragón —y previsiblemente en Andalucía— están condicionando su discurso. Lejos de marcar perfil propio, el PP parece plegarse a las exigencias de un socio que, ante la pérdida de impulso electoral, intensifica su presión para mantener relevancia política. El resultado es una derecha atrapada entre su propia debilidad y la radicalidad de quien le sostiene.

            La situación en la Comunitat Valenciana es especialmente ilustrativa. La decisión de mantener símbolos franquistas bajo el pretexto de preservar el patrimonio histórico no solo es discutible, sino profundamente problemática desde una perspectiva democrática. Una propuesta que, además, va a ser apoyada por el Partido Popular, evidenciando tanto su dependencia de VOX como la debilidad del Gobierno de Pérez Llorca, incapaz de sostener un argumentario propio. Equiparar estos símbolos con elementos históricos neutros, como han hecho algunos representantes de VOX, constituye una manipulación que banaliza el significado de una dictadura que vulneró sistemáticamente derechos y libertades.

            No se trata de borrar la historia, sino de contextualizarla y de impedir que sus vestigios se conviertan en legitimación simbólica de un pasado incompatible con los valores constitucionales. La democracia no se construye sobre la equidistancia entre quienes defendieron la libertad y quienes la negaron.

            A esta deriva discursiva se suma una preocupante degradación institucional. Episodios como el protagonizado por el diputado de VOX José María Sánchez, en un acto de falta de respeto hacia la presidencia de las Cortes, no pueden interpretarse como meras anécdotas. Son manifestaciones de una forma de hacer política que erosiona las reglas básicas de convivencia democrática. Que el Partido Popular se haya negado a condenarlos refuerza la percepción de una complicidad táctica con alto coste político.

            La derecha española ha rechazado reconstruir un proyecto autónomo, con alternativas creíbles dentro de una democracia madura, para profundizar en una estrategia de dependencia y radicalización que, lejos de fortalecerla, la debilita. Pero además para ratificar su decisión y al mismo tiempo no parecer un juguete en manos de VOX, prefiere decir que su cambio de actitud obedece a la convicción y no a la presión de VOX. No sé, realmente, qué es peor y qué me genera más tristeza, rabia y rechazo. Básicamente por un sentimiento democrático.

CUANDO EL SISTEMA SANITARIO NO ESTÁ DISEÑADO PARA CUIDAR

  “La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede.”

Aldous Huxley[1]

             Existe una idea ampliamente asumida —y rara vez cuestionada— según la cual los problemas del sistema sanitario responden, fundamentalmente, a fallos en su funcionamiento. Se habla de falta de recursos, de sobrecarga asistencial, de listas de espera, de déficits organizativos o de ineficiencias estructurales. Y, sin embargo, pocas veces se plantea una posibilidad distinta, más incómoda pero probablemente más ajustada a la realidad: que el sistema no esté fallando, sino que esté funcionando exactamente como fue diseñado.

            Si uno observa con detenimiento qué hace bien el sistema sanitario, la respuesta no deja lugar a demasiadas dudas. Es extraordinariamente eficaz diagnosticando, clasificando, interviniendo y resolviendo episodios concretos. Ha desarrollado una enorme capacidad para identificar alteraciones biológicas, aplicar tratamientos cada vez más precisos y reducir la incertidumbre en torno a procesos agudos. En ese terreno, su rendimiento es indiscutible.

            El problema aparece cuando esa misma lógica se traslada a ámbitos que no responden a ese patrón. Cuando se pretende aplicar una estructura pensada para resolver episodios a realidades que no funcionan como episodios. Cuando se intenta encajar la complejidad de la vida cotidiana, de los procesos crónicos o de las situaciones atravesadas por determinantes sociales y morales, emocionales, culturales o relacionales, en un sistema que necesita simplificar para poder operar.

            Ahí es donde emergen las tensiones. No porque el sistema deje de hacer lo que sabe hacer, sino porque se le exige que haga algo para lo que no fue concebido. Y cuidar, en el sentido pleno del término, no encaja fácilmente en una lógica diseñada para intervenir sobre enfermedades, en la medida de lo posible, resolubles.

            Buena parte de lo que entendemos por cuidado se sitúa precisamente en el ámbito de lo que no puede ser completamente delimitado. No responde a un inicio claro ni a un final definido. No se agota en una intervención concreta ni se resuelve con una decisión puntual. Tiene que ver con procesos, con trayectorias, con relaciones que se construyen en el tiempo y que están atravesadas por múltiples dimensiones que no siempre son visibles ni fácilmente abordables.

            Sin embargo, el sistema necesita operar sobre lo visible, lo medible, lo clasificable. Necesita convertir la complejidad en categorías manejables, en indicadores, en tiempos estándar. Y en ese proceso, aquello que no se deja reducir a esas lógicas tiende a quedar desplazado o invisibilizado, precisamente por su dificultad para integrarse en los mecanismos habituales de funcionamiento.

            Se genera así una paradoja que rara vez se explicita: cuanto más se intenta incorporar el cuidado al sistema sanitario, más se corre el riesgo de desnaturalizarlo. De convertirlo en una suma de tareas o en una serie de intervenciones protocolizadas que, aun siendo necesarias, no representan lo que cuidar implica.

            Es en ese punto donde conviene detenerse. No para cuestionar lo que el sistema hace bien, sino para preguntarse si estamos exigiéndole algo que, por su propia configuración, no puede ofrecer. O, lo que resulta más inquietante, si estamos confundiendo sistemáticamente asistencia con atención —como si fueran equivalentes—, intervención con acompañamiento, resolución con proceso… y todo ello con cuidado.

            Porque si ese es el caso, el problema no es que el sistema funcione mal. Es que estamos esperando de él algo para lo que no fue diseñado.

            Esa confusión no es inocente. Tiene consecuencias en la forma en que se organiza la atención y en cómo profesionales y ciudadanía interpretan lo que ocurre dentro del sistema. Cuando se identifica cuidar con intervenir, o acompañar con resolver, se construye una idea del cuidado ajustada más a las necesidades del sistema que a las de las personas. Y cuando, además, se confunde con la simpatía, no solo se simplifica, se banaliza: se convierte en un gesto amable, perdiendo su sentido como práctica profesional con capacidad transformadora y terapéutica.

            El sistema sanitario, tal y como está configurado, necesita actividad. Necesita producir intervenciones, registrar actuaciones, justificar tiempos, demostrar resultados. Su lógica es, en gran medida, una lógica de producción. Cuantos más procesos se atienden, cuanto más rápido se resuelven y cuanto más medible es la actividad, mayor sensación de eficacia genera. Y esa lógica, comprensible desde el punto de vista organizativo, acaba impregnando también la práctica profesional.

