Determinadas palabras, cuando se repiten demasiado, pierden significado. “Cumplimos” es una de ellas. No porque carezca de valor, sino porque su uso abusivo acaba convirtiéndola en un recurso publicitario más que en una expresión de responsabilidad política. Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es solo el lenguaje, sino la confianza.
Que un partido decida, a más de un año de unas elecciones autonómicas, inundar las calles con carteles del president de la Generalitat Valenciana bajo el lema “Cumplimos. Bajamos los impuestos” no es algo banal. Es una declaración de intenciones. O, más bien, una estrategia para interiorizar en el imaginario común una idea que, ampliamente repetida, aspira a convertirse en verdad incuestionable.
Pero las palabras, por sí solas, no cumplen. Cumplen los hechos. Y cuando se necesita decir lo que se hace o se cumple, lo más probable es que ni se esté haciendo ni se esté cumpliendo; de lo contrario, no haría falta anunciarlo como si fuera una oferta de grandes almacenes.
Porque sí, los impuestos pueden haber bajado. Esa es la consigna del PP, repetida hasta la saciedad. El mantra. Pero lo que los carteles no explican —y ahí reside la trampa— es para quién han bajado, en qué medida y, sobre todo, a costa de qué. Reducir ingresos públicos no es una decisión inocua. Tiene consecuencias. Y esas consecuencias no se distribuyen de manera equitativa.
Cuando se recauda menos, se invierte menos. Y cuando se invierte menos, los primeros en notarlo no son quienes pueden permitirse alternativas, sino quienes dependen de los servicios públicos para sostener su vida cotidiana. La sanidad, la educación, la justicia —ese entramado que sostiene el Estado social— no se mantienen con eslóganes, sino con recursos. Y esos recursos no aparecen por generación espontánea.
Más allá del debate fiscal, lo verdaderamente relevante es la distancia entre el mensaje y la realidad. Porque el problema no es solo lo que se anuncia, sino lo que se omite.
Se omite, el incumplimiento reiterado con las víctimas de la DANA. Un dolor que no se resuelve con silencios administrativos ni con tiempos dilatados, sino con respuestas claras, ágiles y comprometidas. Se omite la persistente sombra política que rodea a Carlos Mazón, cuya situación no puede despacharse con una estrategia de invisibilización institucional, como si el problema desapareciera con no verlo o nombrarlo.
Se omite el debilitamiento progresivo de la lengua valenciana, por acción y omisión. Se omite, el cuestionamiento implícito a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución estatutaria cuya legitimidad resulta incómoda cuando no se alinea con determinados intereses.
Se omiten las políticas que afectan directamente a los derechos de las mujeres. No solo en lo que respecta a su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, sino en la tibieza —cuando no retroceso— frente a la violencia de género. Se omite el tratamiento de la inmigración desde enfoques que rozan, peligrosamente, la exclusión más que la integración. Se omite la creciente dificultad de acceso a una vivienda digna. Se omite el deterioro de la sanidad pública, tensionada por decisiones que favorecen, cada vez con menos disimulo, intereses privados. Se omite, en definitiva, todo aquello que no encaja en el relato de cumplimiento.
Y, sin embargo, es precisamente en esos espacios donde se mide la acción de gobierno.
Porque gobernar no es colocar carteles. Gobernar es asumir responsabilidades, incluso cuando resultan incómodas. Es tomar decisiones que no siempre generan aplausos, pero sí garantizan derechos. Es rendir cuentas, no construir relatos.
La coincidencia temporal de esta ofensiva publicitaria con determinados movimientos en el escenario político valenciano —como la reaparición de figuras con capacidad de movilización electoral— puede interpretarse de muchas maneras. Pero incluso si fuera una casualidad, el fondo seguiría siendo el mismo, porque cuando la política se reduce a propaganda, la gestión queda en segundo plano.
Lo que parece sostener estas estrategias no es tanto la convicción en lo que se hace, sino la necesidad de reforzar una posición debilitada. Una posición condicionada por equilibrios internos, dependencias externas y compromisos que limitan la capacidad de actuar con autonomía.
La influencia de determinadas fuerzas políticas, asumidas como condición para gobernar, no es inocua ni es gratuita. Tampoco lo es la sombra de liderazgos que, aun sin ocupar formalmente el primer plano, continúan marcando el ritmo de las decisiones. En ese contexto, la publicidad no es solo comunicación. Es, también, un mecanismo de defensa.
Pero la ciudadanía no necesita defensas retóricas. Necesita coherencia.
Señor Pérez Llorca, cumplir no es decir que se cumple. Cumplir es responder a las necesidades reales de la ciudadanía, incluso cuando no generan titulares favorables. Cumplir es proteger lo común, no debilitarlo. Cumplir es gobernar pensando en el conjunto, no en la próxima campaña.
Porque cuando el “cumplimos” se convierte en eslogan, corre el riesgo de revelar, precisamente, lo contrario.
Muy bien dicho, las bajadas de impuestos tienen su repercusión en la calidad de los servicios públicos y ya se van notando las consecuencias de las políticas de estos últimos años