Cada 1 de mayo volvemos a celebrar el Día Internacional del Trabajo. O, al menos, eso decimos. Porque conviene preguntarse, con cierta honestidad, qué es exactamente lo que celebramos.
Pocos días del calendario tienen tanto sentido como este. El trabajo ha sido, históricamente, uno de los pilares sobre los que se ha construido la sociedad moderna. No solo como fuente de ingresos, sino como elemento de identidad, de pertenencia y de dignidad. El trabajo permitió consolidar una clase media que actuó como motor económico, sostén social y garantía de estabilidad democrática.
Pero ese relato, que durante años funcionó como contrato implícito entre sociedad y ciudadanía, se está desmoronando. Hoy, tener trabajo ya no significa necesariamente vivir mejor. Ni siquiera vivir con dignidad. Tener un empleo ha dejado de ser sinónimo de estabilidad, de acceso a una vivienda digna o de capacidad para construir un proyecto de vida. Para demasiadas personas, trabajar significa sobrevivir.
El empleo se ha convertido en un dato estadístico, en un indicador que se exhibe con orgullo en discursos políticos, pero que cada vez refleja menos la realidad de quienes lo ocupan. Se crean empleos, sí. Pero ¿qué tipo de empleos? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué salarios?
La precariedad ha dejado de ser una excepción para convertirse en norma. Y esto no es solo un problema económico. Es también un problema de salud. El empleo ha sido y sigue siendo uno de los principales determinantes sociales de la salud. Las condiciones en las que se trabaja determinan cómo se vive, cómo se enferma y cómo se muere.
Sin embargo, en la medida en que el trabajo se precariza, también lo hace la salud de quienes lo desempeñan. Jornadas extensas, inseguridad laboral, salarios insuficientes, entornos tóxicos, estrés crónico o desgaste emocional están generando un aumento sostenido de problemas de salud directamente vinculados al trabajo.
Y, pese a ello, la respuesta sigue siendo insuficiente. No se invierte lo necesario en prevención. No se prioriza la salud laboral como un eje estratégico. Se normaliza el malestar, se individualizan sus consecuencias y se invisibiliza su origen estructural.
Mientras tanto, la clase media se diluye. No desaparece de golpe, pero pierde identidad, capacidad de influencia y estabilidad. Ha sido erosionada por un modelo económico que concentra riqueza y reparte incertidumbre.
En ese modelo, las grandes fortunas no solo acumulan capital, sino también poder. Un poder que condiciona decisiones políticas y redefine las reglas del juego en su propio beneficio. La desigualdad deja de ser una consecuencia para convertirse en estructura.
A esto se suma una transformación tecnológica que avanza sin un marco social ni legal que la regule. Mientras una minoría multiplica beneficios, una parte creciente de la población ve deteriorarse sus condiciones laborales o desaparecer sus oportunidades sin alternativas reales.
Y en medio de este escenario, la respuesta colectiva se debilita. Los sindicatos pierden fuerza, cuestionados o desplazados por dinámicas más corporativas. La movilización se diluye. Y la desafección política crece, dejando un vacío que otros se apresuran a ocupar.
Los populismos han aprendido a capitalizar ese malestar. Utilizan el lenguaje de la defensa del trabajo, pero lo hacen para simplificar problemas complejos, señalar enemigos equivocados y construir relatos basados en el miedo o la identidad. Prometen protección, pero raramente ofrecen soluciones reales.
Mientras tanto, la realidad sigue avanzando. La migración, imprescindible para sostener sectores enteros de la economía, es utilizada como chivo expiatorio. Se criminaliza a quienes ocupan los trabajos más precarios, al tiempo que se mantiene un sistema que necesita esa precariedad para funcionar. Una nueva forma de explotación que convive con discursos de rechazo.
La paradoja es evidente. Se celebra el trabajo en un contexto en el que trabajar no garantiza derechos básicos. Se reivindica el empleo mientras se vacía de contenido. Se levantan pancartas que, en demasiadas ocasiones, no se traducen en cambios reales.
Quizá ha llegado el momento de replantear el sentido de este día. No se trata de dejar de conmemorarlo, sino de hacerlo con mayor honestidad. De asumir que no basta con celebrar el trabajo si no se cuestionan sus condiciones. De entender que el problema no es solo la cantidad de empleo, sino su calidad, su dignidad y su impacto en la vida y en la salud.
El 1 de mayo debería ser, sobre todo, un día de exigencia. Exigencia para que el trabajo vuelva a ser un instrumento de cohesión social y no de desigualdad. Para que contribuya a la salud y no a la enfermedad de quienes lo sostienen. Para que la riqueza que genera se redistribuya de manera justa. Para que las reglas no beneficien solo a quienes ya parten con ventaja.
Si trabajar no permite vivir con dignidad —ni hacerlo con salud—, el problema no es de quienes trabajan. El problema es del modelo que hemos construido.
Que buen artículo, tan vigente.los que hemos trabajado más de la mitad de nuestras vidas y ahora recibimos migajas que apenas alcanzan para subsistir comprendemos muy bien lo vertido en el.