Hay debates que, más allá de su contenido aparente, revelan con claridad las tensiones profundas de un sistema. La reciente reacción de determinadas organizaciones médicas ante la propuesta de reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) es uno de ellos. No tanto por lo que dicen, sino por lo que evidencian.
Tras la reforma del Estatuto Marco, que ya generó demandas corporativas de un estatuto propio para el colectivo médico, la nueva propuesta de modificación de la LOPS ha vuelto a activar una respuesta en la misma dirección. En este caso, desde la Organización Médica Colegial (OMC) se reclama que la ley refuerce el liderazgo médico para evitar supuestas “zonas grises” que, según se argumenta, podrían afectar a la calidad asistencial. Una petición que, más allá de su formulación, plantea un problema de fondo, como es confundir competencias con jerarquía, y calidad con control.
Porque una cosa es que una ley recoja con claridad las competencias de cada profesión, y otra muy distinta es que establezca, por mandato normativo, el liderazgo de una de ellas sobre las demás. Pretender que el liderazgo se legisle no solo resulta conceptualmente improcedente, sino que desnaturaliza el propio sentido de una norma como la LOPS. El liderazgo no se impone por ley, se construye en la práctica, se legitima en el conocimiento, en la capacidad de respuesta y en el reconocimiento del resto de profesionales. Convertirlo en una categoría jurídica es, en realidad, una forma de blindar posiciones de poder bajo la apariencia de garantizar la calidad.
El problema no es menor. Porque introducir el liderazgo de una profesión como principio normativo supone, en la práctica, condicionar el modelo organizativo del sistema sanitario hacia esquemas uniprofesionales. Es decir, hacia un modelo en el que el resto de profesiones quedan subordinadas no por la lógica de las necesidades de salud, sino por una jerarquía previamente establecida. Y eso no solo es incompatible con la complejidad actual de los problemas de salud, sino que resulta claramente ineficiente.
La atención en salud, hoy, no puede entenderse desde compartimentos estancos ni desde lógicas de supremacía profesional. Requiere necesariamente del trabajo en equipo, de la articulación de competencias diversas y del desarrollo de modelos transdisciplinares en los que cada profesión aporte desde su especificidad. No se trata de diluir responsabilidades, sino de integrarlas. De pasar de un modelo centrado en quién lidera a otro centrado en cómo se responde mejor a las necesidades de las personas, las familias y la comunidad.
Porque ese debería ser, precisamente, el objetivo de cualquier reforma, mejorar la atención en salud, no reforzar el estatus de ninguna profesión. La calidad —y también la calidez— no dependen de la preeminencia legal de un colectivo, sino de la capacidad del sistema para organizarse de manera eficiente, colaborativa y orientada a resultados en salud. Pretender lo contrario es perpetuar un modelo asistencialista que ha mostrado sobradamente sus limitaciones.
No es la primera vez que esto ocurre. Coincidiendo con el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad (LGS), conviene recordar —como ha señalado Pedro Sabando— que aquella norma, impulsada por su máximo protagonista y valedor, Ernest Lluch, también encontró una fuerte oposición por parte de la OMC. Huelgas, concentraciones y episodios como la llamada Operación Primavera formaron parte de una estrategia de resistencia que, vista con perspectiva, no logró frenar una de las reformas más importantes del sistema sanitario español. Al contrario, la LGS supuso un avance decisivo en su modernización y sentó las bases para desarrollos posteriores como la propia LOPS.
Lo que entonces se presentó como una amenaza, hoy se reconoce como un hito. Y, sin embargo, el patrón se repite. Cada intento de reforma es interpretado por ciertos sectores como un ataque, como una pérdida de posiciones, como un riesgo para su papel dentro del sistema. Una lectura sesgada que desplaza el foco, de la mejora del sistema a la defensa corporativa.
Esta forma de situarse no solo dificulta el avance, sino que empobrece el debate. Porque convierte una discusión que debería ser técnica, organizativa y orientada al bien común, en una confrontación de intereses profesionales. Y en ese desplazamiento se pierde lo esencial: que el sistema sanitario no existe para dar respuesta a las necesidades de las profesiones, sino a las necesidades de salud de la población.
La reforma de la LOPS debería ser una oportunidad para reforzar precisamente aquello que más necesitamos, claridad competencial, trabajo en equipo, coordinación entre ámbitos de atención y desarrollo de modelos de atención integrales, integrados e integradores.
Hay que abandonar determinadas inercias. Entender que el reconocimiento profesional no se obtiene por decreto, sino por aportación real. Y asumir que la fortaleza de un sistema no reside en la supremacía de una profesión, sino en la capacidad de todas para trabajar juntas.