La reciente derrota de Viktor Orbán en Hungría no es un hecho aislado ni una simple alternancia política. Es, sobre todo, un síntoma. Un indicio de desgaste de una forma de entender la política basada en el repliegue identitario, el autoritarismo encubierto y la confrontación permanente como estrategia. Y, al mismo tiempo, abre una grieta significativa en el bloque de la derecha más reaccionaria europea.
Mientras una parte relevante de la derecha europea ha comenzado a tomar distancia —por convicción o por pragmatismo— de los discursos más extremos y de alianzas incómodas con liderazgos como los de Donald Trump o Benjamin Netanyahu, en España el Partido Popular parece haber optado por el camino de la dependencia creciente de VOX. Y esa elección no es neutra. Tiene consecuencias políticas, institucionales y, sobre todo, democráticas.
La guerra contra Irán, iniciada de manera ilegal por Estados Unidos e Israel, ha evidenciado esta divergencia. Cuando los argumentos de ambigüedad o de apoyo implícito dejaron de sostenerse ante la presión internacional, muchas fuerzas conservadoras europeas optaron por posiciones más coherentes con el derecho internacional. Sin embargo, la derecha española quedó descolgada, atrapada entre la falta de un discurso propio y la necesidad de mantener una confrontación constante con el Gobierno de Pedro Sánchez, incluso a costa de desdibujar su propia credibilidad exterior.
En ese contexto, la migración se ha convertido en el nuevo campo de batalla. No desde una perspectiva de gestión, de derechos o de cohesión social, sino como instrumento de desgaste político. La propuesta de regularización impulsada por el Gobierno ha sido utilizada para desplegar un argumentario basado en el alarmismo, la desinformación y, en no pocas ocasiones, la mentira. Calificar dicha regularización como “inhumana, injusta, insegura e insostenible”, como ha hecho Núñez Feijóo, no solo distorsiona la realidad, sino que invierte perversamente los términos del debate. Porque lo que resulta inhumano e inseguro es, precisamente, la ausencia de regularización.
Pero quizá uno de los ejemplos más reveladores de esta deriva discursiva sea la comparación que el propio Feijóo ha establecido entre Pedro Sánchez y Viktor Orbán, al calificar al presidente del Gobierno como “el Orbán del sur”. Más allá de lo burdo de la expresión, lo preocupante es el intento de construir un relato sin base objetiva. ¿A quién pretende engañar? Equiparar a un dirigente que actúa dentro del Estado de derecho con un líder cuestionado por sus derivas autoritarias —y con quien PP y VOX han compartido afinidades— no solo es intelectualmente deshonesto, sino que evidencia una preocupante infantilización del discurso político. No es una crítica legítima, sino una caricatura interesada que busca confusión y polarización.
Este posicionamiento no puede entenderse al margen de las dinámicas internas de poder. Los acuerdos y negociaciones del Partido Popular con VOX en comunidades como Extremadura, Castilla y León o Aragón —y previsiblemente en Andalucía— están condicionando su discurso. Lejos de marcar perfil propio, el PP parece plegarse a las exigencias de un socio que, ante la pérdida de impulso electoral, intensifica su presión para mantener relevancia política. El resultado es una derecha atrapada entre su propia debilidad y la radicalidad de quien le sostiene.
La situación en la Comunitat Valenciana es especialmente ilustrativa. La decisión de mantener símbolos franquistas bajo el pretexto de preservar el patrimonio histórico no solo es discutible, sino profundamente problemática desde una perspectiva democrática. Una propuesta que, además, va a ser apoyada por el Partido Popular, evidenciando tanto su dependencia de VOX como la debilidad del Gobierno de Pérez Llorca, incapaz de sostener un argumentario propio. Equiparar estos símbolos con elementos históricos neutros, como han hecho algunos representantes de VOX, constituye una manipulación que banaliza el significado de una dictadura que vulneró sistemáticamente derechos y libertades.
No se trata de borrar la historia, sino de contextualizarla y de impedir que sus vestigios se conviertan en legitimación simbólica de un pasado incompatible con los valores constitucionales. La democracia no se construye sobre la equidistancia entre quienes defendieron la libertad y quienes la negaron.
A esta deriva discursiva se suma una preocupante degradación institucional. Episodios como el protagonizado por el diputado de VOX José María Sánchez, en un acto de falta de respeto hacia la presidencia de las Cortes, no pueden interpretarse como meras anécdotas. Son manifestaciones de una forma de hacer política que erosiona las reglas básicas de convivencia democrática. Que el Partido Popular se haya negado a condenarlos refuerza la percepción de una complicidad táctica con alto coste político.
La derecha española ha rechazado reconstruir un proyecto autónomo, con alternativas creíbles dentro de una democracia madura, para profundizar en una estrategia de dependencia y radicalización que, lejos de fortalecerla, la debilita. Pero además para ratificar su decisión y al mismo tiempo no parecer un juguete en manos de VOX, prefiere decir que su cambio de actitud obedece a la convicción y no a la presión de VOX. No sé, realmente, qué es peor y qué me genera más tristeza, rabia y rechazo. Básicamente por un sentimiento democrático.