Hay conflictos que dejan de ser únicamente laborales para convertirse en el reflejo exacto de cómo un gobierno entiende lo público. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con la huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana. Porque lo que hoy se discute ya no son solo ratios, plantillas, condiciones laborales o infraestructuras educativas. Lo que realmente ha quedado al descubierto es la manera en que el Consell presidido por Pérez Llorca concibe la educación pública y el respeto hacia quienes la hacen posible a diario.
Mantener una huelga indefinida supone un desgaste económico, emocional y profesional enorme para quienes la secundan. Por eso resulta especialmente significativo que, lejos de diluirse, las movilizaciones hayan ido creciendo y encontrando respaldo no solo entre docentes, sino también entre familias, alumnado y amplios sectores de la ciudadanía. Cuando eso sucede, el problema ya no puede reducirse a una protesta sindical. Lo que emerge es una sensación colectiva de deterioro, abandono y falta de escucha institucional.
Ante una situación así, cabría esperar prudencia, capacidad de negociación y voluntad política de acuerdo. Sin embargo, la reacción del PP valenciano ha transitado justamente por el camino contrario. La afirmación de que “los docentes están enfermos en invierno y sanos en verano” no constituye simplemente un comentario desafortunado. Es una descalificación profundamente irresponsable hacia miles de profesionales que desempeñan una labor esencial para cualquier sociedad democrática.
Pero más allá de la torpeza política de semejantes declaraciones, lo verdaderamente preocupante es la inquina que parecen evidenciar hacia unos funcionarios a quienes cualquier gobierno debería defender a capa y espada, a pesar de desacuerdos puntuales como los que generan una huelga. Porque gobernar no consiste en desacreditar a quienes sostienen los servicios públicos, sino en protegerlos, escucharlos y tratar de garantizar las mejores condiciones posibles para que puedan desarrollar su trabajo.
Cuando un gobierno opta por ridiculizar a quienes protestan en lugar de afrontar las causas de la protesta, deja de actuar como parte de la solución para convertirse directamente en parte del problema. Y lo más grave es que ese tipo de declaraciones no solo deterioran la negociación; deterioran también la legitimidad institucional de quienes las realizan.
Resulta además inevitable comparar la actitud mantenida por el Consell ante esta huelga con la que viene mostrando desde hace meses con funcionarios de otro sector público. La diferencia de tono, de consideración y de respuesta política ha sido demasiado evidente como para ignorarla. Y eso alimenta la percepción de que existen funcionarios de primera y de segunda; profesionales merecedores de reconocimiento institucional y otros a quienes se puede desacreditar públicamente sin excesivo coste político.
Tampoco ayuda, precisamente, acusar al profesorado de haber esperado a que gobernase el PP para iniciar las movilizaciones. Ese tipo de argumentos no solo resultan pobres; revelan una preocupante incapacidad para asumir responsabilidades propias. Porque es evidente que muchos problemas de la educación pública valenciana son estructurales y vienen de lejos. Pero también lo es que el actual Consell no solo no ha conseguido reconducirlos, sino que ha agravado el clima de confrontación mediante decisiones impropias de quien debería liderar soluciones.
Mientras el gobierno valenciano traslada la idea propagandística de que “cumple bajando impuestos”, la realidad demuestra que las rebajas fiscales tienen consecuencias directas sobre la capacidad de sostener servicios públicos de calidad. Cuando la prioridad política pasa por reducir ingresos mientras la educación pública acumula déficits tan graves, lo que termina emergiendo no es eficiencia, sino deterioro.
No se puede defender la excelencia educativa mientras se minusvalora al profesorado. No se puede reclamar compromiso cuando quienes sostienen el sistema reciben sospechas, descalificaciones o desprecio institucional. Y no se puede exigir calidad en la educación pública mientras se vacía progresivamente de recursos, reconocimiento y capacidad de respuesta.
Toda negociación exige cesiones. Pero para negociar hacen falta tres elementos imprescindibles: respeto, credibilidad y voluntad real de acuerdo. Y son precisamente esos tres elementos los que el Consell parece haber ido perdiendo conforme el conflicto avanzaba. Porque una cosa es discrepar ante determinadas reivindicaciones y otra muy distinta intentar desgastar públicamente a quienes protestan.
Si el president de la Generalitat considera que la actual Consellera de Educació ha agotado su capacidad política para gestionar este conflicto, lo coherente sería actuar en consecuencia. Lo que no resulta aceptable es permitir que la situación continúe deteriorándose mientras se responde con soberbia, pasividad y declaraciones incendiarias que solo incrementan la tensión.
Finalmente, lo que queda patente es la escasa consideración que este gobierno demuestra hacia la educación pública. Ese y no otro es el verdadero problema. La triste realidad y la penosa vergüenza de un gobierno incapaz de comprender que la educación no constituye un gasto incómodo, sino una de las principales garantías de igualdad, cohesión social y dignidad democrática de cualquier sociedad que aspire realmente a tener futuro.