            Es precisamente esa lógica productiva y cuantitativa la que termina generando buena parte de los problemas que el propio sistema dice querer resolver. El aumento de las listas de espera, el colapso de las agendas o la progresiva deshumanización de la atención no son anomalías, sino consecuencias directas de una dinámica que el propio sistema alimenta. Una dinámica que, lejos de generar satisfacción, produce rechazo; lejos de ser eficiente, deriva en gasto incontrolado. Y, aun así, se perpetúa sin apenas cuestionamiento, bien porque no se cuestiona, bien porque el debate se desplaza hacia respuestas que, aun siendo necesarias en determinados contextos, no abordan el problema de fondo, como ocurre cuando se reduce a un aumento de plantillas sin revisar la lógica que organiza el sistema.

            Así, el cuidado corre el riesgo de convertirse en una tarea más dentro de una secuencia de acciones. Algo que se hace, se registra y se da por concluido cuando se ha cumplido el objetivo previsto. Una especie de simulacro funcional que reproduce la forma del cuidado, pero no necesariamente su sentido.

            Los ejemplos son conocidos. Intervenciones educativas que se limitan a transmitir información en un tiempo determinado, sin atender a si responde a una necesidad sentida o puede ser comprendida e integrada. Seguimientos que se reducen a comprobar el cumplimiento de indicaciones sin explorar las dificultades reales. Planes de cuidados técnicamente correctos pero desvinculados del contexto en el que deberán desarrollarse y de las necesidades concretas de las personas.

            En todos estos casos, la actividad existe. La intervención se produce. El sistema puede registrar que ha actuado. Y, sin embargo, el cuidado —en su dimensión más profunda— puede no haber tenido lugar.

            El problema no es que estas intervenciones sean innecesarias. Lo son, y en muchos casos imprescindibles. El problema es asumir que con ellas se agota el cuidado, que lo que no entra en ese formato no existe o carece de valor.

            Se produce así una reducción conceptual. La idea de cuidado se estrecha hasta coincidir con aquello que el sistema puede asumir, medir y gestionar. Y todo lo que queda fuera pasa a ser secundario o prescindible.

            En ese contexto, no resulta extraño que muchas de las dimensiones del cuidado con mayor impacto en la vida de las personas queden invisibilizadas: la construcción de confianza, la continuidad de los procesos, el acompañamiento en la incertidumbre, la adaptación a contextos concretos, el afrontamiento eficaz de problemas de salud, la generación de entornos saludables o el trabajo con redes formales e informales. Todo aquello que no se resuelve en un acto puntual ni puede reducirse a un indicador sencillo tiende a desaparecer del foco.

            Y cuando desaparece del foco, deja también de formar parte de lo que se reconoce, de lo que se valora y, en última instancia, de lo que se prioriza.

            Esto no solo afecta a las personas que reciben atención. Impacta también de manera directa en quienes la proporcionan. Porque trabajar en un sistema que no reconoce aquello que da sentido a la propia práctica genera una forma particular de desgaste. No tanto la asociada al exceso de trabajo, sino otra más difícil de identificar: la disonancia entre lo que se hace y lo que se considera importante.

            Esa disonancia no siempre se expresa de manera explícita. A veces se traduce en una sensación difusa de insatisfacción, en la percepción de que, a pesar de cumplir con lo esperado, algo esencial queda pendiente. Otras veces adopta formas más visibles: frustración, desmotivación, abandono de prácticas que requieren tiempo y no encuentran respaldo organizativo o incluso el abandono de la profesión.

            Y, sin embargo, el sistema sigue funcionando. Sigue produciendo actividad, generando datos, mostrando resultados. Desde fuera, puede incluso parecer que responde adecuadamente a las demandas. Pero esa apariencia oculta una cuestión de fondo que rara vez se aborda: si lo que se está haciendo es realmente cuidar o, simplemente, gestionar la atención bajo parámetros que no contemplan el cuidado en toda su complejidad.

            Llegados a este punto, la tentación más inmediata sería plantear la necesidad de reformar el sistema, introducir ajustes que permitan incorporar el cuidado de manera más efectiva, mejorar la coordinación, ampliar recursos o rediseñar procesos. Y, sin embargo, esa respuesta, aun siendo necesaria en muchos aspectos, puede quedarse en la superficie si no se aborda la cuestión previa: cuál es la lógica sobre la que el sistema está construido.

            Porque no se trata únicamente de que falten elementos, sino de que los que existen responden a una determinada forma de entender la salud, la enfermedad y la intervención.

            En ese sentido, el sistema no está incompleto. Está orientado: hacia la resolución de problemas definidos, hacia la intervención sobre lo que puede ser identificado y modificado en relación con la enfermedad, hacia la obtención de resultados medibles y comparables. Esa orientación no es casual ni responde solo a decisiones organizativas. Es el resultado de un marco conceptual que prioriza determinadas dimensiones de la salud y que, al hacerlo, deja en un segundo plano otras.

            El cuidado, entendido como proceso relacional, contextual y abierto, no encaja fácilmente en ese marco. No porque sea incompatible, sino porque introduce variables que desbordan su lógica: la incertidumbre, la subjetividad, la diversidad de trayectorias, la individualización o la necesidad de adaptar constantemente la intervención a realidades cambiantes.

            Incorporar plenamente el cuidado implicaría, por tanto, no solo añadir nuevas prácticas, sino cuestionar algunos de los supuestos sobre los que se organiza el sistema. Implicaría aceptar que no todo puede ser estandarizado, que no todo resultado es inmediato ni cuantificable, que el tiempo no siempre puede comprimirse sin afectar al sentido de la intervención.

            Pero la cuestión de fondo no pasa por diseñar mejores estrategias para encajar el cuidado dentro del modelo actual. La cuestión es si el propio modelo está dispuesto a transformarse para que el cuidado forme parte de su lógica interna y no de sus márgenes. Porque cuando el cuidado se introduce como un añadido, acaba funcionando como un cuerpo extraño: algo que el sistema tiende a encapsular, neutralizar o, sencillamente, expulsar.

            De ahí la necesidad de un debate riguroso, profundo y honesto. Un debate que no se limite a introducir ajustes, sino que permita revisar los fundamentos sobre los que se organiza el sistema. Porque cuando los problemas se cronifican, no se resuelven con parches, sino con cambios capaces de reconfigurar el conjunto.

            Y eso tiene implicaciones profundas. Obliga a revisar qué se entiende por eficiencia, qué se considera éxito, cómo se distribuyen los recursos, qué se prioriza en la práctica cotidiana y qué profesionales asumen, de manera explícita, la responsabilidad de hacerlo posible. Obliga, en definitiva, a desplazar el foco desde la actividad hacia el sentido de la actividad. Desde lo que se hace hacia para qué se hace.

            Sin embargo, ese desplazamiento no resulta sencillo. No solo por las inercias organizativas o las limitaciones estructurales, sino porque cuestiona formas de trabajo profundamente arraigadas y, en algunos casos, identidades profesionales construidas en torno a ellas.

