Los sindicatos médicos —que no los médicos— han dado un nuevo giro de tuerca en el pulso que mantienen con el Ministerio de Sanidad. Más allá de sus reivindicaciones, la estrategia de presión que están siguiendo empieza a resultar cada vez más difícil de comprender, tanto por su forma como por sus consecuencias.

            El último episodio, la decisión de abandonar un encuentro con responsables ministeriales ante la presencia de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, propuesta por las comunidades autónomas como elemento mediador, no es un gesto menor. Va más allá de un desplante institucional. Es una toma de posición respecto a quién debe —y quién no— formar parte de las conversaciones sobre salud.

            Porque lo que está en cuestión no es solo el formato de una reunión ni la idoneidad de un interlocutor. Lo que está en juego es el reconocimiento de las personas como sujetos activos dentro del sistema de salud. Rechazar la participación de organizaciones que representan a quienes reciben la atención, sostienen el sistema y le dan sentido último, transmite un mensaje difícilmente justificable.

            Esta decisión puede entenderse, por tanto, no solo como un gesto de tensión hacia el Ministerio, sino como una forma de desconsideración hacia las personas atendidas. Personas que no son receptoras pasivas, sino agentes fundamentales en la construcción, evaluación y mejora del sistema. Negar su presencia en el diálogo es, en la práctica, cuestionar su legitimidad para opinar sobre aquello que les afecta directamente.

            En este sentido, cabe plantear, dos posibles interpretaciones. Por un lado, que se considere que las reivindicaciones son exclusivamente laborales y, por tanto, ajenas a cualquier mirada externa. Sin embargo, esta visión resulta claramente limitada, porque lo que está en discusión no se circunscribe a condiciones laborales, sino que incorpora aspectos clave relacionados con la organización del sistema, la interprofesionalidad, la distribución de competencias y el propio modelo de atención. Cuestiones todas ellas que impactan directamente en la calidad, la accesibilidad y la continuidad de la atención, y sobre las que las personas no solo tienen derecho a opinar, sino también a participar en su definición. Reducir este debate a una dimensión estrictamente laboral no solo simplifica en exceso la realidad, sino que invisibiliza el papel legítimo de la ciudadanía en la configuración del sistema.

            Por otro lado, también cabe pensar que lo que se evita no es tanto la presencia en sí, sino la posibilidad de escuchar voces incómodas. Voces que, desde la experiencia vivida, puedan señalar incoherencias, evidenciar efectos no deseados o cuestionar planteamientos excesivamente centrados en intereses corporativos. Si así fuera, la preocupación sería aún mayor, porque evidenciaría una concepción del diálogo más orientada a la reafirmación que a la construcción compartida.

            A ello se suma un elemento especialmente relevante. La propuesta de incorporar a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes no parte solo del Ministerio, sino de las comunidades autónomas, que representan una pluralidad política y territorial significativa. Rechazar de plano esta iniciativa, sin explorar su potencial como espacio de mediación, transmite una posición de rigidez que debilita la credibilidad de cualquier proceso negociador.

            Si, además, se tiene en cuenta que la presencia de dicha plataforma era conocida de antemano. Decidir no sentarse en la mesa en esas condiciones no parece responder a una reacción improvisada, sino a una estrategia asumida. Porque negociar implica aceptar la complejidad, reconocer la diversidad de actores y asumir que los procesos no siempre se desarrollan en los términos deseados.

            Argumentar que la incorporación de un interlocutor no consensuado introduce ruido o diluye la negociación puede parecer razonable en un primer momento. Sin embargo, cuando ese interlocutor representa a las personas directamente afectadas, el argumento pierde solidez. Más aún cuando su participación responde a la voluntad de facilitar el entendimiento en un contexto de bloqueo.

            Persistir en una postura de aislamiento, alejándose no solo de otras fuerzas sindicales sino también de una parte de los propios profesionales, incluidos muchos médicos, no fortalece la posición negociadora. Al contrario, proyecta una imagen de intransigencia.

            Porque lo que está en juego va mucho más allá de las demandas de un colectivo concreto. Está en juego la concepción misma del sistema de salud. Un sistema que no puede construirse desde posiciones unilaterales. La salud es una responsabilidad compartida, un espacio de encuentro entre profesionales, instituciones y ciudadanía.

            Reducir ese espacio a un ámbito exclusivamente corporativo empobrece el debate y limita las posibilidades de avanzar hacia modelos más justos, eficaces y coherentes con las necesidades reales de la población.

            Quizá ha llegado el momento de recuperar algo tan básico como la voluntad de escuchar. No como gesto simbólico, sino como condición imprescindible para construir acuerdos sólidos. Porque en salud, como en tantos otros ámbitos, el problema no es la falta de razones, sino la incapacidad de reconocer que ninguna es suficiente por sí sola.