Las guerras no solo se suceden, se superponen, se desplazan y, lo que resulta más inquietante, se olvidan o ignoran. La actualidad no solo informa, también jerarquiza el dolor. Lo que ayer ocupaba portadas hoy se diluye en un silencio incómodo, sustituido por nuevos escenarios de muerte que reclaman atención inmediata. Ucrania y Palestina, durante meses epicentro de la indignación global, han ido perdiendo presencia en la conversación pública a medida que otros conflictos, especialmente en Oriente Próximo, capturan el foco mediático. Como si el sufrimiento tuviera caducidad. Como si la memoria colectiva funcionara al ritmo de los telediarios.
Pero la guerra no desaparece cuando deja de ser noticia. Continúa. Mata. Destruye. Sin embargo, deja de interpelarnos. Las bombas no solo arrasan ciudades y vidas; también modelan la memoria, seleccionan qué tragedias permanecen y cuáles se desvanecen. En esa lógica perversa, el dolor se vuelve competitivo, sometido a una especie de mercado de la atención donde solo sobreviven las guerras que interesan.
Porque no todas las guerras interesan. No todas generan análisis geopolíticos, ni declaraciones urgentes de líderes internacionales. Existen conflictos —Nagorno-Karabaj, Siria, Cachemira, la República Democrática del Congo, Yemen— que permanecen en una penumbra informativa casi permanente. No porque sean menos devastadores, sino porque lo que está en juego en ellos no resulta estratégico para los centros de poder global. No hay grandes reservas energéticas, ni equilibrios militares que redefinir, ni intereses económicos que justifiquen la movilización internacional.
¿Son menos importantes esas muertes? ¿Tiene menor valor la vida en función del territorio en el que se pierde? La respuesta, desde cualquier perspectiva ética, debería ser un rotundo no. Pero la práctica política y mediática parece sostener lo contrario. Hay vidas que cuentan más. Hay conflictos que pesan más. Y esa desigualdad, tan evidente como incómoda, revela hasta qué punto el llamado orden mundial se construye sobre criterios selectivos, profundamente desiguales. En ese escenario, la guerra ha dejado de ser la excepción para convertirse en una herramienta más de gestión política. La retórica moral actúa como coartada.
A esta distorsión se suma la preocupante tendencia a interpretar las guerras como enfrentamientos ideológicos entre izquierdas y derechas. Plantearlas en esos términos no solo resulta simplista, sino profundamente demagógico e hipócrita. Las ideas no pueden ser nunca el fundamento de la guerra cuando deben ser el sustento de la paz. Utilizar las ideologías como justificación de la violencia supone vaciarlas de su sentido más profundo. Porque las ideas —cualesquiera que sean— deberían estar siempre al servicio de la vida, la dignidad y la libertad de las personas, no de su sometimiento o destrucción.
Reducir los conflictos a etiquetas ideológicas implica, además, un reduccionismo inadmisible que oculta la complejidad de los intereses en juego. Bajo la apelación a la defensa de una patria —definida muchas veces, más por intereses que por valores— se legitiman acciones que poco tienen que ver con la protección de derechos y mucho con la imposición de poder. La ideología, así utilizada, deja de ser una herramienta de pensamiento para convertirse en instrumento de manipulación.
Paradójicamente —cuando no cínicamente— algunos de los países que lideran estas intervenciones se presenten como garantes de libertades que en sus propios contextos vulneran o restringen. Se construye así una narrativa en la que la imposición se disfraza de liberación y la violencia se legitima como mecanismo de orden. Un orden, por cierto, definido unilateralmente por quienes detentan mayor poder económico, militar o simbólico.
Pero ese orden no es neutral. Se sostiene sobre equilibrios de poder profundamente asimétricos que se reproducen también en las instituciones internacionales llamadas a garantizar la paz. La ONU, creada con el propósito de evitar conflictos globales, arrastra una contradicción estructural difícil de ignorar. Su funcionamiento depende, en gran medida, de los intereses de las grandes potencias.
El derecho de veto en el Consejo de Seguridad no es solo un mecanismo técnico; es la expresión institucionalizada de esa desigualdad. Permitiendo que determinados países bloqueen resoluciones incluso cuando existe un amplio consenso internacional, convirtiendo la defensa del derecho internacional en una cuestión supeditada a intereses particulares. La consecuencia es una organización frecuentemente paralizada, incapaz de actuar con la contundencia, coherencia y efectividad que la situación global exige.
Así, el llamado orden mundial se convierte en una construcción frágil, condicionada por quienes tienen la capacidad de imponer su visión. Y en ese contexto, la guerra deja de ser un fracaso colectivo para convertirse en una opción recurrente.
Quizá el problema no sea la existencia de guerras, sino la manera en que las jerarquizamos. La guerra no debería importar por los objetivos que se le atribuyen, sino por las consecuencias que inevitablemente genera: muerte, destrucción, desplazamiento, sufrimiento humano. Mientras esa evidencia no se sitúe en el centro del debate, seguirán existiendo guerras visibles y guerras invisibles, víctimas reconocidas y víctimas olvidadas o ignoradas.