            Es más cómodo pensar que el sistema necesita pequeños ajustes que asumir que requiere una revisión más profunda de sus fundamentos. Es más sencillo añadir programas, protocolos o indicadores que preguntarse si el marco desde el que se diseñan es el adecuado.

            Por eso, muchas de las iniciativas orientadas a “humanizar” la atención o a “incorporar el cuidado” acaban quedándose en buenas intenciones. Introducen elementos valiosos, sin duda, pero lo hacen sin modificar la lógica de fondo. Se añaden espacios de escucha en agendas saturadas, se promueven intervenciones centradas en la persona dentro de estructuras que siguen priorizando la rapidez y la resolución, se habla de continuidad en contextos fragmentados.

            Y así, el cuidado se convierte en un complemento, en algo que se intenta integrar en los márgenes de un sistema que sigue funcionando bajo parámetros distintos.

            El resultado es una tensión constante entre lo que se declara y lo que realmente se hace. Entre el discurso y la práctica. Entre la intención de cuidar y las condiciones que lo dificultan.

            Y en esa tensión se instala buena parte de la experiencia cotidiana de quienes trabajan en el sistema. Porque esos mismos profesionales no son ajenos a la lógica que lo sostiene. Se forman dentro de ese modelo, lo interiorizan y acaban identificándolo como propio. Para algunos, cuestionarlo supone una amenaza a su manera de entender la práctica y a los espacios de seguridad construidos en torno a ella. Para otros, la adaptación es progresiva, casi imperceptible.

            De un modo u otro, muchos profesionales terminan contribuyendo a la reproducción del modelo, no tanto por convicción como por inercia, adaptación o falta de alternativas percibidas. Y es ahí donde la posibilidad de cambio se vuelve más compleja: cuando aquello que debería ser cuestionado empieza a vivirse como propio.

            Pero junto a esa adaptación existe también otra posición, menos visible pero igualmente determinante. La de quienes no solo asumen el modelo, sino que lo defienden activamente porque lo identifican como expresión de su propia práctica, de su trayectoria y de los principios sobre los que han construido su identidad profesional. En estos casos, el modelo deja de percibirse como una estructura revisable y pasa a convertirse en un marco irrenunciable.

            Cuando un sistema ha sido, en buena medida, diseñado o sostenido por quienes lo habitan, cualquier cuestionamiento puede interpretarse como una amenaza. No como una oportunidad de mejora, sino como un intento de deslegitimar lo construido o de poner en duda formas de hacer que durante años han sido reconocidas.

            El problema es que, cuando esa defensa se convierte en resistencia, el debate deja de centrarse en lo que es necesario transformar y pasa a orientarse a la protección de un modelo que, aun mostrando signos evidentes de agotamiento, se mantiene como incuestionable. Y en ese desplazamiento, lo que se preserva no es solo una forma de organización, sino también una manera de entender la salud y la intervención que tiende a limitar más que a abrir posibilidades.

            Porque cuando un modelo se defiende como identidad, deja de estar al servicio de las personas y pasa a exigir que sean las personas quienes se ajusten a sus límites.

[1] Escritor y filósofo británico (1894-1963)

EL LIDERAZGO NO SE LEGISLA

           Hay debates que, más allá de su contenido aparente, revelan con claridad las tensiones profundas de un sistema. La reciente reacción de determinadas organizaciones médicas ante la propuesta de reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) es uno de ellos. No tanto por lo que dicen, sino por lo que evidencian.

            Tras la reforma del Estatuto Marco, que ya generó demandas corporativas de un estatuto propio para el colectivo médico, la nueva propuesta de modificación de la LOPS ha vuelto a activar una respuesta en la misma dirección. En este caso, desde la Organización Médica Colegial (OMC) se reclama que la ley refuerce el liderazgo médico para evitar supuestas “zonas grises” que, según se argumenta, podrían afectar a la calidad asistencial. Una petición que, más allá de su formulación, plantea un problema de fondo, como es confundir competencias con jerarquía, y calidad con control.

            Porque una cosa es que una ley recoja con claridad las competencias de cada profesión, y otra muy distinta es que establezca, por mandato normativo, el liderazgo de una de ellas sobre las demás. Pretender que el liderazgo se legisle no solo resulta conceptualmente improcedente, sino que desnaturaliza el propio sentido de una norma como la LOPS. El liderazgo no se impone por ley, se construye en la práctica, se legitima en el conocimiento, en la capacidad de respuesta y en el reconocimiento del resto de profesionales. Convertirlo en una categoría jurídica es, en realidad, una forma de blindar posiciones de poder bajo la apariencia de garantizar la calidad.

            El problema no es menor. Porque introducir el liderazgo de una profesión como principio normativo supone, en la práctica, condicionar el modelo organizativo del sistema sanitario hacia esquemas uniprofesionales. Es decir, hacia un modelo en el que el resto de profesiones quedan subordinadas no por la lógica de las necesidades de salud, sino por una jerarquía previamente establecida. Y eso no solo es incompatible con la complejidad actual de los problemas de salud, sino que resulta claramente ineficiente.

            La atención en salud, hoy, no puede entenderse desde compartimentos estancos ni desde lógicas de supremacía profesional. Requiere necesariamente del trabajo en equipo, de la articulación de competencias diversas y del desarrollo de modelos transdisciplinares en los que cada profesión aporte desde su especificidad. No se trata de diluir responsabilidades, sino de integrarlas. De pasar de un modelo centrado en quién lidera a otro centrado en cómo se responde mejor a las necesidades de las personas, las familias y la comunidad.

            Porque ese debería ser, precisamente, el objetivo de cualquier reforma, mejorar la atención en salud, no reforzar el estatus de ninguna profesión. La calidad —y también la calidez— no dependen de la preeminencia legal de un colectivo, sino de la capacidad del sistema para organizarse de manera eficiente, colaborativa y orientada a resultados en salud. Pretender lo contrario es perpetuar un modelo asistencialista que ha mostrado sobradamente sus limitaciones.

            No es la primera vez que esto ocurre. Coincidiendo con el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad (LGS), conviene recordar —como ha señalado Pedro Sabando— que aquella norma, impulsada por su máximo protagonista y valedor, Ernest Lluch, también encontró una fuerte oposición por parte de la OMC. Huelgas, concentraciones y episodios como la llamada Operación Primavera formaron parte de una estrategia de resistencia que, vista con perspectiva, no logró frenar una de las reformas más importantes del sistema sanitario español. Al contrario, la LGS supuso un avance decisivo en su modernización y sentó las bases para desarrollos posteriores como la propia LOPS.

            Lo que entonces se presentó como una amenaza, hoy se reconoce como un hito. Y, sin embargo, el patrón se repite. Cada intento de reforma es interpretado por ciertos sectores como un ataque, como una pérdida de posiciones, como un riesgo para su papel dentro del sistema. Una lectura sesgada que desplaza el foco, de la mejora del sistema a la defensa corporativa.

