En política, hay momentos en los que las decisiones dejan de ser tácticas para convertirse en reveladoras. Los pactos que el Partido Popular está cerrando con VOX allí donde necesita sus votos no son simples acuerdos de conveniencia, son una radiografía bastante precisa de hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener sus intereses políticos, aunque sea en contra de los de la ciudadanía. Y lo cierto es que la imagen que devuelven no es especialmente tranquilizadora.

            Porque de VOX, a estas alturas, ya no extraña nada. Su proyecto político es nítido, su discurso reconocible y su ambición, explícita. Si en algún momento optaron por influir desde fuera, sin asumir responsabilidades de gobierno, fue por cálculo. Pero han aprendido rápido que la invisibilidad resta más de lo que suma. Y ahora tensan la cuerda sin complejos para lograr poder, quieren sillones y quieren capacidad de decisión. Nada que no hayan dicho ya, por otra parte.

            La cuestión relevante no es, por tanto, lo que hace VOX, sino lo que acepta el Partido Popular. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque el PP parece empeñado en practicar un ejercicio de funambulismo político. Firma acuerdos que después intenta suavizar, pacta medidas que luego matiza, asume compromisos que disfraza de otra cosa. Es decir, tira la piedra y esconde la mano. Una estrategia que pretende contentar a todos y que, como suele ocurrir, acaba generando desconfianza en todos.

            Resulta difícil sostener una imagen de moderación mientras se cede terreno en cuestiones que afectan a derechos, libertades o principios básicos de convivencia. No se trata solo de una cuestión ideológica —que también—, sino de coherencia. Un partido que aspira a ser percibido como fuerza de Estado no puede permitirse el lujo de actuar como si cualquier concesión fuera intercambiable por cuotas de poder. Porque no lo es. Y porque el precio de esas concesiones no lo paga únicamente el partido que las firma, sino el conjunto de la sociedad.

            El liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que en su día quiso presentarse como garantía de centralidad y sensatez, empieza a mostrar grietas difíciles de ocultar. No solo por lo que dice, sino por lo que hace. Y, sobre todo, por la distancia creciente entre ambas cosas. La política no exige pureza absoluta, pero sí un mínimo de coherencia interna. Y cuando esa coherencia se resquebraja, el discurso se vuelve frágil y la credibilidad se erosiona.

            Hay, además, un componente de cálculo a corto plazo que resulta especialmente preocupante. Gobernar a cualquier precio no es gobernar mejor. Es, en muchos casos, gobernar peor. Porque implica renunciar a líneas rojas, diluir principios y asumir agendas que no son propias. Y eso tiene consecuencias. No solo electorales, sino institucionales y sociales.

            Dejarse arrastrar por postulados que apelan a un patriotismo simplista, emocional y, en ocasiones, excluyente no fortalece la democracia. La debilita. Porque sustituye el debate racional por consignas, la complejidad por eslóganes y la convivencia por confrontación. Y cuando esas dinámicas se normalizan desde posiciones de poder, el daño es más profundo y más difícil de revertir.

            Conviene recordar, además, un hecho elemental que a veces se pierde en el ruido político. Feijóo no es presidente del Gobierno porque no cuenta con los apoyos necesarios. No hay conspiración, ni anomalía democrática, ni agravio oculto. Hay aritmética parlamentaria. Y pretender compensar esa realidad acumulando poder territorial a base de acuerdos cada vez más cuestionables no parece la estrategia más sólida para construir una alternativa creíble.

            Más bien al contrario. Da la impresión de que se está optando por una especie de revancha política que prioriza el control institucional sobre la coherencia del proyecto. Como si el objetivo fuera demostrar que se puede gobernar, aunque sea al precio de desdibujar el propio perfil. Y eso, a medio plazo, suele salir caro.

            Porque VOX no va a conformarse con un papel secundario indefinido. No lo ha hecho hasta ahora y no lo hará en el futuro. Cada cesión abre la puerta a una nueva exigencia, cada acuerdo sienta un precedente. Y pensar que se puede controlar esa dinámica sin asumir sus consecuencias es, cuando menos, ingenuo.

            Lo que estamos viendo puede ser, en efecto, solo la antesala de algo mayor. Un proceso en el que las posiciones se radicalizan, los márgenes se estrechan y la política se vuelve más áspera. Y en ese contexto, la responsabilidad de quienes aspiran a liderar el país debería ser ampliar espacios, tender puentes y reforzar consensos.

            Alguien debería decirle a Feijóo que así no se llega a la presidencia del Gobierno. No al menos de una manera sólida, coherente y duradera. Porque el poder, cuando se construye sobre renuncias constantes y contradicciones evidentes, termina siendo tan frágil como efímero. Y la política española, a estas alturas, no está para más experimentos.