Hay momentos en política en los que el vacío resulta tan evidente que se hace imposible ocultarlo o maquillarlo. Momentos en los que la ausencia de argumentos, la falta de ideas y la incapacidad para ofrecer alternativas se vuelven tan patentes que solo queda como salida, el ruido. Un ruido que no busca construir, sino distraer. Que no pretende aportar, sino confrontar. Y que, en demasiadas ocasiones, se traduce en una ofensiva directa contra derechos que han costado décadas de lucha, debate y consenso social.
Porque cuando no hay proyecto, se recurre al conflicto. Y cuando no hay propuestas, se fabrican enemigos.
En ese contexto se inscribe la ofensiva que algunos responsables políticos han decidido emprender contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Una cuestión que va mucho más allá de lo que se pretende simplificar o caricaturizar bajo el término “aborto”. Estamos hablando de un derecho reconocido, regulado y garantizado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que responde a la autonomía de las mujeres, a su dignidad y a su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida.
Reabrir este debate no responde a una demanda social real. No existe una movilización ciudadana significativa que reclame su supresión. No hay una necesidad sentida que justifique esta ofensiva. Sino más bien todo lo contrario, que se pueda acceder con garantías al mismo. Lo que hay, en cambio, es una estrategia política basada en el oportunismo, el populismo y la reacción. Una huida hacia adelante de quienes, incapaces de articular un discurso sólido, optan por dinamitar consensos y tensionar a la sociedad.
Resulta especialmente preocupante que esta deriva tenga rostro institucional. Que el alcalde de Elx, hombre él, decida erigirse en abanderado de una causa que no solo cuestiona un derecho consolidado, sino que lo hace, además, desde una posición de privilegio que ignora deliberadamente la realidad de las mujeres. Y que líderes de partidos como el PP y VOX no solo no frenen esta iniciativa, sino que la respalden y la amplifiquen, convirtiéndola en una bandera ideológica, es rechazable.
Intentar, además, confrontar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con el posicionamiento del Gobierno de España en contra de la guerra no es solo una falacia argumental, es una maniobra profundamente deshonesta y tramposa. Se trata de equiparar cuestiones que no son comparables, de enfrentar derechos con principios básicos de humanidad, de utilizar el sufrimiento y la barbarie de los conflictos bélicos como instrumento de confrontación política interna. Es, sencillamente, patético.
La defensa de la dignidad humana no se ejerce en compartimentos estancos ni se utiliza como arma arrojadiza. No se puede invocar el valor de la vida en abstracto mientras se cuestionan derechos concretos que garantizan la libertad, la seguridad y la autonomía de las personas. Y mucho menos cuando quienes lo hacen han demostrado, allí donde gobiernan, una tendencia sistemática a dificultar el acceso efectivo a ese mismo derecho que dicen querer “revisar”. Porque de eso se trata realmente.
No de abrir un debate sereno, informado y respetuoso. No de mejorar la legislación. No de escuchar a la ciudadanía. Se trata de restringir, de obstaculizar, de generar miedo y culpa. De construir un relato en el que las mujeres vuelvan a ser tuteladas, cuestionadas y señaladas. De retroceder. Y ese retroceso no es inocente.
Cuestionar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es cuestionar el conjunto de derechos que sostienen una sociedad democrática avanzada. Es abrir la puerta a la revisión de conquistas que se creían consolidadas. Es asumir que los derechos no son garantías, sino concesiones revisables en función de intereses políticos coyunturales.
Caer en esa trampa supone legitimar un marco profundamente peligroso. Porque ningún derecho obliga a nadie a ejercerlo. Quien no esté de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo no tiene por qué recurrir a ella. Pero eso no legitima, en ningún caso, que se limite o se elimine para quienes sí lo necesitan. Esa es la base de cualquier sociedad libre, la coexistencia de diferentes opciones dentro de un marco de respeto y legalidad. Lo contrario no es libertad. Es imposición.
El derecho a la vida no puede ser patrimonializado por nadie. No pertenece a ninguna ideología, ni a ningún partido, ni a ninguna confesión. Su defensa no pasa por recortar derechos, sino por garantizarlos. No se construye restringiendo libertades, sino ampliándolas.
Por eso, cuando desde las instituciones se promueven iniciativas que atacan derechos consolidados, no estamos ante un debate legítimo. Estamos ante una regresión que se enmascara como defensa de la libertad, aunque precisamente vaya contra ella.
Y frente a las regresiones, la respuesta no puede ser la indiferencia.
Porque cuando no hay ideas y se atacan derechos, lo que está en juego no es solo una ley. Es el modelo de sociedad que queremos ser.
Muy bien argumentado, José Ramón. Les molestan los derechos de las mujeres, quieren volver al «mujer en la casa on la pata quebrada, y si puede ser preñada». Es una ley constitucional, y es que hasta la Constitución les molesta. El último polítio que intentó algo similar fue obligado a dimitir arrollado por el movimiento feminista. Ahi está la hemeroteca. La cuestión es, como dices, la falta de ideas y el sectarismo.