            Esta forma de situarse no solo dificulta el avance, sino que empobrece el debate. Porque convierte una discusión que debería ser técnica, organizativa y orientada al bien común, en una confrontación de intereses profesionales. Y en ese desplazamiento se pierde lo esencial: que el sistema sanitario no existe para dar respuesta a las necesidades de las profesiones, sino a las necesidades de salud de la población.

            La reforma de la LOPS debería ser una oportunidad para reforzar precisamente aquello que más necesitamos, claridad competencial, trabajo en equipo, coordinación entre ámbitos de atención y desarrollo de modelos de atención integrales, integrados e integradores.

            Hay que abandonar determinadas inercias. Entender que el reconocimiento profesional no se obtiene por decreto, sino por aportación real. Y asumir que la fortaleza de un sistema no reside en la supremacía de una profesión, sino en la capacidad de todas para trabajar juntas.

 

¿QUIÉN PUEDE HABLAR? El error de excluir a las personas

Los sindicatos médicos —que no los médicos— han dado un nuevo giro de tuerca en el pulso que mantienen con el Ministerio de Sanidad. Más allá de sus reivindicaciones, la estrategia de presión que están siguiendo empieza a resultar cada vez más difícil de comprender, tanto por su forma como por sus consecuencias.

            El último episodio, la decisión de abandonar un encuentro con responsables ministeriales ante la presencia de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, propuesta por las comunidades autónomas como elemento mediador, no es un gesto menor. Va más allá de un desplante institucional. Es una toma de posición respecto a quién debe —y quién no— formar parte de las conversaciones sobre salud.

            Porque lo que está en cuestión no es solo el formato de una reunión ni la idoneidad de un interlocutor. Lo que está en juego es el reconocimiento de las personas como sujetos activos dentro del sistema de salud. Rechazar la participación de organizaciones que representan a quienes reciben la atención, sostienen el sistema y le dan sentido último, transmite un mensaje difícilmente justificable.

            Esta decisión puede entenderse, por tanto, no solo como un gesto de tensión hacia el Ministerio, sino como una forma de desconsideración hacia las personas atendidas. Personas que no son receptoras pasivas, sino agentes fundamentales en la construcción, evaluación y mejora del sistema. Negar su presencia en el diálogo es, en la práctica, cuestionar su legitimidad para opinar sobre aquello que les afecta directamente.

            En este sentido, cabe plantear, dos posibles interpretaciones. Por un lado, que se considere que las reivindicaciones son exclusivamente laborales y, por tanto, ajenas a cualquier mirada externa. Sin embargo, esta visión resulta claramente limitada, porque lo que está en discusión no se circunscribe a condiciones laborales, sino que incorpora aspectos clave relacionados con la organización del sistema, la interprofesionalidad, la distribución de competencias y el propio modelo de atención. Cuestiones todas ellas que impactan directamente en la calidad, la accesibilidad y la continuidad de la atención, y sobre las que las personas no solo tienen derecho a opinar, sino también a participar en su definición. Reducir este debate a una dimensión estrictamente laboral no solo simplifica en exceso la realidad, sino que invisibiliza el papel legítimo de la ciudadanía en la configuración del sistema.

            Por otro lado, también cabe pensar que lo que se evita no es tanto la presencia en sí, sino la posibilidad de escuchar voces incómodas. Voces que, desde la experiencia vivida, puedan señalar incoherencias, evidenciar efectos no deseados o cuestionar planteamientos excesivamente centrados en intereses corporativos. Si así fuera, la preocupación sería aún mayor, porque evidenciaría una concepción del diálogo más orientada a la reafirmación que a la construcción compartida.

            A ello se suma un elemento especialmente relevante. La propuesta de incorporar a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes no parte solo del Ministerio, sino de las comunidades autónomas, que representan una pluralidad política y territorial significativa. Rechazar de plano esta iniciativa, sin explorar su potencial como espacio de mediación, transmite una posición de rigidez que debilita la credibilidad de cualquier proceso negociador.

            Si, además, se tiene en cuenta que la presencia de dicha plataforma era conocida de antemano. Decidir no sentarse en la mesa en esas condiciones no parece responder a una reacción improvisada, sino a una estrategia asumida. Porque negociar implica aceptar la complejidad, reconocer la diversidad de actores y asumir que los procesos no siempre se desarrollan en los términos deseados.

            Argumentar que la incorporación de un interlocutor no consensuado introduce ruido o diluye la negociación puede parecer razonable en un primer momento. Sin embargo, cuando ese interlocutor representa a las personas directamente afectadas, el argumento pierde solidez. Más aún cuando su participación responde a la voluntad de facilitar el entendimiento en un contexto de bloqueo.

            Persistir en una postura de aislamiento, alejándose no solo de otras fuerzas sindicales sino también de una parte de los propios profesionales, incluidos muchos médicos, no fortalece la posición negociadora. Al contrario, proyecta una imagen de intransigencia.

            Porque lo que está en juego va mucho más allá de las demandas de un colectivo concreto. Está en juego la concepción misma del sistema de salud. Un sistema que no puede construirse desde posiciones unilaterales. La salud es una responsabilidad compartida, un espacio de encuentro entre profesionales, instituciones y ciudadanía.

            Reducir ese espacio a un ámbito exclusivamente corporativo empobrece el debate y limita las posibilidades de avanzar hacia modelos más justos, eficaces y coherentes con las necesidades reales de la población.

            Quizá ha llegado el momento de recuperar algo tan básico como la voluntad de escuchar. No como gesto simbólico, sino como condición imprescindible para construir acuerdos sólidos. Porque en salud, como en tantos otros ámbitos, el problema no es la falta de razones, sino la incapacidad de reconocer que ninguna es suficiente por sí sola.

¿Y SI EL PROBLEMA TAMBIÉN SOMOS NOSOTROS? La trampa de tener razón

“No vemos las cosas como son, sino como somos.”

Anaïs Nin[1]

             Quienes trabajamos en el ámbito de la salud —y, de manera muy particular, quienes, como las enfermeras, lo hacemos desde el cuidado y la proximidad a la vida cotidiana de las personas— llevamos tiempo construyendo un discurso crítico frente a las limitaciones del modelo sanitario dominante. Hemos señalado sus carencias, cuestionado sus inercias y defendido otras formas de comprender y abordar la salud, más integrales, más humanas y más próximas a la experiencia real de quienes la viven.

            Ese posicionamiento no es casual. Surge de la práctica, del contacto continuado con la complejidad de las personas, de la evidencia de que no todo puede reducirse a diagnósticos, tiempos y resultados medibles. Surge también de una voluntad de transformación que ha sido, y sigue siendo, necesaria.

            Pero precisamente por eso, porque hablamos desde una posición crítica y comprometida, la pregunta que da sentido a este texto adquiere una relevancia particular.

