La sanidad vuelve a convertirse en escenario de una representación política en la que los problemas reales quedan relegados a un segundo plano. Lo ocurrido en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el desplante protagonizado por consejeros autonómicos a la ministra de Sanidad, es un ejemplo más de cómo determinados responsables políticos parecen haber asumido que la confrontación permanente resulta más rentable que el diálogo institucional.
Lo preocupante no es únicamente la imagen transmitida. Lo verdaderamente grave es el mensaje político que encierra.
El conflicto abierto por una parte de los médicos en relación con la reforma del Estatuto Marco está siendo utilizado de forma claramente oportunista para construir una batalla paralela contra el Ministerio de Sanidad. Una estrategia que pretende presentar como un problema de diálogo ministerial lo que en realidad es un conflicto laboral muy concreto, protagonizado por organizaciones sindicales médicas que han decidido mantener una huelga que no ha sido secundada por el resto de sindicatos presentes en la mesa de negociación y que ahora amenazan con hacerla indefinida.
Conviene recordar un hecho omitido frecuente y deliberadamente, como es que la reforma del Estatuto Marco es una competencia del Ministerio de Sanidad y su elaboración ha sido objeto de negociación con todas las organizaciones sindicales representadas en la mesa correspondiente. Se podrá estar de acuerdo o no con el resultado, pero el procedimiento seguido forma parte de las reglas democráticas que rigen las relaciones laborales en las administraciones públicas.
Por eso resulta difícil entender que quienes tienen la responsabilidad de gestionar los servicios de salud de sus respectivas comunidades autónomas decidan convertir el Consejo Interterritorial en una herramienta de presión política.
La justificación ofrecida resulta además especialmente débil. Argumentar que las consecuencias de la reforma recaerán sobre las autonomías no explica el abandono del debate, sino más bien lo contrario. Si realmente consideran que determinadas medidas pueden afectar a la organización de sus servicios sanitarios, el lugar para plantearlo es precisamente el órgano donde deben discutirse y buscarse soluciones conjuntas.
La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando observamos que algunas de las comunidades cuyos responsables han protagonizado este gesto mantienen desde hace tiempo conflictos laborales con los propios médicos en sus territorios. Huelgas, protestas y reivindicaciones que no tienen como destinatario al Ministerio de Sanidad, sino a las correspondientes consejerías autonómicas. Resulta difícil sostener entonces que el origen de todos los problemas se encuentre exclusivamente en el ministerio.
Pero existe una segunda cuestión aún más preocupante. Con su actuación, estos responsables políticos no están defendiendo el conjunto del sistema sanitario ni los intereses generales de la ciudadanía. Están alineándose explícitamente con las reivindicaciones de una parte concreta de un colectivo profesional.
Este matiz es importante. Porque constantemente se intenta trasladar la idea de que todo el colectivo médico comparte las mismas posiciones cuando la realidad es mucho más compleja. La exigencia de un estatuto específico y diferenciado, así como de condiciones singulares al margen del resto de profesionales de la salud, no constituye una reivindicación unánime ni mucho menos representa al conjunto de quienes trabajan en el sistema sanitario.
Sin embargo, la imagen proyectada por algunos consejeros es la de asumir como propias esas demandas al exigir al Ministerio que modifique su posición para satisfacerlas.
Con ello no solo legitiman unas reivindicaciones discutibles desde la perspectiva de la equidad profesional, sino que contribuyen a reforzar la capacidad de presión de determinados grupos corporativos cuya influencia histórica sobre las decisiones sanitarias ha sido más que evidente.
Cabe preguntarse si la función de quienes dirigen las políticas de salud consiste en actuar como representantes institucionales de toda la ciudadanía o como portavoces de los intereses particulares de determinados colectivos profesionales.
Si la respuesta se inclina hacia lo segundo, la sanidad deja de ser una política pública para convertirse en un espacio de intercambio de favores, presiones y cálculos partidistas.
La salud no puede gestionarse desde la lógica del enfrentamiento permanente. Mucho menos desde la instrumentalización de los órganos creados precisamente para favorecer el acuerdo. El Consejo Interterritorial nació para coordinar, dialogar y construir consensos entre administraciones. Transformarlo en una arena de confrontación política supone vaciarlo de contenido y debilitar una de las pocas estructuras capaces de garantizar cierta cohesión en un sistema sanitario altamente descentralizado que presenta crecientes desigualdades entre territorios, evidentes problemas de eficacia y notables ineficiencias, circunstancias que deberían obligar a una profunda reflexión sobre el rumbo del sistema y las responsabilidades de quienes lo gestionan, en lugar de alimentar conflictos corporativos o utilizarlos como arma política.
Quienes ocupan las consejerías de sanidad no han sido designados para alimentar disputas ni para utilizar la salud como arma política. Han sido nombrados para resolver problemas, gestionar con responsabilidad y defender el interés general.
Todo lo demás es simplemente una demostración de impotencia política disfrazada de firmeza institucional.
No sé si todos los médicos que se mantienen en huelga, pero seguro que no todos los consejeros de sanidad saben en qué consisten las reivindicaciones de los convocantes