El próximo 20 de junio no se celebran únicamente unas elecciones en el Consejo General de Enfermería (CGE). Lo que está en juego es algo mucho más importante: la credibilidad democrática de la principal institución representativa de las enfermeras españolas.

            A primera vista podría parecer una cita interna, limitada al ámbito profesional. Sin embargo, las organizaciones que representan a más de 350.000 enfermeras tienen una enorme trascendencia social y contribuyen a construir la imagen pública de una profesión esencial para la salud y el bienestar de la ciudadanía.

            Durante décadas, el CGE ha estado marcado por una continuidad institucional extraordinariamente prolongada. Una permanencia que, más allá de las personas concretas, ha consolidado una forma de entender la representación profesional que ha terminado alejando progresivamente a muchas enfermeras de sus instituciones colegiales. Cuando una organización genera más indiferencia que pertenencia, más distancia que proximidad y más rechazo que implicación, resulta obligado cuestionar no solo quién la dirige, sino también las dinámicas que han permitido que esa situación se mantenga durante tanto tiempo.

            Las debilidades del modelo actual son evidentes. Las enfermeras no eligen directamente a quienes gobiernan el Consejo General. Son los colegios provinciales quienes ejercen el voto y, además, para concurrir al proceso electoral es necesario contar con el aval de un número significativo de ellos. Se configura así un sistema perverso donde la capacidad de decisión de las enfermeras queda mediatizada por estructuras intermedias que, en demasiadas ocasiones, han actuado más como garantes de la continuidad que como impulsores de la renovación.

            No se trata únicamente de una cuestión procedimental. Se trata de un modelo que favorece relaciones de dependencia, equilibrios internos y cadenas de favores que dificultan la aparición de alternativas reales. Un sistema diseñado hace décadas que, lejos de estimular la participación profesional, ha terminado consolidando una cultura institucional donde la estabilidad de las estructuras parece haber tenido más importancia que la conexión con las enfermeras a las que supuestamente representan.

            A ello se suma una realidad frecuentemente ignorada. La colegiación es obligatoria para poder ejercer la profesión. No estamos, por tanto, ante una organización cuya fortaleza dependa de la capacidad de atraer, convencer o fidelizar a sus miembros. Se trata de una relación institucional obligada que genera una suerte de relación clientelar imperfecta. Las enfermeras deben pertenecer y contribuir económicamente al sistema colegial con independencia de que se sientan o no representadas por él.

            Esta circunstancia tiene profundas consecuencias. Cuando la pertenencia no depende de la confianza, del reconocimiento o de la identificación con el proyecto institucional, disminuyen los incentivos para rendir cuentas ante quienes forman parte de la organización. La escasa participación en muchas elecciones colegiales, la reducida asistencia a las asambleas y el limitado seguimiento de la vida colegial constituyen síntomas evidentes de un problema de fondo que no puede seguir siendo ignorado.

            Durante años esta situación ha favorecido una dinámica de reproducción interna del poder que ha terminado alimentando el desapego profesional. Muchas enfermeras perciben a sus organizaciones colegiales como estructuras alejadas de sus preocupaciones cotidianas, más preocupadas por preservar equilibrios internos que por liderar los grandes debates profesionales, científicos y sociales que afectan a la enfermería.

            Tampoco es casualidad que algunos de los conflictos más significativos producidos en el seno de la organización hayan acabado trasladándose a los tribunales. Los litigios y enfrentamientos judiciales entre personas que han formado parte de las mismas estructuras de gobierno reflejan hasta qué punto determinadas disputas han estado vinculadas al control institucional y al mantenimiento de cuotas de poder. Resulta difícil reclamar confianza, transparencia y ejemplaridad cuando las diferencias terminan resolviéndose en sede judicial entre quienes han compartido durante años responsabilidades de gobierno.

            Todo ello ha tenido un coste enorme para la imagen y la credibilidad institucional de la profesión.

            Sin embargo, algo parece estar cambiando. En los últimos años algunos colegios provinciales han experimentado procesos de renovación que han introducido nuevas formas de gobierno, mayor transparencia, más participación y una relación diferente con sus colegiados.

            Ese movimiento ha llegado ahora al propio CGE. Por primera vez en mucho tiempo, la continuidad institucional se enfrenta a una alternativa organizada que plantea reformas profundas en materia de transparencia, limitación de mandatos, descentralización, participación y buen gobierno.

            El verdadero debate no es solo quién gana unas elecciones. La cuestión es si una organización que aspira a representar a toda una profesión puede seguir funcionando mediante dinámicas diseñadas para favorecer la continuidad de quienes ya ocupan el poder o si, por el contrario, ha llegado el momento de abrir una nueva etapa basada en la rendición de cuentas, la participación y la alternancia democrática.

            Estas elecciones constituyen una ocasión para demostrar que la organización colegial enfermera puede afrontar el futuro con más transparencia, más pluralidad y más cercanía a las necesidades reales de las enfermeras a las que representa.

            La verdadera cuestión es qué tipo de institución necesitan las enfermeras españolas para afrontar los desafíos del siglo XXI. Y esa respuesta difícilmente podrá construirse permaneciendo anclados en las dinámicas del pasado.