            Hay cuestiones que solemos evitar, no por su dificultad, sino por lo que ponen en riesgo. Preguntarnos si también nosotros estamos equivocados no es un ejercicio retórico ni una impostura intelectual. Tampoco es una forma de diluir responsabilidades o relativizar problemas evidentes. Es, más bien, una exigencia que nos obliga a dirigir la mirada hacia dentro en un contexto en el que todo parece empujarnos a mirar hacia fuera. Porque mirar hacia fuera resulta más sencillo. Señalar lo que no funciona, identificar incoherencias, denunciar carencias estructurales o cuestionar modelos dominantes forma parte —y con razón— del discurso de quienes trabajamos en los sistemas sanitarios. Es un ejercicio necesario si se pretende transformar aquello que claramente muestra sus límites.

            Sin embargo, cuando esa mirada se convierte en la única, se corre el riesgo de volverse incompleta.

            Porque es cierto que hay mucho que no funciona. Lo sabemos, lo vemos y lo vivimos. Pero quizá el problema no se agote en lo que ocurre fuera. Tal vez el verdadero punto de inflexión aparezca cuando aceptamos que también nosotros —quienes analizamos, criticamos y proponemos alternativas— no estamos al margen de aquello que cuestionamos. Que nuestra práctica, nuestras decisiones y nuestras formas de intervenir también están atravesadas por contradicciones, inercias y, en ocasiones, por errores que no siempre estamos dispuestos a reconocer.

            Es algo que evitamos plantear. Porque implica abandonar la posición relativamente segura de quienes habitualmente identificamos el problema desde fuera. Supone aceptar que la distancia crítica no garantiza coherencia y que el compromiso con determinados valores no nos sitúa automáticamente en una práctica alineada con ellos.

            En el ámbito de la salud, y particularmente en el de los cuidados, hemos construido —con fundamento— un discurso sólido frente a los límites del modelo dominante. Hemos cuestionado su reduccionismo, su orientación excesiva hacia la enfermedad y su dificultad para incorporar dimensiones como lo relacional, lo comunitario o lo cotidiano. Hemos defendido otras formas de comprender la salud, más integrales, más humanas, más próximas a la experiencia real de las personas.

            Ese recorrido ha sido necesario y sigue siéndolo. Pero todo discurso crítico encierra un riesgo que rara vez se explicita con la misma claridad con la que se señalan los déficits del sistema, el riesgo de convertirse en una nueva certeza que deja de cuestionarse a sí misma.

            Y es precisamente ahí donde este cuestionamiento adquiere sentido.

            No para debilitarnos, sino para sostener con mayor rigor aquello que defendemos. No para cuestionar lo que somos, sino para evitar que dejemos de interrogarnos sobre cómo lo estamos siendo. Porque, en el fondo, el problema no es estar equivocados, sino dejar de considerar esa posibilidad.

La trampa de la certeza moral

            Existe una forma de seguridad que no nace del conocimiento, sino de la convicción de estar en el lado correcto. Y esa forma de seguridad, aunque tranquilizadora, es también una de las más difíciles de cuestionar.

            En los espacios donde se ha desarrollado un discurso crítico frente al modelo dominante —y aquí las enfermeras, especialmente las comunitarias, hemos tenido un papel relevante— hemos ido construyendo una posición que, en muchos aspectos, es no solo legítima, sino necesaria. Hemos identificado desigualdades, denunciado prácticas deshumanizadas, visibilizado dimensiones ignoradas y reivindicado el valor del cuidado, de lo relacional y de lo comunitario.

            Ese posicionamiento ha permitido avanzar, generar pensamiento y abrir espacios. Pero, al mismo tiempo, ha ido configurando una identidad que, si no se revisa, puede derivar en una forma sutil de certeza moral.

            No se trata de una certeza explícita ni arrogante. Se construye de manera más discreta. Aparece cuando empezamos a reconocernos como quienes comprenden mejor la complejidad o como quienes están más cerca de lo que la salud debería ser. Y, desde ahí, sin apenas advertirlo, se reduce la necesidad de seguir interrogándonos.

            El problema no radica en la validez de los planteamientos, sino en la forma en que nos relacionamos con ellos. Cuando una posición se percibe como intrínsecamente correcta, el margen para la revisión se estrecha. La crítica se orienta hacia fuera, mientras que la autoevaluación pierde intensidad o se vuelve superficial.

            De este modo, la certeza moral simplifica la realidad. La organiza en categorías cómodas que permiten diferenciar con claridad lo que consideramos adecuado de lo que rechazamos. Pero esa simplificación tiene el coste de reducir la complejidad de nuestras propias prácticas e invisibilizar las contradicciones que pueden coexistir en ellas.

            Así, resulta más sencillo identificar los déficits del sistema que analizar hasta qué punto nuestras formas de intervenir están realmente alineadas con los valores que defendemos. Más fácil cuestionar modelos ajenos que revisar las lógicas que seguimos reproduciendo en nuestra práctica cotidiana.

            No se trata de equiparar posiciones ni de relativizar diferencias. Existen enfoques claramente más limitados y otros más acordes con una comprensión integral de la salud. Pero reconocerlo no exime de asumir que ninguna propuesta, por sólida que sea, queda al margen de la revisión.

            Porque cuando dejamos de cuestionarnos, dejamos también de aprender. Y cuando el aprendizaje se detiene, incluso las propuestas más transformadoras corren el riesgo de convertirse en discursos rígidos, en nuevas formas de ortodoxia que, paradójicamente, terminan alejándose de la capacidad de transformación que las impulsó.

Cuando criticamos el sistema… pero lo reproducimos

            Pero el problema no es solo el modelo. El problema es también lo que hacemos dentro de él.

            Durante años hemos señalado —con fundamento— los límites del sistema. Frente a ello, hemos defendido la centralidad del cuidado, la continuidad, la mirada integral y la proximidad a las personas y a sus contextos.

            Sin embargo, entre ese marco discursivo y la práctica cotidiana no siempre existe la coherencia que damos por supuesta. No por falta de compromiso, sino porque las inercias del sistema son profundas y, a menudo, operan de manera casi imperceptible. Nos adaptamos a ellas, las incorporamos, las normalizamos. Y en ese proceso, contribuimos también a su reproducción.

            Esta reproducción no suele manifestarse en grandes contradicciones, sino en pequeñas decisiones cotidianas que, acumuladas, configuran una forma de hacer que se aproxima más de lo que creemos a aquello que criticamos. Ocurre cuando organizamos la actividad en función de tareas y no del sentido de la intervención; cuando aceptamos dinámicas que priorizan lo medible frente a lo significativo; cuando asumimos agendas fragmentadas que dificultan una relación terapéutica sostenida, pero seguimos operando dentro de ellas como si fueran inevitables.

            También sucede cuando el lenguaje cambia, pero la práctica no tanto. Hablamos de personas, pero seguimos actuando como si fueran casos. Defendemos la autonomía, pero no siempre generamos espacios reales para que se ejerza. Reivindicamos lo comunitario, pero nuestras intervenciones continúan centradas, en gran medida, en lo individual y de puertas del sistema hacia dentro.

            Y se hace aún más evidente en aquello que rara vez explicitamos, como la forma en que nos relacionamos entre profesionales, en cómo asumimos determinadas jerarquías sin cuestionarlas, incluso cuando contradicen el discurso de trabajo en equipo, o en cómo medimos el valor de nuestras intervenciones más por su reconocimiento organizativo que por su impacto real en la vida de las personas.

            Nada de esto es nuevo. Pero precisamente por eso resulta más relevante.

            Cuando las incoherencias se normalizan, dejan de percibirse como tales. Se integran en la práctica como parte del funcionamiento habitual, y con ello se reduce la tensión crítica que permitiría cuestionarlas.

            Es en ese punto donde la autocrítica deja de ser un ejercicio abstracto para convertirse en una necesidad concreta. Ya no se trata de analizar un sistema ajeno, sino de reconocer nuestra participación en su mantenimiento. No siempre por elección, pero tampoco exclusivamente por imposición. En ocasiones por costumbre, en otras por adaptación y, también —aunque resulte incómodo admitirlo— por una cierta acomodación.

            Sostener una práctica plenamente alineada con los valores que defendemos en un entorno que empuja en dirección contraria no es sencillo. Pero ignorar hasta qué punto nos adaptamos a ese entorno tampoco lo es.

            Quizá, en última instancia, el sistema no se sostiene únicamente por su estructura, sino también por la suma de prácticas que, día a día, lo reproducen. Y en esa suma, nuestra participación no es menor.

La dependencia que no queremos reconocer

            Hay dependencias que se imponen y, por tanto, resultan visibles. Y hay otras que no necesitan imponerse porque han sido asumidas como parte natural del funcionamiento. Estas últimas son, probablemente, las más difíciles de identificar y también las más complejas de transformar.

            Llevamos tiempo reivindicando autonomía profesional, disciplinar, organizativa, en la toma de decisiones y en la construcción del conocimiento. Y esa reivindicación ha sido —y sigue siendo— necesaria. Pero reivindicar autonomía no equivale necesariamente a ejercerla.

            Porque la dependencia no siempre adopta la forma de una subordinación explícita. A menudo se manifiesta de manera más sutil. En la necesidad de validación, en la búsqueda de reconocimiento desde marcos que no son propios o en la tendencia a medir el valor de lo que hacemos en función de criterios que no hemos definido.

            Esto se hace especialmente evidente cuando tratamos de desarrollar un paradigma centrado en el cuidado utilizando el lenguaje, las categorías o los indicadores de otros modelos. En ese intento de encaje, lo que debería constituir una aportación diferenciada corre el riesgo de diluirse. No porque carezca de consistencia, sino porque se expresa en términos que no le son propios.

            La dependencia, además, no siempre limita desde fuera. A veces ordena desde dentro. Se convierte en una referencia implícita que condiciona decisiones, discursos y prácticas sin necesidad de imponerse de manera explícita.

            Cuestionarla implica asumir riesgos, salir de marcos conocidos, exponerse a perder determinadas formas de legitimidad y enfrentarse a inercias profundamente arraigadas. Implica, en definitiva, dejar de pedir permiso para empezar a definir.

            Por eso, quizá el primer movimiento no deba dirigirse hacia fuera, sino hacia dentro. Porque la autonomía no comienza cuando se concede, sino cuando se ejerce.

El riesgo de la autocomplacencia colectiva

            Si la autocrítica individual resulta exigente, la colectiva lo es aún más. No solo por la dificultad de sostenerla, sino por las tensiones que introduce en aquello que, al mismo tiempo, necesitamos preservar, como la cohesión, la identidad y el sentido de pertenencia.

            Los grupos profesionales, como cualquier otro colectivo, se construyen sobre relatos compartidos. Necesitan referencias comunes, marcos de interpretación que permitan reconocerse, legitimarse y avanzar. En el caso de las enfermeras esa construcción ha sido clave para ganar visibilidad, consolidar discurso y ocupar espacios que históricamente no estaban garantizados.

            Pero esa misma construcción encierra un riesgo que no siempre se explicita, el de convertirse en un espacio de confirmación más que de cuestionamiento.

            Cuando la identidad se consolida, tiende a reforzar aquello que la sostiene. Se validan determinados discursos, se reproducen ciertos marcos y se configura una narrativa en la que resulta más fácil reconocerse que interpelarse.

            La crítica interna puede percibirse como desalineación, como falta de compromiso o incluso como una amenaza al propio proyecto colectivo. Y, sin embargo, es precisamente esa crítica la que permite evitar la deriva hacia la autocomplacencia.

            Una autocomplacencia que no se expresa de forma explícita ni triunfalista, sino de manera más discreta. Se manifiesta en la sensación de estar en el lado correcto por el hecho de pertenecer a un determinado enfoque. En la idea, apenas formulada, de que determinadas posiciones requieren menos revisión porque ya han demostrado su legitimidad. Esta forma de autocomplacencia protege. Reduce la incertidumbre, refuerza la identidad y facilita la estabilidad del grupo. Pero también limita.

            Porque cuando el grupo se convierte en refugio, el pensamiento crítico pierde intensidad. Y esa pérdida tiene consecuencias. Se refleja en discursos que tienden a volverse previsibles y poco permeables a la revisión, en procesos formativos que transmiten no solo conocimiento, sino también marcos poco cuestionados, y en una tendencia a explicar los problemas desde fuera, rara vez desde dentro.

            La autocrítica colectiva no debería entenderse como una excepción, sino como una práctica necesaria. No como un gesto puntual, sino como parte del propio desarrollo del pensamiento profesional. Porque no hay transformación posible sin una cierta incomodidad compartida.

¿Qué implica asumir que podríamos estar equivocados?

            Asumir la posibilidad de error no debilita el conocimiento; lo mantiene en movimiento. Lo obliga a contrastarse, a dialogar con otras miradas y a exponerse a enfoques que, aunque incómodos, pueden ampliarlo.

Pero este posicionamiento no se queda en el plano teórico. Tiene implicaciones directas en la práctica. Supone revisar no solo lo que hacemos, sino cómo y para qué lo hacemos. Preguntarnos hasta qué punto nuestras intervenciones responden realmente a las necesidades de las personas o si, en parte, responden también a inercias organizativas, a expectativas institucionales o a formas de hacer que nunca hemos llegado a cuestionar del todo.

            Implica también una forma distinta de escuchar. No como una habilidad comunicativa más, sino como una disposición real a que lo que el otro plantea pueda modificar nuestras propias posiciones. Escuchar, en este sentido, deja de ser un gesto técnico para convertirse en un ejercicio ético.

            No se trata de sustituir unas certezas por otras ni de instalarse en una duda paralizante. Se trata de incorporar la revisión como parte constitutiva del ejercicio profesional. De entender que la solidez de una propuesta no depende de su rigidez, sino de su capacidad para adaptarse, para cuestionarse y para seguir aprendiendo.

            Este enfoque exige tiempo, disposición y una cierta valentía. No siempre es reconocido, ni siempre resulta cómodo en contextos donde la seguridad y la claridad de posicionamiento tienen un valor elevado. Pero quizá sea precisamente esa incomodidad la que indica que se está produciendo un desplazamiento real.

Reflexión final

            Equivocarse forma parte de cualquier proceso que aspire a comprender, a cuidar y a transformar. Forma parte del conocimiento, de la práctica y de la relación con la realidad. Lo que resulta verdaderamente problemático no es el error, sino la dificultad —cuando no la resistencia— para reconocerlo. Porque cuando dejamos de contemplar esa posibilidad, dejamos también de estar disponibles para cambiar.

            Se sigue hablando de transformación, pero se reduce la disposición a transformarse. Se sigue defendiendo el cuidado, pero se corre el riesgo de convertirlo en formulación más que en práctica. Se sigue cuestionando el sistema, pero se debilita la capacidad de cuestionar la propia posición dentro de él.

            En ese proceso, la práctica puede volverse previsible, cómoda, reconocible. Y, precisamente por ello, menos capaz de generar cambios reales.

            El cuestionamiento que ha recorrido toda esta reflexión no busca una respuesta definitiva. No pretende resolverse ni cerrarse. Su valor está en su permanencia.

            Porque ninguna posición, por legítima que sea, queda al margen de la revisión. Ningún discurso, por sólido que parezca, está exento de límites. Y ninguna práctica, por coherente que aspire a ser, se sostiene sin una mirada crítica que la acompañe.

            Plantearnos si también nosotros estamos equivocados no debilita aquello que defendemos. Al contrario, lo sitúa en un lugar más exigente. Porque obliga a sostenerlo no desde la certeza, sino desde la responsabilidad.

            Y quizá sea precisamente ahí donde el cuidado recupera todo su sentido. No como algo que se afirma, sino como algo que se ejerce.

            Porque en ese ejercicio, la duda no es un obstáculo. Es una condición.

[1] Escritora nacionalizada estadounidense, nacida de padres cubano-españoles (1903-1977).

GUERRAS QUE IMPORTAN, GUERRAS QUE SE OLVIDAN La memoria selectiva del orden mundial

            Las guerras no solo se suceden, se superponen, se desplazan y, lo que resulta más inquietante, se olvidan o ignoran. La actualidad no solo informa, también jerarquiza el dolor. Lo que ayer ocupaba portadas hoy se diluye en un silencio incómodo, sustituido por nuevos escenarios de muerte que reclaman atención inmediata. Ucrania y Palestina, durante meses epicentro de la indignación global, han ido perdiendo presencia en la conversación pública a medida que otros conflictos, especialmente en Oriente Próximo, capturan el foco mediático. Como si el sufrimiento tuviera caducidad. Como si la memoria colectiva funcionara al ritmo de los telediarios.

            Pero la guerra no desaparece cuando deja de ser noticia. Continúa. Mata. Destruye. Sin embargo, deja de interpelarnos. Las bombas no solo arrasan ciudades y vidas; también modelan la memoria, seleccionan qué tragedias permanecen y cuáles se desvanecen. En esa lógica perversa, el dolor se vuelve competitivo, sometido a una especie de mercado de la atención donde solo sobreviven las guerras que interesan.

            Porque no todas las guerras interesan. No todas generan análisis geopolíticos, ni declaraciones urgentes de líderes internacionales. Existen conflictos —Nagorno-Karabaj, Siria, Cachemira, la República Democrática del Congo, Yemen— que permanecen en una penumbra informativa casi permanente. No porque sean menos devastadores, sino porque lo que está en juego en ellos no resulta estratégico para los centros de poder global. No hay grandes reservas energéticas, ni equilibrios militares que redefinir, ni intereses económicos que justifiquen la movilización internacional.

            ¿Son menos importantes esas muertes? ¿Tiene menor valor la vida en función del territorio en el que se pierde? La respuesta, desde cualquier perspectiva ética, debería ser un rotundo no. Pero la práctica política y mediática parece sostener lo contrario. Hay vidas que cuentan más. Hay conflictos que pesan más. Y esa desigualdad, tan evidente como incómoda, revela hasta qué punto el llamado orden mundial se construye sobre criterios selectivos, profundamente desiguales. En ese escenario, la guerra ha dejado de ser la excepción para convertirse en una herramienta más de gestión política. La retórica moral actúa como coartada.

            A esta distorsión se suma la preocupante tendencia a interpretar las guerras como enfrentamientos ideológicos entre izquierdas y derechas. Plantearlas en esos términos no solo resulta simplista, sino profundamente demagógico e hipócrita. Las ideas no pueden ser nunca el fundamento de la guerra cuando deben ser el sustento de la paz. Utilizar las ideologías como justificación de la violencia supone vaciarlas de su sentido más profundo. Porque las ideas —cualesquiera que sean— deberían estar siempre al servicio de la vida, la dignidad y la libertad de las personas, no de su sometimiento o destrucción.

            Reducir los conflictos a etiquetas ideológicas implica, además, un reduccionismo inadmisible que oculta la complejidad de los intereses en juego. Bajo la apelación a la defensa de una patria —definida muchas veces, más por intereses que por valores— se legitiman acciones que poco tienen que ver con la protección de derechos y mucho con la imposición de poder. La ideología, así utilizada, deja de ser una herramienta de pensamiento para convertirse en instrumento de manipulación.

            Paradójicamente —cuando no cínicamente— algunos de los países que lideran estas intervenciones se presenten como garantes de libertades que en sus propios contextos vulneran o restringen. Se construye así una narrativa en la que la imposición se disfraza de liberación y la violencia se legitima como mecanismo de orden. Un orden, por cierto, definido unilateralmente por quienes detentan mayor poder económico, militar o simbólico.

            Pero ese orden no es neutral. Se sostiene sobre equilibrios de poder profundamente asimétricos que se reproducen también en las instituciones internacionales llamadas a garantizar la paz. La ONU, creada con el propósito de evitar conflictos globales, arrastra una contradicción estructural difícil de ignorar. Su funcionamiento depende, en gran medida, de los intereses de las grandes potencias.

            El derecho de veto en el Consejo de Seguridad no es solo un mecanismo técnico; es la expresión institucionalizada de esa desigualdad. Permitiendo que determinados países bloqueen resoluciones incluso cuando existe un amplio consenso internacional, convirtiendo la defensa del derecho internacional en una cuestión supeditada a intereses particulares. La consecuencia es una organización frecuentemente paralizada, incapaz de actuar con la contundencia, coherencia y efectividad que la situación global exige.

            Así, el llamado orden mundial se convierte en una construcción frágil, condicionada por quienes tienen la capacidad de imponer su visión. Y en ese contexto, la guerra deja de ser un fracaso colectivo para convertirse en una opción recurrente.

            Quizá el problema no sea la existencia de guerras, sino la manera en que las jerarquizamos. La guerra no debería importar por los objetivos que se le atribuyen, sino por las consecuencias que inevitablemente genera: muerte, destrucción, desplazamiento, sufrimiento humano. Mientras esa evidencia no se sitúe en el centro del debate, seguirán existiendo guerras visibles y guerras invisibles, víctimas reconocidas y víctimas olvidadas o ignoradas.

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Reflexión como enfermera comunitaria       

            Después de muchos años de ejercicio como enfermera, podría decir muchas cosas sobre la Atención Primaria y Comunitaria. Pero si algo he aprendido en todo este tiempo es que no se entiende desde un único lugar. La he vivido en la consulta, en los domicilios, en la gestión de equipos y servicios, en el aula, en la investigación y en los espacios donde se intenta pensar y orientar su desarrollo. Y en todos ellos he ido descubriendo, poco a poco, que la Atención Primaria no es solo un ámbito de atención ni un modelo organizativo. Es una forma de entender la salud, el cuidado y la relación con las personas. Una forma que no se explica del todo, sino que se construye en la práctica, en el contacto directo con la vida real.

            Fue precisamente en ese recorrido donde empecé a entender qué significa realmente cuidar. No como una tarea más, ni como un conjunto de intervenciones, sino como una forma de estar, de relacionarse y de acompañar. La Atención Primaria me permitió reconocer el valor del cuidado en toda su profundidad y, con ello, también construir mi propia identidad enfermera. Entender que cuidar no es algo accesorio, sino el núcleo desde el que se articula todo lo demás.

            Ese aprendizaje no fue solo técnico ni profesional. Fue también profundamente humano. Me permitió reconocer, valorar y respetar la diversidad en todas sus formas. Entender que no hay una única manera de vivir, de enfermar o de cuidar. Que la multiculturalidad no es un reto que gestionar, sino una realidad que comprender y con la que aprender a trabajar desde el respeto, la escucha y la adaptación constante.

            Como enfermera comunitaria, he aprendido que la salud no empieza ni termina en el sistema sanitario. Que lo que vemos en consulta es, muchas veces, solo la expresión visible de algo que se ha ido gestando mucho antes: en la casa, en el barrio, en el trabajo, en las relaciones, en el entorno. He aprendido que detrás de cada situación hay una historia que no siempre se deja clasificar ni responder a lo esperado.

            La Atención Primaria y Comunitaria es, para mí, ese lugar donde esa complejidad no se esquiva, sino que se reconoce. Donde no se intenta reducir la vida a categorías manejables, sino acompañarla en lo que tiene de incierto, de cambiante, de profundamente humano.

            También he aprendido que cuidar no es solo hacer. No es solo aplicar una técnica, ni transmitir una información, ni cumplir un protocolo. Cuidar es estar, es escuchar, es interpretar, es adaptar. Es sostener procesos que no siempre tienen un inicio claro ni un final definido. Es acompañar cuando no hay soluciones inmediatas. Es, muchas veces, permanecer.

            Y en ese camino, el trabajo compartido ha sido clave. Compartido con otros profesionales, sí, pero también —y sobre todo— con las personas, las familias y la comunidad. Aprendí que trabajar en equipo no significa diluir la propia identidad, ni renunciar a la autonomía, sino precisamente ejercerla con responsabilidad dentro de un proyecto común. Aportando desde lo propio, reconociendo lo ajeno y construyendo juntos respuestas más completas.

            Pero ese “juntos” va más allá de lo profesional. La Atención Primaria me enseñó que no se puede cuidar sin contar con las personas. Que no se trata de hacer por ellas, sino con ellas. Que la participación no es un añadido, sino una condición necesaria. Que el consenso no es una concesión, sino una forma de construir intervenciones más ajustadas, más respetuosas y, en definitiva, más eficaces.

            En ese proceso, los determinantes sociales y morales dejan de ser conceptos teóricos para convertirse en realidades concretas que condicionan la vida y la salud. La vivienda, el empleo, la red social, el entorno, las oportunidades… todo aquello que configura las posibilidades reales de las personas para vivir con salud. Y entender esto cambia la manera de cuidar. Porque obliga a mirar más allá, a contextualizar, a adaptar, a no simplificar lo que es complejo.

            Por eso, me cuesta entender la Atención Primaria sin hablar de equidad. Porque no todas las personas parten del mismo lugar, ni tienen las mismas oportunidades. Y porque cuidar, en ese contexto, implica también identificar las desigualdades, visibilizarlas y actuar para reducirlas.

            También he aprendido que la vulnerabilidad no es una etiqueta, sino una situación. Que no define a las personas, pero sí condiciona sus posibilidades. Y que reconocerla no es señalar, sino hacerse cargo desde el respeto.

            En ese camino, la dignidad deja de ser una palabra abstracta para convertirse en algo muy concreto. Está en la forma en que miramos, en cómo hablamos, en el tiempo que dedicamos, en las decisiones que compartimos.

            La Atención Primaria que he vivido —en la que creo— no es un ámbito menor ni un espacio de paso. Es, o debería ser, el eje sobre el que se construye un sistema de salud que tenga sentido. Un sistema que no solo responda cuando la enfermedad aparece, sino que sea capaz de anticiparse, de acompañar, de cuidar en el tiempo.

Pero también sé que no siempre es así. Que muchas veces trabajamos en estructuras que dificultan más que facilitan ese cuidado. Y ahí aparece esa incomodidad, esa sensación de que, aun haciendo lo que se espera, algo importante queda fuera.

            Aun así, sigo creyendo en la Atención Primaria. No desde la ingenuidad, sino desde la experiencia. Desde la certeza de que, cuando se dan las condiciones, es el lugar donde el sistema de salud se acerca más a lo que debería ser.

            Una Atención Primaria próxima, sí. Pero también resolutiva, diversa, capaz de integrar miradas, saberes y prácticas. Una Atención Primaria que no descuide la enfermedad, pero que no reduzca la salud a ella.

            Hoy, en el Día Internacional de la Atención Primaria, no me sale hacer una defensa grandilocuente. Me sale, más bien, recordar. Recordar lo aprendido, lo vivido, lo compartido.

            Porque es ahí, donde la vida ocurre, donde la Atención Primaria cobra sentido.

            Donde el cuidado deja de ser una intervención para convertirse en una forma de estar en el mundo.

            Porque cuando la Atención Primaria pierde su lugar, lo que se pierde no es solo organización o eficiencia. Lo que se pierde es la posibilidad de cuidar con sentido. Y con ella, una parte esencial de la dignidad humana.

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